S?bado, 12 de mayo de 2007
El Tribunal Supremo ha anulado la compraventa de los terrenos aleda?os a la playa de Las Teresitas, llevada a cabo por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en septiembre de 2001 por un importe de 8.750 millones de pesetas (52.588.156 euros).El fallo indica que la compra que el alcalde capitalino, Miguel Zerolo, hizo con Inversiones Las Teresitas SL es "contraria al ordenamiento jur?dico". Se basa en la existencia de una especie de compromiso entre comprador y vendedor para ponerse de acuerdo en el precio de la operaci?n.

Seg?n el fallo, "la compra que el alcalde santacrucero Miguel Zerolo acord? con la mercantil Inversiones Las Teresitas SL es contraria al ordenamiento jur?dico porque el precio pactado entre el Ayuntamiento y los empresarios no se ajusta a una valoraci?n independiente, cuando en realidad tendr?a que estar sujeta al derecho administrativo y haberse realizado por t?cnicos municipales. La sentencia se basa en la existencia de una especie de compromiso entre comprador y vendedor para ponerse de acuerdo en el precio de la operaci?n al margen de la legalidad. La base de la sentencia se circunscribe a una de las alegaciones de la asociaci?n recurrente que dice que "el Informe pericial se acomoda a las exigencias de la parte vendedora". Adem?s se aleg? que la falta de proporcionalidad del precio pactado, en relaci?n con el precio fijado para la totalidad del parcelario en 1998 (5.500 millones de pesetas) frente al establecido en el actual contrato de 2001 (8.750 millones de pesetas, s?lo por once parcelas del total, de las que, adem?s, el Convenio contempla transferir su aprovechamiento urban?stico a las parcelas que conserva la vendedora.

La Sala considera que en la valoraci?n de las parcelas vendidas al Ayuntamiento por los particulares se debi? contemplar el requisito formal del art?culo 11 del Reglamento de Bienes: "hubiera sido m?s correcto desde el punto de vista de la idoneidad que dicho informe estuviera suscrito por un arquitecto de la Administraci?n urban?stica (bien en exclusiva, o mejor, conjuntamente, con los profesionales que rubrican el presente informe), lo fundamental es que se trate de expertos en relaci?n del ?rea de conocimientos sobre el que informan, determinaci?n que se deduce en la medida en que la Administraci?n les ha encomendado su elaboraci?n".

La Asociaci?n Coordinadora Ecologista Popular El Rinc?n fue la entidad que present? un recurso administrativo ante el TS al considerar ilegal la compraventa de los terrenos de la playa de Las Teresitas y el Convenio Urban?stico firmado entre las partes. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC no hab?a admitido tal recurso, que ahora estima en parte el Supremo y declara nula la citada compraventa. Seg?n el fallo del alto tribunal, "el precio de la compraventa no ha contado con el soporte (informe pericial) exigido en el precepto que se cita como infringido en la demanda", que no es otro que el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Tampoco ha contado "con un sistema de fijaci?n que acredite la correcci?n del mismo de modo fehaciente", algo que exige el citado reglamento.

La Sala advierte que los tres informes de valoraci?n emitidos por entidades particulares "adolecen de inconcreci?n y generalidad, estando condicionados por una serie de par?metros sobre cuyo cumplimiento no existe seguridad".

En el fallo se se?ala que "el Informe de Valoraci?n de los Servicios Municipales, emitido por la entidad TINSA, fue encargado por la Caja General de Ahorros de Canarias, siendo esta una entidad relacionada e interesada en la operaci?n, por cuanto ten?a hipotecadas las parcelas, como consecuencia de concesi?n de cr?dito hipotecario para la anterior compraventa de 1998 por parte de la luego vendedora".

Por todo ello, el fallo judicial concluye que el precio de la compraventa no ha contado con el soporte (informe pericial) exigido por el precepto que se cita como infringido en la demanda (11 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de julio), ni con un sistema de fijaci?n que acredite la correcci?n de mismo de modo fehaciente (art?culo 118 del mismo Reglamento) por lo que, en consecuencia, no resulta cumplido el principio de "buena administraci?n".

Tags: Canarias, zerolo, Santa Cruz, alcalde, Tribunal Supremo, corrupción

Publicado por ubara @ 18:05  | Islas
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