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SURA´S WAY Oscar A. Fernández O.
Es curioso como el Presidente de la República, al hablar de sus logros en el primer año de gestión, sostenga que “la mano súper dura” está alcanzando su principal objetivo de reducir el crimen, cuando las estadísticas muestran todo lo contrario y nos colocan en el pódium glorioso de los primeros países más violentos (criminalmente hablando) de América Latina. Mientras se hace gala propagandística del supuesto éxito y calidad del “plan” (uno de los ejes principales del Gobierno de Saca) Amnistía Internacional crítica la violación de derechos humanos en los procedimientos de implementación.
Al centrar su incoherente estrategia en el combate a las pandillas (maras), descuidando el combate al crimen organizado con íntimas relaciones en el poder, el Presidente y su equipo pretenden ocultar la causalidad del fenómeno, la cual se ubica en la deplorable calidad de vida (individual y social) de la gran mayoría de salvadoreños y sobretodo, en la cada vez mayor marginalización e irrespeto de la dignidad humana.
La oligarquía económica y su instrumento el Gobierno salvadoreño, tienen en sus manos la vida de millones de salvadoreños, gozando de un “poder de vida y muerte”. ¿De qué otra manera se explica la pobreza extrema, el hambre, la insalubridad y la mala educación de cientos de miles de mujeres, niños y hombres en la actualidad? ¿Cómo se entiende que en un país que hipotéticamente avanza hacia el desarrollo amparado en la globalización capitalista, la pobreza crece en niveles exponenciales? ¿Dónde está la causa de la huida de cientos de miles de salvadoreños (as), que buscan en una patria extraña, cualquier oportunidad?
La crisis producida por el hambre y el desempleo revela claramente las características de funcionamiento de un modelo económico de acumulación y torna más legible la violencia estructural, que niega a los más pobres el derecho de alimentarse adecuadamente para no morir y el derecho al trabajo como pilar de la dignidad humana.
Cuando en efecto, la pésima calidad de vida en el campo obliga a las personas a emigrar a las ciudades en la búsqueda de la supervivencia, éstas últimas se hipertrofian pues aparte del incremento no planificado de sus habitantes, se ven agobiadas por la escasez de los servicios y la asistencia social. Así las comunidades son marginadas y obligadas a constituirse en especies de “guetos” de los excluidos.
El filósofo y jurisconsulto Necker, lo describe así: “Cuando los propietarios alzan el precio de los alimentos y se niegan a incrementar el precio de la mano de obra de los trabajadores, se establece entre estas dos clase una especie de combate oscuro pero terrible, dónde el número de los desgraciados es incontable, dónde el fuerte oprime al débil al amparo de las leyes, dónde la propiedad, con el peso de su poder, aplasta al ser humano que vive del trabajo”.
La igualdad ante la ley y la libertad de las personas pasan entonces a convertirse en una amable ficción, que ya no engaña prácticamente a nadie. Es en este desprecio a la vida de los seres humanos por parte del poder de facto, en donde radica la causalidad de la violencia en nuestro país, los demás son efectos.
En un esfuerzo por negarlo, el poder pro-oligárquico se niega a prevenir desde sus causas la violencia y su respuesta primaria es la represión contra los marginados. Le hacen la guerra a una clase en particular, mientras acusan al “comunismo” de promover la lucha de clases, cuando ésta no es más que una respuesta a la abominable división que el poder de facto de los ricos hace en la sociedad: la clase que posee el capital, los que hacen lo que les da la gana, los que no pueden ser tocados por la justicia, los que viven tras murallas alambradas, los de “arriba” y la otra, la que solo posee su fuerza de trabajo, que es empeñada por unos míseros centavos para poder subsistir, la que llena las cárceles, la que vive en barriadas sin servicios básicos, clasificadas como “peligrosas”, los de “abajo”.
Con incontables y absurdas reformas a las leyes penales y de la ley orgánica de la PNC, se está fundando un Estado policial cuya pretensión es imponerse al ideal popular de construir un Estado Democrático de Derecho. El Gobierno al final de su administración, se vanagloria de ello sin pudor.
La PNC ha experimentado un desarrollo hacia la constitución de un aparato rígido, autoritario, clasista, militarista y eminentemente punitivo. Este proyecto que albergó tanta esperanza por su visión democrática, es hoy víctima del ultra derechismo fanático falangista. Con la intención de crear un new order, fundamentado en las aspiraciones del neoliberalismo, donde policía y orden social son sinónimos, se nos pretende hacer creer que es la única forma de desarrollar el Estado y vivir en paz. En síntesis, que es lo que más nos conviene y nos proporciona bienestar.
En los últimos dos gobiernos con más énfasis, el partido oficialista de la ultraderecha, ha subrayado el papel policial del Estado para administrar adecuadamente la economía privada y garantizar el librecambismo protegiendo el mercado y no a los ciudadanos. Por eso, este supuesto bienestar que nos dará la policía y el orden económico imperantes, son los momentos centrales en el plano ideológico y en el de funcionamiento del llamado Estado moderno.
La función policial en un Estado de democracia incluyente, va más allá del concepto de policía represiva, pues ésta se convierte en una institución de servicio a las personas, sin menoscabo de su oficio de seguridad. En este contexto, la democracia y la función policial son conceptos complementarios, pues la primera permite el control de la arbitrariedad y la segunda permite asegurar la democracia. Sin embargo, la Policía dirigida por el Presidente Saca y su standartenführer en el Ministerio de Gobierno, vuelve a convertirse en un instrumento corrupto al servicio de los privilegiados, como en el pasado.
