Miguel Mata Betancor

No puede más que provocarme asombro, que los grupos políticos representados en el Parlamento de Canarias no expusiera el más mínimo reparo en hacer una proposición de ley mediante la cual se otorga a los expresidentes del gobierno de Canarias una seria de prebendas económicas y sociales, medidas que ponen los pelos de punta:



Dotar a los antiguos presidentes del gobierno autonómico de despacho y secretaría, de coche oficial y chofer para sus desplazamientos, indemnizaciones o dietas en sus desplazamientos a otras islas, y además, reconocerles como miembros natos de Consejo Consultivo de Canarias; en definitiva se trata de darles un trato diferenciado respecto al resto de los canarios y canarias.





Detrás de esta iniciativa, me imagino, se tendrá la intención de dar relevancia, reconocimiento, a la labor prestada por un presidente al pueblo al que debe y debió servir. De ser así, lo que está claro es que ese reconocimiento lo van a gozar todos, independientemente de la calidad de la labor desarrollada al frente del ejecutivo. Estos señores gozarán de privilegios que les alejarán claramente del común de los canarios y canarias que, ajenos a tal decisión, hemos de pagar, a veces doblemente, el escarnio del que hemos sido objeto, en las más de las ocasiones, por parte de los gobernantes "democráticamente elegidos", ahora merecedores de ser reconocidos.





Indecorosa decisión que exige que nos planteemos en qué democracia vivimos. Porque este tipo de iniciativas deterioran la democracia, si es que alguna vez la hubo. No hacen más que ensanchar la distancia entre el gobernante y el gobernado (ciudadano). En este sentido, ese nuevo diezmo obligatorio aprobado por los propios interesados, por posibles perceptores del mismo, es un hecho probatorio de la falta de cultura democrática de la que gozan los llamados "grandes partidos políticos de Canarias".





Imaginemos a D. Adán Martín tras su jubilación: pobre hombre, en un asilo cuidado por unas monjitas de la caridad. ¡No!: es necesario garantizarle que tenga una pensión y que no ande malviviendo su vejez. Tampoco D. Lorenzo Olarte, oye, que su despacho no le da ni para el potaje de los lunes, que la verdura está bastante cara y son muchas las bocas por alimentar (recordemos que es su familia numerosa y de honor) Tampoco D. Fernando Fernández va a ser menos, recordemos su importante labor al frente del gobierno autonómico: ¡es tanto lo que ha hecho este hombre por todos nosotros!... ¿Qué menos? Y ni que decir de D. Jerónimo Saavedra, al que hay que garantizar que durante su vejez pueda ir a sus conciertos y tener una calidad de vida mínima que su pensión de profesor, y otros posibles ingresillos que tenga, no le permitirían. Y D. Román Rodriguez: a este pobre le queda más tiempo para su jubilación y de aquí a allá quizá ya ni existan las pensiones contributivas, y menos las no contributivas. Quién lo viera viejito, al pobre, teniendo que ir a la zafra para ganarse los garbanzos del puchero diario.





Ironías aparte, yo no digo que no se tengan determinadas consideraciones con las personas que hayan ejercido el puesto de mayor relevancia y responsabilidad en la organización administrativa de este país que niegan. Pero creo que lo más honesto y saludable para la democracia sería que toda persona que ocupe un cargo público de alta responsabilidad, una vez terminada su actividad política, pase a ocupar su puesto en la sociedad, como un miembro más de los comunes de nuestro pueblo. Siempre en su currículo quedará el haber sido presiente del gobierno. Y esto podrá ser un honor o una mancha, todo depende.





Creo que no tenemos que estar pagando sueldos vitalicios a nadie y menos si tenemos en cuenta que, desgraciadamente, en muchos casos el paso de estas personas por la gestión política ha sido nefasto, olvidando (o negando) que están al servicio del pueblo, y no para servir a determinados intereses al margen del interés general.





En fin que... Pero, por si esto no fuera poco, "parió la abuela": ahora preparan un decreto que otorga un complemento salarial vitalicio al personal laboral de la Comunidad Autónoma que haya ejercido funciones de alto cargo gubernamental durante más de dos años seguidos o tres con interrupción. ¡Oye qué iniciativa más buena tú! Una vez estas personas se incorporen a sus puestos de trabajo, son equiparados salarialmente, como parece ser que ocurre con los funcionarios, al salario que corresponde a un trabajador de máximo nivel de la función pública. ¡Viva la igualdad!





Sin embargo, los mismos que proponen estas medidas, plantean que el colectivo de maestros está siendo insolidario, ya que piden la equiparación salarial a otro colectivo de trabajadores de igual categoría dentro de esa misma administración; eso una falta de responsabilidad y de sentido de lo público. Argumentan que requerimientos de este tipo pueden poner en jaque la economía de la Hacienda Pública Canaria. Pero esa desfachatez no es tan grave, al fin y al cabo los maestros no somos de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, eso está claro. Lo más dramático, es que son los mismos, los que se asignan suelditos vitalicios mientras en Canarias ocurre que:





· Un porcentaje elevadísimo de nuestra población está por debajo del umbral de la pobreza.





· La Sanidad Pública Canaria está deteriorándose a pasos agigantados a favor del sector privado.





· La educación pública y la formación de nuestros niños, sobre todos los de los sectores más desfavorecidos, sigue siendo una asignatura pendiente y no cuenta con los recursos necesarios para dar la respuesta educativa que nuestros niños y jóvenes precisan.





· Seguimos gozando de los niveles salariales más bajos del estado.





· Batimos record en inestabilidad laboral y contratos basura.





· Etc.





Y los responsables políticos tan contentos con el funcionamiento de lo público y tan orgullos con la manera en que los miembros del pueblo viven sus penurias: tan calladitos, tan sumisos. Así que deciden, con formas de Juan Palomo, dotarse de complementos económicos de por vida. Convirtiéndose a su vez en jueces y parte, en damnificados y damnificadores. ¡Claro! hay que indemnizar de alguna forma, hay compensar el desaguisado que han hecho con este pueblo y esta tierra en favor de unos pocos... ¿Cómo?: otorgándose de forma vitalicia un sueldo por el trabajo realizado. Como se paga a los secuaces, a los que hacen el trabajo sucio.





(*) Miguel Mata Betancor es militante de UNIDAD DEL PUEBLO

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