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Álvaro Uribe está irritado. La decisión de la Corte Suprema de Justicia Colombia de ordenar la revisión de la reforma constitucional que le permitió optar a su reelección como presidente, le sirvió el viernes para anunciar que el tiempo del respeto hacia la independencia de los jueces ha concluido en su país.
"He decidido convocar al Congreso de la República para que tramite con la mayor celeridad un proyecto de ley de referendo, que llame al pueblo a ordenar la inmediata repetición de las elecciones presidenciales de 2006", dijo el viernes en una sorpresiva alocución televisada.
Acorralado por las confesiones de los ex congresistas Yidis Medina, Teodolindo Avendaño e Iván Díaz de que aceptaron sobornos a cambio de su voto favorable a una reforma planteada para mantenerle en poder hasta 2010, el mandatario colombiano ha optado por desafiar al máximo órgano judicial del país con gravísimas acusaciones de abuso de poder y de usurpar competencias del poder político a través de sentencias selectivas.
"La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia atemoriza a su juez constitucional, que es el Congreso de la República", enfatizó un Uribe visiblemente enojado.
Este no es el primer choque del mandatario colombiano con la justicia de su país. En mayo, dejó patente su incomodidad por la orden de arresto dictada contra su primo, Mario Uribe, por tener vínculos con paramilitares de extrema derecha.
Días después hizo oídos sordos a las recomendaciones del máximo órgano judicial de su país y decidió extraditar a EEUU a 14 jefes de las temibles Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cuyas revelaciones estaban permitiendo investigar a 51 congresistas y habían servido para detener a otros 29, la mayoría de ellos cercanos al partido del presidente Uribe.
Pero el viernes el mandatario colombiano explotó. Su acusación llegó al grado de señalar a los jueces como los promotores de una crisis institucional.
"La trampa del poder del terrorismo agónico, para la cual se han prestado magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no parece tener solución judicial", fustigó el presidente de Colombia.
Las reacciones no se hicieron esperar. El opositor Partido Liberal, también salpicado por varios casos de corrupción y paramilitarismo, acusó a Álvaro Uribe de desafiar al sistema judicial.
"Es muy preocupante lo que esta pasando. El anuncio es bastante grave, es un desafío. El gobierno trata de provocar una crisis institucional", señaló Cecilia López, su portavoz en el Senado.
También el presidente del partido de centro-izquierda Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria, censuró con dureza la decisión del presidente de instar al Congreso la elaboración de una ley para repetir las elecciones de 2006. "No resiste controles y es irascible con la crítica. Su voluntad es indulgente y piensa que sus actos son justificables acudiendo a la voluntad popular ", indicó. Para Gaviria, Álvaro Uribe pretende instaurar "una dictadura populista".
El periodista y mediador en la negociaciones con las FARC para el canje humanitario, Carlos Lozano, señaló a Público que la reacción de Uribe "es un arrebato desesperado porque su situación está empezando a verse comprometida en hechos dolosos".
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Tags: Colombia, Álvaro Uribe, fraude, elecciones, constitución, política, justicia
Daddach cumple todos los requisitos para que le sea concedido el permiso, que se entregó en tiempo y forma. A pesar de ello, ha sido denegado sin que se facilite una explicación oficial. Se da la circunstancia de que es la primera vez que este activista tiene problemas para que le tramiten el visado, ya que ha realizado numerosos viajes al extranjero, entre ellos Suecia o Noruega.
Para el representante del Frente Polisario en Canarias, Mohamed Salem, la razón de esta negativa puede estar en la voluntad del Gobierno español de “no enfadar al régimen marroquí” con la presencia de esta persona en unas jornadas en defensa del derecho de autodeterminación de los saharauis.
Para Salem es una “absoluta vergüenza” por parte del Estado español la negativa a permitir a Daddach participar en estas Jornadas, recordando que no es la primera vez que España hace dejación de responsabilidades con su antigua colonia a la que “abandonó” en 1976.
De la misma opinión es María del Carmen Cabrera, presidenta de la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (ACAPS), quien además denuncia que Mohamed Daddach fue sometido a una actuación “desproporcionada” de la policía marroquí cuando visitó a otro activista excarcelado por el Rey Mohamed VI, siendo “vejado y torturado”.
Mohamed Daddach, también conocido como el Nelson Mandela Norteafricano, no es sólo el saharaui que más tiempo ha pasado en las cárceles marroquíes por su activismo político a favor de la autodeterminación del Sáhara, tras 24 años pasados entre rejas, sino todo un símbolo de la lucha por los derechos humanos reconocido con el premio Rafto.
Daddach fue detenido en 1976 cuando intentaba huir de la zona controlada por Marruecos para unirse al Frente Polisario, desde entonces, pasó 24 años encerrado.
En 1890 Kropotkin argumentaba: “Puesto que la distribución de la justicia siempre fue el principal instrumento en la constitución de todos los poderes… no exageraré si digo que la cuestión de saber ‘qué debe hacerse con los que cometen actos antisociales’ encierra en sí la gran cuestión del gobierno y el estado”.
Dicho esto, el punto de partida es una noticia que está dando quebraderos de cabeza a más de uno y cuyo origen de la fiebre de construir cárceles no se acaba de entender. Se pretende construir una cárcel (además de la macrocárcel en Maspalomas) en Llanos Pelados, en Fuerteventura, cerquita del centro de menores... [foto]
Las prisiones del Estado español albergan hoy a más de 63.000 personas, lo que supone que por cada 100.000 ciudadanos hay 146 presos. La cifra sólo es superada por las olas de encarcelamientos de la posguerra. La directora de prisiones, Mercedes Gallizo, reafirmó su fe inmutable en el Estado Penal: "Si España decide que debemos ser el país con más presos por habitante, lo asumiremos". Finalizando con espíritu nacional-futbolístico: “¡A por ellos!”.
La colaboración de los "mass media" en este "clima moral" es indispensable, atacando el garantismo y erosionando el estado de derecho (con el PP pidiendo la rebaja de la condena penal a los 12 años). La curva de desocupación y de precariedad laboral y la población penitenciaria siguen una evolución rigurosamente paralela. Un problema que se agudiza más entre los jóvenes: un 70 % de los trabajadores menores de 30 años tiene contrato temporal.
Volviendo a Rusche y Kirchheimer, quienes señalaban: "el capitalismo produce una población superflua respecto a las exigencias ordinarias del capital para su valoración (...) esta población no-necesaria se convierte en una cuestión que exige la intervención de las instituciones (...) si se trata de dinamita social, como los desempleados o los imposibles de emplear, entonces debe ser controlada".
Un consejero de las Naciones Unidas en el tema carcelario desveló el misterioso jeroglífico. Dijo que el Reino Unido y España utilizan la prisión para resolver problemas de justicia social, de equidad e igualdad de oportunidades. Una verdad más grande que una catedral.
Un texto de "Agitación Permanente" para Fuerteventura Limpia
MÁS INFORMACIÓN: http://fuerteventuralimpia.blogspot.com
Izquierda Unida Canaria, a través de la asamblea comarcal del sur, denuncia que se está potenciando el uso del transporte sanitario de pago, al incrementar el retraso de asistencia de las ambulancias, que ofrecen el servicio público de traslado de pacientes desde el sur de Tenerife hasta los hospitales de referencia.
La formación de izquierdas asegura que son varios los usuarios de la sanidad que se han visto abocados a la contratación del servicio privado, previo pago, de transporte sanitario ante la ausencia de ambulancias que tiene contratadas el servicio canario de salud, ya que este transporte de pago esta disponible para cubrir la ausencia que deja las empresas contratadas por la consejería de sanidad.
La organización política considera espeluznante la circunstancia en la que se ven los familiares de los pacientes, al tener que abonar una media de 150 euros por un servicios que debe ser ofrecido por el Gobierno de Canarias de forma rápida, digna y eficaz, sin sobre coste alguno a los usuarios de la sanidad, por lo que insta al ejecutivo de Paulino Rivero a rescatar la concesión el transporte sanitario e, implantar un transporte de titularidad y gestión pública, con las dotaciones materiales y humanas que cubra la demanda ciudadana.
La asamblea comarcal del sur de Izquierda Unida, tilda de actitud carroñera el hecho de aprovecharse de la desesperación humana, para obtener rentabilidad económica, cuando este servicio debe ser sufragado con los impuestos que pagan la ciudadanía, y hace un llamamiento a la población para denunciar y movilizarse ante la crueldad a la que se someten a pacientes y familiares.
Ayer martes se reunió el Comité de Peticiones de la Comisión Europea para escuchar los argumentos que la Plataforma contra el Puerto de Granadilla defiende. De este encuentro surgieron decisiones tan relevantes como la suspensión temporal del proceso, en aras de poder investigar en profundidad las denuncias presentadas por la plataforma, así como la de que una destacada representación de la Comisión se desplace a Tenerife para comprobar “in situ” el alcance de estas denuncias. Pedro Anatael Meneses, quien se encontraba ayer en Bruselas en representación de la Plataforma, afirma sentirse sorprendido ante la escasa repercusión que las últimas noticias sobre el polémico Puerto de Granadilla ha tenido en los medios locales.
“Uno se sorprende cuando ve que cosas de menor entidad o importancia ocupan la primera página”, dice Meneses, conocedor de que incluso agencias de prensa se desplazaron al lugar e hicieron entrevistas tras la reunión y amplios reportajes de fotos.
Insistía Pedro Anatel Meneses en esta Comisión sobre la inncesariedad de la construcción del Puerto de Granadilla, así como en que se debe producir el cumplimiento escrupuloso de la ley, en este caso, del dictamen de la Unión Europea.
Aunque reconoce que éste es de díficil cumplimiento, recuerda que fue aceptado por todas las partes y que, por lo tanto, tiene que cumplirse.
“Que se hagan las cosas ajustadas a derecho”, reclama Meneses, afirmando que ni él ni sus compañeros de la Plataforma se van a quedar callados “bajo ningún concepto”, ante el continuo desoimiento del dictamen de la Comisión.
“No sé si actuarán o no”, comenta refiriéndose a esta Comisión de Peticiones, “pero escucharnos nos escuchan”, concluye. Adjuntamos a continuación el discurso que Pedro Anatael Meneses llevaba ayer hasta esta institución:
“Sr. presidente y miembros de la comisión de peticiones del parlamento europeo, les agradecemos una vez mas la oportunidad que nos dan para intervenir en defensa de los intereses que representa la plataforma ciudadana contra el puerto de granadilla.
Esta petición versa sobre algunos de los incumplimientos con respecto a las medidas compensatorias exigidas por la Comisión Europea en su dictamen de 6 de noviembre de 2006, entre ellas el referido a la constitución de una Fundación independiente y permanente, requisito fundamental del mencionado dictamen:
Y cito textualmente
“El papel de esa fundación será controlar el estado y tendencias de la biodiversidad local y garantizar al mismo tiempo la aplicación adecuada de las medidas correctoras y compensatorias. Las autoridades han presentado la declaración de aprobación de los estatutos correspondientes a la creación de la fundación. La Comisión toma nota de las aclaraciones proporcionadas por las autoridades españolas en su carta de 8 de mayo de 2006, en las que se indica que se han modificado los estatutos de la fundación para garantizar su independencia institucional. Los posibles cambios futuros de los estatutos de la fundación no reducirán ni su independencia, ni sus competencias ni su permanencia. Toda modificación de los estatutos se notificará directamente a la Comisión.”
Como es evidente una de las máximas preocupaciones de la comisión en este dictamen es la independencia de este organismo, dicho requisito fundamental ha sido vulnerado por las instituciones españolas en el siguiente sentido
a) Los estatutos de la fundación no son públicos ni se han hecho llegar a las organizaciones de defensa ambiental. (Ver anexo documento 4)
b) En ningún apartado de los estatutos se recoge como se procedería en caso de grave incumplimiento en cuanto a las medidas compensatorias que recoge el dictamen de la comisión.
c) La sede de la fundación está en el propio organismo de la autoridad portuaria de Sta..Cruz de Tenerife lo cual es hasta vergonzoso.
d) Los componentes del patronato de la fundación son nombrados a través de órganos políticos y por tanto carentes de independencia.
e) No existe representación ninguna en cuanto a los movimientos de tipo ecologista como así ha exigido, la propia comisión. (Ver Anexo documento 5)
f) El patronato de la fundación ha sido modificado añadiendo un miembro mas sin haber sido comunicado ni aprobado por la comisión.
Por tanto parece mas coherente y siguiendo el espíritu del propio dictamen que sea un órgano compuesto por científicos y técnicos cuyo nombramiento y actuación sea claramente independiente, los que tengan capacidad para informar y controlar “el estado y tendencias de la biodiversidad local y garantizar al mismo tiempo la aplicación adecuada de las medidas correctoras y compensatorias del proyecto Puerto industrial de Granadilla”
Como ejemplo de incumplimiento del propio papel de la fundación está el denominado By Pass o trasvase de arena, que siendo este considerado por la comisión como una parte esencial de las medidas compensatorias, la Autoridad portuaria ha ignorado a la propia fundación al haber licitado proyecto y obra al margen de su actuación.
Con esta medida compensatoria se procuraba que la pérdida de arena que sufrirían las playas cercanas como consecuencia de la obra del puerto de Granadilla fueran compensadas mediante el trasvase mecánico de arena a aquellas playas.
La Fundación de haber cumplido su cometido hubiera ordenado una evaluación que sobre este proyecto tendría sobre los hábitats y especies protegidas que alberga el lugar de interés comunitario “Sebadales del Sur”. Sin embargo La Autoridad Portuaria de Sta. Cruz de Tenerife ha precipitado la decisión de licitar este proyecto y obra, evitando que la Fundación haya podido garantizar la aplicación adecuada de las medidas correctoras y compensatorias.
No debe olvidarse que este Puerto es una infraestructura muy cuestionada por un sector importante de la sociedad insular al valorar muy negativamente la repercusión ambiental que ocasiona al medio y la convicción de que existen alternativas”.
Radio San Borondón
La comisión de control presupuestario de la Eurocámara (Cocobu) verificará si el uso de los fondos europeos utilizados en su día para la construcción del puerto de Arinaga fue o no correcto. El presidente de la comisión de peticiones, el polaco Marcin Libicki, trasladó ayer a esa comisión el examen tras las quejas presentadas por el eurodiputado ecologista David Hammerstein durante el debate sobre la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Agüimes contra el proyecto de ampliación. A la discusión no asistió ningún representante de la localidad grancanaria y fue Hammerstein el único eurodiputado en tomar la palabra. Lo hizo para criticar que el 80 % de la financiación con la que se construyó en su día fuese europea y para criticar que la infraestructura no se ha usado en diez años.
Mientras, los representantes de la Comisión Europea intervinieron para subrayar que las denuncias presentadas por el alcalde de la localidad, Antonio Morales, contra el proyecto de ampliación no tienen base y que no hay "indicios adicionales" que permitan "determinar la existencia de una infracción de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente".
Según la respuesta dirigida por el Ejecutivo comunitario a la comisión de peticiones, la evaluación del estudio de impacto ambiental no muestra que haya un "impacto significativo" sobre el Lugar de Interés Común cercano al puerto. Asimismo, descarta posibles afecciones a las especies que habitan en la zona, tal como denunció Morales en sus repetidas denuncias.
Pese a la contundencia del mensaje enviado por la Comisión Europea, la confusión sobre las declaraciones en torno a la financiación del proyecto portuario hizo que el presidente de la comisión de peticiones trasladara el examen del uso de fondos comunitarios en el puerto de Arinaga a la comisión de control presupuestario.
Magec.info
Las medidas anticorrupción introducidas en la Ley del Suelo aprobada en mayo de 2007, que afectaban a concejales y alcaldes, no se pueden aplicar por falta de base jurídica para hacerlo. En la disposición adicional novena de esa Ley se establecían medidas de transparencia, como la obligación de publicar cada año las declaraciones de bienes de concejales, alcaldes y miembros no electos de los gobiernos municipales. En esa disposición se decía que la publicación de las declaraciones de bienes se haría en los "términos fijados por el Estatuto municipal". Gijón es uno de los pocos ayuntamientos en los que, por acuerdo del pleno, todos los concejales han decidido hacer pública su declaración de bienes y actividades aunque carecen del Estatuto municipal que debería regular esta situación.
