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I.U.C., a través de su asamblea comarcal del sur, reprocha la paralización de las obras del centro Sociosanitario y la escasa voluntad política, en construir un hospital de segundo nivel para la zona dotado de todos los medios humanos y materiales que se precisen, para atender a la población del Sur de Tenerife.
La organización de izquierdas afirma en un comunicado que la reunión de los alcaldes para demandar estas instalaciones se ha hecho tarde y, en ella sólo se abordó la exigencia de la finalización de las obras en esta legislatura, reunión que debería haber servido para “exigir que se amplíe a un hospital de segundo nivel de titularidad y gestión pública”, pues para Izquierda Unida ha quedado poco claro quien ó quienes llevarán la gestión de ese centro.
La formación política deplora las declaraciones del Presidente del Cabildo, que ha afirmado que ha sido la institución que el preside, quien han impulsado estas instalaciones, cuando esta histórica necesidad la he reivindicado la ciudadanía, llevando al parlamento una I.L.P. y, que fue Izquierda Unida, quien presentó un moción en el cabildo tinerfeño durante el mandato comprendido entre el año 1995 a 1999, por lo que venir ahora a poner medallas, por un trabajo que han hecho otros es un acto de humillación a las personas que han trabajado por este proyecto.
La asamblea Comarcal del sur de Izquierda Unida, les pide a los alcaldes que sean exigentes en la construcción de un hospital público para la comarca, defendiendo la titularidad y gestión pública de estas instalaciones, así como que la dotación sea la que precise la ciudadanía de esta parte de la isla.
La Media Luna Roja Saharaui (MLRS) ha hecho un llamamiento urgente "a todos los gobiernos y organizaciones humanitarias internacionales" para que acudan en ayuda de los miles de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia) damnificados tras las inundaciones sufridas el pasado domingo. Lluvias tropicales y graves inundaciones golpearon los campamentos de refugiados saharauis en Argelia de Smara y Auserd, provocando enormes daños materiales y destrozando más de 1.700 viviendas así como un alto porcentaje de la infraestructura de estos asentamientos, como escuelas y consultorios médicos, según informó el Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
"Las intensas lluvias afectaron especialmente al campamento de Smara donde residen más de 40 mil personas refugiadas, siendo donde se registraron las mayores perdidas de viviendas, con un saldo de 1.424 hogares destruidos, mientras el resto, unas 300, correspondió a Auserd", indica la Media Luna Roja Saharaui en un comunicado al que ha tenido acceso el Servicio de Comunicación Saharaui en Canarias (SCSC).
El comunicado subraya que "las lluvias fueron acompañadas por fuertes tormentas", lo que provocó "la destrucción de muchas instalaciones sanitarias, administrativas y de escuelas donde se ha tomado la decisión de cerrarlas provisionalmente para evitar la caída de los muros de adobe". Además, las lluvias afectaron en primer lugar a las provisiones y reservas alimentarias familiares de las 1.700 familias afectadas por lo que la organización saharaui ha solicitado "ayudas destinadas a resolver necesidades inmediatas y urgentes como la adquisición de arroz, harina, aceite, leche y legumbres así como mantas, ropa, tiendas, cocinas y ollas".
Cabe recordar que los refugiados saharauis en Tinduf carecen de reservas alimentarias desde 2006 ya que, tanto las agencias humanitarias de Naciones Unidas como instituciones internacionales como la europea Echo, han reducido su ayuda alimentaria básica en más de un 40%, "cediendo a las presiones marroquíes y de sus aliados", señalan fuentes de la RASD. Una delegación conducida por el presidente de la Republica Saharaui, Mohamed Abdelaziz, efectuó inmediatamente una visita a Smara para registrar los detalles ocasionados por la catástrofe natural.
La delegación, compuesta también por el primer ministro, Abdelkader Taleb Omar, el ministro del Interior, Bulahi Sid y las autoridades locales de la wilaya (provincia) de Smara recorrió el campamento y las instituciones sociales y administrativas del Estado que resultaron afectadas. Anteriormente, un gabinete de crisis conducido por el primer ministro se dirigió al lugar de las inundaciones para tomar las medidas necesarias para garantizar la vida de los ciudadanos y agradeció "la acción solidaria de los habitantes de las wilayas con sus vecinos afectados" y mostró su satisfacción por que no se hubieran producido víctimas mortales.
Las asociaciones canarias de amistad con el pueblo saharaui preparan campañas de sensibilización y recogida de fondos destinados a los afectados por la catástrofe. De forma urgente, se ha habilitado la cuenta 2065 0021 17 3000239663 de CajaCanarias para todos los que quieran participar.
Según IUC, la nueva documentación que ha aportado a Meyer "desmonta todos los argumentos por los que la Comisión Europea declaró el Puerto de Granadilla de interés de primer orden".
Meyer, que se reunió el pasado miércoles 8 de octubre con una delegación de Izquierda Unida en Tenerife, solicita en ella que se modifique el dictamen de la Comisión en el que se declara el puerto de Granadilla de interés público de primer orden, que se tome en consideración la alternativa del Puerto de Santa Cruz y que se tomen medidas cautelares antes del inicio de las obras.
Según informa IUC en un comunicado, la nueva documentación que ha aportado a Meyer "desmonta todos los argumentos por los que la Comisión Europea declaró el Puerto de Granadilla de interés de primer orden".
Por eso, IU exige la paralización inmediata del proyecto en Granadilla y que se estudie la alternativa, "mucho más efectiva, económica, sostenible, de ampliación del Puerto de Santa Cruz".
"OBRA INNECESARIA"
IUC recuerda que la documentación que ha presentado recoge una serie de alegaciones en las que se demuestra que el proyecto portuario en este municipio del Sur de Tenerife "es una obra innecesaria, con graves repercusiones sobre el medioambiente y la economía de la zona".
Willy Meyer comparte las tesis defendidas por Izquierda Unida Canaria y los movimientos sociales de Tenerife de que existe "una alternativa mucho más respetuosa con el entorno y que garantiza mejores condiciones técnicas, que pasa por la ampliación del Puerto de Santa Cruz de Tenerife".
A partir de los datos aportados por IUC, Willy Meyer preguntará en concreto a la Comisión Europea "si piensa estudiar nuevamente los informes relativos al proyecto y tomar en consideración la alternativa basada en la ampliación del Puerto de Santa Cruz".
MEDIDAS
Además, solicitará a este organismo que explique qué medidas piensa tomar para que se modifique el dictamen que concede al Puerto de Granadilla la consideracioń de interés público y si piensa tomar medidas cautelares para evitar que se inicien las obras hasta que se aclaren las informaciones presentadas por los gobiernos de Canarias y de España, "las cuales quedan en entredicho con los datos aportados por la delegación de IUC desplazada a Bruselas".
Izquierda Unida Canaria reitera su "compromiso" con la lucha contra el Puerto de Granadilla que ha movilizado a miles de personas y organizaciones ecologistas a lo largo de los últimos años y pone a disposición de los movimientos sociales de la isla a sus representantes en las instituciones españolas y europeas "para seguir presentando todas aquellas alegaciones que echan por tierra la opción de crear una infraestructura portuaria en Granadilla en contra de la ampliación del Puerto de Santa Cruz".
IUC afirma que el eurodiputado Willy Meyer estará presente, como miembro agregado, en la comisión de eurodiputados que visitarán las obras para velar por el cumplimiento de las medidas compensatorias.
En este sentido, secretario de Organización de IUC en Tenerife, Eparquio Delgado, critica el "lamentable papel" que está jugando el PSOE y PP en el Parlamento Europeo "tratando de retrasar, hasta después de las elecciones europeas, la visita de eurodiputados a Tenerife".
Para el secretario de organización insular “PP y PSOE vuelven a anteponer sus intereses electorales a los de los ciudadanos de Tenerife”.
La movilización de las comunidades indígenas de Colombia se extendió hoy por todo el país, cuyas principales carreteras quedaron paralizadas por las batallas campales que protagonizan miles de aborígenes contra batallones de la policía y del ejército.
Voceros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) dijeron a La Jornada que los choques dejan un saldo de un indígena muerto y 89 heridos “la mayoría de ellos por impactos de bala”. Según el consejo, fuerzas combinadas del ejército y la policía colombianos han disparado ráfagas contra los manifestantes.
“También han usado armas no convencionales, bombas llenas de tornillos y puntillas que cuando estallan producen muchos heridos. Uribe nos declaró la guerra”, denunció Daniel Piñacué, uno de los líderes de la protesta.
Por su parte, el gobierno informó que al menos 20 uniformados han sido heridos en los enfrentamientos con los indígenas, cuyo epicentro es la vereda La María, en el suroccidental departamento del Cauca, donde se concentran al menos 20 mil manifestantes.
La Minga, como se denomina la movilización, completa hoy cinco días y amenaza con prolongarse ya que los líderes de la protesta exigen negociar sus demandas directamente con el presidente Álvaro Uribe, quien no sólo descartó dicha posibilidad, sino que aseguró tener pruebas de “infiltración terrorista de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)” en la movilización.
En la cultura indígena guambiana y paez, Minga significa unión, solidaridad, encuentro, trabajo comunitario, reciprocidad.
“En esta Minga participan unos 50 mil indígenas de 18 departamentos que le exigen al gobierno el cumplimiento de pactos sobre tierras, respeto a los resguardos históricos, acceso digno a la salud y a la educación y cese de la violencia contra las comunidades y sus líderes”, dijo a La Jornada Aída Quilqué, consejera del CRIC.
Los consejos regionales indígenas aseguran que sólo entre el 17 de septiembre y el 12 de octubre de este año han sido asesinados 15 indígenas en diversas regiones del país, la mayoría de ellos por miembros de la fuerza pública en hechos asociados con tomas de tierras o protestas aborígenes.
Voceros oficiales, sin embargo, no sólo niegan las acusaciones sino que le restan legitimidad a las demandas. “Las protestas están manipuladas por quienes pretenden sabotear el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos”, aseguró Uribe el miércoles en discurso transmitido en radio y televisión.
El mandatario calificó de “terroristas” a los manifestantes y esgrimió de prueba el testimonio de un policía que habría perdido sus manos durante enfrentamientos con los indígenas el martes pasado.
Según la versión de los líderes indígenas, el ejército y la policía han infiltrado a decenas de sus efectivos entre los manifestantes. “Escogen a miembros de la fuerza pública con rasgos indígenas, los visten de civil y los infiltran en nuestras filas”, aseguró Daniel Piñacué, mientras enseñaba ante las cámaras de la televisión los morrales cargados de explosivos e instrumentos de guerra que les han decomisado a los infiltrados.
“La idea es que ellos dejen sus morrales escondidos para que después aparezcan como evidencias de que nosotros estamos utilizando armas”, explicó.
La táctica de infiltrar militares de origen indígena entre la Minga no sólo ha fracasado, sino que le ha costado caro a los soldados.
Los canales de televisión difundieron hoy imágenes del castigo que propinaron miles de manifestantes a los infiltrados, en la realización de un “juicio popular”: nueve latigazos en las piernas y una “limpieza purificadora” con agua de yerbas “para que nunca más vuelvan a ejercer la violencia contra su propio pueblo”. Igual suerte han corrido otros militares capturados por los indígenas.
Aunque el epicentro de las confrontaciones ha sido la Carretera Panamericana, una de las más transitadas del país, también se reportan acciones de protesta en puntos distantes de Colombia: en Chocó, emberas y katíos tomaron la sede de la Defensoría del Pueblo; en La Guajira, los wayuus caminan hacia la capital departamental, Riohacha; indígenas pijaos y nayas marchan hacia El Espinal, en el central departamento de Tolima, mientras que owas ocupan oficinas públicas en Boyacá.
Se calcula que la población indígena en Colombia está compuesta por unas 600 mil personas repartidas en 81 etnias, 60 por ciento de las cuales se concentra en las cumbres de la cordillera de los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta. La Constitución Nacional reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del país, pero los aborígenes aseguran que dicho reconocimiento es “letra muerta”.
La principal reivindicación que levantan las comunidades indígenas es el derecho a sus territorios ancestrales, lo cual genera constantes tomas de latifundios ociosos y la respectiva confrontación con la fuerza pública.
Analistas políticos consideran que la explosiva situación en varios puntos de la geografía nacional es expresión inicial de conmociones sociales que se avecinan, fruto del modelo de desarrollo impulsado por la administración del presidente Uribe, “que privilegia el gasto militar sobre el social, impulsa las privatizaciones y apoya megaproyectos agrícolas de palma africana en detrimento de la producción de alimentos”.
Según la senadora Piedad Córdoba, “las movilizaciones indígenas y populares están demostrando que la supuesta popularidad de Uribe no es más que un gran invento mediático… y el cuento de que detrás de toda protesta están las FARC tampoco le servirá más, pues dicho argumento riñe con la idea que ha vendido según las cual la guerrilla está liquidada”.
Paralelamente a la Minga indígena de resistencia tienen lugar paros de trabajadores de los ingenios azucareros y de empleados de varias instituciones públicas.
Miles de trabajadores de la rama judicial regresaron hoy a sus labores, pero se declararon en alerta tras un paro de 42 días que paralizó el sistema de justicia y sirvió de pretexto al gobierno para declarar el estado de conmoción interior, actualmente vigente.
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El parlamentario canario y alcalde del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, comentó a algunas personas este jueves en los pasillos la sede parlamentaria, que durante los tres primeros meses del próximo año serán eliminados totalmente los nombres y símbolos franquistas de Santa Cruz de Tenerife.
Así lo comentó la representante de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Arucas, Balbina Sosa, a SB Noticias.
Balbina Sosa junto con representantes de las Asociaciones de Tenerife y de La Palma han sido recibidos por el Presidente del Gobierno, Paulino Rivero y el Consejero de Justicia José Miguel Ruano
Para los representantes de las Asociaciones, la reunión ha sido satisfactoria: "entendemos que por parte del Gobierno hay buena voluntad para colaborar y hemos quedado pendienes de una próxima reunión para concretar por dónde empezar a trabajar" afirmó Balbina Sosa, que asegura que hay mucho trabajo por delante y las Asociaciones carecen de todo tipo de medios. Entre las prioridades consideran que es imprescindible que les dote de investigadores que puedan realizar la labor que hasta ahora han tenido que ejercer los propios familiares. Asimismo solicitan locales para ubicar sus sedes, así como los archivos.
Por otra parte Sosa se mostro muy contenta por la noticia conocida este jueves de que el juez Garzón se declare competente para investigar las desapariciones durante la guerra civil y la dictadura franquista.
La devolución de las 28 parcelas de Las Huertas a sus propietarios originales entró ayer en su última fase con la aprobación por parte del pleno de Santa Cruz del informe elaborado por la Gerencia de Urbanismo. En el mismo se indica que cuatro solares han sido devueltos a sus propietarios en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo. De otros dieciocho se ha podido comprobar que, efectivamente, nunca fueron expropiadas y tan sólo quedan seis que al parecer sí fueron ocupados en su momento por la Junta de Compensación.
A partir del lunes se abre un periodo de alegaciones al que podrán concurrir la Junta y los abogados de los vecinos para que hagan valer su punto de vista sobre esta decisión de Urbanismo. En este tiempo se cree que incluso se podrán atender las reivindicaciones de los dueños de otras cuatro parcelas.
Aparte, hay otras tres que en el mes de septiembre presentaron la documentación para que vuelvan a sus propietarios originales.
La concejal de Urbanismo, Luz Reverón dio cuenta de todo el proceso iniciado hace ahora un año, por medio del cual se estudiaron de forma exhaustiva los documentos aportados por los vecinos de Las Huertas, quienes siempre han defendido que sus terrenos fueron vendidos sin su permiso.
Una historia triste y escalofriante
La intervención en el pleno de ayer que resultó más llamativa fue la del alcalde, Miguel Zerolo quien intentó justificar que hasta ahora no se hubiesen reconocido los derechos de este centenar de vecinos sobre sus propiedades e incluso que se les hayan negado. Zerolo dijo que nunca se pudo dar el paso de ayer, "porque se trataba de un trabajo muy complicado y exhaustivo". Advirtió el alcalde a los vecinos que hasta que no concluya el período de alegaciones que ahora se abre no pueden estar totalmente seguros sobre lo acordado. La concejal de Urbanismo, Luz Reverón también quiso defender a los antiguos responsables de la Gerencia, al indicar que se trataba de un trabajo muy exhaustivo y que en cualquier caso, se cumplió con la ley cuando en el año 2000 se dio notificación a los reclamantes, aunque lo cierto es que poco más se consiguió entonces. Más contundente fue Ángel Isidro Guimerá, quien habló de "historia triste" y de "realidad escalofriante" en cuanto se había intentado consumar el despojo de 60.000 metros cuadrados de terrenos. La portavoz socialista, Gloria Rivero, también felicitó a los vecinos y se mostró dispuesta a dar traslado al fiscal de lo acordado, así como a pedir la paralización de las obras. Ignacio González abandonó la sala por vínculos familiares.
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Las presidentas de las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz; La Palma, Aralda Rodríguez, y Gran Canaria, Pino Sosa se reunieron hoy con el presidente canario en el Parlamento regional. Una Comisión dependiente de la Consejería de Presidencia y Justicia se encargará de hacer un censo de las posibles fosas con enterramientos de desaparecidos en la Guerra Civil, así como los reconocimientos de los mismos a través de las pruebas de ADN, según informaron hoy las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica tras una reunión con el presidente canario, Paulino Rivero.
Las presidentas de las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz; La Palma, Aralda Rodríguez, y Gran Canaria, Pino Sosa se reunieron hoy con el presidente canario en el Parlamento regional. Schwartz aseguró que el encuentro fue "bastante fructífero" ya que se ha acordadola creación de una comisión dependiente de la Consejería de Presidencia y Justicia para hacer el censo de posibles fosas y la identificación a través del ADN de los cadáveres de desaparecidos durante la Guerra Civil española. Schwartz aseguro que ésta es una preocupación especial de la asociación en La Palma, ya que en esta Isla las identificaciones están más avanzadas. Al respecto, Aralda Rodríguez dijo que “la exhumación de cadáveres es lo más preocupante” ya se han recuperado los cuerpos pero sólo se conoce el ADN de dos. “En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) analizan el ADN por vía materna y nosotros queremos trasladarlos por vía paterna también para adelantar los reconocimientos”, dijo. Al parecer, Paulino Rivero se ha mostrado de acuerdo. COLABORACIÓN INSTITUCIONES Además, se ha arrancado el compromiso de colaborar con los Ayuntamientos y Cabildos para que “de alguna manera forzarlos a cumplir la Ley de Memoria Histórica que es tan importante porque hay sitios donde hay verdaderos problemas para cumplirlas”. Entre los sitios donde hay dificultades para su cumplimiento, Schwartz señaló a Santa Cruz de Tenerife, cuya Corporación Local acusa de estar “dormida en los laureles”. “A unos porque no les interesa que cambien los nombres y a otros porque parece que no les da importancia”, aseguró. Por último, en cuanto a las Proposiciones No de Ley (PNL) presentadas en el Parlamento para apoyar el cumplimiento de esta Ley, declaró: “Lo que nos interesa es que cualquier iniciativa se apruebe por unanimidad y que luego se lleve adelante”. En ese sentido, aseguró que la conversación con el presidente del Gobierno canario las ha tranquilizado “en el sentido de que efectivamente se van a poner a trabajar”. En cuanto a las pegas para que una PNL del grupo parlamentario socialista saliera adelante, dijo: “En la anterior ocasión hubo un problema con el PP, que no asume que es una Ley aprobada aunque votaran ellos en contra, y la otra vez fueron ellos los que se negaron a aprobar esa iniciativa”. |
El Parlamento Canario trataba este miércoles todo lo ocurrido en Cho Vito en los últimos tiempos a través de una pregunta de Santiago Pérez destinada al consejero de Medio Ambiente Domingo Berriel. El parlamentario socialista dijo que el Gobierno Canario y Costas firmaron un convenio que contemplaba los derribos en Cho Vito así como la construcción de un paseo marítimo y, por su parte, Domingo Berriel, responsabilizó a Costas de que el poblado costero no fuera declarado núcleo de interés etnográfico y evitar así su demolición.
Berriel recordó que el documento de Costas tiene carácter vinculante, por lo que el Gobierno de Canarias tiene que acatarlo, mientras que Santiago Pérez destacó que la iniciativa para declarar el núcleo costero de interés etnográfico partió del ayuntamiento de Candelaria, al tiempo que aseguró también que la comisión de patrimonio de Tenerife -en la que está el Cabildo- se pronunció al contrario de la misma al entender que Cho Vito no poseía valores patrimoniales destacados. Para el socialista, la demolición de una vivienda es una desgracia desde el punto de vista humano, y reprochó a algunos dirigentes de Coalición Canaria que culpen unilateralmente de los derribos solo al Gobierno del Estado, cuando son tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo de Tenerife los que tienen gran implicación en el asunto, de ahí que les acusó de dedicarse al pillaje y al saqueo político.
Tomás González, uno de los vecinos afectados por los derribos en Cho Vito, informaba a Radio San Borondón que la maquinaria sigue trabajando en la zona, sacando escombros con rapidez pero con un cuidado que hasta ahora no estaban tomando para no dañar las viviendas que no van a ser demolidas y anunció también que el martes por la noche presentaron una denuncia por la violación de los derechos que tienen como ciudadanos libres de acceder o salir de sus viviendas cuando quieran, o de dejar entrar a su casa a quien quieran.
Sobre el debate en el Parlamento de los derribos en Cho Vito, Tomás González dijo que continúa sin dormir por la pesadilla diaria que supone lo que en el poblado marinero ha acontecido, pero asegura que cada día se levanta con el convencimiento de que estos políticos comen del pesebre a costa de la ciudadanía, a la que deben defender y sin embargo no lo hacen.
Asegura que cada día está más convencido de que los vecinos de Cho Vito están pagando injustamente los improperios malintencionados de las diferentes administraciones implicadas en el asunto, desde el gobierno del Estado, al de Canarias, al Cabildo y al ayuntamiento de Candelaria. A todos los representantes políticos se les olvida que el informe del cual se han valido este miércoles en Parlamento para lanzarse la pelota de las culpas al tejado ajeno, data de mayo de 2006, mientras que el informe de Fernando Estévez es de septiembre de 2006, un informe que nadie ha querido ver.
Por otro lado, afirma que Santiago Pérez ha omitido hablar de la Ley de acompañamiento del Estado. Desde su punto de vista, en relación a este asunto, ahora todo el mundo omite sus responsabilidades e intentan desviarlas al adversario político y al final, lo responsables serán los vecinos, al final ninguno de los partidos tendrá la culpa y sí la tendrán los vecinos, reiteró Tomás González.
A los políticos les dijo que se sientan en el Parlamento que representa a todos los canarios y cobran del esfuerzo de todos los canarios y, por ello, deberían ajustarse a la verdad y, en este caso, han omitido interesadamente muchas cosas. Por ejemplo al consejero Domingo Berriel se le "olvidó" hablar de la Cotmac del 10 de noviembre de 2006 celebrada en Las Palmas de Gran Canaria y en cuya ponencia se dejó fuera el tema de Cho Vito hasta ver el informe en que se podía salvar al poblado.
Pero aquí ha pasado que ni unos ni otros han tenido voluntad política para salvarlo de verdad porque el informe de Estévez es de septiembre de 2006 y la ponencia de la Cotmac de noviembre de ese año, pero dejaron pasar el tiempo creyendo que nada iba a pasar hasta que han visto ya el lobo sobre los vecinos, aseveró González.
De lo ocurrido a Cho Vito hay muchos responsables, hay que apuntar a todos los partidos, que hasta la fecha han mirado miserablemente para otro lado, y que ahora siguen sin actuar. A Tomás González le parece que cuando están en sede parlamentaria tendrían que llevar toda la documentación, porque asegura que se ha quedado perplejo cuando Berriel dijo que el gobierno ha acatado la imposición de Costas y a los convenios firmados, nada más allá de la realidad.
Tres personas habrían fallecido, entre ellos un niño, y la cantidad de heridos ascendería a un centenar, como saldo de la represión policial contra la protesta indígena que se lleva acabo en La María, a 600 kilómetros al suroeste de Bogotá, donde se encuentran concentrados más de 10 mil personas, en la movilización conocida como "la minga indígena y popular por la resistencia".
La información fue divulgada por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). La policía, por su parte, señaló que cinco uniformados han resultado lesionados. Los manifestantes denuncian la utilización de armas no convencionales y exceso por parte de la fuerza pública.
Los indígenas reclaman que el gobierno cumpla con las devoluciones de sus tierras, pactadas en los últimos 15 años y con el respeto a la autonomía de las comunidades indígenas. A la reclamación, el presidente Álvaro Uribe respondió que la obligación del gobierno era adquirir 15.663 hectáreas para entregárselas a los indígenas, de las cuales, aseguró, "se han comprado 11.866 hectáreas y faltan 3.796 hectáreas".
Hasta siete asesinados en días pasados
Pero además el Centro de Cooperación al Indígena, CECOIN, denunció la muerte de otros siete indígenas en días pasados, varios de ellos presuntamente víctimas de la organización paramilitar "Águilas Negras".
Dice el comunicado: "El pasado 6 de octubre (...) fueron asesinados Luz Marina Morales, Mauricio Largo Bañol y Cesar Largo Alarcón, indígenas Embera Chamí. (...) El día 12 de octubre, el comunero Nicolás Valencia Lemus fue asesinado en la vía que conduce al municipio de Toribio Cauca. Los asesinos, que también se identificaron como integrantes de las “Águilas Negras”, pusieron a Nicolás en estado de indefensión y lo asesinaron en presencia de su mujer y su hijo. Apenas unas horas más tarde fue cegada la vida de Celestino Rivera, indígena perteneciente al resguardo de Jambaló y habitante de la vereda de Zumbido, su cadáver presentaba dos disparos de fusil en el cráneo. También habrían sido asesinados dos Indígenas Yanaconas del cabildo El Paraíso, municipio La vega, en la zona sur del Macizo colombiano, en hechos aún no aclarados".
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) acusó este miércoles en un comunicado al escuadrón antidisturbios de la Policía de disparar a los manifestantes. "A punta de bala de fusil nos atacan, más de 10 heridos a bala, nos van a masacrar", afirmaron. A medida que pasan las horas la situación se torna más violenta, decenas de heridos, disparos, tanquetas, lanzamiento de gases lacrimógenos es el panorama que deja la jornada de resistencia indígena.
Germán Valencia representante de derechos humanos, en testimonio ofrecido a TeleSUR, denunció que la fuerza pública recarga los gases y los llenan con puntillas, tachuelas y varillas. "Eso es lo que están tirando a la gente, eso es el diagnóstico de los heridos que en este momento tenemos en el centro de salud" apuntó Valencia.
Esta agresión motivó a la asociación de cabildos indígenas a solicitar protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En una conferencia de prensa en Bogotá, el líder indígena Berito Cobaría, de la etnia Uwa, afirmó que no interrumpirán los bloqueos en la carretera Panamericana hasta que el presidente Álvaro Uribe acuda a conversar con ellos.
Uribe los acusa de terroristas
El presidente colombiano, Alvaro Uribe, denunció este miércoles la infiltración de terroristas en las movilizaciones indígenas que se realizan en varias regiones del país y que han dejado tres aborígenes muertos y un centenar de heridos.
"Se infiltran terroristas, nos masacran a los policías, ejercen toda clase de violencia, y enseguida nos acusan ante la comunidad internacional, porque simplemente nosotros actuamos y evitamos los bloqueos y enfrentamos la violencia", precisó Uribe en una declaración pública.
Por su parte, el director de la policía, general Oscar Naranjo, afirmó que durante las protestas han quedado heridos 19 policías, y que uno de ellos perdió sus manos al manipular un bulto que se encontró en uno de los sitios de los enfrentamientos.
Comunicado de CECOIN
De las ejecuciones extrajudiciales se pasó a la abierta represión de la movilización
El Centro de Cooperación al Indígena CECOIN hace un llamado al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los distintos organismos internacionales relacionados, para que adelanten acciones tendientes a detener las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra los y las indígenas que adelantan movilizaciones en distintos puntos del territorio nacional.
En los departamentos del Cauca, Huila, Valle, Chocó, Caldas, Risaralda, Atlántico, Guajira, Cesar, Córdoba, Sucre, Arauca, Meta y Norte de Santander, se vienen adelantando diversas acciones de protesta contra las iniciativas legislativas y administrativas que lesionan los derechos de los Pueblos Indígenas y la integridad de sus territorios, especialmente el Estatuto de Desarrollo Rural (ley 1152 de 2007) y los Acuerdos de Libre Comercio. Así mismo, la movilización está orientada a reclamar el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el Gobierno Nacional en materia de Reparación y el respeto a las normas nacionales e internacionales que los protegen. Indígenas Nasa, Kokonukos, Yanacona, Guambianos, Embera, Eperara Siapidara, Wounaan, Barí, Kankuamos, Mokaná, Wiwa, Arhuacos, Senú, Sikuanis, Piapocos, Salibas y U´wa manifiestan su voz de protesta a lo largo del territorio nacional.
Pero a pesar de la justicia que soporta las demandas indígenas, la minga inició su camino vestida de luto. El pasado 6 de octubre en el Resguardo Nuestra Señora de la Candelaria de la Montaña, cerca al municipio de Riosucio, Caldas, fueron asesinados Luz Marina Morales, Mauricio Largo Bañol y Cesar Largo Alarcón, indígenas Embera Chamí. En los mismos hechos resultó herida la mayor de 70 años María Angélica Alarcón. Dicha acción es atribuida a las denominadas “Águilas Negras”.
El día 12 de octubre, el comunero Nicolás Valencia Lemus fue asesinado en la vía que conduce al municipio de Toribio Cauca. Los asesinos, que también se identificaron como integrantes de las “Águilas Negras”, pusieron a Nicolás en estado de indefensión y lo asesinaron en presencia de su mujer y su hijo.
Apenas unas horas más tarde fue cegada la vida de Celestino Rivera, indígena perteneciente al resguardo de Jambaló y habitante de la vereda de Zumbido, su cadáver presentaba dos disparos de fusil en el cráneo. También habrían sido asesinados dos Indígenas Yanaconas del cabildo El Paraíso, municipio La vega, en la zona sur del Macizo colombiano, en hechos aún no aclarados.
