Santiago Santana, promotor imputado en el caso Mogán, reclamó en reiteradas conversaciones con miembros del Gobierno canario el desbloqueo de 3.600 plazas hosteleras de su proyecto. Fuentes conocedoras de la pieza secreta en poder del Tribunal Superior de Justicia de Canarias señalan que sus interlocutores, el presidente, Adán Martín (CC), el consejero de Medio Ambiente, Domingo Berrie (CC), y el jefe de gabinete de Presidencia, Salvador Iglesias, escucharon sus exigencias. La investigación tiene que determinar si hubo un delito de tráfico de influencias.

El Pais