El transporte público reivindicó este viernes en una manifestación en Santa Cruz de Tenerife que se tomen medidas con los carriles de uso exclusivo para guaguas y taxis. Virgilio Gómez, portavoz de la Federación del Transporte de Intersindical Canaria, afirma a SB-Noticias que con esta concentración, apoyada por algunos colectivos de taxis preocupados por la dejadez de los responsables en esta materia, quieren llamar una vez más la atención de los representantes políticos para que cumplan con la normativa de respeto a los carriles para el transporte público.
Para el representante de Intersindical Canaria, son muchos los profesionales del sector que se han dado cuenta que ya no es suficiente con decir qué cosas hay que hacer para mejorar la calidad del servicio público del transporte, sino que hay que tomar medidas de presión para reactivar los planteamientos que parecen guardados en un cajón, y que por ello se han unido de forma masiva en esta manifestación.
Gómez aseguró a SB-Noticias que por el momento no han mantenido ninguna reunión con representantes políticos, porque ninguno se ha preocupado en convocarles y que, por tanto, no saben a ciencia cierta si se están elaborando estudios encaminados a la creación y apertura de carriles exclusivos para el sector, aunque sí le consta que hay técnicos que están analizando los planteamientos esgrimidos por los profesionales del sector, hecho del que tienen conocimiento de forma extraoficial.
Desde Intersindical Canaria se espera que tanto el Cabildo como el Ayuntamiento pongan manos en el asunto y empiecen a moverse para dar respuesta a las peticiones que el sector del transporte público de Tenerife viene reclamando desde hace mucho tiempo, una demanda de creación de carriles de uso para guaguas y taxis que es totalmente necesaria, ya que redunda en la mejora del servicio público y cuyo coste social es mínimo, teniendo en cuenta los beneficios que reportará a la sociedad tinerfeña.
Por esta razón, los responsables políticos, que han sido elegidos por el pueblo para ser sus representantes, tienen, de una vez por todas, que tomar cartas en el asunto y solventar el problema que el transporte público está padeciendo desde hace mucho tiempo, por razones evidentes que tienen que ver con el interés general. Virgilio Gómez asegura que de no ser así, tomarán nuevas medidas de presión encaminadas en la búsqueda de la mejoría del sector, y para ello esperarán un tiempo prudencial que estima hasta después del verano.
Intersindical Canaria asegura que con esta iniciativa pretenden una mejora de calidad del servicio publico con la creación de carriles exclusivos para guaguas y taxis, así como el establecimiento de preferencias de paso en vías y cruces. Por este motivo, entregarán al responsable del ayuntamiento, Norberto Plasencia, un documento con las medidas que mejorarían notablemente el servicio de transporte público en todo el municipio.
Rebelion.org es un medio de información -sus editores prefieren llamarlo "contrainformación"- formado por una decena de voluntarios que, según se puede leer en su web, "publica las noticias que no son consideradas importantes por los medios de comunicación tradicionales". Hoy, uno de sus colaboradores se ha percatado de que la Wikipedia ha bloqueado el acceso a este periódico desde la enciclopedia libre.
Uno de los responsables de Rebelión, Carlos Martínez, lo explica así: "Nos llegó un correo de uno de nuestros colaboradores que es, al mismo tiempo, editor habitual de artículos en la Wikipedia. Nos dijo que, después de escribir un texto, cuando intentó poner un enlace a nuestra página, el programa le impidió guardarlo".
El sistema de edición de la enciclopedia libre, que permite la aportación de los internautas, revisa todas las páginas que se quieren colocar como referencias de un artículo y las compara con una lista negra de sitios. Si sale en el listado, impide guardar el artículo. La causa que aparece como motivo del bloqueo es que Rebelión está considerado como "fuente no neutral ni verificable".
«No somos neutrales»
Carlos Martínez, sorprendido por aparecer en esa lista negra, cuenta que el suyo es un medio pequeño -unos 30.000 lectores diarios- que quiere hacer oposición a los grandes medios. "Claro que no somos ni queremos ser neutrales, ¿acaso la Cope o El Mundo lo son? Y yo no quiero que censuren a estos medios", aclara. Aparte de su situación concreta, para Martínez, este caso puede tener una deriva peligrosa. "Si la Wikipedia nos censura, vamos por mal camino", lamenta.
En cuanto al segundo argumento, la incapacidad de verificar la información de Rebelión, Martínez replica: "Tenemos artículos buenos y malos, pero ésa no es la cuestión".
La autora de la entrada del sitio de noticias en la lista negra responde al alias de Gusgus. Mercedes, que prefiere no dar su apellido, es bibliotecaria . Éste es un puesto, elegido por los usuarios registrados de la Wikipedia, que otorga ciertos privilegios a la hora de editar artículos o lidiar con los que publican.
Como ella explica, el argumento para bloquear los enlaces a artículos de Rebelión es que "no es una fuente válida para la Wikipedia porque puede escribir cualquiera". La enciclopedia libre exige, a la hora de redactar un artículo, que se pongan referencias que den consistencia al contenido. "Pero esto mismo pasa con la Wikipedia, tampoco puedes usarla como referencia".
Gusgus invita a los responsables de Rebelión a exponer su caso en la lista de discusión de la que forman parte los bibliotecarios y solicitar su exclusión de la lista negra de la Wikipedia.
La asamblea comarcal del sur de Izquierda Unida denuncia la situación lamentable en que se encuentra el transporte público de guaguas en el sur de Tenerife, al sufrir continuos retrasos y anulaciones de servicios, ocasionando grandes perjuicios a los usuarios y, fomentando la necesidad del uso del vehiculo privado.
La organización política afirma que tras comprobar el estado del transporte público ha constatado que en los días 11, 12 y 16 de junio la, línea 416 que transcurre por Adeje hacia Playa de las Americas, no cumplió con el horario previsto y, al solicitar respuesta en la estación de Las Ameritas les transmiten que dicho servicio ha sido anulado, sin más explicación, dejando desamparados a muchos trabajadores que debían incorporarse a sus puestos de trabajo, condicionándoles a hacer uso del taxi, con el consiguiente sobre coste que supone.
Para la formación de izquierdas es rechazable que se reitere en las anulaciones de los servicios de transporte público, ya bastante deficiente, instando al cabildo insular de Tenerife a tomar mediadas en el asunto, procediendo a su mejora con una planificación y puesta en marcha de un plan integral de transporte publico.
Para Izquierda Unida es el Cabildo quien debe aclarar en que situación se encuentra el servicio de la línea 488 “Aero-Bus”, puesto que en la actualidad se desconoce su horario y trayectoria, después de ser modificado para atender las distintas demandas que otros sectores les han hecho llegar, quedando en un oscurantismo informativo el servicio de esta línea.
Los verdaderos propietarios de los terrenos del Valle de Las Huertas vigilan, desde primera hora de la mañana de este miércoles, los trabajos que se están llevando a cabo en la zona para impedir que la maquinaria intente entrar en sus tierras, tal y como ocurrió este martes.
Según informa nuestra enviada especial en la zona de Las Huertas, Pilar Pastor, los vecinos se han organizado muy bien de tal forma que siempre hay gente en el lugar para vigilar por si la situación cambia. se han creado diferentes turnos a lo largo de toda la jornada, con lo cual siempre habrá gente en alerta, además se prestan servicios de habituallamiento con el objetivo de quienes estén vigilando, estén lo mejor posible.
acinta Baute, vecina propietaria de terrenos afectados en el Valle, afirmó a SB-Noticias que Las Huertas amaneció tranquila, pero pese a esta situación, decidieron montar guardias para evitar un nuevo intento de entrada de la maquinaria en sus terrenos porque no tienen confianza en que ordenen a los operarios comenzar los trabajos en los terrenos que pertenecen a los vecinos, ya que en estos momentos, toda la maquinaria está trabajando en los terrenos propiedad de Mapfre y en la canalización del barranco.
Radio San Borondón
El viaje hacia la extrema derecha del Parlamento Europeo se agudiza con la aprobación definitiva este miércoles de la directiva para la devolución de los inmigrantes irregulares.
El Parlamento Europeo aprobó este miércoles en Estrasburgo (Francia), donde celebra su sesión plenaria, la directiva para el retorno de los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en el territorio comunitario por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones.
El texto adoptado mantiene el compromiso cerrado entre las instituciones europeas el pasado 4 de junio. Entre otros aspectos este conjunto de normas europeas, que entrarán dos años después de su publicación, prevé un periodo de retención máximo de 18 meses (seis meses que pueden ampliarse otros doce cuando la persona no colabore en el proceso o hayan problemas en la documentación del tercer país).
Los inmigrantes que no decidan partir voluntariamente, para lo cual disponen de un mes, tendrán prohibida su entrada en la UE durante cinco años. Los menores no acompañados podrán ser detenidos y devueltos si en el tercer país los acoge un familiar, un tutor o una instalación adecuada.
Tal y como estaba previsto, el voto ha puesto de relieve la fuerte división existente entra las formaciones políticas que conforman el hemiciclo europeo.
Han sido los populares (PPE-DE), los liberales (ALDE) y la Unión por la Europa de las Naciones (UEN) los que mayoritariamente han apoyado el texto, que ya fue respaldado políticamente el 5 de junio por los socios comunitarios, sin aceptar ni una sola de las enmiendas presentadas por el grupo socialista (PSE) que intentaban modificar algunos puntos como el periodo máximo de detención, la ampliación del retorno voluntario y la educación de los menores.
Los eurodiputados también se opusieron a las propuestas de Los Verdes y de la Izquierda Unitaria Europea (IUE) de rechazar el texto en su integridad por 114 a favor, 538 en contra y 11 abstenciones.
La adopción de esta directiva europeo por parte del Parlamento Europeo que, disponía del poder de volver a enviarla a una nueva negociación, se ha producido en un contexto de protestas por parte de organizaciones no gubernamentales (ONGs) que consideran que supone un recorte de las garantías de los derechos humanos de los inmigrantes.
Sin embargo, para el ponente en la Eurocámara, el eurodiputado alemán del PPE Mafred Weber, así como para el resto de sus defensores la directiva fija unos requisistos a nivel europeo que dan un paso adelante en la construcción de una política común migratoria.
El pasado 13 de junio, la Plataforma Todos Somos Migrantes, que agrupa a más de 60 colectivos sociales, políticos, sindicales, ecologistas y de inmigrantes entre los que se encuentran Unidad del Pueblo (UP), el Sindicato Obrero Canario (FSOC) y el Sindicato de Estudiantes Canario (SEC), expresó en rueda de prensa su rechazo a la Directiva de retorno que permite que las personas migrantes puedan ser retenidas durante 18 meses en los CIEs, permitiendo que sea una autoridad administrativa, y no exclusivamente la de un juez, quien decida sobre la detención de las personas migrantes en los centros de internamiento antes de proceder a expulsarlos.
La directiva establece también la expulsión de los menores no acompañados, algo que constituye una flagrante violación a la Convención sobre los Derechos del Niño (1990), firmada por los estados miembros de la Unión Europea.
La directiva, por otro lado, establece una prohibición de 5 años antes de volver a Europa para todas las personas expulsadas.
Los colectivos integrantes de esta plataforma hicieron hincapié en exigir el cierre inmediato de los cuatro centros de retención que existen en Canarias y, por supuesto, mostraron su desacuerdo con la directiva que propone elevar hasta un máximo de 18 meses la retención de los inmigrantes que estén en situación administrativa irregular.
En opinión de esta plataforma, que agrupa a asociaciones vecinales, ecologistas, sindicales o de inmigrantes, entre otras, "el Parlamento Europeo aprobará con toda probabilidad el próximo miércoles la nueva norma", pero aseguraron que la red europea a la que pertenece la plataforma Todos Somos Migrantes recurrirá, si es necesario, hasta llegar al Tribunal de la Haya.
Se señaló, por otro lado, que estas medidas suponen de facto considerar a las personas inmigrantes pobres como "delincuentes" que deben ser excluidos. Todo ello supone un atentado contra la dignidad humana.
La directiva establece la primacía de la política represiva de los estados frente a las medidas de carácter social e integrador. El objetivo de esta Directiva es quitarse de encima a las personas migrantes que al Estado le "sobran", para así mantener los costes salariales lo suficientemente bajos para satisfacer "la competitividad de la economía europea". La unión Europea pretente identificar a las personas migrantes como el "enemigo", que interesa crear, favoreciendo la lógica del control militar y el cierre de fronteras.
Como rechazo a dicha directiva, en Tenerife se ha fijado una concentración para el día 21 de junio, ante la puerta de la Subdelegación del Gobierno, en Santa Cruz, a las 12:00 horas.
El desembarco del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, en el sur de Tenerife, anunciando el retraso de las obras del hospital del sur, ha puesto al descubierto las intenciones del ejecutivo en continuar fomentando la sanidad privada en detrimento del servicio público.
En otra incursión de iguales características en 1997, el entonces director del servicio canario de salud y posterior presidente del gobierno, Román Rodríguez, patentó la triste frase: “No se justifica la creación de un hospital en el sur”, apoyado por quien fuese su jefe político, el consejero de sanidad Julio Bonis, al afirmar que la posibilidad de construir un hospital en el sur es cero.
El uno de diciembre de 1999 se incluye en el orden del día de la sección plenaria, del Parlamento de Canarias, el debate sobre al toma en consideración de la Iniciativa de Legislación Popular para la creación de un hospital público para el sur suroeste de Tenerife, siendo retirado a ultima hora, por una propuesta conjunta de los grupos parlamentarios de coalición canaria y partido popular, alegando una serie de cuestiones sin argumentos que dieron lugar a que se pospusiese al debate parlamentario del 12 de enero de 2000, aprobándose, en este segundo intento, por unanimidad su toma en consideración.
El 28 de junio de 2000 el parlamento de canarias sepultó toda intención de que un hospital público en el sur de la isla, al aceptar las enmiendas presentadas al articulado de la I.L.P., decretando las leyes 3/2000 y 4/2000, que facultan la creación de centros sociosanitarios en el norte y sur de la isla, dejando a la ciudadanía de estas comarcas sin asistencia hospitalaria pública.
En esta película terrorífica aparece en escena el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, para decir que esta indignado en un acto de desesperación para ocultar su responsabilidad y alzarse en salvador de patrias, cuando ha sido su partido político quien más obstáculos ha puesto a la creación de un hospital público en el sur de la isla, cuando es el cabildo quien ejecuta las obras o, cuando ha sido C.C. quien ha escenificado el entendimiento político-empresarial, con la entrega del premio Canarias a quien se nutre del dinero público desviado de la sanidad pública.
El aviso de que será para el año 2011 cuando finalicen las obras de eso que han venido a llamar hospital del sur, no es una novedad, son continuo los retrasos de estas instalaciones, como también es deficitario lo proyectado, porque las leyes 3 y 4 del año 2000 impiden que se hagan hospitales de calidad digna, sin que se haya visto que ningún político con representatividad institucional, ni ayuntamiento y, por supuesto el cabildo, solicitar la derogación de estas normas legislativas
Esta crónica perversa, malvada y pecaminosa hasta para los ateos, unida a los desvíos de dinero público hacia las arcas de la sanidad privada, incrementada en cada nuevo presupuesto anual del Gobierno de Canarias, nos explica el poder económico que llega a obtener la el empresariado sanitario, que ve peligrar su cuenta de resultados si el Gobierno hace lo que debe, implantar un sistema sanitario justo y digno para todos.
Toño Linares
Presidente de Tagoror Achinech
Les ha faltado tiempo a la consejería de Medio Ambiente en salir en defensa de los intereses de Unelco-Endesa, tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que desestima las pretensiones de la compañía eléctrica de continuar con la actividad de las turbinas instaladas en Chío.
