S?bado, 12 de mayo de 2007
El Tribunal Supremo considera que la compraventa de las 11 parcelas de Las Teresitas por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a varios empresarios, por valor de 8.700 millones de pesetas, se hizo con un informe pericial de valoraci?n que no se ha ajustado a la legalidad, por lo que anula la compraventa realizada. Seg?n la Sala, el informe de baremaci?n tendr?a que haber sido emitido por t?cnicos de la Administraci?n y no por una entidad privada, que adem?s era la que hipotecaba las parcelas.
Como se recordar?, la tasaci?n de las parcelas vendidas por Ignacio Gonz?lez y Antonio Plasencia al Ayuntamiento de Santa Cruz por el valor de 8.750 millones de pesetas constituye uno de los argumentos de la querella que la Fiscal?a Anticorrupci?n present? ante el Tribunal Superior una querella contra los empresarios y cargos p?blicos que participaron en la operaci?n de compraventa y que instruye el TSJC.

Seg?n el fallo, del que es ponente Rafael Fern?ndez Valverde, "la compra que el alcalde santacrucero Miguel Zerolo acord? con la mercantil Inversiones Las Teresitas SL es 'contraria al ordenamiento jur?dico' porque el precio pactado entre el Ayuntamiento y los empresarios no se ajusta a una valoraci?n independiente, cuando en realidad tendr?a que estar sujeta al derecho administrativo y haberse realizado por t?cnicos municipales. La sentencia se basa en la existencia de una especie de compromiso entre comprador y vendedor para ponerse de acuerdo en el precio de la operaci?n al margen de la legalidad. La base de la sentencia se circunscribe a una de las alegaciones de la asociaci?n recurrente que dice que "el Informe pericial se acomoda a las exigencias de la parte vendedora". Adem?s se aleg? que la falta de proporcionalidad del precio pactado, en relaci?n con el precio fijado para la totalidad del parcelario en 1998 (5.500 millones de pesetas) frente al establecido en el actual contrato de 2001 (8.750 millones de pesetas, s?lo por once parcelas del total, de las que, adem?s, el Convenio contempla transferir su aprovechamiento urban?stico a las parcelas que conserva la vendedora.

La Sala considera que en la valoraci?n de las parcelas vendidas al Ayuntamiento por los particulares se debi? contemplar el requisito formal del art?culo 11 del Reglamento de Bienes: "hubiera sido m?s correcto desde el punto de vista de la idoneidad que dicho informe estuviera suscrito por un arquitecto de la Administraci?n urban?stica (bien en exclusiva, o mejor, conjuntamente, con los profesionales que rubrican el presente informe), lo fundamental es que se trate de expertos en relaci?n del ?rea de conocimientos sobre el que informan, determinaci?n que se deduce en la medida en que la Administraci?n les ha encomendado su elaboraci?n".

El conflicto que ha terminado en el Supremo fue presentado por la Asociaci?n Coordinadora Ecologista Popular El Rinc?n. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC no hab?a admitido tal recurso, que ahora estima en parte el Supremo y declara nula la citada compraventa. Seg?n el fallo del alto tribunal, "el precio de la compraventa no ha contado con el soporte (informe pericial) exigido en el precepto que se cita como infringido en la demanda", que no es otro que el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Tampoco ha contado "con un sistema de fijaci?n que acredite la correcci?n del mismo de modo fehaciente", algo que exige el citado reglamento.

Adem?s, la Sala advierte que los tres informes de valoraci?n emitidos por entidades particulares "adolecen de inconcreci?n y generalidad, estando condicionados por una serie de par?metros sobre cuyo cumplimiento no existe seguridad". Por otro lado se?ala tambi?n que el informe de TINSA, el que sirvi? de base para ajustar el precio que pag? el Ayuntamiento, fue encargado por la Caja General de Ahorros de Canarias y remitido a la Gerencia de Urbanismo, a solicitud de esta, siendo esta una entidad relacionada e interesada en la operaci?n, por cuanto ten?a hipotecadas las parcelas, como consecuencia de concesi?n de cr?dito hipotecario para la anterior compraventa de 1998 por parte de la luego vendedora Llama la atenci?n la sentencia que para alcanzar un precio precio en la compraventa, no se incluya, en el Informe de Valoraci?n un estudio comparativo entre "el valor actual de la parte del parcelario que no se vende y su futuro incremento de valor como consecuencia de los desplazamientos de aprovechamiento que en el Convenio se contemplan, por cuanto dichos par?metros tendr?an un influencia decisiva en la correcta fijaci?n del precio".

Concluye el fallo judicial que el precio de la compraventa no ha contado con el soporte (informe pericial) exigido por el precepto que se cita como infringido en la demanda (11 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de julio), ni con un sistema de fijaci?n que acredite la correcci?n de mismo de modo fehaciente (art?culo 118 del mismo Reglamento) por lo que, en consecuencia, no resulta cumplido el principio de "buena administraci?n".

Tags: Canarias, Santa Cruz, Tribunal Supremo, corrupción, zerolo

Publicado por ubara @ 18:18  | Islas
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