La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Luz Reverón, considero hoy un éxito que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tutele la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la compra venta de once parcelas en la playa de Las Teresitas.

Luz Reverón habló de este modo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias emitiese un auto por el cual rechaza el planteamiento del Ayuntamiento de que la sentencia es inejecutable y en el que señala que deberá acordarse un nuevo precio por la compra de las parcelas.

Este autos se ha hecho público después de que el Tribunal Supremo emitiese otro en el que desestimó un recurso del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para anular la sentencia de este mismo tribunal que declaró ilegal la compra venta de fincas en la zona de la playa de Las Teresitas.

La compra venta de las parcelas se llevó a cabo en septiembre de 2001 por importe de 8.750 millones de pesetas (unos 52,5 millones de euros) y en una primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se indicaba que fue "contraria al ordenamiento jurídico" y establecía que la compra se basó en la existencia de una especie de compromiso entre comprador y vendedor para ponerse de acuerdo en el precio.

La concejal de Urbanismo declaró hoy que la playa de Las Teresitas "es y será" pública, y añadió que las once parcelas afectadas por este auto no se devolverán a los antiguos propietarios, por lo que las obras continuarán.

Luz Reverón manifestó que, según el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la compraventa no es nula sino que se puede anular y las parcelas no se pueden devolver.

La concejal de Urbanismo señaló que en el auto se indica que fue un error la fijación del precio y da quince días de plazo a las partes para poner un nuevo precio, cuestión que tutelará el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Además, Luz Reverón comentó que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife estudian la posibilidad de presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo respecto a la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la compraventa.