Domingo, 08 de julio de 2007
La Asociaci?n Justicia y Sociedad, que integra a m?s de un centenar de juristas de las siete islas entre abogados, procuradores, profesores universitarios y personal de la administraci?n de Justicia, califica de ?ilegal y vergonzoso? el "convenio de investigaci?n? suscrito entre la Universidad de La Laguna (ULL) e Inversiones Las Teresitas para el asesoramiento en materia de Derecho Penal y Urbanismo.

Para la asociaci?n de juristas, la noticia difundida en los ?ltimos d?as "constituye uno de los mayores esc?ndalos? en los que se ha visto involucrada la Universidad de La Laguna en su dilatada historia". El colectivo progresista recuerda que el denominado Convenio de investigaci?n entre Inversiones Las Teresitas SL y la Universidad de La Laguna para el asesoramiento en Derecho Penal y Urbanismo, suscrito entre el rector y los representantes legales de Inversiones Las Teresitas el pasado 16 de abril "atenta y vulnera la funci?n social que debe desempe?ar la Universidad p?blica en el Estado social y democr?tico de derecho que la Constituci?n proclama".

A su juicio, este acuerdo "vulnera el fin que todo convenio entre la Universidad y una entidad privada debe prevalecer y ser respetado, seg?n la Ley de Universidades, donde se expone que ha de ser una herramienta primordial para el desarrollo social a trav?s de la transferencia de sus resultados a la sociedad". En la norma, a?ade, se indica que "constituye una funci?n esencial de la universidad, que deriva de su papel clave en la generaci?n de conocimiento y de su capacidad de estimular y generar pensamiento cr?tico, clave de todo proceso cient?fico?.

Justicia y Sociedad recuerda, asimismo, que uno de los objetos del convenio en cuesti?n es el asesoramiento jur?dico e informes sobre la trascendencia penal de actividades relacionadas con negocios urban?sticos, "lo que, de por s?, es grave y escandaloso, teniendo en cuenta que en la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se siguen las Diligencias Previas n?m. 17/06, por delito, entre otros, de malversaci?n de caudales p?blicos, a instancias de la Fiscal?a Anticorrupci?n, contra Antonio Ram?n Plasencia Santos e Ignacio Manuel C?ndido Gonz?lez Mart?n, propietarios de la sociedad y personas ?stas que en realidad dirigen y controlan la entidad Inversiones Las Teresitas SL".

"Siendo as? que los que suscriben el convenio cuestionado en representaci?n de dicha entidad mercantil son personas directamente allegados a los mismos", precisa la Asociaci?n, que insiste en que la firma de dicho convenio es "reprobable por razones legales, ?ticas y est?ticas".

En t?rminos de legalidad, contin?a, el convenio, "mal llamado de investigaci?n, encubre realmente un contrato de servicios de asistencia jur?dica a trav?s del cual se pretende utilizar los informes que emitir?a un profesor de derecho penal, con el aval de la Universidad p?blica de La Laguna, para la ?nica y exclusiva defensa del inter?s privado y ego?sta de los imputados en aquella causa penal seguida en su contra por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por delitos p?blicos que adem?s representan graves atentados al inter?s general y p?blico (prevaricaci?n y malversaci?n de caudales p?blicos)".

El colectivo hace hincapi? en que estos "fines espurios, alejados de la finalidad legalmente establecida para estos convenios en la Ley de Universidades, determina que el citado convenio est? inmerso en una causa de anulaci?n, prevista en el art. 63.1 de la Ley de R?gimen Jur?dico de las Administraciones P?blicas y del Procedimiento Administrativo Com?n, por incurrir en desviaci?n de poder y fraude de ley, prohibidos por el art. 6.4 del C?digo Civil".

Asimismo, para Justicia y Sociedad, el convenio "podr?a transgredir la Ley de Incompatibilidades, ya que, por su objeto, constituye un contrato id?ntico en contenido a las denominadas hojas de encargo profesional por las que un cliente encarga la asistencia legal y defensa de sus intereses a un abogado, actividad ?sta que el profesor de Derecho Penal Esteban Sola, solicitante y beneficiario del convenio, no podr?a desarrollar al tener dedicaci?n exclusiva a la docencia universitaria".

Por ello, Justicia y Sociedad anuncia que pondr? el expediente en conocimiento de la Alta Inspecci?n del Ministerio de Educaci?n por si se hubiese vulnerado la Ley de Incompatibilidades. Del mismo modo, se dar? traslado del convenio referido al Consejo General de la Abogac?a y sus servicios jur?dicos por si constituyeran una pr?ctica de competencia desleal o intrusismo no amparada legalmente.