Tagoror Achinech critica que haya sido la Consejería de medio Ambiente la que defienda los intereses de la multinacional eléctrica, una ves que la justicia se haya pronunciado contraria a las pretensiones de Unelco, que demandó la imposibilidad de cumplir con los requisitos impuestos y, que el alto tribunal le replica que la empresa suministradora no ofrece la más mínima explicación que sirva de base a la imposibilidad de incumplimiento, por lo que desestima la demanda presentada.
Para el colectivo social que lleva la lucha contra las instalaciones es paradójico que se la parte demandada quien defienda y justifique a la demandante, quedando de manifiesto que el Gobierno de Canarias y, concretamente la consejería de medio ambiente esta al servicio de las multinacionales y contra la ciudadanía.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha manifestado en sus sentencias la relevancia de la temporalidad de estas instalaciones, razón por la que no se aplicado el reglamento de seguridad de distancia mínima de seguridad, por lo que continuar con esta actividad, sería vulnerar lo especificado por el TSJC, pudiéndose llegar a un caso de presunta prevaricación, por parte de la administración pública si llegase a autorizar el funcionamiento de las turbinas.
Tagoror Achinech, reitera que se ha superado los periodos de provisionalidad y estas instalaciones deben ser desmanteladas, tal y como queda de manifiesto en el último permiso temporal facilitado a unelco, en el que se hace constar que no se puede renovar y se condiciona a la presentación de un plan de desmantelamiento, plan que aún esta pendiente de aprobación por parte del Gobierno de Canarias.
El colectivo social deplora que Unelco esgrime la necesidad de garantizar el suministro eléctrico, cuando ha quedado demostrado que una vez desconectadas las turbinas no ha existido el Apocalipsis que anunciaron en su día, y que ha sido las denuncias de la ciudadanía quien ha puesto de manifiesto las mentiras que han rodea estas instalaciones.
El reciente sondeo realizado por el Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD), refleja que 62.7% de los venezolanos opinan que su situación familiar ha mejorado en los últimos tres años, y que 73. 9 % de la población hace una evaluación positiva de la gestión del presidente Hugo Chávez.
Los encuestados dieron testimonio de la mejoría de su situación familiar, con la puesta en marcha de las políticas sociales y económicas del gobierno del presidente Chávez: 53. 8% de los encuestados calificaron como buena la situación del país actualmente.
Ante la pregunta de ¿Cómo evalúa la situación general del país en los últimos tres años?, 52.1 % de los venezolanos sostuvo que ha mejorado.
Al preguntar ¿Considera que las cosas de Usted y su familia, durante los dos o tres últimos años, han mejorado o ha empeorado? 62.7 % aseguró haber percibido mejoras en sus condiciones de vida.
Una de las opiniones de mayor consenso fue la relativa a la gestión presidencial:
Ante la pregunta ¿Cómo considera Ud. que ha sido el desenvolvimiento de Hugo Chávez como presidente de Venezuela?, 73. 9 % de los encuestados considera que el gobierno ha sido bueno.
Mientras que al consultar la opinión sobre cómo considera que ha sido el desenvolvimiento de la oposición, sólo 17, 5 % de la población se atrevió a realizar una evaluación positiva; en contraste con un 43.2% de los venezolanos que estima que la oposición ha tenido un mal desempeño frente a la situación del país.
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Los Verdes de Icod de los Vinos denuncia que el proyecto nueva carretera entre Icod de los Vinos y Santiago del Teide está dando mucho que hablar en los medio de comunicación, debido en parte al "rotundo rechazo" de los cientos de afectados directa e indirectamente por este impactante proyecto.
Un ejemplo del rechazo social son las aproximadamente "3.000 firmas" recogidas sólo en el municipio de Icod de los Vinos y entregadas el 7 de mayo, una iniciativa popular a debatir en el pleno del ayuntamiento; sin embargo el grupo de gobierno municipal formado por CC y PP "no hace caso", dándole una patada a la participación ciudadana e implantación de la Agenda Local 21 prometida en la firma del pacto.
Afirma Jonás Pérez, portavoz de los Verdes de Icod de los Vinos, que la semana pasada en el centro cultural de Santa Bárbara se desarrollaron entre los días 3, 4 y 5 las firmas de las actas de urgente ocupación de los terrenos agrícolas afectados por la nueva carretera, a cargo de técnicos del Gobierno de Canarias y la empresa gallega Norteago; percibiéndose la "tristeza, incertidumbre y desinformación" de los ciudadanos afectados. Hay que aclarar que desde el Ayuntamiento hasta el Gobierno de Canarias no han facilitado abogados ni peritos a los afectados, forzándolos a firmar un acta de urgente ocupación sin saber si quiera el valor económico final a percibir por la expropiación de las tierras heredadas de sus antepasados.
Según los Verdes una de las primeras consecuencias de estas expropiaciones es la división de fincas primitivas por el trazado, quedando fincas resultantes sin acceso de sus propietarios por la destrucción de numerosos caminos históricos. Otra de las consecuencias serán la creación de vías nuevas paralelas a la nueva carretera para unir caminos cortados, además de quedar afectadas miles cientos de propiedades y viviendas dentro de los 35m laterales de la carretera, no pudiendo ser donadas en un futuro a otros familiares.
Recuerda el portavoz Jonás Pérez que el mismo jueves de la semana pasada fue "supuestamente" inaugurada la Cueva del Viento por el alcalde Diego Afonso y el presidente del Cabildo Ricardo Melchor, un acto "teatral y mediático" con la única misión de desviar la atención del drama de las actas de ocupación ya que no fueron avisados icodenses ni el propio concejal de Turismo del PP Jorge Guzmán. Hay que puntualizar que esta importante cueva a día de hoy no se puede visitar, ni tampoco reúne las condiciones idóneas exigidas desde hace años por el presidente del C.I.T. D. Antonio García Fleytas.
Concluyen Los Verdes pidiendo la retirada de este proyecto, evitando así una "verdadera batalla" a la hora del desalojo de las 60 viviendas de primera ocupación, así como por la destrucción de mas de 40 hectáreas de agricultura intensiva en Icod de los Vinos; siendo los alimentos, el empleo y las viviendas un bien social a conservar en estos momentos actuales y futuros de crisis insular, nacional y mundial.
Las cuatro personas detenidas este jueves por supuestamente planear un atentado contra el mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, tenían en su poder mapas y fotos de la sede la Presidencia, confirmaron este viernes fuentes judiciales.
Magistrados de la Corte Superior de Justicia dictaron orden de prisión contra los colombianos Oscar Peña, Oscar Jiménez y Edgar González, así como contra el ecuatoriano Santos Camacho, por organizar este ataque al jefe de Estado, señaló un vocero del ministerio Público, según lo difundido por Prensa Latina.
Estas personas se encuentran detenidas en la Policía Judicial, cuya instalación es resguardada por efectivos de seguridad nacional.
En declaraciones de un funcionario del Ministerio Público, que no ofreció su nombre y fueron recogidas por medios de Ecuador, habría nuevas evidencias que demuestran que se preparaba matar al presidente de Ecuador.
En los documentos y papeles incautados se explica que se pretendía lanzar un cohete desde el Panecillo, un mirador natural ubicado en el sur de Quito, contra la Plaza Grande, situada frente al Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia.
El impacto del artefacto causaría desorden y obligaría a la escolta de Correa a retirar al gobernante del lugar, momento de confusión que sería utilizado para que un francotirador ubicado en un hotel aledaño a la sede presidencial disparara contra Correa.
Varios canales de televisión señalaron que el colombiano Peña admitió pertenecer al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia y pedir 500 mil dólares para revelar el plan contra el mandatario.
Frente a estas afirmaciones, el ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, aseguró que “nosotros no decimos que son paramilitares colombianos ni mucho menos. Nosotros no tenemos pruebas para afirmar el origen de este intento de asesinato, no podemos señalar a ninguna organización ni grupo específico por ahora”.
Peña viajó hace un mes a Quito para contactar a algún funcionario de la Cancillería ecuatoriana y denunciar a los sicarios a cambio del dinero, además de reclamar acogerse al plan de protección de testigos y revelar que el atentado se realizaría el 20 de junio próximo.
Estas declaraciones son investigadas por una unidad de la policía para demostrar su veracidad.
Los arrestos de los colombianos se realizaron en la madrugada de este jueves, cuando Peña y Jiménez abandonaban un hotel capitalino con rumbo al aeropuerto para viajar a Bogotá, mientras que las otras personas fueron detenidas en el sur de Quito.
Estos ciudadanos tenían en su poder una copia de un plano con los sitios estratégicos de la capital ecuatoriana, el plan operativo que llevarían a cabo, fotos de varios ángulos de la Casa Presidencial y un mapa con la Plaza Grande y al Panecillo marcadas.
Frente a este hecho, Correa prefirió minimizar un eventual atentado en su contra, argumentando que hay muchas probabilidades de que los implicados “sean simples estafadores”.
Al ser consultado sobre si el atentado podría estar vinculado con algún asunto político, el mandatario ecuatoriano dijo que prefería “no adelantar criterios hasta que acaben las investigaciones”.
Tags: Rafael Correa, Ecuador, paramilitares, atentado
Asamblea por Tenerife reitera la necesidad de derogar la R.I.C.
Asamblea por Tenerife deplora que el Gobierno de Canarias tenga que rendir cuentas ante los empresarios por no agilizar los trámites para la materialización de la R.I.C. Así se lo hizo saber José Fernando Rodríguez de Azero, presidente de la patronal de los empresarios (CEOE), con la presentación de una batería de medidas en tal sentido en un intento de presionar a un receptivo Paulino Rivero, presidente del Gobierno de Canarias. Una especie de hoja de ruta por donde deben circular los dineros públicos hasta sus cuentas bancarias.
Se lamentan en la CEOE “de las interpretaciones restrictivas que el Gobierno autónomo y de la Nación dan a las Directrices Europeas”. Sin duda, fervientes defensores de la directiva que amplía la jornada laboral hasta las 65 horas, la Bolkestein o la “hitleriana” directiva de repatriación de los inmigrantes, temen que se pueda anteponer los derechos humanos a sus intereses de clase. También, entre otros asuntos incluidos en su "Carta de inversiones públicas prioritarias" destaca su preocupación por el negocio de la energía eólica paralizada al descubrirse el escándalo del “Caso Eolo” aún no aclarado judicialmente y sin conocer la implicación de los hermanos Soria y otros prebostes del Partido Popular, Coalición Canaria y PSOE.
El movimiento social de la isla considera que el dinero de la R.I.C. es de todos; esa bolsa económica ha sido sustraída del pago de los impuestos y reclama, por lo tanto, su devolución a las arcas públicas sin indemnización alguna para destinarse, en una distribución equitativa, a los sectores sociales más vulnerables y sensibles –parados de larga duración, inmigrantes, mujer, jóvenes, etc.- y aquellos servicios públicos -sanidad, educación, transporte, vivienda- víctimas de los devastadores efectos de la privatización en un marco propiciado por el crecimiento insostenible y descontrolado en Canarias. Sin embargo, el ejecutivo de Paulino Rivero paraliza las obras sociales como la del hospital del sur y se agilizan los trámites para que no se retrase obras como el anillo insular, las ampliaciones aeroportuarias, nuevos puertos…tan demandadas por la patronal.
La organización que aglutina a la mayoría de los colectivos de la isla rechaza también la posibilidad de que los poseedores de capitales R.I.C sigan lucrándose en una espiral casi facinerosa al poder invertir en Deuda Pública Canaria los impuestos no pagados y recuperarlos, una vez vencida dicha deuda, con los intereses a su favor correspondientes. Este vaciamiento de las arcas públicas, vía impago de impuestos, va directamente en detrimento de las clases populares al incrementarse los precios de productos de consumo ante la presión fiscal de los impuestos indirectos.
Asamblea por Tenerife denuncia que estas son algunas de las consecuencias provocadas por un Gobierno y un Parlamento cautivos de los intereses empresariales; el empresariado invierte sufragando tanto los gastos corrientes de los partidos parlamentarios como sus campañas electorales. Es tan obvio que la finalidad de invertir es obtener ganancias como que, entre las instancias públicas isleñas, lo mejor es “invertir” en el Gobierno de Canarias, el que mayores beneficios les han repercutido históricamente en sus cuentas de resultados seguidos muy de cerca por los Cabildos.
Para esta red social sería inaudito que el Gobierno de Canaria acoja favorablemente la pretensión empresarial de más reducciones fiscales cuando, precisamente, son ellos quienes no contribuyen al sostenimiento público en la misma proporción que los trabajadores. Este empresariado vive y actúa en un auténtico paraíso fiscal, con un Régimen Económico y Fiscal (REF) hecho a su medida y una legislación laboral ad hoc. Pretender rebajar aún más sus obligaciones fiscales, es considerada desde AXT una inmoralidad y un ultraje cuando, como ya hemos apuntado, lo que deben hacer es devolver a las arcas públicas todo lo obtenido con la RIC, el REA y demás prebendas recibidas en concepto de subvenciones y otras formas análogas.
Desde Asamblea por Tenerife creemos que no se puede permitir que los que invierten en un gobierno títere sigan incrementando sus cuentas de resultados mientras a las familias canarias les cuesta más llegar a fin de mes. Pensamos que debe ser las administraciones públicas la garante de un reparto igualitario entre la ciudadanía y esto sólo se puede hacer con una legislación fiscal justa que garantice que pague más quien más gane y no como ocurre en la actualidad, totalmente a la inversa.
Todas las estimaciones y el avance de los resultados del referéndum en Irlanda sobre el Tratado de Lisboa, cuyo recuento de votos comenzó esta mañana, apuntan a un triunfo claro del "no", lo que abre una nueva etapa de incertidumbre sobre el futuro de la UE.
A falta de los resultados oficiales que se darán a conocer esta tarde, el ministro de Justicia, Dermot Ahernm, ha reconocido que los electores han rechazado el tratado. "Parece que saldrá el 'no'", ha dicho en televisión. "Al final, por varias razones, la gente ha hablado", añadió. "Tenemos que esperar la confirmación del resultado, pero parece que será una mayoría de votos para el no", declaró Ahern a la cadena pública RTE desde Dundalk, donde los primeros resultados un 58% de votos negativos. "Creo que la tendencia [en Dundalk] es irreverible", agregó.
"Por múltiples razones, la gente ha hablado" y se ha pronunciado contra el tratado, afirmó el ministro, que se dijo "decepcionado" con los resultados.
El ministro irlandés para Asuntos Europeos, Dick Roche, afirmó también que los resultados del referéndum en Irlanda para ratificar el Tratado de Lisboa "no parecen buenos" para el "sí". "Por lo que oigo (los primeros resultados) no parecen buenos. El sí y el no van casi a la par. Pero mantengo los dedos cruzados", dijo a AFP el ministro irlandés para Europa.
Los partidarios del 'no' se mostraban eufóricos. "Es un gran día para la democracia", dijo el empresario irlandés, Declan Ganley, que hizo campaña por el "no", alegando que el Tratado provocaría un aumento de las tasas impositivas en Irlanda y la legalización del aborto, práctica aún prohibida en este país, de gran tradición católica.
A la espera del 'no' final
Cuando ha concluido ya el recuento en doce de las 43 circunscripciones de la República, el "no" obtiene un 54,6% de los sufragios, frente al 45,4% del "sí", según informa la Según la Radiotelevisión Irlandesa (RTE).
En casi todas las circunscripciones de la capital, como Dublín Sur-Oeste, Norte-Oeste, Central y Norte-Este, el "no" obtiene un 60% de los sufragios, frente al 40% del "sí".
En la circunscripción de Dublín Sur-Este los avances de los detractores del Tratado son incluso mayores, un 70% frente a un 40%.
La misma tendencia se aprecia en otras partes del país, como el distrito electoral de Limerick-Oeste, donde el "no" obtiene, de momento, un 59% de los sufragios y el "sí" un 41%.
Las cifras son similares en el resto de las 43 circunscripciones de Irlanda y sólo en unas pocas los dos bandos registran porcentajes igualados, según la RTE.
