S?bado, 15 de marzo de 2008

El Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, tiene fuertes vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo, y debe ser juzgado y condenado por la Corte Internacional.
                      

En texto de la demanda se identifican unos 2 mil crímenes de lesa humanidad cometidos por paramilitares desde diciembre de 2002 hasta mayo de 2005, que comprenden masacres, ejecuciones y desplazamientos forzados. 

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien anunció que denunciará ante la Corte Penal Internacional (CPI) de Naciones Unidas en La Haya a su par venezolano, Hugo Chávez, coincidencialmente tiene pendiente una demanda en su contra ante esa instancia judicial por su "complicidad" en los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares en Colombia.

 

La demanda, fue introducida en mayo de 2005 por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIHD), que rechaza la "pasividad" que aseguran ha tenido el presidente Uribe para condenar los delitos cometidos por las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) .

En texto de la demanda se identifican unos 2 mil crímenes de lesa humanidad cometidos por paramilitares desde diciembre de 2002 hasta mayo de 2005, que comprenden masacres, ejecuciones y desplazamientos forzados.

La FIDH, una federación de organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos creada en 1992 y que reune a cerca de 155 organizaciones en cerca de 100 países, acusa al mandatario colombiano de ser "cómplice" de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares en Colombia, así como "por permitir que se sigan repitiendo y por no juzgar a los jefes de esas agrupaciones".

Tanto la FIHD como la Corporación Colectivo de Abogados y el Comité Permanente por los Derechos Humanos, enviaron el 24 de mayo de 2005 un informe, de cien páginas y 47 anexos, a la oficina del fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, para que la máxima instancia judicial internacional investigue dichos crímenes.

"Denunciamos a toda la jerarquía de paramilitares e instituciones públicas que por comisión u omisión han contribuido a perpetrar los crímenes", señaló el secretario general de la FIDH, Luis Guillermo Pérez, cuando se introdujo la demanda.

El vicepresidente de esta ONG, Alirio Uribe dijo en ese entonces que el gobierno colombiano "ha encubierto los crímenes" de los grupos irregulares de extrema derecha en Colombia, pero "es el fiscal del TPI quien tiene que decidir sobre a quién corresponden los diferentes niveles de responsabilidad".

Además de Uribe, la demanda incluye a sus entonces ministros de Defensa, Jorge Alberto Uribe, y de Justicia e Interior, Sabas Prételt.

Junto e ellos son señalados como sospechosos a "unos 10 jefes de los paramilitares", entre quienes figuran Rodrigo Escobar, cabecilla paramilitar en el norte de Colombia y ; Ernesto Báez, líder de la región del eje cafetero del interior; y el conocido como Don Berna, jefe de la zona de Medellín.

En los últimos dos años, el Gobierno del presidente Uribe ha estado involucrado en el llamado escándalo de la "parapolítica". En la actualidad, unos 50 congresistas colombianos, en su mayoría de la coalición gubernamental, están siendo investigados o detenidos por sus vínculos con paramilitares.

Colombia es incapaz de juzgar a paramilitares

Los demandantes explicaron en su momento que que la CPI tiene jurisdicción para investigar y juzgar los crímenes de paramilitares porque el gobierno colombiano es incapaz de juzgarlos.

Esto se debe a causa de la polémica Ley de Justicia y Paz, o Ley 975, aprobada en el 2005 por el Congreso de Colombia, y que persigue la reinserción de los paramilitares de las AUC, quienes supuestamente entregaron sus armas en el proceso de negociación celebrado entre 2003 y 2005..

La norma prevé apenas sanciones de entre cinco y ocho años de presión para los paramilitares que confiesen los crímenes más graves.

Según el gobierno de Álvaro Uribe, cerca de 32 mil paramilitares fueron desmovilizados en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Sin embargo, defensores de derechos humanos y políticos de oposición en Colombia aseguran que, tras su presunta desmovilización, también ha surgido un nuevo grupo de "paras" llamados Águilas Negras.

Además, en agosto de 2007, la Comisión Nacional de Reparación colombiana (CNR), denunció en un informe el surgimiento de 22 nuevas bandas armadas en Colombia, donde estarían agrupados entre 3 mil 500 y 5 mil hombres de las "desmovilizadas" AUC y que habrían heredado el dominio.

"Esas leyes hacen expresa la ausencia de capacidad para juzgar a los paramilitares, de los cuales ya unos mil han sido sustraídos de la (acción de la) justicia", dijo en 2005 el vicepresidente de la FIDH.

Vínculos con el narcotráfico

Además, el presidente Álvaro Uribe ha sido vinculado con el narcotáfico en Colombia, incluso por tener presuntos nexos con el fallecido ex capo del cartel de Medellín Pablo Escobar Gaviria.

Un informe de inteligencia de la agencia de inteligencia estadounidense (CIA, por sus siglas en inglés), preparado el 23 de septiembre de 1991, ubica a Uribe como uno de los "más importantes narcotraficantes" de ese país.

El informe de la CIA fue entregado a conocimiento público gracias a la gestión efectuada por el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington de Estados Unidos.

Uribe aparece en la lista de narcotraficantes colombianos con el número 82, en las páginas 10 y 11 del Informe, que reseña lo siguiente:

"Álvaro Uribe Vélez: Político y senador colombiano dedicado a la colaboración con el Cartel de Medellín en altos niveles del gobierno. Uribe fue vinculado con una empresa implicada en actividades de narcotráfico en los Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por su conexión con traficantes de narcóticos".

Pablo Escobar es mencionado con el número 79, también en la página 10.

El su libro"Amando a Pablo, Odiando a Escobar", la ex presentadora de televisión Virginia Vallejo, quien fue amante de Pablo Escobar, menciona supuestos nexos entre el ahora presidente y el narcocapo abatido por la Policía Nacional en 1993.

Vallejo asegura en su libro que Uribe le facilitó a Escobar las licencias para la operación de aviones destinados al narcotráfico, cuando fue director de la Aeronáutica Civil en 1980-1982 "y ahora, a sus treinta y un años, todo el mundo le pronostica una brillante carrera política y más de uno se aventura a decir que, incluso, podría llegar algún día al Senado. Se llama Álvaro Uribe Vélez y Pablo lo idolatra".

 

 


Tags: Uribe, paramilitares, terrorismo, crimenes de estado

Publicado por ubara @ 17:10  | Exterior
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