El coordinador de Amnistía Internacional en Tenerife, Fernando Fuentes, dijo hoy, en referencia al respeto a los derechos humanos de los inmigrantes, que en Canarias aunque la situación "no es mala, no es la óptima" dado que se incumplen la totalidad de las obligaciones que le corresponden a las administraciones.
Fuentes, que junto con José Varela presentó el informe anual de AI, indicó que hay aspectos en los que no se respetan los derechos de los inmigrantes que llegan a Canarias y citó como ejemplo la ausencia de traductores y que se ofrezcan unas condiciones de acogida que no son las adecuadas.
En su opinión, el miedo razonable que pueda sentir la población hacia lo distinto es utilizado por los poderes públicos para poner coto a los derechos humanos.
Ejemplo de esta afirmación, agregó, son los problemas de escolarización que tienen muchos menores inmigrantes en la zona sur de las islas, que es donde mayor número de inmigrantes se concentran, y consideró que las administraciones públicas tienen la obligación de poner las condiciones precisas para que este derecho se pueda ejercer de forma adecuada.
Fuentes echó en falta que desde la administración no se haga una labor pedagógica que facilite la integración social y afirmó que es gratificante ver la solidaridad de los ciudadanos cuando los inmigrantes requieren ayuda.
El representante de AI también lamentó la situación de los centros de menores que debe ser mejorada.
Respecto a la situación de la violencia contra la mujer, Fuentes destacó que Canarias tiene una estrategia sanitaria propia, pero criticó que del programa canario de lucha contra la violencia de género, cuya aplicación terminó en 2006, sólo se haya cumplido un tercio.
Fuentes requirió que este plan cuatrienal se siga aplicando y consideró que no se trata de aportar más medidas sino de aplicar las previstas.
Recordó que la última muerte por violencia de género del año 2006 en España tuvo lugar en La Laguna, criticó que sólo se apliquen medidas en el seno familiar y no exterior y consideró que la pedagogía, que en su opinión, podría evitar muchas muertes, "brilla por su ausencia".
El representante de AI recordó las campañas específicas llevadas a cabo por la organización contra la pena de muerte, el control de las armas y los niños soldados.
Sobre la pena de muerte y la campaña concreta para evitar que se aplique a enfermos mentales, José Varela indicó que AI ha conseguido que tres ayuntamientos tinerfeños, Vilaflor, Santiago del Teide y Adeje, la asuman y precisó que el pasado año fueron ejecutadas en el mundo entre 19.000 y 20.000 personas.
Según los datos aportados, el 91 por ciento de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en China, Irak, Irán, Pakistán, Sudán y Estados Unidos.
Los representantes de AI afirmaron que gracias a campañas similares, 25 países han abolido la pena de muerte aunque destacaron la existencia aún de esta pena en países como Irán, donde se aplica también a los menores.
Respecto al programa de armas bajo control, Fernando Fuentes indicó que se ha conseguido elaborar un acuerdo que apoyan todos los países salvo Estados Unidos para comenzar a trabajar en un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas.
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