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La Asociación Tinerfeña Amigos de la Naturaleza (ATAN) ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de iniciar las obras en parte del frente de playa de Las Teresitas y pide al Juzgado que declare contrario a Derecho la actuación de la administración en relación con lo que considera “actos constitutivos de vía de hecho”. Esta es uno de los seis recursos que ha presentado ATAN en distintas instancias judiciales en relación con el proyecto de Las Teresitas.
Según ATAN, algunos de cuyos miembros pudieron comprobar cómo las obras se iniciaron el 1 de diciembre de 2006, la decisión municipal “no estaría amparada por el procedimiento legalmente establecido para actuar en el dominio público marítimo-terrestre, ni con el establecido en la normativa sobre la evaluación de impacto ambiental”. Antes de interponer el recurso, ATAN solicitó una respuesta al Ayuntamiento, por escrito, sobre el inicio de las obras, sin que se le haya contestado.
En el recurso presentado, se recuerda que la playa de Las Tersitas “carece de deslinde del domino público marítimo-terrestre adaptado a la Ley de Costas de 1988. Actualmente se está tramitando el deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa perteneciente a la playa de las Teresitas”, en cuyo expediente también se encuentra personada la asociación ecologista.
De hecho, el deslinde del tramo de costa comprendido en la playa de Las Teresitas para su adaptación a las determinaciones de la Ley de Costas de 1988 se viene tramitando, al menos, desde al año 2001.
Fijar el deslinde en el muro donde empieza la arena
Según el expediente, la Demarcación de Costas de Tenerife recibió un escrito del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 2 de octubre de 2001, al que acompaña propuesta de deslinde del domino público marítimo-terrestre del ámbito de la playa de Las Teresitas, para que Costas proceda a incoar el expediente de deslinde o de modificación del existente, “ateniéndose a las características físicas y administrativas de la zona, derivadas tanto de las actuales circunstancias físicas y administrativas de la zona, derivadas tanto de la realización de las diversas obras que se han acometido en la playa como del contenido de la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 1988.” La propuesta municipal consiste en fijar la línea de deslinde en el borde del muro de contención de la arena, propuesta que es asumida por la Dirección General de Costas.
Ante este escrito, ATAN presentó alegaciones manifestando su oposición al deslinde propuesto “por entender que no se ajusta al mandato legal contenido en el artículo 11 y concordantes de la Ley 22/1988, de Costas, que obliga a la Administración a atenerse a las características de los bienes que integran el domino público marítimo-terrestre conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 5 de esa ley, y no a los intereses de ningún Ayuntamiento, particular, formación política o grupo de presión”.
Por ello, en este recurso presentado por ATAN contra el inicio de las obras por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz se alude a la importancia que se da a la determinación del dominio público marítimo-terrestre en la Playa de las teresitas en la querella de la Fiscal Anticorrupción presentada contra el alcalde Miguel Zerolo y diez personas más. En concreto, se alude al punto veinte de los hechos relatados por la fiscal María Farnés.
Punto veinte de los hechos en la querella
En la querella, se indica que cuando la Dirección General de Costas autoriza a la Demarcación de Costas para que inicie el expediente de deslinde del dominio publico marítimo-terrestre en el tramo de la costa perteneciente a la playa de las Teresitas “nos encontramos con que, lejos de reducir la de 1.961, la amplia considerablemente y como consecuencia de ello ya de los 109.420 metros que compró el Ayuntamiento no están afectados sólo los 9.076,50 metros dichos, sino que están afectados 31.159 metros cuadrados. Es decir, casi una tercera parte del terreno adquirido por el mismo, era y es de dominio público, pero, es más, resulta que los terrenos que se encuentran afectados son, precisamente, donde presumiblemente irían ubicados los hoteles, ya que son los únicos que son llanos”.
Según el texto de la querella, “todo ello nos permite llegar a una conclusión, tenida en cuenta la línea de deslinde propuesta por la Demarcación de Costas de Tenerife, que sin embargo no está aprobada definitivamente por la Dirección General de Costas, y que no es otra que resaltar que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el supuesto de aprobarse la mencionada línea de deslinde, en realidad ha satisfecho la cantidad de 8.750 millones de pesetas por 74.420 metros cuadrados de acantilado”.
