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José del Toro, ex concejal del Partido Popular en Tegueste, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de falsedades documentales y contra la ordenación del territorio en relación con la recalificación del solar conocido como El Tagre, que dio lugar el conocido caso Bango. La denuncia, de 20 folios, está acompañada por dos tomos que comprenden 351 folios de documentación y pruebas y alude a posibles responsabilidades del alcalde del municipio, Vidal Suárez (ATI-CC), y del constructor Víctor Rodríguez.
En al denuncia, registrada a finales del pasado mes y a la que ha tenido acceso este diario, se diferencia entre un presunto delito de falsificación de documento público “con el añadido de un plus de antijuricidad al haberse producido la presunta comisión de éstos con ocasión de la aportación de determinados documentos como prueba en otro procedimiento penal y contencioso-administrativo”. Es decir, esta parte de la denuncia consiste en que en otros procedimientos judiciales iniciados por el constructor Víctor Rodríguez se habría aportado, supuestamente, documentación falsa. En concreto, estos documentos fueron solicitados por el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Santa Cruz de Tenerife y por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
En cuanto a la parte del presunto delito de ordenación contra el territorio en Tegueste, se debería a la construcción de chalets en una zona reservada a equipamiento público por la ejecución del Proyecto de Urbanización Finca El Tagre. Hay que añadir que se construyeron 12 chalets adosados más de los 36 inicialmente previstos en el proyecto.
También se indica que como consecuencia de la documentación que se acompaña a la denuncia y de las averiguaciones llevadas a cabo por la Fiscalía “pueda derivarse la presunta comisión de cualquier otra infracción penal, así como abarcar cualquiera de éstas a personas distintas a las que se hace referencia en el cuerpo del presente documento”.
En la denuncia, se recuerda que el pleno de Tegueste celebrado el 27 de agosto de 1997, con el alcalde ausente, aprobó el proyecto de urbanización de la finca El Tagre, una semana antes (casi los mismos días como ocurriera en el caso de Las Teresitas), que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias declarara nulo de pleno derecho el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano (PSDU) de Tegueste, mediante sentencia del 3 de septiembre de 1997. El PSDU fue la cobertura jurídica para aprobar la recalificación de la finca El Tagre, suelo inicialmente previsto para equipamiento público, proyecto de urbanización del que fue promotor Víctor Rodríguez Rodríguez como representante legal de la empresa Maviju S.L.
Documentación falsa
La documentación oficial supuestamente falsa a la que se refiere la denuncia está relacionada con certificaciones municipales, en concreto con una certificación urbanística emitida por el Ayuntamiento de Tegueste el 22 de Julio de 2002 en la que se acredita la calificación urbanística de los terrenos donde se ubica la urbanización El Tagre respecto a los diferentes Planes e instrumentos de Ordenación que tuvieron vigencia en el municipio durante los años 1964, 1992 y 1999, certificación que el constructor presentó como prueba en un procedimiento judicial anterior. La certificación está firmada por el alcalde, Vidal Suárez, y en ella el técnico municipal afirma que según el Plan General de Ordenación Urbana de Tegueste de 1964, “la calificación de dichos terrenos es la de Zona 5: Ciudad Jardín, incluída dentro del suelo urbano”.
Sin embargo, el denunciante señala que se puede constatar que la certificación es falsa mediante numerosos documentos públicos existentes en el propio Ayuntamiento y en otros organismos oficiales. De hecho, se apoya esta parte de la denuncia con un dossier compuesto por 23 documentos que avalan que la citada certificación municipal es presuntamente falsa.
Según se indica en la denuncia, del plano original correspondiente al Plan General de Urbanización de Tegueste de 1964 se obtuvo copia autentificada por la Dirección General de Urbanismo. En este Plano de Urbanización de 1964, que fue entregado en otros procesos judiciales, “se observa gráficamente que los terrenos del Tagre no están ubicados dentro de los límites de la acotación urbana, realidad que viene avalada además por cuantiosa documentación custodiada por Urbanismo y en el propio Ayuntamiento, e incluso por los datos que maneja la Dirección General del Catastro, el Cabildo Insular de Santa Cruz de Tenerife y el Colegio de Arquitectos de esta capital, que confirman y constatan que los terrenos del Tagre son rústicos en el Plan General de Urbanización de Tegueste de 1964”.
Se añade que en otra sentencia judicial que absuelve a los querellados, en su momento, por Víctor Rodríguez, el propio juez escribe en el punto primero: “Por escrituras otorgadas ante Notario el 13 y 17 de Diciembre de 1996 y de 5 de Septiembre de 1997 se elevan a públicos seis contratos privados de compraventa de fechas inmediatamente anteriores por los que el querellante, D. Víctor Rodríguez Rodríguez, como representante legal de MAVIJU S. L. adquiría seis trozos de terreno donde dicen "el Tagre" (…). Y que según notas simples registrales unidas a las seis escrituras públicas, la naturaleza de los terrenos era de rústica”.
