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HACIA UNA NECESARIA LEY DE INICIATIVA POPULAR


Legislatura tras legislatura asistimos perplejos a la subida brutal de sueldos que se autoasignan la mayoría de nuestros munícipes, bien es verdad que la ley les capacita para ello. Ley que, por supuesto, han elaborado ellos mismos como legisladores que son.



Hemos leído estupefactos casos como los del Ayuntamiento de Arona, donde no sólo el alcalde se fija un sueldo cercano a los 80.000 euros, sino que además 3 de sus concejales cobrarán emolumentos cercanos a los 60.000 euros (unos 10 millones de las antiguas pesetas). Y a otros como un exalcalde turístico que se había subido en torno a unas 200.000 pesetas en la anterior legislatura, recriminar al nuevo grupo de gobierno por mantenerse más o menos los suyos. O como otros dicen no cobrar mientras se fijan asistencias a plenos y comisiones elevándolas sobremanera. Todo ello con alguna (pocas) ejemplar actuación como la del nuevo alcalde de Güimar que se lo ha rebajado.



Además, habría que añadir a la lista de derroches causados al erario público, la incalculable y poco accesible nómina de supuestos asesores y antiguos concejales que enviados al ostracismo hay que buscarles alguna cosilla, no sea que se vayan a sublevar.



Entendemos que las leyes al respecto se deberían regular de otra manera, no dejando en manos de los políticos la fijación de su sueldo, cuestión esta que los distancia de cualquier hijo de vecino.



No conocemos ningún colectivo, considerándolos como tal, que se adjudique sus propios salarios, ni tan siquiera los directivos de empresas, quienes ven su sueldo establecido por un consejo de administración.



El sueldo debería establecerse en base a parámetros fijos, tales como población (alguno buscaría habitantes debajo de las piedras hasta americanas) y/o presupuesto de un ayuntamiento (aunque visto lo visto muchos estarían tentados de inflar dichos presupuestos).



El aumento anual sería como el de cualquier trabajador público y relativo al ipc.



Si a todo esto unimos otro tipo de prebendas, como consolidaciones, dietas, tarjetas, móviles, pertenencias a consejos de administración de empresas públicas, coches con chofer y demás inconfesables beneficios, podremos entender como algunos no quieren dejar el gremio ni a palos.



Para justificar tales sueldos y subidas, tanto ellos como sus micrófonos debidamente engodados, aluden a cuestiones tales como que en la empresa privada cobrarían bastante más.



No existen en Canarias tantos puestos directivos, ni suelen presentar nuestros munícipes niveles de cualificación y/o experiencia laboral para tales cargos, por lo que los animaríamos a comprobarlo.



En vistas que una iniciativa de tal calado no se puede esperar de nuestros gobernantes, es por lo que animamos a la ciudadanía a la presentación de una ley de iniciativa popular que regule en otra dirección la fijación del sueldo de nuestros políticos, que los acerque más al resto de los mortales y no los convierta en una casta al margen.

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