De las ejecuciones extrajudiciales se pasó a la abierta represión de la movilización, pues desde su inicio la reacción del Estado colombiano ha sido desproporcionada y lesiva de los derechos de los manifestantes. En el departamento del Huila, integrantes de las fuerzas militares bajaron forzadamente de vehículos de transporte público a comuneros indígenas que se dirigían a los puntos de encuentro. En Arauca, el comandante de la Brigada prohibió la marcha indígena amparándose, según él, en los Decretos de Estado de Conmoción Interior.
La movilización en los departamentos de Cauca y Valle ha sido constantemente agredida por efectivos del Escuadrón Movil Antidisturbios (ESMAD), del Ejército Nacional y de civiles armados que han atentado contra la integridad de los manifestantes. A tales hostilidades se suma el señalamiento del General Páez Varón, quien de manera calumniosa ha señalado a los marchantes de estar infiltrados por la guerrilla. Durante la movilización la sede del Consejo Regional Indígena del Cauca fue privada de suministro eléctrico y la página web de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca fue objeto de sabotaje en varias oportunidades.
En el departamento del Cauca el número de heridos por armas de fuego y otro tipo de proyectiles va en aumento. De acuerdo con los datos del CRIC y la ONIC, dentro de los heridos se encuentran: Hermes Arbey Diaz, Mauricio Menza (herido en la frente con tiro recalzado), Benjamín Ramos (perdió un ojo y herido en el pecho), Enyi Ulcue (herido en la pierna con arma de fuego), Jhon Fredy Piñacue de 16 años (herido con garrote en la frente), Mario Cuetoto, Diomedes Quinto, Joaquin Cotocue, Milciades Tumbo, Jose Ferney Pardo, Adolfo Quitumbo, Harold Tucuyama, Delio Quitumbo, Hernando Campo, Aldemar Ramos, Luis Felipe NN, Marco Antonio Guejia, Lizardo Pete, José Manzano, Noraldo Chiripua (herido con arma de fuego en la mano izquierda), Francisco Dagua (dos heridas en la cabeza, una cortada en el rostro y una pierna herida), Harold Bubú, (dos heridas en la cabeza), Deiby Trochez Ramos (herido de gravedad en uno de sus ojos), José Alirio Ipia Quitumbo, Cristian Jesús Velasco, Luis Olmedo Guetoto, Miguel Ipia Yonda, José María Dagua Cayapú, Edgar Ipia Medina, Jhon Elver Gutiérrez, Mauricio Campo, Darío Elvis Trochez, Eduardo Tocoima, José Leonardo Chocué y Benjamín Ramos. De acuerdo con el último reporte de la ONIC, hasta la tarde del 15 de octubre habrían sido heridos 75 indígenas, al menos 16 con arma de fuego, mientras 30 de ellos se encuentran desaparecidos.
El comunero Mariano Morano Dizu, quien fuera herido con arma de fuego en el cráneo, el día 14 de octubre falleció en las últimas horas. De acuerdo con información proveniente de la Consejería Mayor del CRIC, integrantes del ESMAD asesinaron con machete a un comunero indígena que hasta ahora no ha sido identificado. Los reportes también señalan que personas de civil han ingresado en La María, Piendamo y han disparado contra la comunidad.
En el departamento del Valle indígenas Embera, Nasa y Eperara han bloqueado la carretera Panamericana que comunica al Cauca con Palmira y el Aeropuerto y a Cali con Florida, se reportan al menos 24 personas detenidas. En Risaralda los ataques de la Fuerza Pública dejan un saldo de 14 heridos En Caldas al menos 700 indígenas bloquean la vía Supía- Riosucio. En el Departamento del Atlántico se han movilizado los indígenas Mokaná y los estudiantes universitarios en el Puente Pumarejo de Barranquilla; en la Guajira los indígenas Wayuu marchan hacia el desierto de Punta Gallinas apoyados por Wiwas y Arhuacos; en Norte de Santander los Barí se han movilizado hacia Cucuta; indígenas de Córdoba y Sucre se han concentrado en el Parque Santander de Sincelejo; en Cesar los Kankuamo se han manifestado en Valledupar; en el departamento del Meta 700 indígenas Sikuanis, Piapocos y Salibas, se desplazan en este momento por la vía principal que del municipio de Puerto Gaitán conduce a Villavicencio, y se esperan otras marchas y concentraciones a lo largo del territorio nacional.
El Centro de Cooperación al Indígena, como organización al servicio del movimiento indígena, sus pueblos y sus organizaciones apoya de manera decidida las manifestaciones de protesta y movilización que vienen dándose en distintas regiones del país contra los acuerdos de Libre Comercio que mercantilizan los territorios y el conocimiento tradicional indígena; contra la Ley de Desarrollo Rural (1152 de 2007) que obstaculiza la titulación de propiedad colectiva indígena y legaliza el despojo a indígenas, afros y campesinos; contra la Doctrina de Acción Integral que procura ocupar los territorios indígenas y debilitar el Gobierno autónomo, y contra todas las iniciativas encaminadas a la violación de los derechos colectivos indígenas. Nos solidarizamos también con los trabajadores cañeros en paro y nos ponemos a su disposición.
Centro de Cooperación al Indígena CECOIN
Organización Indígena de Antioquia.
Tamarant
Tras el derribo han dejado patente el uso de la fuerza (bruta) ante un acatamiento judicial. Ni dialogo, ni búsqueda de salidas alternativas, ni declaración de bien de interés cultural, ni nada de nada. Claro que si siempre fuera así, nadie podría reprocharles nada. Lo que a tod@s nos ha llamado la atención es que los casos de hoteles o grandes edificaciones, (tipo el chalet que tiene el constructor de toda candelaria a pie de playa) no se haga ABSOLUTAMENTE NADA. Por nombrar otro caso, el horrible edificio de cemento que está a la entrada de Las Teresitas, que lleva una polémica de incumplimientos constantes, y ahí está.
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Ahora entendemos por qué quieren con tanta urgencia una policía canaria, para tener más cuerpos represivos que les defiendan: a ellos. No al pueblo. Porque, lo que ha quedado clarísimo es que la policía para lo que sí es eficaz, y la usan sin contemplaciones, es para controlar y reprimir a la población. ¿A quién se le pasa por la cabeza que una prioridad es tener más policía con todas las necesidades sociales que hay? Pero los políticos han estado incansablemente dando bombo y platillo tratando de venderla como algo muy necesario y vital. ¿Para qué?. Si ya tienen a la municipal, a la nacional, a la guardia civil, a los seguritas y a los chivatos fascistas que son los mas peligrosos… Pero se ve que les sabe a poco, que sus intenciones de especulación y corruptela van a llegar a tanto, que necesitaran mucha más policía para controlar a la población. Y como sucedió allí, aunque no ha salido en ningún medio, algunos compañeros/as quedaron lesionados en el desalojo, usando con ellos técnicas de tortura maquiavélicas.
Te sacaban entre varios policías y daba la impresión de que era de manera normal, pero te tenían un brazo retorcido, una muñeca doblada, el antebrazo presionado, de tal manera que hay, dos personas con luxación de hombro, de baja, y con el brazo inmovilizado, tres con esguinces de muñecas, y algunos mas con molestias en articulaciones. Una brutalidad muy bien disimulada.
L@s poblador@s de chovito lo han repetido incansablemente, SI HAY QUE DERRUMBAR, LO QUE ESTÁ EN LA COSTA, ADELANTE, PERO PRIMERO empiecen por lo que cause más impacto visual, por las construcciones horribles y que no son de vivienda habitual. Pero no empiecen por un pueblito de pescadores precioso y perfectamente integrado en el paisaje, que tiene un valor histórico por sus más de 50 años de existencia y es, además, una representación de la cultura costera de Canarias. Ha quedado claro, LES DA IGUAL TODO. Han dejado a mucha gente sin casa y a los que quedaron allí, mal viviendo con grietas en las paredes provocadas por los derribos de las casas colindantes, y sin agua ni luz.
