Jueves, 17 de mayo de 2007
La Coordinadora El Rinc?n-Ecologistas en Acci?n quiere, en primer lugar, felicitar al pueblo de San Andr?s, al pueblo de Santa Cruz, al de la isla de Tenerife, y a todas aquellas personas que en alg?n momento se han podido sentir identificados con esta causa.

En segundo t?rmino queremos informar acerca del contenido de esta sentencia, dictada por el Tribunal Supremo y que no es susceptible de ser recurrida.

Queremos destacar que en el fundamento jur?dico decimotercero de la sentencia se afirma que ?procede, pues, la estimaci?n ?en parte- del recurso de casaci?n [?], con la inmediata consecuencia de la anulaci?n de la Compraventa llevada a cabo por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en fecha de 18 de septiembre de 2001 (Escritura P?blica n? 3.299 del protocolo del sr. Quintana Plasencia), de las once fincas descritas en la misma Escritura P?blica con su correspondiente aprovechamiento urban?stico; contrato de compraventa que declaramos contrario al Ordenamiento jur?dico?. La anulaci?n del contrato significa que el comprador (Ayuntamiento de Santa Cruz) tiene que devolver las parcelas compradas, y el vendedor (Inversiones Las Teresitas) debe devolver el dinero cobrado, con sus intereses.

Esta decisi?n ?la nulidad del contrato- se adopta porque el Tribunal Supremo acoge los defectos que la Coordinadora El Rinc?n entend?a que afectaban al contrato de compraventa, que son los siguientes:

a) Falta de idoneidad y competencia de los t?cnicos que emitieron el Informe pericial previo exigido por el art?culo 11 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

b) El Informe infringe los principios de objetividad e imparcialidad.

c) El Informe se acomoda a las exigencias de la parte vendedora.

En los contratos celebrados entre particulares, el precio se determina por acuerdo entre la parte compradora y la vendedora. Sin embargo, en este caso la compradora es una Administraci?n (el ayuntamiento), sometida a reglas espec?ficas dado que va a pagar con dinero p?blico. En consecuencia, la normativa aplicable exige el cumplimiento de una serie de requisitos que garantice que no se va a perjudicar los intereses p?blicos. En la sentencia se pone de manifiesto que tales requisitos no se han cumplido. En especial, porque se ha favorecido de forma clara a la parte vendedora.

La Coordinadora El Rinc?n tambi?n hab?a se?alado, tal y como recoge la sentencia, la falta de proporcionalidad del precio de la compraventa en relaci?n con el precio fijado para la totalidad del parcelario en 1998. La parte vendedora (Inversiones Las Teresitas) compra todo el parcelario por 5.500 millones de pesetas en 1998 y vende s?lo una parte (el 60%) al Ayuntamiento por 8.750 millones en 2001. Adem?s, el Tribunal Supremo tambi?n indica que no se hab?an valorado los aprovechamientos urban?sticos que se transfirieron a los empresarios vendedores. Entendemos, en consecuencia, que la parte vendedora se benefici? doblemente: por un precio de compra excesivo y por el aprovechamiento urban?stico que se les transfiere y que no se cuantifica econ?micamente.

Queremos aclarar que el convenio urban?stico no se anula por el Tribunal Supremo, como este se encarga de afirmar a lo largo de toda la sentencia. En consecuencia, las condiciones urban?sticas relativas a las parcelas del frente de playa son las que ahora mismo est?n vigentes e impiden que se construya en ?l. Esta circunstancia no ha cambiado con la sentencia, ya que, como reitera el Tribunal Supremo, el convenio y la compraventa son dos actos diferentes.

Creemos que hay que destacar que el mismo Tribunal llega a afirmar que el Ayuntamiento de Santa Cruz no ha cumplido el principio de buena administraci?n, al no haber contado con el informe pericial que exig?a la normativa aplicable y al no haber utilizado un sistema de fijaci?n del precio de la compraventa que asegurara su correcci?n.

La Coordinadora El Rinc?n-Ecologistas en Acci?n sigue convencida de que es necesario que se cumpla la legislaci?n, ya que se trata de una exigencia del Estado de Derecho, y la Administraci?n es la primera que tiene que dar ejemplo; que los procedimientos administrativos se ajusten a la legalidad vigente y que es imprescindible la participaci?n de la ciudadan?a en los procesos de toma de decisi?n. Asimismo, nos sentimos orgullosos de haber participado en la concreci?n del inter?s general, pues la sentencia aclara que el precio pagado por la compraventa fue excesivo e injustificado, lo que significa que era negativo para los habitantes de Santa Cruz.

Entendemos que en todo este tiempo no hemos estado solos; otros grupos, otras personas ?en esta isla y tambi?n fuera de ella- han luchado no s?lo por conservar el medio ambiente, sino por un futuro m?s digno; queremos agradecerles a todos/as su apoyo.

Muchas gracias

Tags: Canarias

Publicado por ubara @ 11:48  | Islas
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