Jueves, 02 de octubre de 2008

13.634 muertos por violencia sociopolítica en el gobierno Uribe

Al menos 13.634 personas murieron por "la violencia sociopolítica" en Colombia bajo el actual gobierno, según un informe de ONG revelado en la antesala del encuentro este martes del presidente Álvaro Uribe con la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Navanethem Pillay.

El encuentro con la alta comisionada hace parte de la agenda que cumple Uribe en Nueva York, a donde viajó para asistir a la asamblea general de Naciones Unidas. El documento dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirma que entre 2002 y diciembre de 2007, "por lo menos 13.634 personas perdieron la vida fuera de combate, a causa de la violencia sociopolítica" y que esa cifra supera las 23.000 muertes, si se agregan los muertos en combate.

Según las ONG, que citan informes judiciales y policiales, el Estado es responsable directa o indirectamente en 75% de los casos en los que el autor fue identificado. En 24,5% de las muertes la responsabilidad recae sobre la guerrilla.

En seis de cada diez casos la responsabilidad del Estado está relacionada con la "tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por los paramilitares" de extrema derecha, añaden las organizaciones no gubernamentales.

"Han aumentado dramáticamente los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y el desplazamiento forzado", sostiene el documento firmado por más de un millar de organizaciones agrupadas en la Alianza de Organizaciones Sociales, la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos.

En diciembre, el Consejo de Derechos Humanos tiene previsto realizar un examen detallado a la situación en Colombia.

El documento también asegura que "al contrario de lo que manifiesta el gobierno, el paramilitarismo no ha sido desmantelado" y unos 9.000 combatientes de esos grupos siguen combatiendo, pese al proceso de paz concluido en 2006 en el cual -según cifras oficiales- se desarmaron más de 31.000 milicianos de extrema derecha.

Señala el informe que tan sólo 116 de esos paramilitares están siendo investigados por sus crímenes "y ninguno ha sido condenado, por lo que no se han garantizado los derechos de las víctimas".

El texto igualmente denuncia "los ataques permanentes del gobierno en contra de la Corte Suprema de Justicia" que investiga vínculos de paramilitares y congresistas.

Unos 60 legisladores, casi todos oficialistas, han sido investigados por nexos con las organizaciones armadas de extrema derecha.


41 por ciento aumentó desplazamiento forzado en Colombia en 2008



La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) presentó el informe sobre el desplazamiento interno en Colombia, de acuerdo al estudio la cifra aumentó en un 41 por ciento con relación a la cifra del año anterior. Según Codhes los desplazados por el conflicto interno colombiano entre enero y junio pasados alcanzaron 270.675, un 41% más que en el mismo periodo de 2007 y un récord que no se registraba desde 1985.

Jorge Rojas, Director de la organización no gubernamental que ha supervisado el fallo de la Corte Constitucional que en 2005 obligó al Estado a reconocer esta crisis humanitaria y devolver los derechos fundamentales a las víctimas asegura que la tasa nacional es de 632 desplazados por cada 100.000 habitantes, aún cuando 14 de los 32 departamentos analizados presentan impactos por encima de la tasa nacional.

"En este periodo, cada día, en promedio, fueron desplazadas 1.503 personas", agregó Rojas, al explicar que la geografía del desplazamiento se extiende a casi todo el territorio nacional

Según el informe los casos más graves se registraron en el departamento de Antioquia (noroeste), con un total de 38.638 desplazados y un incremento del 105%; Bogotá (centro), con 39.950 casos y un aumento del 74%; y Meta (centro), que acogió entre enero y junio a 17.892 personas con un incremento del 133%.

En ese periodo, además, hubo 66 desplazamientos masivos que afectaron a 33.251 personas, un 12% del total de la población desplazada.

"Lamentablemente el país vuelve a la época en la que los éxodos de la población fueron una constante, tal y como ocurría antes de 2002", señala el informe de CODHES.

Mientras el gobierno reconoce que existen 2.6 millones de desplazados, la ONG Codhes asegura que esa cifra se aumenta en n 30 por ciento debido a que existe gran cantidad de familias que no se registran en la data oficial.

La grave crisis humanitaria que vive Colombia y en especial el fenómeno del desplazamiento forzado de familias de áreas rurales tiene origen en las políticas de tierra arrasada en los planes contra insurgentes aplicados por el gobierno con asesoría norteamericana y el auspicio oficial al paramilitarismo que se ha aliado con sectores narcotraficantes para despojar a los productores de sus parcelas.

De acuerdo a voceros de las organizaciones defensoras de los derechos humanos la salida a esta situación está en la iniciación de acercamientos o diálogos entre las FARC y el Gobierno colombiano para encontrar una solución negociada a la guerra interna y la implementación de reformas en aspectos políticos, económicos y sociales que enrute a Colombia por una nueva etapa de reconstrucción nacional.


Ordenan detener 2 coroneles retirados colombianos por muerte de 107 personas

01 de octubre 2008. - La Fiscalía colombiana ordenó la detención de dos coroneles en retiro por su presunta participación en la matanza de 107 personas entre 1986 y 1994 en la localidad de Trujillo, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), informaron este miércoles fuentes judiciales.

La orden afecta a los retirados oficiales Wilfredo Ruiz Sila y Hernán Contreras, quienes son sindicados de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir y a quienes les cabe esa responsabilidad "por acción u omisión", según las fuentes.

Ruiz Silva y Contreras hacen parte de una lista de 20 órdenes de captura que emitió hace algunos días la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía.

Entre los afectados figuran ex integrantes de la Fuerza Pública, militares y ex paramilitares.

Por la matanza de Trujillo el Estado colombiano tuvo que pedir disculpas públicas en 1995 a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

También deben responder por este hecho Henry Loaiza Ceballos, alias "El alacrán", uno de los jefes del desarticulado cartel de la cocaína de Cali, y Diego Montoya Sánchez, alias "Don Diego", actualmente preso y a la espera de ser extraditado a Estados Unidos






Publicado por ubara @ 16:09  | Exterior
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