Pero no todas las personas se prestaron a la barbarie, en un gran gesto de dignidad humana y de buen corazón, el palista que comenzaba a destrozar las casas decide tirar las llaves y abandonar la tarea. Desde aquí nuestro más sincero agradecimiento, y nuestro más sincero reconocimiento como un bello gesto solidario, de gran valentía y dignidad. Esta es una muestra mas de que no podrán comprarlo (a) todo/s, hay corazones que no están en venta.
Y aquí seguimos los contribuyentes, trabajando a tope para pagar los impuestos honradamente, mientras usan nuestro dinero para llevar unas palas a un pobladito y derribarlo. Ya podrían usarlas para quitar tanta basura y escombros que se acumulan en muchos lugares de la costa debido a las grandes construcciones y pelotazos urbanísticos. Con nuestros impuestos pretenden pagarse más protectores para ellos, camuflándolos con la palabra “canaria”: Policía canaria contra los canarios. Si me echan de mi casa, me da igual que el que me de los porrazos sea de aquí o de la conchichina, lo que sí importa es que defiende a unos los políticos corruptos y sus poderes económicos, lo que no van a hacer nunca es defender a las/os trabajadores/as contribuyentes. Seguiremos luchando para que estos hechos no queden impunes. Y como siempre ha sucedido en la historia, lo que siembras recogerás, y ahora han sembrado odio, crueldad, repudio y dolor.
Exijamos todos y todas, la reconstrucción de Cho Vito y el respeto a las casitas de los pescadores. Que la ley de costas no se haga a costa de los de siempre.
TOD@S SOMOS CHO VITO
Toño Linares*
La demolición de las casas de Cho Vito, ha supuesto una serie de denuncias de los afectados y colectivos sociales calificándolo de crimen al no permitir el acceso a las personas que allí quedaron; al no contar con licencia de obra ni impacto medioambiental; a la desproporcionada fuerza empleada; al dejar sin luz ni agua a las viviendas que no van a ser demolidas en este momento; al ser incomprensible que una jueza se lea más de mil quinientos folios en poco más de una hora antes de ordenar el derribo; al no aplicarse la ley de costas en los adefesios hechos después de la aprobación de la ley, sino a los residentes en este poblado marinero...
La vulneración de los derechos fundamentales, escenificado en el impedimento de que el abogado de los vecinos pueda acudir a las viviendas de sus clientes; el no poder retirar sus enceres; el trato denigrante dado por las fuerzas policiales desplazadas a lugar y; la falta de apoyo psicológico y sanitario a los afectados, han sido algunas de las acusaciones que se han oído por parte de los afectados y colectivos sociales de la isla.
El agravio comparativo que se ha tenido en Cho Vito, con respecto a otras urbanizaciones, hoteles, y concesiones franquistas, ha supuesto que haya que preguntarse el por qué de Cho Vito, y actuando con complicidad en el resto de ocupación del espacio público marítimo terrestre del litoral Canario, cuyas obras se comenzaron posterior a la entrada en vigor de la ley de costas, actuando con contundencia y priorizado un poblado marinero, hecho mucho antes de que se elaborase la ley, que ahora les ha condenado a ver sus casas convertidas en escombros. Esto ha hecho que hay algo más que la aplicación de una ley.
Como detrás de todo crimen existe un móvil, éste es el proyecto de construir un puerto deportivo en la zona, ya que el lugar ocupado por Cho Vito es la única bolsa de terreno por urbanizar del municipio de Candelaria. Pelotazo urbanístico que se refleja en el documento denominado “actuaciones portuarias previstas adscritas al segundo nivel”, que esta incorporado en la adaptación del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) a la Ley de Directrices, y elaborado por el Cabildo de Tenerife.
El pelotazo urbanístico vuelve a ser la razón de la destrucción de un modelo de vida, que sólo sirve para que los que han conseguido esas concesiones franquistas, de disfrute de piscinas y otras prebendas, se enriquezcan aún más, con la venia de quienes tienen la desvergüenza de denominarse representantes del pueblo, pasando por encima de unos vecinos que el único delito que han cometido es estar en el lugar donde otros quieren incrementar sus cuentas de resultados.
Lo acontecido en la costa de Candelaria el pasado 7 de octubre, no sólo afecta a los residentes de Cho Vito, sino a todos los habitantes de Canarias, pues en un momento determinado, alguien puede ver un filón de oro en nuestras propiedades y, éstas serán usurpadas, utilizando los medios que haya que utilizar, dejándonos en la calle como lo han hecho con la gente de este poblado marinero. El móvil del crimen de Cho Vito, pueda arrastrarnos a sufrir una ola de crímenes en esta tierra única, de ahí la importancia de que “TODOS SOMOS CHO VITO”
Toño Linares
Tagoror Achinech
San borondon
Javier Orozco es sindicalista, miembro de la Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), y forma parte además del Colectivo de Exiliados Colombianos de Asturias, donde actualmente pasa una temporada. De visita por las Islas, nos cuenta los riesgos que para la vida significa el ser sindicalista en Colombia, objetivo de los grupos paramilitares. Según relata, el tratamiento que se le da al movimiento sindical en este país es de guerra, de tal manera que todas las huelgas, manifestaciones e incluso sus planificaciones, “son estigmatizadas y puestas en la picota, y luego grupos violentos como los paramilitares, cometen crímenes atroces contra el movimiento sindical”.
Aunque el gobierno colombiano, como observa Orozco, va por el mundo diciendo que rige un estado democrático en el país, es en este momento el lugar del mundo en el que más sindicalistas son asesinados. El Colectivo de Exiliados Colombianos Refugiados en Asturias nace ante la sensibilidad del Gobierno de esta Comunidad Autónoma frente a las peticiones de protección del movimiento obrero, estableciendo un programa de acogida temporal de sindicalistas, tanto de base como de dirigentes, que se encuentran en riesgo probado de perder la vida o la integridad física.
Este programa de protección ha permitido que algunos sindicalistas, y también defensores de los derechos humanos, del mundo de las ONG´s y sobre todo dirigentes campesinos e indígenas, encuentren en Asturias un refugio temporal. Cumplen así además con unos objetivos bien sencillos y que constituyen su tarea fundamental: denunciar y sensibilizar sobre la situación que vive su país.
En estos momentos son 52 las personas que se acogen a este programa. Algunos habían sufrido ya atentados contra su vida, otros vivían el seguimiento previo al mismo, y otros se encuentran amenazados de muerte por grupos paramilitares. “Lo que se hace es un escampadero a la situación de riesgo, huir del peligro inminente, establecer relaciones con organizaciones de Europa, y en este caso con las Islas, para las redes de solidaridad que hay en Colombia y que pretenden que haya una situación normalizada de democracia y de bienestar para la gente”.
La estancia en España les permite además estudiar cómo fue el proceso del cambio de la dictadura a la democracia en este país, “y aprender muchas cosas que para nosotros son muy interesantes, por ejemplo en el área de solución pacífica de conflictos, porque Colombia tiene un conflicto militar larguísimo, y estamos intentando ver experiencias por el mundo que puedan servir para resolver semejante lío colombiano”, explica Javier Orozco.
Cuenta el mismo que existen empresas multinacionales, algunas de ellas españolas, directamente vinculadas a la situación en que los derechos humanos se encuentran en el país latinoamericano. “Esa situación no es que la denuncien los trabajadores colombianos, es que la hemos tenido que llevar a tribunales internacionales, ante la impunidad que reina en el país”, observa el sindicalista.
Así, por ejemplo la multinacional Coca-Cocal está siendo procesada en una corte federal de Atlanta, en Georgia, casa matriz de la empresa, por el asesinato de sindicalistas en Colombia. También existen denuncias penales contra la multinacional del carbón Drummond, empresa norteamericana en la cual han sido asesinados varios dirigentes sindicales. Sobre otras empresas existen serios indicios de que se beneficiaron directamente con estos crímenes, o tuvieron que ver con los hechos mismos.
Actualmente hay una denuncia muy grave, probada contra la multinacional del banano Chiquita Brands, que explica Orozco que ha transportado armamento, ha entregado dinero, financiado y apoyo directamente a los grupos paramilitares que han asesinado cerca de 800 personas en la región norte del Caribe colombiano, entre los cuales se cuentan muchos sindicalistas y miembros del partido político de la oposicion Unión Patriótica, que prácticamente fue exterminado.
En cuanto a empresas españolas, dice Javier Orozco que algunas son objeto de seria observación por parte del movimiento social colombiano. De éstas, varias han recibido denuncias y se tienen fundadas sospechas de que empresas como Repsol o Unión Fenosa se benefician directamente del clima de terror que los grupos paramilitares imponen en ciertas regiones del país.
Así, en las áreas de prospección petrolera, por ejemplo, antes de que entre la multinacional en cuestión, los grupos paramilitares crean un clima de terror a base de amenazas de muerte y asesinatos, sembrando el miedo en la población que finalmente decide marcharse dejando abandonadas las tierras en las que luego aparece la multinacional perforando y extrayendo petróleo.
Hay otras muchas empresas españolas en Colombia sobre las que no pesa sospecha de que estén directamente vinculadas a crímenes, pero que se considera juegan un papel fundamental en la ocultación de los mismos, como algunos medios de comunicación del Grupo Prisa, o medios escritos controlados por Planeta, a los que se acusa de no contar la verdad.
Dos abogados colombianos que hasta ahora guardaron el secreto han contado a El Nuevo Herald los detalles de sus gestiones con guerrilleros y funcionarios de Colombia y Estados Unidos. Ya estaba totalmente acordada la traición de dos mandos guerrilleros que entregarían a los dos estadounidenses secuestrados a cambio de una fuerte suma de dinero ofrecida por los servicios de inteligencia estadounidenses. Los dos guerrilleros podían terminar asilados en Francia. Sin embargo, el gobierno de Colombia interceptó la operación para patrimonializar el rescate, los dos guerrilleros creían estar entregando a los retenidos según lo negociado y acabaron burlados.
Esta versión se ajusta perfectamente a la argumentada por la dirección de las FARC, quien afirmó que fue traicionada por los dos mandos responsables de la custodia, y demostraría que el gobierno Uribe, solo se dedicó a interceptar -y poner en serio peligro- una negociación que ya estaba cerrada. El gobierno de Colombia camufló aviones militares de color blanco para que pareciesen de una organización humanitaria y disfrazó a los militares de miembros de la Cruz Roja y periodistas de Telesur sin importarle violar la Convención de Ginebra. De esta forma, los dos guerrilleros creían estar entregando a los secuestrados según lo negociado y terminaron engañados. Y de paso se creaba suficiente desconfianza en la guerrilla para cerrar cualquier otro posible acuerdo humanitario.
Detalles inéditos de la Operación
Jaque GONZALO GUILLEN / ENH BOGOTA
Los helicopteros de fabricación rusa utilizados por el ejército fueron pintados de blanco para la operación.
A medida que pasa el tiempo, se conocen nuevos detalles de los esfuerzos que se hacían tras bastidores en varias partes del mundo para buscar una solución a la angustiosa situación de un grupo de secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre quienes se encontraban la ex congresista Ingrid Betancourt y tres contratistas del gobierno de Estados Unidos.
Dos abogados colombianos que guardaron en secreto su participación en uno de esos esfuerzos, le contaron a El Nuevo Herald los detalles de sus gestiones con guerrilleros y funcionarios de Colombia y Estados Unidos.
Carlos Arturo Toro López, uno de los abogados que más casos de extradición ha llevado en Colombia, y su colega, que prefirió no ser identificado, sostienen que cuando escucharon la propuesta que hicieron intermediarios de las FARC para la liberación del grupo de secuestrados, contactaron a la embajada de Estados Unidos en Bogotá.
Según ellos, se comunicaron con funcionarios de agencias federales de inteligencia de Estados Unidos, incluido el Buró Federal de Investigaciones (FBI), así como con una fiscal colombiana especializada de la división de antiterrorismo y un agente especial del CTI [Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de Colombia] que estuvo al tanto durante todo el proceso.
También contactaron al abogado penalista de Atlanta, Georgia, Jeffrey Manciagli, quien agregó al grupo a un socio suyo. Ambos aceptaron encargarse de llevar el caso ante las autoridades norteamericanas, porque "si tú negocias aquí [Colombia] y no negocias con los gringos, no has negociado nada'', dijo el socio de Toro López en diálogo con este reportero.
Los dos penalistas colombianos y Manciagli comenzaron a preparar la entrega de secuestrados a través de un fluido cruce de correos electrónicos al cual El Nuevo Herald tuvo acceso.
El 21 de mayo le informaban a Manciagli: "Como sabes, estamos tratando de llevar a cabo una negociación muy importante, donde necesitaríamos tu colaboración para cuadrar la compensación por la gestión profesional de nosotros y la cual debe desarrollarse en tu país. De otro lado, de ser cierto los acercamientos que estamos haciendo sobre el tema, tendrías que viajar a Colombia en estos días [. . .] ¿podemos contar contigo?"
El 5 de junio los dos abogados colombianos insistieron en la necesidad de que Manciagli viajara a Colombia, a lo cual éste respondió: "Lo que sí puedo confirmar es que el gobierno americano ofrece una recompensa de $350,000 por los tres [estadounidenses] y que el gobierno tiene un fondo de $100,000,000 para dar recompensa para los que logran la libertad de ellos y a Ingrid. Estoy muy interesado en esto''.
El asunto avanzaba y el 23 de junio Manciagli ya tenía un socio para el caso y ese día le escribió a Toro López: "Hablé con mi colega [aquí el nombre del colega] y está listo tan pronto sea necesario. O lo llevo a Colombia dos veces, pero tiene casi dos años que no ha ido y tiene muchas ganas de regresar. Esperamos lo mejor. Atentos saludos, Jeffrey''.
El contacto principal que mantuvo el puente entre los abogados y los dos carceleros de las FARC expuso que ‘‘ellos van a dar unas coordenadas a las que hay que llegar en helicópteros, los dos guerrilleros se subirán con los rehenes, se producirá la liberación y se les debe garantizar que no van a ser extraditados a Estados Unidos'', contó el abogado no identificado.
"Un requisito que quedó muy claro era que no se iba a hacer ni un solo disparo porque la zona a la que llegarían los helicópteros iba a estar llena de guerrilleros y en caso de comenzar un tiroteo los dos jefes de las FARC se pondrían con sus fusiles del lado de su gente'', agregó el abogado no identificado.
Cuando el plan de entrega planteado por las FARC estaba claro, los abogados hablaron con un funcionario del FBI, con otro de la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA), y otras agencias.
"Los gringos [de las agencias de inteligencia] mostraron total interés'', contó el abogado no identificado.
‘‘Nos dijeron que apenas hubiera algo concreto ellos entrarían a aportar todo el asesoramiento, el apoyo y todo lo que fuera necesario'', pero "ellos decían que para dar el primer paso se necesitaban indefectiblemente pruebas de supervivencia, pero nunca las hubo''.