El "no" gana también en Tipperary-Sur (50,3-49,7), Galway-Oeste (56-43), Sligo-Leitrim (66-34), Roscommon-Sur Leitrim (55-45), Donegal Sur-Oeste (55-45), Donegal Norte-Este (63-37), Louth (57-43) y Meath Oeste y Este (60-40 en ambas).
Por contra, las dos circunscripciones del condado de Kildare (al suroeste de Dublín) registraban victorias del "sí" por un estrecho margen.
En el recuento que se puede seguir desde la página web de The Irish Times, en 'sí' ha ido ganando puntos en las últimas horas. Desde un 45%-55% en contra del Tratado, se ha pasado pronto a un 46,5%-53,5%.
Europa, pendiente de Irlanda
En el primer plebiscito celebrado en Irlanda sobre el Tratado de Niza en 2001 apenas un 34,7% de los ciudadanos ejerció su derecho al voto y acabó rechazando ese texto, mientras que un año después la participación subió hasta del 48,45% y el país adoptó aquel documento.
Al cierre de los colegios electorales de ayer, las primeras previsiones sobre la participación ciudadana en las urnas se situaban en torno al 40 ó 45%, lo que, en principio.
Irlanda es el único país comunitario en el que se usa la vía del plebiscito
El veredicto definitivo de las urnas se anunciará a media tarde, un viernes y 13, una coincidencia que quizá ponga nervioso a más de uno en la supersticiosa Irlanda, el único país comunitario en el que se usa la vía del plebiscito para refrendar la reforma de la que un día fue Constitución Europea.
Un país que representa el 1% de la población europea significaría un nuevo fracaso, pese a que la mayoría de partidos, asociaciones y empresas han pedido el 'sí'.
Al margen de los más o menos buenos ojos con los que miran los irlandeses a sus vecinos europeos, es evidente hay cierta desidia hacia el plebiscito y muy poca información sobre el tratado, un documento muy técnico y nada fácil de comprender.
Según una encuesta realizada por la edición digital de The Irish Times, 8 de cada 10 irlandeses consideran que la gente no está suficientemente informada sobre el Tratado de Lisboa.
¿Y después del "no"?
El resultado no va a sorprender a casi nadie y por eso las posibles soluciones al rechazo irlandés a la UE ya están sobre la mesa.
El secretario de Estado francés para Asuntos Europeos, Jean-Pierre Jouyet, dice que ante la victoria del ‘no' habrá que buscar una arreglo jurídico particular entre Irlanda y el resto de miembros de la UE, una suerte de ‘mini-tratado'.
Si se confirma el triunfo del ‘no', hay varias opciones abiertas para desbloquear el proceso de construcción europea. Puede prorrogarse el tratado de Niza y aparcar el de Lisboa . que ha provocado serios problemas y que todavía muchos países tienen pendiente de ratificar.
También se baraja la posibilidad de que Irlanda repita la votación, mientras el Gobierno se da tiempo para seguir explicando los irlandeses su versión sobre lo que significa el Tratado de Lisboa y la verdadera repercusión para su país.
El pleno del Parlamento canario, con los votos en contra de los grupos del PP y CC, rechazaron una propuesta que pedía al Gobierno canario la elaboración de un proyecto de ley de recuperación de fosas y exhumación de los restos de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura, con independencia de las opciones ideológicas, personales o de conciencia que las hicieron víctimas.
No obstante, el grupo de CC ofertó a las asociaciones la posibilidad de trabajar "a partir de mañana" en algún tipo de acuerdo o convenio sobre esta acción.
Frente a este argumento, el diputado socialista Manuel Marcos Pérez, insistió en que con esta propuesta lo que se pretende es “completar” lo recogido en la norma estatal para que esta acción no esté a expensas de la mayor o menor voluntad política.
Así, desmintió que el PSOE haya intentado ser oportunista con esta iniciativa, en la que recordó ha apelado al consenso de los otros grupos para sacar adelante esta propuesta, que pretende algún tipo de acuerdo y compromiso de regularización de esta acción, “que no tiene que ser necesariamente una ley”.
Pérez consideró que se trata de completar lo que establece el artículo 11 de la Ley de la Memoria Histórica e ir más allá para que el largo y costoso proceso de exhumación no afecte a las familias y a las asociaciones de recuperación de la memoria histórica, que son quienes han pedido al PSOE la presentación de esta iniciativa.
Así, insistió en que se requiere de una ley que garantice que todo ese trabajo sea realizado por personal especializado y financiado por el Gobierno canario en su totalidad.
Indicó que los estudios arrojan de más de 1.000 desaparecido, mientras que sólo se han encontrado 13 cuerpos en La Palma y remarcó que esta actividad no tiene que estar a expensas de la mayor o menor voluntad política, sino que tiene que estar regulada y financiada por una ley específica.
Recordó que la primera exhumación de víctima de Guerra Civil se realizó en La Palma, tras el hallazgo del cuerpo en 1994 del entonces alcalde de Los Llanos de Aridane junto al de otro representante sindicalista.
Pérez indicó que ésta no es la única iniciativa aprobada por el Parlamento canario sobre los represaliados de la Guerra Civil y precisó que actualmente varias administraciones subvencionan trabajos de este tipo, como el Gobierno canario a los trabajos en Los Pozos del Olvido en Arucas, las del Cabildo de La Palma sobre la exhumación de la fosa abierta en los alrededores del Pino del Consuelo, o la del Estado para el estudio para determinar en La Palma los lugares donde se encuentran fosas.
INICIATIVA "VAGA E INNECESARIA"
La diputada del PP, María del Mar Arévalo, justificó el rechazo de su grupo a esta iniciativa por ser “vaga, imprecisa e inconclusa” sobre la actuación que se pretende llevar a cabo, ya que entiende que en la propuesta no se ha justificado la razón o el bien común de esta iniciativa.
Así, reprochó al PSOE que mientras la situación económica y el paro acechan, ustedes se empeñan en hacer debates vanos, que niegan la realidad y que miran al pasado y aseguró que “aquí ya no hay dos Españas” y estos son debates “obsoletos” que hacen mucho daño a lograr la paz social, por lo que apeló a mirar hacia delante.
No obstante, si se mostró partidaria de la dignificación de las víctimas de cualquier represión y precisó que la ley establece que el Estado tiene que firmar un convenio con las asociaciones para procurarles la debida financiación de estas acciones, en las que la norma también compromete a las comunidades autónomas.
Por ello, insistió en que no hace falta una ley, sino instar al Gobierno canario a formalizar los protocolos, “porque con otra legislación no vamos a solucionar las demandas de las asociaciones”, sino atendiendo los problemas y dando soluciones a estos colectivos sobre las subvenciones.
“Ustedes no son los herederos legítimos de la República”, reprochó la diputada del PP al PSOE, al tiempo que insistió en que sólo hay un bando, "que es el de los demócratas". Así,advirtió a los socialistas de que para estos virajes al pasado no contarán con los ‘populares’, “sí para encontrar soluciones”.
El diputado de CC, José Izquierdo, coincidió con la diputada del PP en su reproche al PSOE de presentar la propuesta de forma “partidista” y sin intentar alcanzar el consenso de los otros grupos, y también indicó que estas acciones ya están recogidas en la Ley de Memoria Histórica aprobada en las Cortes.
Izquierdo remarcó que CC siempre ha expresado su voluntad de apoyo y colaboración a esas personas que perdieron a sus familiares, “no sólo con palabras sino con hechos” como el apoyo en las Cortes Generales a la aprobación de la Ley de Memoria Histórica como con los trabajos que se están realizando en las Islas.
Al respecto, indicó que las administraciones canarias son las que han hecho prácticamente todas las exhumaciones realizadas en las Islas.
El diputado de CC consideró que en Canarias se produjo una represión “desproporcionada, injusta e innecesaria” tras la Guerra Civil, ya que en las Islas no se registraron los hechos prebélicos que sacudieron otros puntos del país.
Animados por votantes y simpatizantes “alarmados” por la situación actual de desgobierno, estos militantes socialistas –entre los que hay cargos orgánicos del partido- afirmaron sentirse en la obligación de dirigirse a la sociedad para decir “basta ya”.
Así lo anunciaron en rueda de prensa José Luis Delgado, consejero del Cabildo de Tenerife, Amaya Conde, concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, y Guillermo de la Barreda, militante socialista, quienes anunciaron que han iniciado una campaña para recabar apoyos “de abajo a arriba”, para comunicar la propuesta al grupo parlamentario socialista, que sería el encargado presentar la moción de censura.
Dado que el grupo del PSC-PSOE no cuenta con el número de diputados suficientes para sacar adelante la propuesta, De la Barreda opinó que el hecho de que la moción de censura llegue o no a prosperar no es tan importante como el hecho de que los socialistas denuncien la situación actual y, en cualquier caso, remarcó, "no puede ser consentidor". El PSOE tiene la obligación de decir que lo que el pueblo votó "no se está cumpliendo", apostilló.
De la Barreda leyó un escrito en el que se apuesta por un cambio “necesario, inaplazable e imprescindible”, que fue solicitado por muchos canarios en los comicios autonómicos de 2007 al otorgar la confianza mayoritariamente al PSOE, partido, recalcó, que presentó una apuesta “muy marcada hacia el cambio”.
El Gobierno de CC y PP no tienen ''un proyecto de región ni un modelo de desarrollo''
Destacó que la petición de los canarios “fue ignorada” después de que Paulino Rivero antepusiera sus “apetencias e intereses personales” a los deseos del pueblo canario, con lo que empezó, dijo, “el periodo más lamentable de desgobierno de nuestra historia autonómica”.
Calificó de "pésimo" al Gobierno de CC y PP, al que acusó de no tener un proyecto de región ni un modelo de desarrollo, “que nos conduce a la dilapidación de la calidad de vida construida con el esfuerzo de todos, paralizando el ritmo de esta Comunidad”.
En este documento, que harán “circular” para sacar a Tenerife y a Canarias de la región actual, los militantes socialistas aseguran que los ciudadanos “hemos padecido y aguantado un año”, y recalcan que Canarias no puede soportar ni un día más este “desgobierno” que colocará a las Islas en todas las materias a la cola de las comunidades.
Así, acusan al Ejecutivo canario de ser una “rémora” en lugar de proveer las dificultades del actual ciclo económico convulso, critican la “torpe gestión" en materia de empleo, así como la “nula diversificación" de las actividades soporte del modelo de desarrollo, y destacan la "pésima" gestión en educación y la parálisis en la aplicación de la ley de dependencia.
En el documento recalcan la preocupante actuación en la sanidad pública, que se deteriora “sin que nada parezca importar a sus responsables, y reprochan el “empecinamiento” del Gobierno en poner en marcha una policía autónoma “costosísima” y el proyecto “superfluo” de la radio canario.
Al respecto, de la Barreda aprovechó para hablar del coste de la Televisión Canaria y dijo que lo presupuestado para un año serviría para afrontar el coste de la construcción de los hospitales del Norte y Sur de Tenerife.
A estos “despropósitos”, indican los militantes socialistas en el escrito, se suman los anuncios del control de la población, “que pone en evidencia un absoluto desconocimiento de lo que gestionan” y las “estrafalarias” actuaciones en materia turística, “propias de programas de humor”.
Estos datos, señalan, ponen de manifiesto que este Gobierno “es el peor que hemos sufrido en las Islas”, por lo que reclaman a los militantes, votantes y simpatizantes socialistas y a todos los canarios que alcen la voz contra esta situación de desgobierno para hacer llegar al Parlamento de Canarias “el clamor para que, con urgencia,” se presente una moción de censura.
Alternativa Sí se puede por Tenerife considera que la directiva europea sobre jornada laboral es un atentado contra los derechos de los trabajadores y de la ciudadanía.
Ante la aprobación por parte del Consejo Europeo de Ministros de Trabajo, con la abstención de cinco países (Bélgica, Chipre, Grecia, España y Hungría), de una nueva Directiva por la que se amplía el límite de la jornada laboral hasta las 65 horas semanales, desde la organización política Alternativa Sí se puede por Tenerife, queremos manifestar lo siguiente:
Esta decisión es un gravísimo atentado contra los derechos de los trabajadores y de la ciudadanía en general y un enorme retroceso en las conquistas alcanzadas por el movimiento obrero tras casi dos siglos de luchas en pro de mejores condiciones de trabajo y de una sociedad más justa. Sorprende, por esta razón, el silencio de los sindicatos, y de la izquierda en general, ante una iniciativa que se viene fraguando desde hace ya cinco años.
Esta Directiva supone la ruptura con el principio de las “tres ocho” –ocho horas de trabajo, ocho de vida privada y ocho de descanso- que, mal que bien, se había conseguido establecer para la mayoría de los trabajadores europeos y que podría servir de sustento a un nuevo objetivo en el que las ocho horas de trabajo disminuyeran en favor del aumento de los restantes tiempos individuales y sociales.
En lugar de avanzar, pues, retrocedemos. Las clases trabajadoras, en la medida en que los empresarios consigan imponer esta nueva legislación del tiempo de trabajo en la negociación individual y colectiva con los trabajadores (y en estos momentos de enorme poder del capital y de debilidad del trabajo tienen todas las posibilidades de lograrlo), van a quedar fuertemente supeditadas a los intereses que el empleador tenga en cada momento; no podrán formular planes autónomos de vida, la conciliación entre tiempo de trabajo y tiempo privado será imposible (y esto afectará muy duramente una vez más a las mujeres), no dispondrán de tiempo ni de energías para la acción colectiva: se convertirán en simples instrumentos de usar y tirar una vez que estén agotados.
El dogma de la competitividad de esta fase de globalización neoliberal está causando daños individuales y sociales que costará décadas subsanar. Lo preocupante es que las organizaciones de la izquierda sigamos aceptando resignadamente estos asaltos a la dignidad y derecho a la emancipación sin enfrentarlos decidida y enérgicamente. ¿Para qué queremos ser más competitivos si serlo significa vivir peor y aceptar enormes retrocesos sociales? Es urgente e imprescindible combatir en todos los planos la ideología neoliberal, que no sólo se ha convertido en sentido común para la mayoría de la ciudadanía, sino que ha penetrado también muy fuertemente a las propias organizaciones colectivas de los trabajadores.
La asamblea comarcal del sur de izquierda unida, denuncia que el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, ha aplazado, una vez más la ejecución del centro hospitalario del sur, anteponiendo otras obras que cuentan con rechazo de la ciudadanía.
Izquierda Unida afirma que el Gobierno de Canarias planifica mal, al no haber dotado inicialmente el proyecto de todos los servicios demandados por la población, desde hace más de una década y, ahora se excusa en esta demanda para posponer la puesta en funcionamiento de unas instalaciones más que imprescindibles.
Izquierda Unida recuerda que la instalación de un centro hospitalario comarcal en el sur de la isla de Tenerife es una reivindicación histórica, que responde a una necesidad vital y en creciente demanda por la enorme presión demográfica que la comarca ha venido experimentando desde hace décadas.
La organización de izquierdas critica que se priorice el gasto público en cuestiones superfluas como la televisión, la radio y policía autonómica, para posponer las necesidades sociales más fundamentales a tres años vista, fomentando y potenciando la sanidad privada. Máxime aún cuando organizaciones sindicales como UGT y representantes de policías locales han mostrado su rechazo frontal a la creación de un cuerpo policial autonómico. Además de resultar sospecho que, por parte del gobierno CC-PP, se concentren esfuerzos y dinero en elementos que, no por casualidad, son generadores de control de opinión pública.
Para la formación política debe ser una prioridad de cualquier gobierno el garantizar una sanidad pública, gratuita y digna a toda la ciudadanía por lo que ve en este retraso un trato de favor a la sanidad privada, sin descartar que al posponer las obras al año 2011, es una estrategia electoralista, cara a las elecciones municipales y autonómicas.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ha desestimado la demanda presentada por Unelco para que le permitiese continuar con la actividad de las turbinas con los altos niveles de emanación, que fueron la causa de su paralización.
