Lunes, 26 de marzo de 2007
Tagoror Achinech ha presentado demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a tenor de los autos 377/2006, promovidos por esta asociaci?n ante la Consejer?a de Medio Ambiente y Ordenaci?n Territorial del Gobierno de Canarias, por la orden n?mero 300, por la que se desestima el Recurso de Alzada interpuesto por este colectivo, contra la resoluci?n que otorga Autorizaci?n Ambiental Integrada a la Compa??a Unelco-Endesa, para la instalaci?n de las turbinas en Los Pajales (Ch?o)
En el estudio del expediente administrativo se han observado varias irregularidades que se recogen en la demanda, que al tratarse de una instalaci?n de generaci?n el?ctrica, mediante combusti?n, con capacidad superior a 50 Mw. deber?a recoger para iniciar el tr?mite informes necesarios, que no fueron aportados, destacando entre ellos el informe del Ayuntamiento de Gu?a de Isora acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urban?stico; Documentaci?n en materia de autorizaci?n de vertidos de aguas; Autorizaci?n previa respecto de los vertidos de aguas en zonas donde no alcance el alcantarillado; La declaraci?n de impacto medioambiental, ni la declaraci?n de producci?n de residuos peligrosos. Por lo que con la documentaci?n aportada no podr?a iniciarse el proceso administrativo de la Autorizaci?n Ambiental Integrada.
El expediente recoge que el Director General de Calidad Ambiental dirige un escrito a la compa??a el?ctrica para informarle que se inicia el expediente y que el plazo para resolverlo es de 10 meses y, en un posterior escrito le informa de que dispone de diez d?as para aportar la documentaci?n que falta. Trascurrido este plazo, sin que la compa??a el?ctrica subsanase lo requerido y, sin explicaci?n de Unelco del motivo de su imposibilidad de aportarlos, se emite resoluci?n del Director General de Calidad Ambiental, para suspender el plazo de 10 meses, hasta que Unelco aporte la documentaci?n requerida. Documentaci?n aportada por la empresa el?ctrica el 15 de junio de 2005, casi cinco meses posteriores a la presentaci?n de la solicitud y volviendo a prevalecer el periodo de 10 meses, mediante resoluci?n del Director General de Calidad Ambiental el 21 de junio, incumpliendo el Procedimiento jur?dico de las Administraciones, pues la suspensi?n de un proceso administrativo no puede, en ning?n caso, superar los tres meses.
Por lo tanto, se vulnera el principio de legalidad en la ordenaci?n del procedimiento, dando impulso al mismo y tramit?ndose a?n cuando no se han subsanado los graves defectos constatados, entre ellos la acreditaci?n de la representaci?n en nombre de la entidad solicitante y la suficiencia en el apoderamiento, lo que podr?a revelar un trato de favor hacia Unelco-Endesa.
En el texto de la demanda se expone ?Toda esta din?mica procedimental manifiestamente irregular revela un ejercicio en forma de fraude de ley de las facultades que el art?culo 42.5 de la ley 30/1992 concede a las administraciones en orden a poder, de forma limitada y restringida, suspender el curso del procedimiento, dejando a voluntad exclusiva de la entidad solicitante la aportaci?n de determinados documentos...?. Para continuar ?Fraude que se ha consumado con el concierto necesario entre Unelco y el Director General de Calidad Ambiental y que queda en evidencia por la circunstancia de que aquella no solicit? en ning?n momento la suspensi?n del procedimiento ni inform? de los motivos que dificultaban objetivamente su aportaci?n, pese a existir un primer requerimiento de subsanaci?n, el d?a 14 de abril de 2005 que no fue atendido?.
La demanda recoge la vulneraci?n de la ley 16/2002, en su art?culo 12.2, que determina que para posibilitar y viabilizar la participaci?n colectivo en el tr?mite de informaci?n p?blica, debe acompa?arse de un resumen ?no t?cnico?, escrito en un lenguaje comprensible para la ciudadan?a y no en una terminolog?a t?cnica de elevado nivel, como ha sido el caso, para que todos los ciudadanos queden informados de lo que acontece y, pueden hacer uso de sus derechos person?ndose en el proceso alegando lo que estimen oportuno. Este hecho es grave porque comprobado el expediente de tramitaci?n de la Autorizaci?n Ambiental Integrada no existe tal documento, ni la administraci?n procedi? a garantizar la legalidad en la tramitaci?n del procedimiento, ni garantizar que los ciudadanos pudiesen tener participaci?n en el tr?mite de informaci?n p?blica, teniendo gran relevancia jur?dica pues no se cumple con los art?culos 9 y 105 de la Constituci?n.
La demanda recoge las irregularidades en el tr?mite de audiencia, donde se toma en consideraci?n a cuatro personas, dos de las cuales no son informadas, cuando en la Resoluci?n por la que se otorga la Autorizaci?n Ambiental Integrada se afirma que se ha dado tr?mite de audiencia a todos los propietarios situados en un radio de 2.000 metros, siendo significativo que una de las personas informadas presenta alegaciones en tiempo y forma, no son admitidas alegando ser presentadas fuera de plazo, al igual que el escrito presentado por Tagoror Achinech, que adem?s de no ser admitido por argumentar, err?neamente, que se presenta fuera de plazo, se dice que no tiene condici?n de interesado, siendo parad?jico que sea a esta asociaci?n a quien le remitan copia de la Resoluci?n por la que se otorga la Autorizaci?n Ambiental Integrada, sin que haya constancia de haberse comunicado a ninguna de las personas interesadas en el tr?mite de audiencia, ni haberse publicado en el Bolet?n Oficial de Canarias, como es preceptivo y comunicado en la propia resoluci?n para su validez.
La demanda recoge, adem?s de las expuestas varias irregularidades m?s, as? como que hacer eferencia a sentencias que se adjuntan para argumentar lo demandado y que viene a reafirmar que estas turbinas se han instalado sin cumplir con la legislaci?n vigente.

Ch?o a 26 de marzo de 2007

Tags: Canarias, turbinas, justicia, tagoror achinech

Publicado por ubara @ 22:40  | Islas
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