Asimismo, no se incorporaron los planos que debían corroborar gráficamente la veracidad de la certificación urbanística municipal, a pesar de que en el oficio firmado por el alcalde de Tegueste, Vidal Suárez, se señala: “Adjunto remito Certificación acreditativa de la calificación de los terrenos donde se ubica la Urbanización Tagre desde el año 1964 y plano de la zona”.
Los coletazos del ‘caso Bango’: de proceso en proceso
Precisamente, el denominado caso Bango, origen de todo, se inicia cuando los ex concejales del PP en Tegueste ponen en conocimiento de los servicios jurídicos del PP de Tenerife las irregularidades en torno a la recalificación de la finca El Tagre. El entonces presidente popular, Francisco de la Barreda, apoya la investigación de la abogada Julia Bango, que empieza a sufrir amenazas, apuntando algunos indicios del origen de estas amenazas a la sede del PP en Tenerife, como reconoció la jueza que instruyó la causa, Eva Ramírez, que sobreseyó la investigación judicial por falta de pruebas después de imputar a ocho personas, entre ellas a ex dirigentes del PP.
Los hechos que dan lugar a la actual denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción se remontan a 2001, cuando el constructor Víctor Rodríguez presentó una querella criminal por falsedad documental y denuncia falsa contra el propio José del Toro, el ex presidente del PP en Tegueste, Carlos Obón y el ex presidente del PP de Tenerife, Francisco de la Barreda, entre otros, querella que no fue admitida por el juez del Juzgado Nº 4 de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, ante un recurso del constructor, la Audiencia Provincial revocó la inadmisión y ordenó que se practicaran las diligencias de prueba interesadas en la querella.
Una vez practicadas, se dictó el “sobreseímiento libre de las actuaciones”, nuevamente recurrido por el constructor, y de nuevo desestimado por otro auto del Juzgado de Instrucción Nº 4. El día 26 de septiembre de 2003, la Sección II de la Audiencia Provincial revocó a su vez el último auto y ordenó la continuación de las diligencias por el Procedimiento Abreviado, recayendo dicho procedimiento en el Juzgado de lo Penal nº2 de Santa Cruz de Tenerife.
Durante los días 23 y 25 de enero de 2006 se celebró la vista del juicio oral, que produjo la sentencia Nº 40/2006 de 7 de febrero, por la que se absuelve a todos los acusados con todos los pronunciamientos favorables, al mismo tiempo que se dictamina que el acusador, el constructor Víctor Rodríguez Rodríguez, “ha actuado con temeridad y mala fe”, haciéndoles padecer un juicio innecesario a los acusados, por lo que se le impuso la carga de las costas procesales. Esta sentencia absolutoria fue ratificada en su integridad por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en sentencia 619/ 2006, de fecha 31 de octubre.
Canarias Ahora
En al denuncia, registrada a finales del pasado mes y a la que ha tenido acceso este diario, se diferencia entre un presunto delito de falsificación de documento público “con el añadido de un plus de antijuricidad al haberse producido la presunta comisión de éstos con ocasión de la aportación de determinados documentos como prueba en otro procedimiento penal y contencioso-administrativo”. Es decir, esta parte de la denuncia consiste en que en otros procedimientos judiciales iniciados por el constructor Víctor Rodríguez se habría aportado, supuestamente, documentación falsa. En concreto, estos documentos fueron solicitados por el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Santa Cruz de Tenerife y por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
En cuanto a la parte del presunto delito de ordenación contra el territorio en Tegueste, se debería a la construcción de chalets en una zona reservada a equipamiento público por la ejecución del Proyecto de Urbanización Finca El Tagre. Hay que añadir que se construyeron 12 chalets adosados más de los 36 inicialmente previstos en el proyecto.
También se indica que como consecuencia de la documentación que se acompaña a la denuncia y de las averiguaciones llevadas a cabo por la Fiscalía “pueda derivarse la presunta comisión de cualquier otra infracción penal, así como abarcar cualquiera de éstas a personas distintas a las que se hace referencia en el cuerpo del presente documento”.
En la denuncia, se recuerda que el pleno de Tegueste celebrado el 27 de agosto de 1997, con el alcalde ausente, aprobó el proyecto de urbanización de la finca El Tagre, una semana antes (casi los mismos días como ocurriera en el caso de Las Teresitas), que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias declarara nulo de pleno derecho el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano (PSDU) de Tegueste, mediante sentencia del 3 de septiembre de 1997. El PSDU fue la cobertura jurídica para aprobar la recalificación de la finca El Tagre, suelo inicialmente previsto para equipamiento público, proyecto de urbanización del que fue promotor Víctor Rodríguez Rodríguez como representante legal de la empresa Maviju S.L.
