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El Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Santa Cruz, del que es portavoz Guillermo Guigou, además de candidato a la Alcaldía, dirigió ayer un escrito al alcalde, Miguel Zerolo, para advertirle de que, una vez que ha conocido la sentencia del Tribunal Supremo que anula la compraventa del frente de la playa de Las Teresitas, será su "responsabilidad personal" mantener las obras en este litoral pese a ser ya ilegales por ocupar terrenos que han dejado de ser municipales por el citado fallo.
Los concejales del Grupo Mixto, del que también forman parte Odalys Padrón y Ángel Isidro Guimerá, hacen esta advertencia al alcalde tras la decisión adoptada el pasado lunes en la Junta de Portavoces de no incluir en el orden del día del próximo viernes, el último del mandato, la moción en la que solicitan la paralización de las obras en Las Teresitas, tras la citada sentencia judicial, así como la dimisión del alcalde porque el máximo tribunal del Estado haya declarado ilegal la compraventa que hizo el Ayuntamiento de 11 parcelas por 55,6 millones a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González Santiago, quienes además, gracias a la mejora de aprovechamientos urbanísticos de los solares del Valle de Las Huertas -incluida dentro de la misma operación- ganaron otros 90 millones de euros vendiéndolos a Mapfre. Un expediente objeto de una querella penal, en fase de instrucción, en que están imputados el alcalde y otras once personas.
Por ello, en la carta, los tres ediles de Ciudadanos de Santa Cruz creen que Zerolo debe asumir su responsabilidad "en los pagos, gastos, complementos, indemnizaciones, perjuicios, etc., que se causen o puedan causarse como consecuencia de la ejecución de las obras que se están llevando a cabo por el Ayuntamiento en el frente de playa". Aunque la moción podría debatirse si CCapoyara declararla urgente y se incluyera en el orden del día por esta vía, el Grupo Mixto ya da por perdida esta opción. Tal vez por ello en su misiva indica que "ante la imposibilidad de debatirla, al parecer por cuestiones meramente formales, y a pesar de estar en estos momentos en el debate público de los ciudadanos de Santa Cruz, queremos significar al señor alcalde su responsabilidad personal" en las consecuencias que tenga no paralizar las obras.
Guigou presidía el PP tinerfeño cuando, en 2001, el pleno municipal aprobó el polémico convenio urbanístico, y dio orden a los concejales de su partido, Maribel Oñate y José Emilio García Gómez, de votar en contra. La primera se ausentó de la votación pero el segundo -luego alcalde con CCy hoy asesor de Urbanismo- lo hizo a favor.
Los concejales del Grupo Mixto, del que también forman parte Odalys Padrón y Ángel Isidro Guimerá, hacen esta advertencia al alcalde tras la decisión adoptada el pasado lunes en la Junta de Portavoces de no incluir en el orden del día del próximo viernes, el último del mandato, la moción en la que solicitan la paralización de las obras en Las Teresitas, tras la citada sentencia judicial, así como la dimisión del alcalde porque el máximo tribunal del Estado haya declarado ilegal la compraventa que hizo el Ayuntamiento de 11 parcelas por 55,6 millones a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González Santiago, quienes además, gracias a la mejora de aprovechamientos urbanísticos de los solares del Valle de Las Huertas -incluida dentro de la misma operación- ganaron otros 90 millones de euros vendiéndolos a Mapfre. Un expediente objeto de una querella penal, en fase de instrucción, en que están imputados el alcalde y otras once personas.
Por ello, en la carta, los tres ediles de Ciudadanos de Santa Cruz creen que Zerolo debe asumir su responsabilidad "en los pagos, gastos, complementos, indemnizaciones, perjuicios, etc., que se causen o puedan causarse como consecuencia de la ejecución de las obras que se están llevando a cabo por el Ayuntamiento en el frente de playa". Aunque la moción podría debatirse si CCapoyara declararla urgente y se incluyera en el orden del día por esta vía, el Grupo Mixto ya da por perdida esta opción. Tal vez por ello en su misiva indica que "ante la imposibilidad de debatirla, al parecer por cuestiones meramente formales, y a pesar de estar en estos momentos en el debate público de los ciudadanos de Santa Cruz, queremos significar al señor alcalde su responsabilidad personal" en las consecuencias que tenga no paralizar las obras.
Guigou presidía el PP tinerfeño cuando, en 2001, el pleno municipal aprobó el polémico convenio urbanístico, y dio orden a los concejales de su partido, Maribel Oñate y José Emilio García Gómez, de votar en contra. La primera se ausentó de la votación pero el segundo -luego alcalde con CCy hoy asesor de Urbanismo- lo hizo a favor.
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