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Los alcaldes de los municipios lanzaroteños de Yaiza y Teguise, José Francisco Reyes y Juan Pedro Hernández, están siendo investigados por la administración de Justicia por, al menos, un presunto delito de prevaricación, después de que hayan otorgado numerosas licencias urbanísticas sin contar con la comunicación preceptiva previa al Cabildo de Lanzarote, después de iniciarse el proceso de revisión del PIOT (1998-2000) conocido como moratoria turística insular.
Así, Reyes, que tras pertenecer a Coalición Canaria (CC) forma parte ahora del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), a su vez asociado con Nueva Canarias, y Hernández, trasvasado también del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) a CC, están llamados a declarar sobre esta causa el próximo día 25 de mayo en el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife, aunque algunas fuentes señalan que ambos solicitarán un aplazamiento de sus comparecencias hasta después de la cita electoral del próximo día 27 de mayo, aplazamiento que debe conceder la titular del juzgado, María Dolores García Benítez.
La Consejería insular de Política Territorial, Patrimonio Histórico y Medio Ambiente de Lanzarote, pidió un informe juriídco llevado a cabo por Agustín Domingo Acosta, abogado externo contratado por el Cabildo y a la sazón director legal de los recursos contencioso-administrativos que la propia institución insular interpuso contra las citadas licencias. El informe, que fue finalizado en noviembre de 2006 y que alcanza las 230 páginas sin contar con los anexos, queda dividido en una primera parte donde se recoge la “estrategia” de conjunto que siguieron los Ayuntamientos otorgantes, y una segunda parte que muestra los casos “más llamativos”.
De esta manera, en el término municipal de Teguise, y dentro del Plan Parcial de Costa Teguise, existen un total de 8 licencias recurridas, con 3.950 plazas autorizadas y un presupuesto de obras de más de 73 millones de euros. Por su parte, Yaiza acoge hasta 23 permisos recurridos con 8.331 plazas afectadas y un presupuesto de las obras de 190 millones de euros: 7 en Las Coloradas, con 2.390 camas autorizadas y un presupuesto de obra de 37 millones, 2 en San Marcial Rubicón con 698 camas y 12 millones, 6 en Montaña Roja con 2.618 camas y 53 millones de euros, 2 licencias en Castillo del Águila con 1.303 camas presupuestadas en 31 millones, 4 en Costa Papagayo con 708 camas y 31 millones de presupuesto, una licencia en Cortijo Viejo con 600 camas y 9 millones, y una en Puerto Calero con 815 camas y 17 millones de euros de presupuesto.
Estas cifras dan idea, según el informe elaborado por Acosta, “de la magnitud de las maniobras urbanísticas y de los flujos dinerarios en torno a proyectos de obras que pugnaban con el Plan Insular y su Revisión” en Teguise y Yaiza, “municipios donde se encuentran las dos zonas turísticas con mayor potencial expansivo” de Lanzarote, citando como ejemplo la autorización de 4.000 nuevas plazas de apartamentos turísticos, “tipología alojativa prohibida por la revisión del PIOT”.
En la investigación judicial, que ha practicado escuchas telefónicas a los dos alcaldes, también parece estar involucrado el abogado Felipe Fernádez Camero. José Francisco Reyes y Juan Pedro Hernández están imputados, por temas diferentes a éste, de un delito de prevaricación.
Así, Reyes, que tras pertenecer a Coalición Canaria (CC) forma parte ahora del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), a su vez asociado con Nueva Canarias, y Hernández, trasvasado también del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) a CC, están llamados a declarar sobre esta causa el próximo día 25 de mayo en el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife, aunque algunas fuentes señalan que ambos solicitarán un aplazamiento de sus comparecencias hasta después de la cita electoral del próximo día 27 de mayo, aplazamiento que debe conceder la titular del juzgado, María Dolores García Benítez.
La Consejería insular de Política Territorial, Patrimonio Histórico y Medio Ambiente de Lanzarote, pidió un informe juriídco llevado a cabo por Agustín Domingo Acosta, abogado externo contratado por el Cabildo y a la sazón director legal de los recursos contencioso-administrativos que la propia institución insular interpuso contra las citadas licencias. El informe, que fue finalizado en noviembre de 2006 y que alcanza las 230 páginas sin contar con los anexos, queda dividido en una primera parte donde se recoge la “estrategia” de conjunto que siguieron los Ayuntamientos otorgantes, y una segunda parte que muestra los casos “más llamativos”.
De esta manera, en el término municipal de Teguise, y dentro del Plan Parcial de Costa Teguise, existen un total de 8 licencias recurridas, con 3.950 plazas autorizadas y un presupuesto de obras de más de 73 millones de euros. Por su parte, Yaiza acoge hasta 23 permisos recurridos con 8.331 plazas afectadas y un presupuesto de las obras de 190 millones de euros: 7 en Las Coloradas, con 2.390 camas autorizadas y un presupuesto de obra de 37 millones, 2 en San Marcial Rubicón con 698 camas y 12 millones, 6 en Montaña Roja con 2.618 camas y 53 millones de euros, 2 licencias en Castillo del Águila con 1.303 camas presupuestadas en 31 millones, 4 en Costa Papagayo con 708 camas y 31 millones de presupuesto, una licencia en Cortijo Viejo con 600 camas y 9 millones, y una en Puerto Calero con 815 camas y 17 millones de euros de presupuesto.
Estas cifras dan idea, según el informe elaborado por Acosta, “de la magnitud de las maniobras urbanísticas y de los flujos dinerarios en torno a proyectos de obras que pugnaban con el Plan Insular y su Revisión” en Teguise y Yaiza, “municipios donde se encuentran las dos zonas turísticas con mayor potencial expansivo” de Lanzarote, citando como ejemplo la autorización de 4.000 nuevas plazas de apartamentos turísticos, “tipología alojativa prohibida por la revisión del PIOT”.
En la investigación judicial, que ha practicado escuchas telefónicas a los dos alcaldes, también parece estar involucrado el abogado Felipe Fernádez Camero. José Francisco Reyes y Juan Pedro Hernández están imputados, por temas diferentes a éste, de un delito de prevaricación.
Tags: Canarias, corrupción