En un comunicado de prensa el colectivo Tagoror Achinech, informa que ha recibido la sentencia número 244 de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la que se resuelve desestimar el recurso interpuesto por Unelco, que solicitaba se declarase la nulidad de los condicionantes, que condicionaron la paralización de las turbinas, por entender que no eran conforme a derecho.
En la demanda de Uneclo se limitaba a afirmar “que los condicionantes que se imponen carecen de motivación y que el acto impugnado incurre en causa de nulidad por exigir condiciones de imposible cumplimiento”. En esta demanda se personó Tagoror Achinech, como parte codemandada, oponiéndose a las pretensiones de Unelco y solicitando la desestimación del recurso.
La sentencia hace constar el carácter de temporalidad, que ha permitido la vulneración de las distancias mínimas de seguridad de estas instalaciones: “Ha existido, en relación a la concreta localización de la instalación y su cercanía a núcleos de población agrupada, el informe favorable de las autoridades competentes en materia medio ambiental, incluido el Ayuntamiento de Guía de Isora. Justificación del emplazamiento elegido, y adopción de medidas correctoras en atención, precisamente, a su ubicación cercana a núcleos de Chío, Chiguergue y Guía de Isora, por lo que la excepción a la regla general de la distancia mínima puede ser considerada en el caso examinado, especialmente en la consideración a que se trata de un emplazamiento provisional con el que se satisface un interés general evidente, adoptando las medidas correctoras necesarias para minimizar el efecto peligroso al vecindario más próximo.”
El colectivo social que ha llevado la lucha contra estas instalaciones afirma que las administraciones públicas y Unelco se han amparado en la temporalidad de las instalaciones para que no prosperasen las demandas que se interpusieron contra las licencias otorgadas, tal y como reflejan los autos del T.S.J.C., circunstancia que ha hecho que se desestime la demanda de Uneclo.
Tagoror Achinech, concluye exigiendo el desmantelamiento de estas instalaciones, porque se ha prolongado la provisionalidad, para la que fueron solicitadas las licencias y que después de un año, desde su desconexión, ha quedado demostrado que no son necesarias.
Copia de la sentencia
Ecuador recibió un informe de la Interpol en que admite que no puede confirmar que los computadores que examinó por pedido de Colombia, con supuestos archivos que relacionan a Quito y Caracas con las FARC, pertenecen a esa guerrilla, señaló este martes la Cancillería.
Delegados de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) "confirmaron que su análisis informático forense, no implica la validez de la exactitud de los archivos de usuario que contienen", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Según el gobierno ecuatoriano, con ello "no determina si las computadoras suministradas fueron encontradas en el campamento guerrillero de las FARC tras la incursión del 1 de marzo (en Ecuador), si éstas pertenecieron efectivamente a Raúl Reyes, y menos aún su contenido".
Los representantes de Interpol se reunieron con el ministro de gobierno, Fernando Bustamante, el 3 de junio en Nueva York, en el marco de la visita que realizó el funcionario a las Naciones Unidas.
"Con la información obtenida al final de la reunión, el gobierno reafirma una vez más su posición de no otorgar ninguna validez procesal a la información encontrada en las computadoras supuestamente pertenecientes a Raúl Reyes", indicó la Cancillería.
A mediados de mayo la Interpol divulgó en Bogotá un informe en el que certifica que una evidencia presentada por el gobierno colombiano --obtenida según éste de computadores confiscados tras un ataque a un campamento de las FARC-- pertenecía a los guerrilleros y fue debidamente custodiada.
No obstante, aclaró que mediante ese peritaje no está validando el contenido de los archivos de las computadoras, que según Colombia revelaría nexos entre los gobiernos de Hugo Chávez (Venezuela) y Rafael Correa (Ecuador) con las FARC.
Publicado en Vive Tv
Los ministros de Trabajo de los 27 países de la UE, tras cerca de 12 horas de negociación, lograron sacar adelante la propuesta que ahora deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo (PE) para su entrada en vigor.
La Comisión Europea (CE) mostró su satisfacción por el acuerdo porque "supone un paso adelante para los trabajadores" y refuerza el papel del diálogo social.
Sin embargo, el Gobierno español rechaza la directiva europea, según afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel µngel Moratinos, quien anunció que España trabajará en el Parlamento europeo para revisarla.
España ha sido uno de los grandes opositores de la ampliación de la jornada laboral pero en los últimos meses perdió el apoyo de sus principales aliados en esta negociación, Francia e Italia, con los que había bloqueado en varias ocasiones la reforma.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, dijo ayer, antes de que terminara la reunión con sus colegas de la UE, que Europa sufriría un "retroceso" en su agenda social con esta medida que acerca Europa "más al siglo XIX que al siglo XX".
También los partidos políticos, salvo el PP que a las 16:10 horas no se había pronunciado, consideran que la directiva supone un recorte social.
La diputada de UPyD, Rosa Díez, calificó de "retroceso histórico" la medida y puso su partido a disposición de Gobierno y sindicatos para evitar que salga adelante, mientras que para el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, se trata de "un escándalo" que niega "la propia historia política y social de la Unión Europea".
El portavoz de asuntos laborales de grupo vasco (EAJ-PNV), Emilio Olabarria, calificó la decisión de "verdadera agresión a los derechos de los trabajadores" y desde el PSOE, la secretaria de Relaciones Internacionales, Elena Valenciano, dijo que era "retrógrada" y un "atentado" a los derechos de los trabajadores.
A juicio del ex presidente del Consejo Económico y Social, Jaime Montalvo, la decisión refleja que Europa "tiene que ponerse las pilas" y "viene a decir" que los tiempos no están para seguir hablando de reducciones de jornada.
No obstante, para la patronal del sector del metal es "prácticamente imposible" que se pueda alargar la jornada laboral en España porque está regulada por el estatuto de los trabajadores y los convenios colectivos.
Confemetal coincidió con los sindicatos en que una medida así no beneficia en nada a países como España, que debe buscar la competitividad en otros factores distintos del coste salarial y de los precios.
Por su parte, CCOO consideró "intolerable" la directiva y anunció que estudia alterar el contenido de su intervención ante la 97 Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del próximo 12 de junio, para denunciarla, en tanto que el secretario general de UGT, Cándido Méndez, advirtió de que "podemos abocar a una situación de confrontación muy seria".
A las 4 de la mañana del día 7 de junio, más de 3000 policías de diferentes cuerpos se han lanzado violentamente contra el piquete que mantenía cortados los accesos al puerto y, tras dispersarlo brutalmente, han empezado a entrar en las casas, deteniendo a sus habitantes, saqueando, robando, cogiendo rehenes si no encontraban a quien buscaban.
Se habla de muertos ( la cadena Al Jazeera habla de 4 muertos) y bastantes heridos graves, también entre la policía.
Desde hace tiempo, los Ait Baamran, tribu amazigh de la zona, vienen denunciando su marginación, el retraso del funcionamiento del nuevo puerto y de todas las promesas de desarrollo, el paro generalizado y el enchufismo para las plazas de empleo público por parte del Ayuntamiento.
En setiembre de 2007, el boicot a las elecciones parlamentarias fue prácticamente total, respondiendo al llamamiento del conjunto de las asociaciones.
El pasado 30 de mayo, una gran manifestación se dirigió al puerto, decidiendo instalar un campamento bloqueando la entrada e impidiendo la salida de los camiones frigoríficos de transporte de pescado.
A partir de ese día se suceden las manifestaciones. El día 2 de junio una manifestación de más de 200 mujeres se junta con los jóvenes, llegando a concentrarse unas 4.000 personas delante del ayuntamiento, consiguiendo la apertura de negociaciones con las autoridades locales y regionales. Se
constituye una comisión para negociar, fijándose como reivindicaciones:
medidas inmediatas para cubrir las necesidades de las familias más necesitadas finalización de los proyectos de desarrollo económico prometidos (puerto y zona industrial)
el respeto de los derechos y de la dignidad de los trabajadores del puerto.
Las autoridades que, en todo momento, han tratado de criminalizar el movimiento, acusándole de ilegal y de perturbador del orden, no tuvieron más remedio que negociar, ofreciendo la apertura de una fábrica de conservas de pescado en un plazo de 45 días y de abrir la bolsa de empleo público de la solidaridad nacional en un plazo de dos meses. Pero la
población, cansada de promesas, desde el 2005, y considerando
insuficientes las promesas de las autoridades, decidieron mantener el bloqueo del puerto y las movilizaciones
La violenta intervención del día 7 ha sido la respuesta de las autoridades que muestran abiertamente su verdadero rostro: la represión. Una manifestación por la liberación de los detenidos y de denuncia del pillaje de casas por parte de la policía, ha provocado enfrentamientos que han continuado durante todo el día.
Actualmente, la ciudad de Sidi Ifni se encuentra totalmente asediada y en estado de sitio. Es difícil recibir información fidedigna. Se están produciendo continuas detenciones cogiendo como rehenes a familiares de los que han huido de su casa.
OS PEDIMOS LA MÁXIMA SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DE LA POBLACIÓN DE SIDI IFNI, CON LA RESISTENCIA DE LOS AIT BAAMRAN, enviando el siguiente texto o similar:
EXIGEONS LA LEVÉE DE L´ÉTAT DE SIÉGE
EXIGEONS LA LIBÉRATION DE TOUTES LES PERSONNES DÉTENUES
NON À LA MARGINALITÉ DES AIT BAAMRAN
EXIGIMOS EL LEVANTAMIENTO DEL ESTADO DE SITIO
EXIGIMOS LA LIBERACIÓN DE TODAS LAS PERSONAS DETENIDAS
NO A LA MARGINACIÓN DE LOS AIT BAAMRAN
Enviad por fax a:
- Gobernador de la provincia de Souss-Massa-Draa
Fax : 00 212 28 84 04 14
Enviad por SMS a:
- Prefecto de Tiznit
Tel : 00 212 28 60 12 00
- Comisaría de Sidi Ifni
Tel : 00 212 28 87 50 18
Nota: Sidi Ifni estuvo hasta 1969 bajo la dominación colonial española
Informa CGT
Los países de la Unión Europea (UE) acordaron ayer por mayoría cualificada ampliar los límites de la jornada laboral para que un empleado pueda trabajar hasta un máximo de 65 horas semanales, si así lo acuerda con el empresario.
Tras cerca de 12 horas de negociación, los ministros de Trabajo aprobaron una propuesta que llevaba varios años bloqueada y que, ahora, debe ser aprobada por el Parlamento Europeo (PE) para su entrada en vigor.
España, que ha sido uno de los países más críticos con esta posibilidad, se abstuvo en la votación y, junto a Bélgica, Chipre, Grecia y Hungría, presentó una declaración en la que aseguró no poder aceptar el texto por el "retroceso social" que supone.
La reforma de la directiva de Tiempo de Trabajo consagra la hasta ahora transitoria cláusula del "opt out" -introducida en su día a petición del Reino Unido- que ofrece a los empleados la posibilidad de trabajar por encima del máximo vigente de las 48 horas semanales.
El texto acordado por los ministros establece que este límite -que sigue siendo el oficial- podrá superarse en caso de acuerdo entre el trabajador y el empresario, siempre por debajo de un techo máximo que queda fijado en 65 horas a la semana si se incluyen periodos de guardia.
Sin ellos, el límite estará en 60 horas semanales, a no ser que exista un convenio colectivo o un acuerdo entre patronal y sindicatos que ponga un tope más alto.
Finalmente, y por las presiones de Francia, la directiva se aplicará a todos los contratos de más de 10 semanas de duración y no sólo a aquellos de más de cuatro meses, como establecía el texto presentado esta mañana por la Presidencia de turno eslovena.
Además, los países acordaron que la Comisión Europea (CE) evalúe el nuevo sistema y presente una nueva propuesta para revisar la directiva, incluida la cláusula del "opt out".
Francia e Italia dejaron de ser aliadas de España
España ha sido desde el primer momento uno de los opositores de la ampliación de la jornada laboral, pero en los últimos meses perdió el apoyo de sus principales aliados en esta negociación, Francia e Italia cuyos gobiernos están en mano de la derecha, con los que había bloqueado en varias ocasiones la reforma.
El texto pactado hoy, tras horas de debate, intenta introducir salvaguardas pues establece que el empleado que trabaje por encima de las 48 horas a la semana lo será de "forma voluntaria y no obligado por el empresario". Esta disponibilidad de los derechos había sido desterrada del derecho laboral pues la práctica y el sentido común indica que el empleador siempre está en una posición de fuerza para imponer las condiciones de trabajo.
La excusa por parte de muchos países para aprobar esta norma es que hasta ahora se incumplía la actual legislación en sectores como el de la sanidad donde las guardias superan con mucho los límites de la jornada laboral. El Tribunal de Justicia de la UE ha reiterado en distintas sentencias que los períodos inactivos de las guardias deben ser considerados tiempo de trabajo, frente a la posición de la mayoría de gobiernos que lo rechaza por el coste que la medida implicaría para los sistemas públicos de Sanidad. Hoy, los ministros han reafirmado su pacto para que estas horas no sean contabilizadas como trabajo, a menos que así lo establezca la legislación nacional, aunque señalan ¡que tampoco deberían considerarse tiempo de descanso!
En paralelo, los países de la UE han acordado la equiparación salarial de los trabajadores cedidos por Empresas de Trabajo Temporal (ETT) con sus compañeros contratados directamente a partir del primer día de contrato, algo que ya ocurre en España.
La directiva pactada por los ministros incluye una excepción para aquellos países donde exista un acuerdo entre la patronal y los sindicatos en este ámbito, caso del Reino Unido -que hasta ahora había bloqueado el texto-, donde la igualdad salarial se da a partir de 12 semanas de contrato
Carla Bellini Domínguez, Magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ha tomado declaración a lo largo del día de hoy a Jerónimo Delgado Delgado, Clemente Martín Rodríguez y Álvaro Fernaud López, imputados por un delito de apropiación indebida.
La jueza Carla Bellini ha decidido mantener la imputación por apropiación indebida al presidente de la Junta de Compensación de Las Teresitas, Jerónimo Delgado, y a otros dos directivos del órgano gestor, según informó hoy el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
La magistrada de la Sala de lo Civil y lo Penal tomó durante la mañana testificación, además de a Jerónimo Delgado Delgado, al tesorero de la Junta, Clemente Martín Rodríguez, y al secretario, Álvaro Fernaud López.
La Justicia investiga un supuesto "pelotazo urbanístico" en la compraventa de parcelas de la playa tinerfeña, donde supuestamente s produjeron irregularidades que dieron lugar a enormes plusvalías obtenidas por empresarios en la compra de terrenos, parte de los cuales fueron vendidos después al Ayuntamiento, que recalificó el resto.
La compraventa ha sido anulada por el Tribunal Supremo después de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagase unos 52,5 millones de euros a la empresa Inversiones Las Teresitas.
En el caso, y tras una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción, están imputados, entre otros, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), y los presidentes de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio González, y de la patronal de la construcción de Tenerife (Fepeco), Antonio Plasencia, estos dos últimos como titulares de la empresa Inversiones Las Teresitas.
También están acusados el ex concejal de Urbanismo Manuel Parejo y los portavoces municipales en 2001 del PSOE Emilio Fresco y del PP José Emilio García Gómez.
Otros imputados son los técnicos y cargos municipales Antonio Messía de Yraola (interventor general), Juan Reyes (secretario delegado de la gerencia de Urbanismo), José Luis Roca (interventor delegado del Ayuntamiento), José Eugenio de Zárate (ex secretario general del Ayuntamiento) y José Tomás Martín González (gerente de Urbanismo en 2001).
AV rechazó ayer la instalación de la regasificadora en Castillo del Romeral y pidió que se remita el posicionamiento en contra del Ayuntamiento a todas las instituciones. La alcaldesa, Mari Pino Torres, también se opone, pero como no tiene confirmación de su ubicación, de momento no hará nada.
