La moción que el concejal socialista José Ángel Martín Bethencourt presentó hoy al Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pidiendo la creación de una Comisión de Investigación sobre el proceso de privatización de la Empresa Municipal de Aguas (Emmasa) abrió este miércoles la caja de los truenos en una sesión, por lo demás tediosa, que comenzó con una hora de retraso. Y además, la propuesta socialista sólo contó con sus propios votos y los de Ciudadanos por Santa Cruz –un total de 8-, que la apoyó, pese a reconocer Ángel Isidro Guimerá que era inútil.


Así, el alcalde, Miguel Zerolo, optó por asumir personalmente la defensa, que más bien fue un ataque, del Grupo de Gobierno frente a esta petición, que consideró planteó Martín con una argumentación “patética”, que le hizo anunciar una ruptura de relaciones inmediata. “Usted ha cruzado una raya que como político no debería haber cruzado nunca y que no tiene retorno”, le espetó, negando que sus palabras fueran una amenaza, como el socialista la había interpretado, sino “el resultado de su acción”, explicó, aclarándole que “desde hoy no va a ser mi interlocutor ni mediador político”.

En este sentido, el alcalde censuró la “hipocresía sin precedentes”, el “cinismo” y el oportunista de “algunos socialistas”, a los que volvió a llamar “stalinistas”, que “no quieren saber la verdad porque puede estropear sus planes con oscuros intereses”. Esta verdad, defendió, no es otra que el expediente para la venta de las acciones de Emmasa “es absolutamente regular y transparente” y esos planes “el linchamiento mediático a que tienen sometido al Ayuntamiento, convirtiéndolo en su diana jurídica” para sacar rédito electoral.

Acciones para las que vino a decir, el PSOE hace uso de “algunos órganos de la Administración del Estado” y de “filtraciones de investigaciones policiales o judiciales para convertir denuncias en acusaciones y rumores en pruebas”. Al respecto, ironizó que la Comisión de Investigación solicitada “llega tarde” y es “innecesaria, porque por un periódico y otro digital –dirigido por un “destacado representante socialista”- estaremos informados del progreso de las investigaciones sin necesidad de investigarnos nosotros”. Por ello, creyó más adecuado “confiar en la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del estado”, así como en la Justicia, que también estudia el asunto debido a las denuncias de Guimerá y de una de las empresas que no resultó adjudicataria del concurso público, Canaragua.

NI EN EL AGUA, NI EN LA ARENA

En estas investigaciones, aseguró, “van a encontrar en el agua, lo mismo que en la arena: nada”, en referencia al caso Las Teresitas que está llevando la Fiscalía Anticorrupción.

El alcalde consideró que el portavoz nacionalista, José Alberto Díaz Estébanez, había contestado en su intervención a las preguntas con las que Martín justificaba la necesidad de la Comisión, pero “no les interesa, porque los socialistas han renunciado a la verdad a cambio de la conveniencia y el electoralismo, convirtiendo el Pleno en un mercado donde se vende pescado barato”. Igualmente, evidenció la “hipocresía sin precedentes” que a su juicio supone el hecho de que en los ayuntamientos gobernados por el PSOE se haya privatizado el servicio de abastecimiento de agua, “comenzando por Adeje, donde el alcalde es el secretario insular del partido “que lo considera malo si lo hacemos nosotros”, lo que demuestra “el cinismo político del planteamiento”.

Zerolo defendió la decisión municipal de vender las acciones de Emmasa, porque ha permitido “obtener recursos para las arcas y financiar planes de mejora para Santa Cruz y obras para los vecinos”. Precisamente éste fue uno de los puntos sobre los cuáles Martín –que aseguró representar a todo el PSC- pedía una aclaración: la discrepancia entre el informe de Intervención y el jurídico, que contradijo al primero en cuanto a la obligación de revertir los beneficios de la venta en el propio servicio de agua. Esta insinuación y la lectura de determinados titulares de Prensa en los que se puso en duda “la honorabilidad de los funcionarios de esta casa” causaron también la indignación del alcalde, que aseguró quedarse “con mal cuerpo por el paripé político” del socialista.

Finalizó su intervención, con la que dio por concluido el debate, proponiendo al PSOE que inste a todos los ayuntamientos donde han privatizado este servicio a que creen comisiones de investigación sobre las mesas de contratación y se comprometió a apoyar la constitución de la solicitada en Santa Cruz “el día que ellos lo aprueben”.

QUE INVESTIGUE LA JUSTICIA

El resto de los portavoces de los distintos grupos, excepto el Partido Popular, que no intervino en el debate, descartaron también la oportunidad y la utilidad que tendría una comisión de investigación en el Ayuntamiento sobre un asunto que ya lo está siendo judicialmente.

Díaz Estébanez desmintió que no se cumpliera con el periodo de 30 días de exposición pública del pliego de condiciones; dijo que Canaragua aceptó expresamente todas sus cláusulas y que el recurso judicial de quienes no resultan adjudicatarios es una “práctica habitual en el sector”. Hizo una detallada relación de las mejoras implantadas en el servicio por Sacyr –la actual titular mayoritaria de Emmasa- y de las previstas para 2008 y aseguró que el incremento de las tarifas “se ciñe a lo contemplado en el pliego, el IPC del año anterior”.

Ángel Isidro Guimerá se mantuvo en su oposición a la privatización de la entonces empresa pública y en que el expediente tiene irregularidades “serias que pueden anular la enajenación”, pero consideró que la Comisión propuesta –que finalmente apoyó- “no sirve para nada porque no hay voluntad política de esclarecer los hechos”, tarea que ya hacen los juzgados.

El concejal del Centro Canario-CCN, Ignacio González, se abstuvo en la votación, aunque también opinó que la propuesta socialista “llega tarde” y que hubiera sido mejor que “se personaran en el recurso de Ciudadanos”. Entendió que el “camino es el judicial”, puesto que la comisión municipal “tiene un alcance muy limitado” e insinuó que la intención socialista “de volver a empezar con este tema” es electoralista.

La justificación socialista a su petición se basaba fundamentalmente en la necesidad de disipar “la sobra de la duda en la legalidad de las actuaciones que el Ayuntamiento realizó para dar cumplimiento al trámite del cambio del modo de gestión del agua” propiciada por los recursos contencioso-administrativos que hay presentados en contra y las informaciones aparecidas en los medios de comunicación. A ello sumó irregularidades en el proceso, como que el alcalde firmara un decreto para dar cumplimiento a un acuerdo plenario que “aún no se había producido”; la redacción de una memoria estudio en sólo cinco días hábiles, que no incorpora “los contenidos legalmente establecidos”, ni se somete al trámite de información pública exigido, y otros interrogantes que “requieren respuesta”.