Lunes, 18 de febrero de 2008

Los cambios sociales siempre han venido de la demanda de la ciudadanía, así como el rechazo de proyectos devastadores y de impactos medioambientales. Canarias no es ajena a estos procesos, encontrando en nuestra historia reciente el rechazo a la lanzadera que se pretendía instalar en la isla de El Hierro, la reivindicación de una universidad para Las Palmas, ó la negativa a que pasasen las torres de alta tensión por los montes de Vilaflor.

 

Desde hace años existe una oposición al proyecto del puerto de Granadilla, oposición argumentada y contestada desde la ciudadanía, aglutinando a varios colectivos ecologistas, sociales, culturales, juveniles, sindicales, políticos, etc. que ha conseguido que se desmorone las justificaciones de ese proyecto ante los argumentos sólidos esgrimidos desde el movimiento social, aunque este sentir popular cuenta con una diferencia significativa con respecto a las anteriores luchas llevadas a cabo. En esta lucha no ha participado ni ha sido apoyada por ninguna institución pública, lo que la ha dignificado aún más. Sólo el pueblo frente a todos los poderes establecidos: político, empresarial, mediático e institucional.

 

En una comunidad donde la mitad del electorado no esta representado en el parlamento, no es extraño que los resultados de las elecciones siempre sitúen al tripartito en las instituciones públicas, como consecuencia de una ley electoral antidemocrática y diseñado como traje de medida para estos fines, que no transmite el sentir popular a las instituciones, de ahí la falta de representación institucional cuando la amplia mayoría de los residentes en Tenerife rechazan este disparatado, innecesario, devastador, técnicamente desaconsejable, ilegal y antidemocrático proyecto

 

No descubrimos nada nuevo al afirmar que Canarias es la comunidad autónoma más deficitaria en Sanidad, educación, cultura, atención social y estabilidad laboral, siempre argumentado desde las administraciones públicas autonómicas, insulares y locales por la falta de financiación, culpando a otras administraciones de tal desaguisado, muy concretamente al estado central. En cambio bien que han negociado con Madrid para conseguir toda la financiación pública para el rechazado proyecto del puerto de Granadilla.

 

No es de recibo ni mucho permisible que mientras tengamos la sanidad en la UVI, la educación analfabetizada, la cultura sustituida por cutres espectáculos, la precariedad laboral integrada en el paisaje y, los servicios sociales atendidos con voluntarios y limosnas. Y por contra que se creen partidas presupuestarias con dinero público, para destinarlo a una obra que sólo beneficia a un sector empresarial sin escrúpulos, que poco aportan a las arcas públicas, como consecuencia de los beneficios fiscales que le aporta la Reserva de Inversiones de Canarias. Es totalmente injusto que nuestros impuestos se destinen a pagar la ejecución de esta barbarie, y los perceptores del dinero son los que menos aportan a la caja pública. No podemos permitir que con nuestra contribución a sostener, fomentar y mantener el estado del bienestar, se lucren unos pocos y, se hipoteque el futuro social de varias generaciones por la descapitalización de los fondos públicos, difícilmente recuperables, pues a la ejecución hay que añadirle el coste de mantenimiento de esas disparatadas instalaciones.

 

El permitir que se realice una obra tan impactante, socialmente rechazada, sería de personas insensibles e irresponsables, dejando a hijos y nietos en total desamparo, ante la incertidumbre de recibir educación, atención sanitaria y, todos los servicios sociales que por derecho y sentido de la responsabilidad le correspondería.

 

Si en este presunto sistema democrático, el poder los ostenta el pueblo, como recoge la constitución, toda persona de bien, responsable, sensible y, con sentido común, debe solicitarle a la hacienda pública que le devuelva, la parte de sus impuestos que se destinen al gran disparate que se pretende hacer en las costas de Granadilla, creando un fondo social para evitar ser cómplice del mayor atentado ecológico, social y económico, que se pretende llevar a cabo en Tenerife y, por extensión en Canarias.

 

En otras ocasiones hemos alzado la voz y, hemos actuado con el lema “puerto de Granadilla, no con mi voto”, ahora corresponde decir claro, alto y contundentemente: “PUERTO DE GRANADILLA, NO CON MIS IMPUESTOS”

 

Toño Linares

Presidente de Tagoror Achinech

 


Publicado por ubara @ 20:56  | Puerto de Granadilla
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios