Tras la declaración de un empresario el pasado 18 de diciembre el juez dictó un auto declarando secreto de sumario y ampliando los títulos jurídicos de imputación, sobre el alcalde actual y la anterior comisión de gobierno. A los presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación, se suman tres más, cohecho, tráfico de influencias y extorsión.



Además el juez decretó en ese momento la prisión incomunicada para el arquitecto municipal y un empresario. El proceso penal sigue adelante sobre las actuaciones urbanísticas de concesión de licencias y contrataciones desde el 2004 hasta el 2006, imputando al actual alcalde y su anterior equipo de gobierno.

Según fuentes consultadas se siguen tomando declaraciones respecto al caso, además de actuaciones en torno al mismo. En otro orden de cosas, el abogado de una de las partes personada en la denuncia, Felipe Campos indica que esta trabajando en la ampliación de la misma, dado que ha percibido presuntas irregularidades en cuanto al comportamiento de la Junta de Gobierno Local, que ha propiciado decisiones similares en el mandato actual.