El dueño de unas fincas en Arona registradas en el catastro descubre que la titularidad de éstas ha sido modificada, sin que a él le haya sido notificado el cambio, tal y como es obligación del catastro. La titularidad es ahora de Gestur, una empresa pública del Gobierno de Canarias dedicada básicamente a la ejecución de planeamientos pero que, según el abogado, en la práctica actúa como un auténtico promotor “y con ventaja”. Comenta que, afortunadamente, una certificación del año 1995 probaba que el auténtico titular de la finca era su cliente. Alguien borró el histórico de esa finca, y ante el silencio del catastro, se ha presentado el recurso contencioso administrativo.

Aunque prefiere no adelantarse a lo que pueda suceder, “el tema pinta muy extraño”, apunta Campos. La ciudad de Cabo Blanco-Buzanada, donde se encuentran las fincas afectadas, ha sido denunciada, habiendo sido admitida a trámite incluso en Bruselas la denuncia a esa operación urbanística que el jurista califica de “pelotazo urbanístico de Gestur para la recalificación de un millón de metros cuadrados”.