Mi?rcoles, 03 de octubre de 2007
ASI LO VIMOS. Ram?n P?rez Almod?var

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El TSJC tiene desde principios de agosto la propuesta del Ayuntamiento de Santa Cruz donde el alcalde Zerolo, apoyado por CC y PP, pide que no se ejecute la sentencia del Tribunal Supremo que anula la compraventa de las parcelas de Las Teresitas. En relaci?n con este asunto, el diputado socialista Santiago P?rez considera que Zerolo desobedece a la Justicia y se acerca a los linderos de nuevos delitos tipificados en el C?digo Penal. Por qu? los magistrados del TSJC no se han pronunciado sobre la petici?n del Ayuntamiento es una pregunta que deben responder los magistrados, dijo P?rez.

En efecto, CC y PP presentaron un incidente de inejecutabilidad de la sentencia con el peregrino argumento de que no pod?an devolver las parcelas a Inversiones Las Teresitas SL (Antonio Plasencia e Ignacio Gonz?lez) en las mismas condiciones en que se adquirieron. Ese argumento se cae por el propio peso de los 70.000 metros cuadrados de acantilado, gran parte en terreno p?blico, que compr? el Ayuntamiento.

Es muy sencillo de explicar y de entender, tanto que seg?n Santiago P?rez se puede aplicar un latinazgo jur?dico que traducido significa: las cosas claras no necesitan de interpretaci?n. El Supremo dice que se devuelvan las parcelas a Inversiones Las Teresitas, que tiene que restituir al Ayuntamiento el dinero que cobr? por la venta m?s los intereses, unos 70 millones de euros. No hay interpretaci?n jur?dica posible.

Con el plano del Plan Parcial de Las Teresitas colgado en la pared del grupo parlamentario Socialista, Santiago P?rez explic? a los periodistas por qu? Zerolo desobedece a la Justicia y por qu? sus acciones y decisiones en este suculento pelotazo urban?stico nunca han estado dirigidas a defender el inter?s del pueblo de Santa Cruz.

Tambi?n es muy sencillo de explicar y de entender, incluso para los magistrados del TSJC:

a) Las parcelas del frente de playa ten?an uso tur?stico extrahotelero. El Ayuntamiento bien pod?a realizar el cambio de uso del suelo en el planeamiento urban?stico, procediendo a expropiar las parcelas del frente de playa en funci?n de la valoraci?n realizada por la arquitecta P?a Oramas, que cuantific? el valor de los terrenos en unos 3.200 millones de pesetas.

b) La operaci?n de compraventa se realiz? de forma acelerada en junio de 2001, pocos d?as antes de aprobarse la Ley 6/2001, que prohib?a el uso tur?stico en las parcelas.

c) Tras comprar las parcelas por 8.750 millones de pesetas (cantidad muy superior a la que propon?a la arquitecta municipal), el Ayuntamiento traslad? la edificabilidad de esas parcelas al Valle de las Huertas.

d) Inversiones Las Teresitas SL vendi? por 90 millones de euros el 90% de los terrenos del Valle de Huertas a Mapfre Inmuebles.

e) Inversiones Las Teresitas SL gan? 120 millones de euros sin mover una piedra, s?lo mediante la tramitaci?n de expedientes administrativos en el Ayuntamiento de Santa Cruz.

f) En todo caso, deben ser los empresarios los que demanden al Ayuntamiento si se consideran perjudicados, pero el enredo judicial promovido por el Ayuntamiento para alargar el asunto y poner al TSJC en la picota s?lo contribuye a defender los intereses de los empresarios, porque CC y PP renuncian a que el Ayuntamiento ingrese 70 millones de euros. Los empresarios han sido muy compensados, y recompensados, al trasladarse la edificabilidad al Valle de Huertas, que ya vendieron por 90 millones de euros. Es decir, ya han aprovechado el valor del suelo de las parcelas del frente de playa al ser trasladado ese valor al Valle de Huertas.

g) Santiago P?rez afirma que muchas personas en Tenerife sospechan que ha habido suculentas comisiones en esta operaci?n.

h) Antonio Plasencia afirma, en un trabajo del historiador Ram?n Trujillo y actual coordinador de Izquierda Unida en Tenerife, que no pagaron 5.500 millones de pesetas por el Plan Parcial a la Junta de Compensaci?n, sino 9.770 millones de las antiguas pesetas. Hay, pues, m?s de 4.000 millones de pesetas que no se saben d?nde han ido a parar.

i) La Junta de Compensaci?n, donde estaba representado el Ayuntamiento, vendi? unos terrenos que no eran de su propiedad. El TSJC ha dado la raz?n a los antiguos propietarios, que no pudieron presentar alegaciones y retrotrae el expediente a 1989.

j) En el TSJC saben, por lo tanto, que la Junta de Compensaci?n vendi? parcelas sin consentimiento de sus leg?timos propietarios. En el TSJC saben de la existencia de una sentencia del Supremo que anula la compraventa de Las Teresitas. En el TSJC saben de la existencia de una querella de la Fiscal?a Anticorrupci?n donde se afirma que los leg?timos propietarios fueron expoliados, que hubo una maquinaci?n para delinquir, que se pag? m?s de lo debido por las parcelas del frente de playa, que Inversiones Las Teresitas compr? todo el Plan Parcial en una fulgurante operaci?n, antes de que la empresa estuviera constituida, constando que uno de los socios era un empleado de una empresa de Ignacio Gonz?lez que cobraba poco m?s de 700 euros mensuales y que mont? la empresa con un capital social de 30 millones de pesetas; que solicit? un pr?stamo de 5.500 millones de pesetas a CajaCanarias (con un sueldo de 700 euros) y que la entidad presidida por Rodolfo N??ez le concedi? el aval. En poco m?s de 15 d?as, justo antes de la sentencia de 1998 que permit?a edificar en las parcelas del frente de playa.

Santiago P?rez aprovech? para criticar las veleidades soberanistas de Zerolo, que calific? como ?chantaje? al Gobierno del Estado con el objetivo de conseguir impunidad. P?rez afirm? que Zerolo ?est? pre?ado de caciquismo y toma el pelo a los ciudadanos, tom?ndolos por menores de edad?, cuando lo que ha hecho es ?aprovechar los cargos p?blicos para proporcionar ping?es beneficios a sus patrocinadores. Cuando piensa en un Estado propio, lo hace para usarlo como un juguete. En sus enso?aciones, ?l podr? nombrar a los jueces? y contar? ?con la censura instalada en los medios de comunicaci?n de Tenerife. Enga?a al pueblo de Santa Cruz y desobedece a la Justicia. En nuestra isla est?n vigentes los mecanismos de la censura?.

?ATI es la derecha rancia y caciquil, la marca blanca del PP en Tenerife pretende chantajear al Gobierno del Estado: o les dan patente de corso y les reconocen su impunidad o les van a crear un problema al Gobierno de Espa?a con el independentismo, un ideal noble cuando se defiende desde sectores populares, pero no por quienes estuvieron arrodillados durante el franquismo ante el poder estatal. El mundo grotesco de Zerolo sigue vivo porque la censura est? instalada en los medios de Tenerife?, dijo.

Por ?ltimo, y a preguntas sobre la independencia del Poder Judicial, Santiago P?rez respondi? que la Justicia independiente y la tutela judicial efectiva ?son dos bellos ideales?. Y dijo que no ve razones para que el TSJC se retrase en su pronunciamiento.


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Publicado por ubara @ 11:06  | Islas
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Publicado por Invitado
Mi?rcoles, 03 de octubre de 2007 | 23:08
video: ' T E R E S O N E '

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