Sucedió el 11 de abril de 2002. Todo lo tenían previsto los golpistas (sectores del ejército, de la patronal, de la iglesia católica, líderes de los viejos partidos, las embajadas de España y Estados Unidos, los medios de comunicación privados…) menos la reacción del pueblo venezolano. ¿Disparar contra millones de personas movilizadas para que le devolvieran a su “loco” Hugo Chávez? Lo arriesgado de esa decisión, no el número imprevisible de víctimas, paralizó seguramente a quienes pretendían imponer una dictadura de extrema derecha bajo la dirección de un tal Pedro Carmona Estanga “el breve”, jefe de la patronal Fedecámaras para más señas. Dos días después, el presidente regresaba a Miraflores. Hasta hoy, con el voto de la mayoría.
La reflexión colectiva sobre aquellos días sigue en pie. Hoy habrá en Venezuela miles de concentraciones populares en recuerdo de lo sucedido entre los días 11 y 13 de abril. Las razones del golpe sí parecen claras. El Gobierno había emitido leyes que tocaban el bolsillo, como la Ley de Tierras, y hasta ahí estaban dispuestos a llegar los amos del país con un presidente que usaba la renta petrolera para solucionar temas sociales acuciantes en lugar de repartirla entre los poderosos. Chávez perdonó a los conspiradores. Grave error.

Meses después, volvían a las andadas por medio de un paro petrolero que tampoco logró la caída del presidente, pero supuso un coste económico terrible. Lógico que sigan conspirando, aunque muy tocados por las derrotas en las urnas. Simplemente, están convencidos de que no pagarán ante los tribunales por sus crímenes. Las víctimas de la intentona y sus familiares exigen hoy responsabilidades. Solicitar cinco años después a Colombia la extradición del cabecilla Pedro Carmona, acusado de “rebelión civil”, está bien aunque resulta insuficiente y tardío. Vale recordar que su único decreto disolvió todas las instituciones cuyos cargos fueron elegidos por medio de comicios democráticos intachables.

Los voceros del proceso bolivariano hablan del socialismo del siglo XXI como objetivo desde las elecciones del pasado mes de diciembre. El principal activo de ese proceso es la población más pobre, siempre dispuesta a movilizarse para empujar su esperanza, pero los contenidos de ese socialismo aparecen aún difusos. Y, afortunadamente, en pleno debate nacional. La burocracia estatal administra y en parte absorbe en su propio beneficio recursos importantes. La corrupción perdura. El poder económico permanece sustancialmente en las manos de los mismos grupos. Desde ese punto de vista, la IV República sobrevive. Así lo reconoce Hugo Chávez.

También anuncia que las próximas medidas de su Gobierno se centrarán en la economía, afectando a sectores pudientes que probablemente intentarán oponerse por las malas. De ahí que ligue aquel “socialismo del siglo XXI” a la organización de un partido socialista unido (con los sectores que le dieron apoyo electoral), la organización de consejos comunales y otras iniciativas dirigidas al fortalecimiento político del proyecto. Lo del partido unido encuentra dificultades. Por otro lado, los sindicatos que apoyan el proceso no están dispuestos a perder su independencia (autonomía) con respecto al Estado. Me parece bien, si de caminar hacia el socialismo bien entendido se trata. Porque la solución más eficaz para cerrarle el paso a esa perspectiva democrática sería la de poner a los trabajadores en manos de la burocracia estatal. Sin la iniciativa de los trabajadores, y organizaciones independientes propias, el socialismo sencillamente no será viable. Creo.

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