De acuerdo con la determinación adoptada por un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH), los militares son "presuntos responsables, en calidad de coautores, del delito de homicidio en persona protegida".

En ese hecho fueron asesinados cinco adultos y tres niños.

La medida de aseguramiento (detención preventiva), sin beneficio de excarcelación, afecta al coronel Orlando Espinoza, al mayor José Fernando Castaño, al subteniente Edgar García y al sargento José Brango Agamez.

El asesinato de los campesinos ocurrió el 21 de febrero de 2005 en una zona rural del noroeste colombiano, y los autores materiales de los crímenes fueron miembros de grupos paramilitares de extrema derecha.

En el desarrollo del proceso por el asesinato de las ocho personas, la Fiscalía había ordenado recientemente la captura de otros seis militares, uno de los cuales se declaró culpable y ya fue sentenciado.