Según ATAN, algunos de cuyos miembros pudieron comprobar cómo las obras se iniciaron el 1 de diciembre de 2006, la decisión municipal “no estaría amparada por el procedimiento legalmente establecido para actuar en el dominio público marítimo-terrestre, ni con el establecido en la normativa sobre la evaluación de impacto ambiental”. Antes de interponer el recurso, ATAN solicitó una respuesta al Ayuntamiento, por escrito, sobre el inicio de las obras, sin que se le haya contestado.
En el recurso presentado, se recuerda que la playa de Las Tersitas “carece de deslinde del domino público marítimo-terrestre adaptado a la Ley de Costas de 1988. Actualmente se está tramitando el deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa perteneciente a la playa de las Teresitas”, en cuyo expediente también se encuentra personada la asociación ecologista.
De hecho, el deslinde del tramo de costa comprendido en la playa de Las Teresitas para su adaptación a las determinaciones de la Ley de Costas de 1988 se viene tramitando, al menos, desde al año 2001.
Fijar el deslinde en el muro donde empieza la arena
Según el expediente, la Demarcación de Costas de Tenerife recibió un escrito del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 2 de octubre de 2001, al que acompaña propuesta de deslinde del domino público marítimo-terrestre del ámbito de la playa de Las Teresitas, para que Costas proceda a incoar el expediente de deslinde o de modificación del existente, “ateniéndose a las características físicas y administrativas de la zona, derivadas tanto de las actuales circunstancias físicas y administrativas de la zona, derivadas tanto de la realización de las diversas obras que se han acometido en la playa como del contenido de la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 1988.” La propuesta municipal consiste en fijar la línea de deslinde en el borde del muro de contención de la arena, propuesta que es asumida por la Dirección General de Costas.
Ante este escrito, ATAN presentó alegaciones manifestando su oposición al deslinde propuesto “por entender que no se ajusta al mandato legal contenido en el artículo 11 y concordantes de la Ley 22/1988, de Costas, que obliga a la Administración a atenerse a las características de los bienes que integran el domino público marítimo-terrestre conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 5 de esa ley, y no a los intereses de ningún Ayuntamiento, particular, formación política o grupo de presión”.
Por ello, en este recurso presentado por ATAN contra el inicio de las obras por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz se alude a la importancia que se da a la determinación del dominio público marítimo-terrestre en la Playa de las teresitas en la querella de la Fiscal Anticorrupción presentada contra el alcalde Miguel Zerolo y diez personas más. En concreto, se alude al punto veinte de los hechos relatados por la fiscal María Farnés.
Punto veinte de los hechos en la querella
En la querella, se indica que cuando la Dirección General de Costas autoriza a la Demarcación de Costas para que inicie el expediente de deslinde del dominio publico marítimo-terrestre en el tramo de la costa perteneciente a la playa de las Teresitas “nos encontramos con que, lejos de reducir la de 1.961, la amplia considerablemente y como consecuencia de ello ya de los 109.420 metros que compró el Ayuntamiento no están afectados sólo los 9.076,50 metros dichos, sino que están afectados 31.159 metros cuadrados. Es decir, casi una tercera parte del terreno adquirido por el mismo, era y es de dominio público, pero, es más, resulta que los terrenos que se encuentran afectados son, precisamente, donde presumiblemente irían ubicados los hoteles, ya que son los únicos que son llanos”.
Según el texto de la querella, “todo ello nos permite llegar a una conclusión, tenida en cuenta la línea de deslinde propuesta por la Demarcación de Costas de Tenerife, que sin embargo no está aprobada definitivamente por la Dirección General de Costas, y que no es otra que resaltar que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el supuesto de aprobarse la mencionada línea de deslinde, en realidad ha satisfecho la cantidad de 8.750 millones de pesetas por 74.420 metros cuadrados de acantilado”.
Tags: Canarias, Las Teresitas, obras, corrupción, ayuntamiento, ATAN