El partido Agrupación de Vecinos (AV), en la oposición en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, propuso ayer al pleno municipal que tome el acuerdo de dar traslado al presidente del Gobierno, al presidente del Cabildo y al resto de alcaldes de Gran Canaria del posicionamiento asumido por la Corporación el 27 de noviembre de 2007, de rechazo categórico a la ubicación en el municipio de una planta regasificadora, para que la hagan suya y muestren públicamente su apoyo.
El portavoz de AV, Marco Aurelio Pérez, teme que con el gas ocurra exactamente lo mismo que con la cárcel y, por lo tanto, demanda una actuación inmediata. «El PSOE no apoyó la propuesta de rechazo y NC no la quiere Arinaga, por lo tanto tienen decidido instalarla en este municipio», indicó.
Alcaldesa.
Por su parte, la alcaldesa, Mari Pino Torres, también está en contra de la instalación en tierra o en mar, pero todavía no llevará el asunto al grupo de gobierno «porque el presidente del Cabildo, José Miguel Pérez, me indicó que esa información no es cierta y que la instalación depende del Plan Territorial», por lo que de momento no tomarán ninguna decisión.
FUERTEVENTURA LIMPIA
Ante la posible elección del Valle de Agando como lugar para ubicar la nueva central térmica manifestamos lo siguiente:
1.- La instalación de esta central significa seguir apostando por un modelo energético contaminante que nos sigue haciendo totalmente dependientes del exterior, además de ser causante del cambio climático.
2.- Los ecosistemas estarán afectados por consecuencia de la refrigeración de las máquinas de este tipo de centrales, que se lleva a cabo con agua del mar, y que al volver al mismo, altera la temperatura del agua de la zona y con ello el entorno marino que es el medio de vida de muchos. Pero lo que es más grave, perjudica la salud de las personas en especial para la población de Gran Tarajal.
3.- La solución no está en trasladar los problemas de un lugar a otro. La única solución posible es la apuesta decidida por energías limpias y renovables, energías en las que Fuerteventura tiene un potencial constatable para ser una isla autosuficiente, como lo es ya El Hierro.
4.- Mientras el Cabildo financia conferencias de ecologistas profesionales, se pone de manifiesto la hipocresía de unos y de otros perpetuando un sistema de obtención energía contrario a los principios que dicen defender.
5.- La complicidad con la empresa eléctrica que es dueña de este importante sector estratégico (UNELCO) son las causas por las que se siguen impulsando instalaciones insalubres de espalda a los intereses de la población, pero que favorecen al lobby energético.
6.- Los partidos políticos que proponen su instalación ya tenían decidido tal ubicación desde hace tiempo pero no se atrevieron a incorporar la propuesta en sus programas electorales porque saben del efecto negativo que hubiese tenido para sus formaciones políticas.
7.- La Ley dice que las Centrales térmicas han de estar situadas a más de 15 kms. de núcleos poblacionales. La zona está declarada Lugar de Interés Comunitario (LIC) por la Comunidad Europea por su interés marino.
8.- De nuevo se vuelve a utilizar el chantaje de los puestos de trabajo para intentar engañar a la ciudadanía tal y como ya se hizo con el muelle comercial de Gran Tarajal. ¿Vale la pena sacrificar la salud y el territorio por unos puestos de trabajos que debido a su especialización serán asumidos por población no residente en el municipio de Tuineje?
9.- Desde Fuerteventura Limpia hacemos un llamamiento para acudir a la manifestación convocada para el día 7 de junio a las 12:00 horas en Gran Tarajal, cuyo objetivo no deberá ser otro que, superando las barreras partidistas, el de mostrar un rechazo a la central térmica y por extensión al monopolio de las energías no renovables. ¡Que no digan que no sabemos organizarnos! ¡No esperes a las elecciones, sal a la calle!
MÁS INFORMACIÓN: http://fuerteventuralimpia.blogspot.com
La asamblea comarcal del sur de Izquierda Unida afirma, a través de un comunicado, que el gobierno de Canarias pretende esclavizar a su población con contratos precarios y bajos sueldos, con el sistema de apoyo a las grandes superficies y el abandono a los trabajadores autónomos.
La formación política de izquierdas sale así al paso ante las informaciones sobre la solicitud de licencia especifica, realizada por el empresario Ambrosio Jiménez, de instalar grandes superficies en el Sur de Tenerife, concretamente en San Miguel de Abona, donde pretende instalar un hipermercado de 10.000 metros cuadrados, dos establecimientos de artículos de deportes de 7.000 metros cuadrados cada uno, y un centro comercial de 30.000 metros cuadrados.
Izquierda Unida en el sur critica que se facilite la proliferación de este tipo de distribución comercial, que concentraría el poder económico en pocas manos, haciendo desaparecer a los autónomos, viéndose abocados a solicitar un puesto de trabajo en estos centros comerciales, con la precariedad laboral que les caracterizan.
Según la organización política, la independencia económica que persigue el trabajador autónomo, se ve coartada por la permisibilidad de un gobierno que es capaz de darle licencia a un constructor que está envuelto en procesos judiciales, por presunta corrupción urbanística y, en cambio, condena a los que no pueden sufragar gastos de campañas electorales.
La asamblea comarcal del sur de Izquierda Unida, denuncia que, ante la situación de crisis económica que sufren las familias, les están condicionando su alimentación al incitarles el consumo de marcas blancas, que son de baja calidad, generando un problema sanitario, concretamente en las edades infantiles, por lo que insta al Gobierno de Canarias a paralizar este tipo de comercialización e invertir en la producción local, para hacer más factible el acceso de todos a los productos naturales y de calidad.
Izquierda Unida reprocha el desinterés del ejecutivo presidido por Paulino Rivero ante la problemática del incremento de la obesidad infantil, que tiene su origen en la pésima alimentación, por lo que ve un despropósito que se siga fomentando el consumo de la alimentación industrializada, desprotegiendo, rechazando y dejando en total desamparo a los productores y comercializadores de los productos naturales y locales, lo que nos está generando un problema social y sanitario de consecuencias incalculables e irreversibles si no se actúa ahora, promoviendo el consumo razonable de productos naturales.
Así, de Excelentísimo y Magnífico, imponía la Ley de Ordenación de la Universidad Española del 29 de julio de 1943 que se denominara a los rectores universitarios, preclaros acólitos del franquismo, cuando en Aguere era rector dedocráticamente electo José Escobedo. Eran tiempos que justificaban que nuestro entrañable Nijota sentenciara que “La Universidad es un islote cultural inhabitable en un océano de indiferencia”, y que quedaron plasmados para la historia en los documentos oficiales, encabezados con el ¡Saludo a Franco! ¡Arriba España! y la mención al “Año Triunfal” de rigor.
La Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001 apeó a los rectores del tratamiento de Excelentísimos Señores y los dejó en Señores aunque, eso sí, conservó lo de Magnífico para el cargo, que no para el sujeto que lo ejerce. Lo de Exmo. quedó para Presidentes de Gobierno, Ministros, Alcaldes y Presidentes de las Cámaras de Comercio pero, eso si, solo los de Madrid y Barcelona, Magistrados del Supremo, Generales y Almirantes, Arzobispos…..y a los cónyuges e hijos de los Infantes, Duques y demás Grandes de España. Los pobres rectores dejaron sus excelencias de lado al mismo tiempo que los Directores de Instituto dejaron lo de Ilustrísimos señores, título que si continúa, entre otros ciudadanos, para los Comisarios de Policía…y para Condes y Marqueses, se supone que “en ejercicio”.
Ahora he recibido un correo de mi estimado amigo Pedro Medina Sanabria, tenaz y eficaz investigador de la oscuridad que el franquismo introdujo en estas ínsulas nuestras, en que me envía una copia del expediente disciplinario que el Rector Magnífico –que no es sinónimo de Magnífico Rector- de la Universidad de Aguere, Señor –como marca el protocolo en Orden APU/516/2005- D. Eduardo Doménech Martínez, abre al alumno de Master en Filosofía, Cultura y Sociedad, D. Adán Lorenzo González Navarro a resultas de denuncia de la empresa de vigilancia VISEGUR como presunto autor, el día de autos, 11 de abril de este 2008 de un empujón a la puerta de la verja del Rectorado para que penetrara en el mismo una manifestación de alumnos que protestaban contra los nuevos horarios que, supuestamente para la convergencia con Europa, marca el Plan Bologna, y que trata de imponer manu militari el rectorado aguerense. Según el relato oficial, conservando su peculiar estilo, ese día sobre las 12 horas “ se concentran en el hall de entrada al Edificio Central unos 80 alumnos con pancartas, silbatos y tambores provocando elevado ruido y profiriendo gritos contra el equipo de gobierno” Desde allí, y tras protestar ante el Vicerrectorado del Alumnado, los díscolos y protestones alumnos se dirigen al Rectorado, cerrado a cal y canto para evitar la protesta y, cuando una persona sale, el mencionado alumno Adán Lorenzo aprovecha para empujar al segurita –seguramente un débil y enclenque funcionario- y no dejar cerrar la puerta “pasando los alumnos que estaban en la calle al interior del aparcamiento y después al edificio. Donde estuvieron alborotando con gritos y tambores primero por los pasillos interiores y después en el aparcamiento hasta las 14:10 horas en que se retiraron”.
Al poco magnífico Rector Magnífico le entra entonces la vena autocrática y vuelve a los “buenos tiempos” del más puro fascismo. Abre expediente al infrascrito Adán Lorenzo en base al Art. 14 del Decreto de 8 de Septiembre de 1954 por el que se regula el Reglamento de Disciplina Académica para las Universidades y Centros Superiores de Estudios que confiere al Rector la potestad de abrir expedientes, expediente en el que considera al alumno incurso en dos faltas grave tipificadas en el Art. 5º, puntos 3º
La ofensa grave de palabra u obra a compañero, funcionario o personal dependiente del Centro con lo que me entero de que los seguritas de VISEGUR son “personal universitario” y 5º La falta de probidad y las constitutivas de delito. La referidas faltas peden ser penadas con 1) Inhabilitación temporal o perpetua para cursar estudios en todos los Centros Docentes; 2) Expulsión temporal o perpetua de los Centros comprendidos en el Distrito Universitario; y 3) Expulsión temporal o perpetua del Centro. Suerte inmensa la de D. Adán Lorenzo de ser buen cristiano, monaguillo y practicante dominical asiduo y afiliado, no se bien si al PP o a Fuerza Nueva, además de a Acción Católica porque, de ser un rojillo, el ínclito Rector Magnífico pudo, además, aplicarle el punto 1º de dicho artículo que tipifica también como grave La manifestación contra la Religión y moral católica o contra los principios e instituciones del Estado, o el 2º La injuria, ofensa o insubordinación contra las autoridades académicas o contra los profesores.
Pongo a disposición del poco magnífico Rector Magnífico una idea para librarse del Grupo Claustral “Programa” que también parece algo díscolo con sus propuestas para que les aplique el Art. 2º. Apartado a) del mismo Reglamento que tipifica como graves, las actuaciones recogidas en los puntos 1) de nuevo la misma que al alumnado La manifestación contra la Religión y moral católica o contra los principios e instituciones del Estado con un añadido que se encuentra en todos los casos de que se estima como agravante el haber sido cometidos en el desempeño de la función docente que obliga a andarse con ojo a todos los crápulas del profesorado que contravengan las sacrosantas leyes morales que dictan los Rouco & Cía, y a no declararse, ni de coña y en carnavales, como republicanos o independentistas; 2) La insubordinación contra las autoridades académicas del Centro o del Departamento que le puede mantener bien quietas las aguas en los Claustros y sumisos a los explotados interinos dentro de los Departamentos y 3) La incitación o estímulo en cualquier forma de las manifestaciones escolares dirigidas a la perturbación del régimen normal académico o sindical, parte esta última, la sindical, que muerto y bien enterrado el S.E.U, creo que vaya dirigida a la protección de UDECA al que graciosamente la Conserjería ha concedido, para sus actividades y garantizar su teledirigida expansión, la despreciable cantidad de 200.000 euritos de nada (total, que son 33 milloncejos y pico de pesetas si nos garantizamos un apoyo “fiel e incondicional&rdquo.
Lástima que el RD 898/1985 le haya quitado esa `posibilidad respecto al profesorado, pero por intentarlo que no quede, que igual cuela. Tanto la LOU de 2001 como la LRU de 2003 no hacen tipificación de faltas y sanciones para el alumnado porque dejan ese tema a los Estatutos internos de cada Universidad, pero la de La Laguna, con su rector al frente, prefiere mantener el franquismo. Por eso propongo, que a pesar de lo que dictamina respecto a los tratamientos a las autoridades universitarias la ya nombrada Orden APU/516, para el caso del poco magnifico rector de Aguere se siga utilizando el de Excelentísimo Señor Rector Magnífico, y se coloque en el hall de entrada un Víctor académico dedicado al mismo ornado con yugo y flechas imperiales y, prietas las filas, todos los estudiantes al unísono griten, como si fueran un José Manuel Soria cualquiera ¡Arriba España!
Francisco Javier González
Gomera a 5 de junio de 2008
Sobre la puesta el jueves en libertad provisional y sin fianza de aquél, entiende el abogado que para valorar con absoluto rigor la decisión tomada por la juez Carla Bellini, se debe esperar al menos un par de semanas, lapso de tiempo en el que cree se pueden producir nuevos e interesantes acontecimientos. Cuenta Pérez Ventura además, que el lunes de la próxima semana la revista Interviú se hará eco del “pelotazo” urbanístico.
“Cautela” es la palabra escogida por el letrado para hacer referencia a la decisión que ayer tomaba Carla Bellini al dejar a Mauricio Hayek en libertad provisional y sin fianza. A su juicio, y en base a los pocos indicadores que se conocen debido al secreto establecido en torno a las actuaciones, instrumento necesario para evitar que los imputados puedan alterar o interferir de alguna manera en el transcurso de las investigaciones, la dirección de las actuaciones es la correcta.
Entiende el Pérez Ventura que todo indica a que lo mismo la actuación judicial como policial “se está haciendo sobre bases sólidas”, y que las imputaciones se construyen “con bastante rigor”. De esto desprende que se deben “esperar acontecimientos positivos”.
“Por mi olfato profesional y experiencia, así como la de mis compañeros de Justicia y Sociedad, tengo la impresión de que en las próximas semanas habrá novedades interesantes”, afirma el abogado, quien en cualquier caso prefiere esperar a que las semanas transcurran para hacer su valoración definitiva.
En cuanto a las informaciones que en la prensa de las Islas se recogen estos días, recuerda que no son más que eso, meras informaciones, que carecen de base y no se conoce cuál es fuente original. Señala que las actuaciones siguen siendo secretas, por lo que no se sabe exactamente qué es lo que hay.
En cualquier caso, de manera rotunda afirma que si estas informaciones llegaran a confirmarse, “estaríamos ante un terremoto político en Canarias, de dimensiones tremendas. Estaríamos ante una verdadera catarsis política”.
Añade que, en tal caso, la asunción de responsabilidades políticas por parte de los responsables debería ser “inmediata”, ya que de lo contrario “la crisis de legitimidad y de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones haría que el ambiente desde el punto de vista social y político sería tremendamente irrespirable”, concluye.
Habla Pérez Ventura de una “crisis de envergadura inimaginable”. “Creo que en la breve historia democrática de las Islas estaríamos ante la mayor crisis política vivida en Canarias, y eso requeriría el que se asumieran responsabilidades y se emprendieran acciones políticas muy fuertes”.
Interviú se interesa por el “pelotazo de Las Teresitas”
Por último, el abogado confirma que el próximo lunes día 9 de junio, Interviú se hará eco de este caso de corrupción, sobre el que se desconoce aún sus verdaderas dimensiones y alcance, y que en la prensa nacional ha pasado desapercibido hasta el momento.
RADIO SAN BORONDON
El fabricante aeronáutico estadounidense Lockheed Martin confirmó este viernes en un comunicado que Marruecos ha pedido 24 aviones F-16 para sus fuerzas aéreas y que serán entregados a partir de 2011. El comunicado señala que Marruecos adquirirá la configuración Block 52 del aparato F-16C/D diseñado para adaptarse a los requerimientos específicos de la Fuerza Aérea Real de Marruecos.