Documentación falsa
La documentación oficial supuestamente falsa a la que se refiere la denuncia está relacionada con certificaciones municipales, en concreto con una certificación urbanística emitida por el Ayuntamiento de Tegueste el 22 de Julio de 2002 en la que se acredita la calificación urbanística de los terrenos donde se ubica la urbanización El Tagre respecto a los diferentes Planes e instrumentos de Ordenación que tuvieron vigencia en el municipio durante los años 1964, 1992 y 1999, certificación que el constructor presentó como prueba en un procedimiento judicial anterior. La certificación está firmada por el alcalde, Vidal Suárez, y en ella el técnico municipal afirma que según el Plan General de Ordenación Urbana de Tegueste de 1964, “la calificación de dichos terrenos es la de Zona 5: Ciudad Jardín, incluída dentro del suelo urbano”.
Sin embargo, el denunciante señala que se puede constatar que la certificación es falsa mediante numerosos documentos públicos existentes en el propio Ayuntamiento y en otros organismos oficiales. De hecho, se apoya esta parte de la denuncia con un dossier compuesto por 23 documentos que avalan que la citada certificación municipal es presuntamente falsa.
Según se indica en la denuncia, del plano original correspondiente al Plan General de Urbanización de Tegueste de 1964 se obtuvo copia autentificada por la Dirección General de Urbanismo. En este Plano de Urbanización de 1964, que fue entregado en otros procesos judiciales, “se observa gráficamente que los terrenos del Tagre no están ubicados dentro de los límites de la acotación urbana, realidad que viene avalada además por cuantiosa documentación custodiada por Urbanismo y en el propio Ayuntamiento, e incluso por los datos que maneja la Dirección General del Catastro, el Cabildo Insular de Santa Cruz de Tenerife y el Colegio de Arquitectos de esta capital, que confirman y constatan que los terrenos del Tagre son rústicos en el Plan General de Urbanización de Tegueste de 1964”.
Se añade que en otra sentencia judicial que absuelve a los querellados, en su momento, por Víctor Rodríguez, el propio juez escribe en el punto primero: “Por escrituras otorgadas ante Notario el 13 y 17 de Diciembre de 1996 y de 5 de Septiembre de 1997 se elevan a públicos seis contratos privados de compraventa de fechas inmediatamente anteriores por los que el querellante, D. Víctor Rodríguez Rodríguez, como representante legal de MAVIJU S. L. adquiría seis trozos de terreno donde dicen "el Tagre" (…). Y que según notas simples registrales unidas a las seis escrituras públicas, la naturaleza de los terrenos era de rústica”.
Asimismo, no se incorporaron los planos que debían corroborar gráficamente la veracidad de la certificación urbanística municipal, a pesar de que en el oficio firmado por el alcalde de Tegueste, Vidal Suárez, se señala: “Adjunto remito Certificación acreditativa de la calificación de los terrenos donde se ubica la Urbanización Tagre desde el año 1964 y plano de la zona”.
Los coletazos del ‘caso Bango’: de proceso en proceso
Precisamente, el denominado caso Bango, origen de todo, se inicia cuando los ex concejales del PP en Tegueste ponen en conocimiento de los servicios jurídicos del PP de Tenerife las irregularidades en torno a la recalificación de la finca El Tagre. El entonces presidente popular, Francisco de la Barreda, apoya la investigación de la abogada Julia Bango, que empieza a sufrir amenazas, apuntando algunos indicios del origen de estas amenazas a la sede del PP en Tenerife, como reconoció la jueza que instruyó la causa, Eva Ramírez, que sobreseyó la investigación judicial por falta de pruebas después de imputar a ocho personas, entre ellas a ex dirigentes del PP.
Los hechos que dan lugar a la actual denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción se remontan a 2001, cuando el constructor Víctor Rodríguez presentó una querella criminal por falsedad documental y denuncia falsa contra el propio José del Toro, el ex presidente del PP en Tegueste, Carlos Obón y el ex presidente del PP de Tenerife, Francisco de la Barreda, entre otros, querella que no fue admitida por el juez del Juzgado Nº 4 de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, ante un recurso del constructor, la Audiencia Provincial revocó la inadmisión y ordenó que se practicaran las diligencias de prueba interesadas en la querella.
Una vez practicadas, se dictó el “sobreseímiento libre de las actuaciones”, nuevamente recurrido por el constructor, y de nuevo desestimado por otro auto del Juzgado de Instrucción Nº 4. El día 26 de septiembre de 2003, la Sección II de la Audiencia Provincial revocó a su vez el último auto y ordenó la continuación de las diligencias por el Procedimiento Abreviado, recayendo dicho procedimiento en el Juzgado de lo Penal nº2 de Santa Cruz de Tenerife.
Durante los días 23 y 25 de enero de 2006 se celebró la vista del juicio oral, que produjo la sentencia Nº 40/2006 de 7 de febrero, por la que se absuelve a todos los acusados con todos los pronunciamientos favorables, al mismo tiempo que se dictamina que el acusador, el constructor Víctor Rodríguez Rodríguez, “ha actuado con temeridad y mala fe”, haciéndoles padecer un juicio innecesario a los acusados, por lo que se le impuso la carga de las costas procesales. Esta sentencia absolutoria fue ratificada en su integridad por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en sentencia 619/ 2006, de fecha 31 de octubre.
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