Está perfectamente claro que las aspiraciones ¿autoritarias de la ultraderecha en el Gobierno se materializan a través de un proceso de formación y consolidación de un Estado policial, cuyos instrumentos jurídicos legales están siendo aprobados por el grupo neoconservador que ARENA ha formado y dirige en la Asamblea Legislativa.
Es curioso como el Presidente de la República, al hablar de sus logros en el primer año de gestión, sostenga que “la mano súper dura” está alcanzando su principal objetivo de reducir el crimen, cuando las estadísticas muestran todo lo contrario y nos colocan en el pódium glorioso de los primeros países más violentos (criminalmente hablando) de América Latina. Mientras se hace gala propagandística del supuesto éxito y calidad del “plan” (uno de los ejes principales del Gobierno de Saca) Amnistía Internacional crítica la violación de derechos humanos en los procedimientos de implementación.
Al centrar su incoherente estrategia en el combate a las pandillas (maras), descuidando el combate al crimen organizado con íntimas relaciones en el poder, el Presidente y su equipo pretenden ocultar la causalidad del fenómeno, la cual se ubica en la deplorable calidad de vida (individual y social) de la gran mayoría de salvadoreños y sobretodo, en la cada vez mayor marginalización e irrespeto de la dignidad humana.
La oligarquía económica y su instrumento el Gobierno salvadoreño, tienen en sus manos la vida de millones de salvadoreños, gozando de un “poder de vida y muerte”. ¿De qué otra manera se explica la pobreza extrema, el hambre, la insalubridad y la mala educación de cientos de miles de mujeres, niños y hombres en la actualidad? ¿Cómo se entiende que en un país que hipotéticamente avanza hacia el desarrollo amparado en la globalización capitalista, la pobreza crece en niveles exponenciales? ¿Dónde está la causa de la huida de cientos de miles de salvadoreños (as), que buscan en una patria extraña, cualquier oportunidad?
La crisis producida por el hambre y el desempleo revela claramente las características de funcionamiento de un modelo económico de acumulación y torna más legible la violencia estructural, que niega a los más pobres el derecho de alimentarse adecuadamente para no morir y el derecho al trabajo como pilar de la dignidad humana.
Cuando en efecto, la pésima calidad de vida en el campo obliga a las personas a emigrar a las ciudades en la búsqueda de la supervivencia, éstas últimas se hipertrofian pues aparte del incremento no planificado de sus habitantes, se ven agobiadas por la escasez de los servicios y la asistencia social. Así las comunidades son marginadas y obligadas a constituirse en especies de “guetos” de los excluidos.
El filósofo y jurisconsulto Necker, lo describe así: “Cuando los propietarios alzan el precio de los alimentos y se niegan a incrementar el precio de la mano de obra de los trabajadores, se establece entre estas dos clase una especie de combate oscuro pero terrible, dónde el número de los desgraciados es incontable, dónde el fuerte oprime al débil al amparo de las leyes, dónde la propiedad, con el peso de su poder, aplasta al ser humano que vive del trabajo”.
La igualdad ante la ley y la libertad de las personas pasan entonces a convertirse en una amable ficción, que ya no engaña prácticamente a nadie. Es en este desprecio a la vida de los seres humanos por parte del poder de facto, en donde radica la causalidad de la violencia en nuestro país, los demás son efectos.
En un esfuerzo por negarlo, el poder pro-oligárquico se niega a prevenir desde sus causas la violencia y su respuesta primaria es la represión contra los marginados. Le hacen la guerra a una clase en particular, mientras acusan al “comunismo” de promover la lucha de clases, cuando ésta no es más que una respuesta a la abominable división que el poder de facto de los ricos hace en la sociedad: la clase que posee el capital, los que hacen lo que les da la gana, los que no pueden ser tocados por la justicia, los que viven tras murallas alambradas, los de “arriba” y la otra, la que solo posee su fuerza de trabajo, que es empeñada por unos míseros centavos para poder subsistir, la que llena las cárceles, la que vive en barriadas sin servicios básicos, clasificadas como “peligrosas”, los de “abajo”.
Con incontables y absurdas reformas a las leyes penales y de la ley orgánica de la PNC, se está fundando un Estado policial cuya pretensión es imponerse al ideal popular de construir un Estado Democrático de Derecho. El Gobierno al final de su administración, se vanagloria de ello sin pudor.
La PNC ha experimentado un desarrollo hacia la constitución de un aparato rígido, autoritario, clasista, militarista y eminentemente punitivo. Este proyecto que albergó tanta esperanza por su visión democrática, es hoy víctima del ultra derechismo fanático falangista. Con la intención de crear un new order, fundamentado en las aspiraciones del neoliberalismo, donde policía y orden social son sinónimos, se nos pretende hacer creer que es la única forma de desarrollar el Estado y vivir en paz. En síntesis, que es lo que más nos conviene y nos proporciona bienestar.
En los últimos dos gobiernos con más énfasis, el partido oficialista de la ultraderecha, ha subrayado el papel policial del Estado para administrar adecuadamente la economía privada y garantizar el librecambismo protegiendo el mercado y no a los ciudadanos. Por eso, este supuesto bienestar que nos dará la policía y el orden económico imperantes, son los momentos centrales en el plano ideológico y en el de funcionamiento del llamado Estado moderno.
La función policial en un Estado de democracia incluyente, va más allá del concepto de policía represiva, pues ésta se convierte en una institución de servicio a las personas, sin menoscabo de su oficio de seguridad. En este contexto, la democracia y la función policial son conceptos complementarios, pues la primera permite el control de la arbitrariedad y la segunda permite asegurar la democracia. Sin embargo, la Policía dirigida por el Presidente Saca y su standartenführer en el Ministerio de Gobierno, vuelve a convertirse en un instrumento corrupto al servicio de los privilegiados, como en el pasado.