El Gobierno de Rabat pagará 2.400 millones de dólares (1.700 millones de euros). La prensa marroquí publicó anteriormente que quizás las monarquías del Golfo Pérsico pagarán una parte de esta factura.
La empresa estadounidense expresó en el comunicado su satisfacción por la elección de Marruecos a los F-16, teniendo en cuenta que Marruecos al principio apostaba por los aviones franceses modernos Rafale, pero el coste para 12 aviones superaba los dos mil millones de euros (casi tres mil millones de dólares).
La decisión de Marruecos de comprar los aviones F-16 para no quedar en situación de inferioridad con España, que acaba de adquirir una decena de aviones modernos Eurofighter y Argelia que también firmó con Rusia un contrato por la compra de decenas de sujoi Su-34.
El abogado Mauricio Hayek Hayek, de 74 años, detenido el lunes por su presunta implicación en el "caso de Las Teresistas", quedó esta tarde en libertad provisional sin fianza tras declarar ante la juez, que le ha imputado un delito de apropiación indebida.
A su salida del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), donde prestó declaración ante la magistrada Carla Bellini, el letrado se limitó a afirmar que la declaración había sido "muy laboriosa" y que no quería hacer declaraciones.
Mauricio Hayek, que fue abogado de la Junta de Compensación de Las Teresitas, fue detenido como uno de los supuestos "cerebros" de la operación urbanística de compraventa de parcelas en la playa tinerfeña, que generó unas plusvalías multimillonarias a unos empresarios y ahora la justicia investiga supuestas irregularidades observadas en la operación.
Aunque el sumario está bajo secreto, fuentes del caso han afirmado que el letrado está acusado por apropiación indebida ya que pudo intervenir en la venta de parcelas que supuestamente no habían sido adquiridas a sus propietarios, a los que además representaba jurídicamente, y cobró a la vez de las dos partes: los compradores y los vendedores.
Tras un receso en su declaración en el alto tribunal canario, que se prolongó durante más de cuatro horas, el letrado del detenido, Pedro Revilla, afirmó que Hayek estaba contando "toda la verdad".
El detenido fue trasladado esta mañana desde Santa Cruz de Tenerife, donde fue arrestado, hasta la sede del TSJC en la capital grancanaria para prestar declaración ante la magistrada instructora del caso, Carla Bellini.
Los trabajadores de la consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, que dirige Domingo Berriel, le acusan de estar detrás de la destrucción de tres hectáreas de bosque al año, por la mala política de gestión de ahorro y los malos hábitos de consumo que dañan al medio ambiente. Rafael Rodríguez, portavoz del Comité de Empresa aseguró hoy, Día Mundial del Medio Ambiente, que la consejería no mantiene políticas de ahorro de luz en el edificio y consume 30 toneladas de papel sin reciclar al año, “sin contar con la cantidad de material de imprenta que se acumula en los despachos”.
Además, explicó Rodríguez que en el edificio no existen sensores de movimiento que permitan apagar las luces que no se están utilizando, “un despilfarro de energía”, apuntó. “Al igual que el parque automovilístico de la consejería, que tiene coches con más de 30 años, lo único que reciclan, algunos cuatro latas que consumen y contaminan más que los coches del siglo XXI”, aseguró Rodríguez. “Sólo hay dos coches nuevos, tienen dos años y son los que manejan los altos cargos”, concluyó dando a entender lo mal que se cuida a los trabajadores de la consejería, en comparación con el trato a los cargos directivos.
PREMIO CARCOMA
“Es una paradoja que sea esta consejería de Medio Ambiente y Ordenación territorial la que cometa errores de consumo”, dijo Rodríguez. Por ello, adelantó que en breve harán entrega al consejero del primer Premio Carcoma, creado por los trabajadores, que representa la política del consejero: “carcoma como el bicho que se lo come todo por dentro y derrumba edificios porque ataca a sus cimientos”.
En dicho caso se analiza el trámite que siguió el expediente municipal relativo a un depósito de automóviles en la zona de La Pardilla, cuando Guillermo Reyes era teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Telde.
No se descarta que se le puedan imputar nuevos delitos resultantes de la parte que todavía permanece bajo secreto de sumario.
Mauricio Hayek no será el último nombre en saltar a la palestra en el transcurso de la investigación sobre la trama de Las Teresitas. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias tutela desde hace meses una amplia investigación policial sobre presuntos pagos a políticos y técnicos municipales en relación con la tramitación del expediente municipal de compraventa de los terrenos del frente de playa. Esa investigación se ha complementado con el análisis del patrimonio de varios concejales.
Movimientos bancarios en paraísos fiscales
La investigación sobre presuntos pagos a políticos y técnicos municipales está resultando muy laboriosa por el hecho de que se sigue el rastro de operaciones financieras y comerciales en el extranjero y en especial en varios paraísos fiscales, lo que obliga a comisiones rogatorias cuya gestión se demora en el tiempo. La investigación ha rastreado el destino que Mauricio Hayek dio a los cinco millones de euros que cobró por sus servicios en varias fases del procedimiento.
Concejales de todos los partidos políticos
La operación de compraventa de Las Teresitas contó en su día con las bendiciones de todos los grupos políticos presentes en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. A lo largo de varios meses, las pesquisas se han centrado en el papel jugado por algunos concejales, en concreto el entonces portavoz socialista y ex diputado regional, Emilio Fresco, y el ex alcalde y luego concejal José Emilio García Gómez. Su relación con Hayek y los empresarios que compraron los terrenos ha sido rastreada.
La fiscal delegada Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés, asistirá previsiblemente este jueves a la declaración del abogado Mauricio Hayek, detenido por su presunta implicación en el Caso de Las Teresitas, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la capital grancanaria. Según informaron fuentes de la investigación, el detenido pasará este jueves a disposición de la magistrada Carla Bellini, quien investiga las supuestas irregularidades en la compra de terrenos en la playa de Las Teresitas, en Tenerife.
Las mismas fuentes señalaron que se podrían producir más detenciones y que su declaración y la documentación incautada al letrado también será fundamental para los arrestos que se puedan llevar a cabo.
El abogado Mauricio Hayek, que representaba a la Junta de Compensación de los afectados por los terrenos de la playa tinerfeña de Las Teresitas, fue detenido la noche del lunes y no este martes, como en un principio se informó, a raíz de la investigación que practica Bellini a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
Mauricio Hayek fue abogado de la Junta de Compensación y su detención podría estar relacionada con la venta de parcelas que supuestamente no habían sido adquiridas a sus propietarios, a los que además representaba jurídicamente, y cobrar a la vez de las dos partes: los compradores y los vendedores.
Por este caso y por una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción están imputados ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, entre otros, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), y los presidentes de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio González, y de la patronal de la construcción de Tenerife (Fepeco), Antonio Plasencia, éstos dos últimos como titulares de la empresa Inversiones Las Teresitas.
También están imputados el ex concejal de Urbanismo Manuel Parejo y los portavoces municipales en 2001 del PSOE Emilio Fresco y del PP José Emilio García Gómez.
Otros imputados son los técnicos y cargos municipales Antonio Messía de Yraola (interventor general), Juan Reyes (secretario delegado de la gerencia de Urbanismo), José Luis Roca (interventor delegado del Ayuntamiento), José Eugenio de Zárate (ex secretario general del Ayuntamiento) y José Tomás Martín González (gerente de Urbanismo en 2001).
El paro subió en Canarias en 5.270 personas el pasado mes de mayo, un 3,17% con respecto al mes anterior, la mayor subida de las comunidades del Estado con casi tres puntos por encima de la media estatal, que fue del 0,64%, según datos del Ministerio de Trabajo. Con respecto al mismo mes del año pasado, la lista de desempleados en el archipiélago ha aumentado en 36.243 personas, un 26,79% más, mientras el dato estatal fue una subida del 19,28% en los últimos doce meses. Con todo, el cómputo de parados en Canarias en mayo alcanzó las 171.511 personas, mientras en todo el Estado son 2.353.575 los parados.
El mayor volumen de parados en Canarias se produce en el sector servicios, que contabiliza 112.428 personas, mientras la construcción registra 27.881 y el colectivo sin empleo anterior 19.686 personas.
Unidad del Pueblo insiste en que no todos pierden con la crisis, de ella, saldrán fortalecidos los Bancos y los grandes poseedores del capital. Los grandes promotores y constructoras y los Bancos han acumulado miles de viviendas y terrenos que en gran parte han financiado gratis gracias a la burbuja que ellos mismos han contribuido a crear.
Asimismo, el partido de la izquierda nacional canaria afirma que con la que nos está cayendo, los casi 20.000 millones de euros dotados en la R.I.C., la evasión legalizada de impuestos, sigue sin ser investigada en su uso y abuso desde 1994.
Este chollo fiscal para una selecta minoría de Canarias, no ha servido para lo que fue creada:
* diversificación de la economía canaria
* creación de puestos de trabajo estables y de calidad.
A los hechos y a la actual situación económica y social de Canarias, nos remitimos, sigue diciendo UP. Es inaplazable la investigación y derogación de la R.I.C.
El Sindicato Obrero Canario, por su parte, también insiste en que una de las causas no es sólo la crisis económica internacional sino la RIC. Ante ello, exige responsabilidades políticas debido a que el gobierno de CC-PP ha puesto en marcha medidas ultraliberales que están desmantelando la sanidad, la educación y los servicios sociales, independientemente de ser corresponsables del deterioro medioambiental que sufre nuestro país y ahora, del nuevo incremento del paro.
Magec
El abogado Mauricio Hayek, que representaba a la Junta de Compensación de los afectados por los terrenos de la playa tinerfeña de Las Teresitas, ha sido detenido en relación con la investigación sobre posibles irregularidades en la compraventa de estos terrenos.
Según informaron hoy a Efe fuentes de la investigación, el letrado ha sido arrestado en Tenerife después de que se dictara orden de detención contra él en la investigación que, bajo secreto sumarial, instruye la juez del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Carla Bellini, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
Mauricio Hayek fue abogado de la Junta de Compensación y su detención podría estar relacionada con la venta de parcelas que supuestamente no habían sido adquiridas a sus propietarios, a los que además representaba jurídicamente, y cobrar a la vez de las dos partes: los compradores y los vendedores.
Por eso su detención se sustenta en una pieza separada de la investigación principal que se sigue por supuestas irregularidades en la compraventa de parcelas en la playa de Las Teresitas, entre ellas presuntas plusvalías obtenidas por empresarios por la compra de terrenos, parte de los cuales fueron vendidos después al Ayuntamiento, que recalificó el resto.
La compraventa de terrenos en la playa de Las Teresitas ha sido anulada por el Tribunal Supremo, después de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagase unos 52,5 millones de euros a la empresa Inversiones Las Teresitas.
Por este caso y por una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción están imputados ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, entre otros, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), y los presidentes de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio González, y de la patronal de la construcción de Tenerife (Fepeco), Antonio Plasencia, estos dos últimos como titulares de la empresa Inversiones Las Teresitas.
También están imputados el ex concejal de Urbanismo Manuel Parejo y a los portavoces municipales en 2001 del PSOE Emilio Fresco y del PP José Emilio García Gómez.
Otros acusados son los técnicos y cargos municipales Antonio Messía de Yraola (interventor general), Juan Reyes (secretario delegado de la gerencia de Urbanismo), José Luis Roca (interventor delegado del Ayuntamiento), José Eugenio de Zárate (ex secretario general del Ayuntamiento) y José Tomás Martín González (gerente de Urbanismo en 2001).
Canarias se convierte en objetivo de Repsol YPF para la búsqueda de petróleo. Y lo hace apoyado en informes técnicos que señalan la posible existencia de una bolsa importante en las proximidades del Archipiélago, concretamente a unos 60 kilómetros de la costa canaria. Tanto interés tiene el grupo petrolero, que está dispuesto a invertir en su exploración, según informa hoy elmundo.es.
Para trabajar en esta línea, el presidente de Repsol YPF, Antoni Brufau, pedirá próximamente autorización al Gobierno, que ya se encontró en el pasado con fuertes presiones ecologistas y de los propios socialistas canarios. Además, el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, ya ha prometido que no dará este tipo de autorizaciones "sin consenso social". Y el último obstáculo sería Marruecos, que cuestiona que la zona donde se llevarían a cabo las prospecciones petroliferas sean de jurisdicción española.
En el lado favorable está la necesidad expresada por Zapatero de que España rebaje su dependencia energética. "Los actuales precios del petróleo hacen cada vez más urgente que se pueda desbloquear este proyecto", sostienen en Repsol, según informa la edición digital del periódico. "Tenemos presupuesto para explorar. Hemos encontrado hasta 15 estructuras que podrían retener petróleo y la hipótesis más probable es que lo haya", afirman en la petrolera.
El ministro de Gobierno boliviano, Alfredo Rada, aseguró este domingo que los habitantes de los departamentos de Beni y Pando, donde se realizaron consultas sobre estatutos autonómicos, han rechazado la propuesta redactada por las autoridades departamentales y grupos civiles.
Durante una rueda de prensa, Rada afirmó que "el norte de Bolivia ha rechazado estos estatutos autonómicos", celebrados fuera de todo marco constitucional.
Recordó que hace poco menos de un mes en el departamento de Santa Cruz, se realizó una consulta que ha demostrado "que no es posible implementar, en la práctica, estatutos cuya imposición se intenta por vías ilegales, inconstitucionales y poco democráticas".
Indicó que la consulta de este domingo estuvo marcada por la abstención que algunos medios de comunicación han pretendido ocultar.
"Más allá de un manejo absolutamente tergiversado de la realidad por parte de algunos canales de televisión que sistemáticamente ocultan el dato del ausentismo, lo que se ha visto hoy es una ilegalidad, una inconstitucionalidad", expresó.
Reiteró que el dato más relevante de la jornada ha sido "el rechazo de la población de Beni y Pando a este intento de imponer este tipo de estatutos" al margen de la Constitución Política del Estado.
En ese sentido, planteó a la oposición "mirar lo que ha pasado en Pando, donde queda absolutamente claro el rechazo mayoritario" que ha expresado la población. Al respecto manifestó que quien intente negar esta realidad "simplemente se estará engañando".
El ministro de Gobierno expresó que este tipo de estatutos le causa "daños a la legítima autonomía" contemplada en la nueva Carta Magna.
"La causa autonomista legítima ya cuenta con un respaldo de la población en varios departamentos del país, no puede ser perjudicada con estos intentos de imponer a cualquier costo estatutos autonómicos separatistas. La población lo va a rechazar como hoy día lo ha rechazado contundentemente en el norte de Bolivia", aseveró.
Alfredo Rada agregó que el camino para llegar a las autonomías "debe ser legal, constitucional, verdaderamente democrático sobre la base de la nueva Constitución Política del Estado".
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Este lunes a las 21:00 horas parte al Sahara Occidental una embajada canaria de solidaridad con el pueblo saharaui exiliado en los campos de refugiados de Tinfuf, en Argelia. Con motivo de esta visita el Centro de la Cultura Popular Canaria, que forma parte de la misma, junto con las asociaciones Canarias de solidaridad con el pueblo saharaui y el Frente Polisario, solicitó a Binter Canarias, concretamente al Director de Comunicaciones José Luis Reina, el poder llevar unos 100 kg de sobrepeso en material humanitario a lo que la compañía aérea se negó tajantemente.
Por todo ello, el Centro de la Cultura Popular Canaria se puso en contacto con la dirección de Binter Canarias para solicitar poder trasladar desde Tenerife hasta Gran Canaria 100 kg de ayuda humanitaria básica como alimentos o ropa, además de libros, para el pueblo saharaui ya que desde Gran Canaria el problema estaba resuelto porque la compañía con la que viajan ya había dado el visto bueno para este traslado de material.
La sorpresa salta cuando desde la empresa aérea Binter Canarias, en un nuevo alarde de "solidaridad" comunica a los representantes del CCPC la negativa por parte del portavoz de la empresa José Luis Reina al traslado "gratuito" de la ayuda humanitaria cuyos destinatarios están sufriendo rigores que pueden ser incluso fatales físicamente si no llega la ayuda.