"Falta de ?tica"

Para Justicia y Sociedad, la firma del convenio "est? alejada de la m?s elemental ?tica, resultando, adem?s, rechazable desde un punto de vista est?tico, pues la ?tica implica l?mites en el desarrollo de una actividad, en este caso, de asistencia t?cnica, en funci?n de determinado principios y valores". En tal sentido, considera que el hecho de que un profesor de Derecho Penal asista t?cnicamente a una empresa de forma gen?rica y preventiva, es decir, con car?cter previo a la realizaci?n de determinadas conductas u operaciones indicando qu? aspectos pueden tener relevancia penal y cu?les no "entra dentro de los l?mites ?ticos y legales permisibles para este tipo de convenios".

Remarca adem?s que, de cometido un grave delito, de forma concreta y orientado a su defensa penal, se firme un convenio de asistencia t?cnica, "supone una clara y evidente trasgresi?n de esos l?mites ?ticos b?sicos, ya que, de aceptar que ello es posible ?tica y legalmente, convertir?amos a los departamentos de Derecho Penal de las universidades en algo muy distinto a la que debe ser su funci?n educativa y social".

Justicia y Sociedad considera "evidente" que las universidades "no est?n para asesorar a delincuentes y, de no ser as?, grata ser?a la sorpresa que se llevar?an aquellos internos en Tenerife II que, por supuesto, puedan pagar 10.000 euros al profesor de turno". La Asociaci?n se?ala que "no debe ser intenso el esfuerzo intelectual a realizar para comprender que no es aceptable que un profesor de una universidad p?blica, con dedicaci?n exclusiva, retribuido con el dinero de todos para desarrollar una actividad educativa y social, cuya formaci?n, en gran parte, ha sido pagada con dinero p?blico, se dedique a asesorar la defensa penal de las personas y empresas imputados judicialmente por graves delitos contra el inter?s p?blico, en este caso, se dedique a evitar que asuman su responsabilidad en el mayor delito de malversaci?n de caudales p?blicos de la historia del municipalismo en Espa?a, como sucede en el llamado caso de Las Teresitas".

Los miembros de Justicia y Sociedad expresan su "sorpresa y estupor" por este convenio firmado por el anterior rector, ?ngel Guti?rrez, as? como por la "defensa numantina" que ha hecho del mismo el actual rector, Eduardo Dom?nech, mediante un comunicado oficial "y que s?lo cabe entender desde el corporativismo y gremialismo que tanto perjudica a una instituci?n que por naturaleza debe ser permeable a la cr?tica, propia y ajena, y a la rectificaci?n como es la Universidad, as? como la defensa de la ?tica; sorpresa por la r?pida reacci?n defensiva del Rectorado cuando en casos de ataques absolutamente insultantes hacia miembros de la comunidad universitaria por su defensa del medio ambiente, sin cobrar un euro, dicho Rectorado ha tardado bastante en reaccionar, ampar?ndolos con bastante tibieza".

Tambi?n ve "sorprendente" que se haya "faltado a la verdad, con voluntad de manipular a la ciudadan?a, desde el Rectorado en su comunicado de prensa al afirmar que la Intervenci?n de la Universidad no plante? reparo alguno al convenio, ocultando deliberadamente que la interventora, si bien no lo repar? formalmente, si lo hizo desde un punto de vista material al expresar, literalmente, que 'se advierte que es p?blico y notorio, por haber aparecido tal noticia en los medios de comunicaci?n, que la empresa contratante (Inversiones Las Teresitas SL) est? incursa en un proceso penal abierto por acusaci?n del Ministerio Fiscal dirigido contra los accionistas y administradores de dicha sociedad, por lo que pudiera no parecer oportuna la firma del contrato en cuesti?n, cuyo objeto es el asesoramiento jur?dico sobre la trascendencia penal de actividades relacionadas con negocios jur?dicos y sobre la trascendencia jur?dica de convenios urban?sticos entre la Administraci?n P?blica y empresas privadas, lo cual constituye precisamente el tema objeto del proceso penal en curso'?.

Por todo ello, Justicia y Sociedad hace un llamamiento a toda la comunidad universitaria (Consejo de Gobierno, Consejo Social, Claustro Universitario y, fundamentalmente, profesores universitarios de toda condici?n, estudiantes y Personal de Administraci?n y Servicios), as? como a los representantes pol?ticos y sindicales, para que utilicen todas las v?as que administrativa, judicial, social y pol?ticamente procedan para dejar sin efecto el convenio que se cuestiona y depurar las responsabilidades que fueran procedentes.

"De no ser ello as?, pasar? ese episodio a la historia m?s humillante de la Universidad espa?ola, junto con otros, como el doctorado honoris causa concedido por la Universidad Complutense a Mario Conde", expresa, concluyendo que, para la Asociaci?n, la Universidad de La Laguna y su comunidad universitaria "no merecen tener que pasar por el trance de semejante bochorno y descr?dito social".

Tags: Las Teresitas, ULL, justicia y sociedad

Publicado por ubara @ 13:00  | Islas
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios