Agentes de la Policía Judicial solicitaron este miércoles al Ayuntamiento de Arona decenas de expedientes relacionados con una investigación que se sigue desde la Fiscalía, que se querelló a raíz de una denuncia del portavoz del grupo socialista en el municipio contra la Junta de Gobierno Local por un presunto delito continuado y masivo de prevaricación. El Consistorio tiene tres días para contestar a la solicitud, según informó el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento a CANARIAS AHORA.

Los agentes actuaron por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Arona, donde se tramitan las diligencias por la posible comisión de delitos de prevaricación en relación con doscientos expedientes de licencias urbanísticas supuestamente ilegales y que se habrían concedido pese a los informes contrarios de la oficina jurídica y la Secretaría General del Ayuntamiento.

Según personas conocedoras de la investigación, el juez trata de aclarar, además, el modo en que se realizaron ochenta contrataciones de obras, fundamentalmente vinculadas a encargos municipales de urbanización de piezas de suelo relacionadas con las referidas licencias. Según la denuncia, el Ayuntamiento podría haber fraccionado los importes de esos contratos con el fin de no tener que someterlos a concursos públicos.

Los investigadores sospechan que las empresas beneficiadas, tres en concreto, están relacionadas con un concejal del grupo de gobierno, integrado por Coalición Canaria (CC), Centro Arona Nacionalista (CAN) y Partido Popular (PP).

En la denuncia se señala como responsables de estas actuaciones al alcalde del municipio, José Alberto González Reverón (CC), y al concejal de Urbanismo y Plan Director Municipal, Manuel Barrios (CAN). González Reverón ha convocado a los medios de comunicación este jueves en el Centro Cultural de Los Cristianos para explicar los hechos que se han sucedido en las últimas horas.

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