Desde la compañía no se ofrece una argumentación para dar su negativa, sólo un escueto "no se puede" a través de un mensaje de texto en teléfono móvil. No sabemos si esta negativa tiene que ver con las íntimas relaciones que Binter Canarias mantiene con Marruecos ya que esta compañía se presta como intermediaria en la realización de viajes comerciales a los territorios ocupados que ayudan al reino alauita a mantener oprimido este pueblo.
La Asamblea comarcal del sur de Izquierda Unida sale al paso de las acciones emprendidas por el Ayuntamiento Isorano, que ha denunciado ante la Guardia Civil a los vecinos que se han organizado para presentar quejas y alegaciones a la normativa reguladora de cementerios.
Izquierda Unida afirma que el derecho a discrepar y organizarse de la ciudadanía no debe ser obstáculo para un gobierno demócrata, que esta compuesto por un partido político presuntamente progresista, como ocurren en Guía de Isora, que ante la teoría de “la alarma social”, el concejal de seguridad ciudadana, Secundino Yanez, les envía la Guardia Civil a los vecinos discrepantes que no comulgan con lo impuesto por el grupo de gobierno municipal.
La organización de izquierdas califica de actitud caciquil los hechos del ayuntamiento de Guía de Isora y, muy especialmente de Secundino Yanez, al impedir que los vecinos presenten las alegaciones que consideren oportunas en un proceso administrativo que se encuentra en periodo de exposición pública, cuando lo demócrata es facilitar estas tareas a la población.
Izquierda Unida dice que esta es la forma de entender la política que tiene el concejal de seguridad ciudadana, pues ya los detractores de las turbinas sufrieron las iras de este personaje de novela negra, que se tenía por enterrado después del franquismo, y continúa contado con el consentimiento del alcalde, pues en un lugar donde hubiese llegado la democracia ya habría sido destituido.
Tal campaña, denunciada por el Ayuntamiento, busca recabar firmas contra uno de los puntos de la Ordenanza municipal que pretende establecer una compensación de 300 euros para los titulares de los nichos individuales que, a partir de los 7 años de su uso, decidan enviar los restos de sus seres queridos a un nicho común. Desde IUC se advierte que resulta inadmisible que desde una institución pública se fomente la mercantilización de restos humanos.
Ante la legítima discrepancia ante unas ordenanzas que algunos vecinos consideran vulnerables de sus derechos, IUC estima que el Ayuntamiento debe atenerse a considerarlas en el plano administrativo como alegaciones que son y a adoptar una actitud conciliadora, evitando el enfrentamiento gratuito, máxime cuando se encuentran en fase de exposición pública. No se puede gobernar una corporación municipal a golpe de denuncia ante la discrepancia y el disentimiento de los gobernados.
La directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), en rueda de prensa realizada a las 11:30 pm de este domingo, anunció que 2,5 millones de militantes acudieron a votar este domingo para elegir sus candidatos y candidatas, algo que calificaron de histórico. "Superó y duplicó nuestras expectativas", indicó Vanessa Davies, una de las integrantes de la directiva del Psuv. Los seleccionados representarán al partido en las elecciones de noviembre.
Previamente, el director del CNE Luis Emilio Rondón leyó, estado por estado, los resultados de las elecciones de candidatos, que pueden verse al final de esta nota.
"Se duplicaron las expectativas iniciales, la partiicpacion ha sido masiva, muchísimo más de lo que esperábamos", expresó Davies. "Estamos felices y orgullosos de neustra militancia. Hemos cumplido con las exigencias de las elecciones por la base. Cumplimos con el pueblo y la Constitución", añadió. "Ojala otras organizaciones políticas y sectores de la oposición sigan el ejemplo del Psuv."
Recordó que aquellos precandidatos que hayan obtenido el 50 por ciento de los votos más uno ya son considerados automáticamente candidatos del Psuv, al igual que aquellos que obtengan al menos 15 por ciento de votos por encima de quien llegue en el segundo lugar. Indicaron que en muchos centros aún queda un número considerable de votos por ser contabilizados.
Las siguientes personas ya son candidatos oficiales del Psuv ("pasaron directo"):
- Aristobulo Istúriz en el Distrito Capital, con 94,47% de los votos
- Tarek William Saab en Anzoátegui, con 48,79% de los votos
por encima de Nelson Moreno, quien obtuvo 24,59% - Rafael Isea en Aragua, 64,51%
- Adán Chávez en Barinas, 90,88%
- Francisco Rangel Gómez en Bolívar, 47,3%,
por encima de Manuel Arciniega, quien obtuvo 19,29% - Mario Silva García en Carabobo, con 61,15%
- Estela Mariña en Falcón, 48,51%
por encima de Melvin López Hidalgo 28,41% - Henry Falcón en Lara, 73%
- Marcos Díaz Orellana en Mérida, 60,67%
- Diosdado Cabello en Miranda, 81,97%
- Giancarlo Di Martino en Zulia, 58,58%
- Jorge Luis García Carneiro en Vargas, con 40,26%
por encima de Freddy Bernal, quien obtuvo 20,61% - José Gregorio Briceño en Monagas con 62,87%
- Lizeta Hernández en Delta Amacuro con 49,87%
por encima de Amado Heredia con 21,96%
¡Menos del 60% de votos escrutados! - Wilmar Castro Soteldo en Portuguesa, 52,21%
- Jorge Rodríguez en el municipio Libertador, 74,2%
- Jesse Chacón en municipio Sucre, con 82,64%
La directiva del Psuv deberá reunirse en torno a los siguientes precandidatos, para decidir cual de ellos será el candidato oficial del partido. Ofrecieron su decisión para "antes del jueves"
- Nueva Esparta
Alexis Navarro, William Fariñas y Arnaldo Cogorno - Tachira
Leonardo Salcedo, José Gregorio Vielma Mora y Francisco Arias Cardenas - Yaracuy
Julio César León, Braulio Alvarez y José León Gutiérrez - Trujillo
Octaviano Mejía, Hugo Cabezas y William Martorelly - Apure
Jesus Alberto Aguilarte, Cristóbal Jiménez y Wilfredo González - Cojedes
José Gonzalo Mujica, Teodoro Bolívar y Ramón Peralta - Guarico
Willian Lara, Lenny Manuitt y Juan Montenegro - Sucre
Enrique José Maestre, Felix Rodríguez y Yonny Patiño
Resultados leídos por el CNE
Alcaldía del Distrito Metropolitano
Aristóbulo Istúriz: 158.878 votos, 94,47%
Angel Agostini: 1.359 votos, 0,81%
Sora Angela Martínez: 956 votos, 0,57%
Actas escrutadas: 92,12 por ciento
Alcaldía del municipio Libertador
Jorge Rodríguez: 100.657 votos 74,20%
Juan Carlos Dugarte: 13.495 votos, 9,95%
Evelio Arrieta: 1.906 votos, 1,41%
Actas escrutadas: 95,54 por ciento
Anzoátegui
Tarek William Saab: 53.653 votos, 48,79%
Nelson Moreno: 27.038 votos, 24,59%
William Izarra: 8.857 votos, 8,05%
Actas escrutadas: 77,58%
Aragua
Rafael Isea: 73.295 votos, 64,51%
Carlos Escarra: 27.010 votos, 23,77%
Elvis Amoroso: 3.675 votos, 3,23%
Actas escrutadas: 83,93%
Barinas
Adán Chávez: 46.979 votos, 90,88%
Marcos Fernández: 1.823 votos, 3,53%
Ramón Falcón: 1.580 votos, 3,6%
Actas escrutadas: 76,3%
Bolívar
Francisco Rangel Gómez: 32.696 votos, 47,3 por ciento
Manuel Fernando Arciniega: 13.337 votos, 19,29 por ciento
Héctor Herrera: 7.390 votos, 10,69%
Actas escrutadas: 79,94%
Carabobo
Mario Silva: 73.813 votos, 61,15%
Francisco Ameliach: 28.701 votos, 23,78%
Argenis Loreto: 3.430 votos, 2,84%
Actas escrutadas: 87,69%
Falcón
Estela Lugo: 43.344 votos, 48,51%
Melvin Hidalgo: 25.382 votos, 28,41%
Jhony Alexis García: 6.862 votos, 7,68%
Actas escrutadas: 76,61%
Lara
Henri Falcón: 80.327 votos, 73%
Julio Chávez: 23.393 votos, 21,26%
Hugo Gutiérrez: 2.422 votos, 2,22%
Actas escrutadas: 74,64%
Mérida
Marcos Díaz Orellana: 41.324 votos, 60,67%
Ramón Lobo: 20.906 votos, 30,69%
Luis Martín Hernández: 2.237 votos, 3,28%
Actas escrutadas: 79,26%
Miranda
Diosdado Cabello: 112.761 votos, 81,97%
Tulio Jiménez: 7.928 votos, 5,66%
Rebeca Padilla: 1.825 votos, 1,33%
Actas escrutadas: 84,85%
Alcalde del municipio Sucre, estado Miranda
Jesse Chacón: 18.950 votos, 82,64%
Neptali García: 1.469 votos, 6,41%
Carlos Molina: 277 votos, 1,21%
Actas escrutadas: 84,25%
Nueva Esparta
Alexis Navarro: 10.965 votos, 34,53%
William Fariñas: 9.253 votos, 29,14%
Arnaldo Cogorno: 4.994 votos, 15,73%
Actas escrutadas: 93,33%
Táchira
Leonardo Salcedo Ramírez: 39.962 votos, 37,75%
José Gregorio Vielma Mora: 37.294 votos, 35,13%
Francisco Arias Cardenas: 9.506 votos, 8,96%
Actas escrutadas: 76,99%
Yaracuy
Julio César León: 13.627 votos, 25,88%
Braulio Alvarez: 7.324 votos, 13,91%
José León Gutiérrez: 6.916 votos, 13,14%
Actas escrutadas: 89,19%
Zulia
Giancarlo Di Martino: 153.587 votos, 58,58%
Rodrigo Cabezas: 91.838 votos, 35,03%
Alberto Gutiérrez: 7.155 votos, 2,63%
Actas escrutadas: 85,57%
Vargas
Jorge García Carneiro: 12.716 votos, 40,26%
Freddy Bernal: 6.509 votos, 20,61%
Arnaldo Moscoso: 5.941 votos, 18,81%
Actas escrutadas: 84,43%
Monagas
José Gregorio Briceño: 54.020 votos, 62,87%
Numa Rojas Velásquez: 17.300 votos, 20,15%
Ricaurte Leonett: 1.969 votos, 2,29%
Actas escrutadas: 66,75%
Trujillo
Octaviano Mejía: 19.202 votos, 27,52%
Hugo Cabezas: 16.559 votos, 23,73%
William Martorelly: 11.054 votos, 15,84%
Actas escrutadas: 73%
Apure
Jesús Alberto Aguilarte: 21.265 votos, 46,74%
Cristóbal Jiménez: 17.362 votos, 38,16%
Wilfredo González: 2.663 votos, 5,85%
Actas escrutadas: 67,51%
Alcalde Metropolitano del Distrito del Alto Apure
Jorge Edmundo Rodríguez: 4.472 votos, 38,25%
Luis Tolosa: 4.155 votos, 35,53%
Omaira Eslava: 1.164 votos, 9,95%
Actas escrutadas: 60,61%
Cojedes
José Gonzalo Mujica: 6.412 votos, 23,20%
Teodoro Bolívar: 4.846 votos, 17,53%
Ramón Peralta: 4.598 votos, 16,64%
Actas escrutadas: 66,86%
Delta Amacuro
Lizeta Hernández: 8.844 votos, 49,87%
Amado Heredia: 3.895 votos, 21,96%
Pedro Santaella: 4.711 votos, 26,56%
Actas escrutadas: 59,41%
Guárico
William Lara: 28.228 votos, 43,62%
Lenny Manuitt: 25.353 votos, 39,18%
Juan Montenegro: 3.348 votos, 5,17%
Actas escrutadas: 74,14%
Portuguesa
Wilmar Castro Soteldo: 33.422 votos, 52,21%
Ivan Abreu: 7.485 votos, 11,69%
Hugbel Rafael Roa: 6.157 votos, 9,72%
Actas escrutadas: 67,67%
Sucre
Enrique José Maestre: 13.168 votos, 21,81%
Felix Rodríguez: 13.036 votos, 21,59%
Yonny Patiño: 8.983 votos, 14,88%
Actas escrutadas: 71,48%
Una delegación de instituciones políticas y sociales de Canarias viajará mañana a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia), adonde llegarán "en un momento especialmente alarmante" por la reducción de la ayuda alimentaria básica, informó la Delegación Saharaui en Tenerife
Durante su estancia, la delegación canaria convivirá con los refugiados saharauis en Tinduf y conocerán de primera mano la situación de un exilio que dura ya más de 32 años.
Igualmente, algunos de los principales representantes políticos saharauis trasladarán a la delegación canaria "una vez más" la necesidad de que el pueblo saharaui tenga acceso al ejercicio de la democracia a través del voto como única alternativa válida para decidir su futuro "de forma legal, pacífica y definitiva".
El viaje ha sido organizado por las Asociaciones Canarias de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Saharaui, partirá del aeropuerto de Gando (Gran Canaria) y regresará el jueves.
El descenso en la ayuda que en este ámbito aportan las agencias de Naciones Unidas y la comunidad internacional a los saharauis ha hecho que el grado de desnutrición entre los más indefensos, mayores y niños, haya alcanzado "cifras de desastre". También, como consecuencia, han aumentado algunas afecciones asociadas a la alimentación como la anemia, especialmente entre las mujeres refugiadas.
Magec
Soria admitió ante los periodistas que había enviado el SMS, pero aseguró que esa polémica quedó zanjada "en abril", inmediatamente después del mensaje porque la propia San Gil le había expresado su malestar por su contenido. El dirigente canario optó entonces por disculparse ante su compañera en presencia de la otra ponente del Congreso popular, Alicia Sánchez-Camacho.
Esta información trascendió esta mañana al ser publicada por el periódico de difusión nacional El Mundo, en la que se aseguraba que el tono del texto remitido por el presidente del PP canario era de broma, aunque con contenido político debido a la posición más conservadora de la líder popular vasca en torno al terrorismo de ETA.
"En su día pedí disculpas a María San Gil y me las aceptó", manifestó Soria tras la reunión del Comité Ejecutivo del Partido Popular que tuvo lugar hoy en Madrid y que se prolongó por espacio de más de cuatro horas.
Durante la reunión, Soria también debió a hacer frente a las críticas que sobre la Ponencia Política efectuó el eurodiputado catalán Alejo Vidal- Cuadras, quien recientemente le reprochó que el PP gobierne en el Archipiélago en coalición con Coalición Canaria e incluso consideró que debería haber dejado gobernar en minoría al PSOE en la Comunidad Autónoma.
En este sentido, Soria explicó que la Ponencia política ha recibido unas 1200 enmiendas que implican unas 3000 modificaciones y que él y Alicia Sánchez- Camacho todavía las están estudiando para alcanzar el "mñaximo nivel de acuerdo", pero que, en cualquier caso, como las que no se acepten serán debatidas en el Congreso, la Ponencia "no será la que hayamos hecho nosotros, sino la que hayan modificado y mejorado los compromisarios".
Soria también dijo que las críticas de Vidal- Cuadras tal vez se debieran a su "desconocimiento" de la situación política en Canarias y que no se debe "olvidar" que él también podía estar gobernando en minoría en el Cabildo, y que incluso llegó a tomar posesión de su presidencia al ser el más votado, pero que el PSOE y Nueva Canarias le presentaron una moción de censura "y son los que están gobernando".
El presidente de los 'populares' canarios admitió que la reunión de hoy había sido "muy intensa" y que en ella se habían analizado con detalle todos los acontecimientos desde la derrota electoral del 9-M, aunque siempre "con el ánimo de salir fortalecidos" del Congreso de Valencia.