Simultáneamente, antes de llegar a la liberación física de los rehenes, los abogados colombianos le dieron al contacto principal copias de un poder de representación judicial que debía llevarles hasta la clandestinidad a Antonio Aguilar, alias César, y Alexander Farfán, alias Enrique Gafas, para que los firmaran autorizando las gestiones y el mandato que iban a llevar a cabo.
El Nuevo Herald obtuvo copia del poder en que los dos abogados colombianos previeron la mayor cantidad posible de circunstancias para actuar que incluía "aproximaciones, contactos, consultas...", con autoridades con el objeto de acordar "todo lo atinente al suministro por mi parte, de información sobre temas específicos de interés para la seguridad nacional y la paz del país, en especial, dentro del marco de la política de seguridad democrática del actual gobierno de Colombia, que pudieran conducir al descubrimiento y la incautación de bienes en general, armas, material de intendencia, instalaciones estratégicas y valores de procedencia ilícita, y/o a la localización y captura de personas miembros de grupos armados al margen de la ley''.
Copias del poder les fueron entregadas a oficiales de las agencias de inteligencia estadounidenses, a la fiscalía colombiana y al agente especial del CTI que asistió a todo el proceso. Por los días en que los abogados se cruzaban correos electrónicos y mantenían al tanto del asunto a agentes legales y policiales de los dos países, el presidente de Francia, Nicolás Sarcozy, estaba empeñado personalmente en una campaña por la liberación de Ingrid Berancourt, quien tiene nacionalidad francesa. Sarkozy había ofrecido dar asilo a los guerrilleros que liberaran a rehenes de manera unilateral.
Mientras las copias del poder viajaban hacia el sur de Colombia en manos del intermediario para que las firmaran los dos carceleros en sus guaridas amazónicas, el 13 de junio del 2008 el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, reveló que Ingrid Betancourt aparentemente formaría parte de un grupo de secuestrados que iban a ser liberados por guerrilleros que esperaban beneficios a cambio, entre ellos el de no ser extraditados a Estados Unidos.
"A un guerrillero que está ofreciendo que va a entregar a Ingrid Betancourt y a otros secuestrados, se le mandó una carta que él pidió. La mandó la directora del DAS [policía secreta] con mi autorización, de que si cumple con eso no se le extradita. Ojalá esto sea verdad'', dijo Uribe aquel 13 de junio durante un discurso en Bogotá pronunciado en un foro llamado Inseguridad, dolor evitable, al que asistieron varios ex presidentes de América Latina.
Dos días después, el comité de apoyo a Betancourt que funcionó durante años en París pidió ayuda del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, para obtener la liberación de los secuestrados en poder de las FARC, incluyendo a los tres ex militares estadounidenses contratistas del Pentágono (Marc Gonsalves, Keith Stansell y Thomas Howes), quienes quedaron en poder de las FARC el 13 de febrero del 2003, cuando cayó a tierra en el departamento de Caquetá el avión Cessna Caravan-208 que tripulaban durante un vuelo de rutina en busca de plantíos de coca y de posiciones guerrilleras.
"Pedimos a George W. Bush que haga todo lo posible para que sus conciudadanos y todos los rehenes de las FARC sean liberados por fin, en condiciones que garanticen su supervivencia'', pidió el Comité con motivo de una visita de dos días de Bush a Francia en el desarrollo de una gira por Europa.
Con las firmas otorgando poderes a los abogados el proyecto entraría en la etapa final: los secuestrados serían liberados y saldrían de la selva en dos helicópteros junto con sus dos principales carceleros. Estos quedarían al amparo de un tercer país, preferiblemente Francia, para recibir asilo.
Pero el emisario que debía regresar con el poder firmado comenzó a tardar. Los abogados creen que habían transcurrido unos 15 días cuando fueron sorprendidos por las noticias el 2 de julio: los tres estadounidenses, Ingrid Betancourt y 11 militares y policías colombianos habían sido liberados en el transcurso de una operación de rescate "exactamente igual a la que nosotros habíamos preparado''.
La única diferencia consistía en que los mandos militares colombianos sostenían que los dos jefes carceleros habían sido engañados por los servicios de inteligencia, que los redujeron a golpes y con sedantes en pleno vuelo mientras los rehenes comenzaron a saltar emocionados dentro de uno de los helicópteros después que un oficial les anunció: "Somos el Ejército de Colombia, están libres''.
Dos helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana habían sido pintados de blanco y rojo simulando ser de rescate y salvamento y eran tripulados por oficiales encubiertos que sacaron a los secuestrados fingiendo ser una misión humanitaria internacional que los llevaría, junto con los carceleros, hasta el campamento clandestino de Guillermo Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, máximo jefe de la organización terrorista.
"Bueno, otra cosa que resultó distinta fue lo de Aguilar y Farfán. No estaba previsto que quedaran presos ni que fueran a ser extraditados a Estados Unidos'', contó el abogado no identificado.
Mientras la prensa internacional transmitía la noticia de la liberación, Manciagli, confundido, escribió un correo electrónico a sus colegas colombianos:
"Es muy buena noticia que han liberado a estos rehenes. Pero tengo mis dudas que pasó como todos están diciendo. No creo que fue un rescate''.
En conversación con El Nuevo Herald, Manciagli expuso:
"A mí me pareció muy extraña la manera como están diciendo que todo eso pasó, que los engañaron [a los carceleros de las FARC]. No creo la historia que dieron. Para mí, no fue así pero cuando eso salió en las noticias la primera cosa que yo pensé es que era un engaño, porque, como digo, me habían hablado exactamente de ese tema unas dos o tres semanas antes, el doctor Toro''.
Manciagli sostiene: "Mi hipótesis es que sí había una negociación y que ellos [los guerrilleros] pensaron que estaban entregando a esa gente como habían negociado. Pero el gobierno [de Colombia] quiso tomar el crédito para ganar más publicidad y todo lo que viene. Eso es lo que yo creo''.
La liberación es reclamada por Colombia como un rescate genial de su inteligencia militar y así es reconocida internacionalmente.
Hace dos semanas los abogados defensores de los dos carceleros, los penalistas Rodolfo Ríos y Eduardo Matías, aseguran que agentes del FBI habrían participado en la Operación Jaque y renunciaron a ejercer la defensa alegando que sus clientes los habrían engañado ocultándoles información valiosa sobre el caso.
A raíz de la protesta de Ríos y Matías se supo que en el pedido estadounidense a Colombia para la extradición de Aguilar y Farfán se revela que el FBI posee una computadora de este último. Esto, de acuerdo con los defensores, lo desconocía la propia justicia colombiana.
"Conocimos en la solicitud de extradición, hace apenas cinco días, que al momento de la captura de Alexander Farfán le fue incautado por agentes del FBI un computador con valiosa información'', dijo uno de los abogados defensores de los carceleros cuando anunciaron su renuncia.
"Se ha convertido al defensor en un simple espectador, sencillamente para que se simule que hay defensa como requisito formal, pero totalmente limitada en el ejercicio de la defensa técnica y de refutación de prueba'', agregó.
Ríos y Matías protestaron también porque, aseguran, durante los dos meses en que ejercieron la defensa de los terroristas no pudieron conocer el contenido de grabaciones hechas a conversaciones que Aguilar había sostenido con miembros de la jefatura de las FARC a través de teléfonos satelitales y comunicaciones radiales.
Los abogados también protestaron porque no les entregaron copias de grabaciones inéditas de video que alias Farfán filmó durante la entrega de los rehenes con una cámara que le fue incautada cuando fue arrestado a bordo del helicóptero.
El informe policial en que se basa el pedido de extradición de los dos carceleros, elaborado por el agente del FBI, Lázaro Andino, asegura que de acuerdo con la información en el computador incautado se ha podido determinar que Farfán viajó a Brasil en el 2003 para cambiar un cargamento de cocaína por armas de guerra.
En cuanto a Aguilar, el informe dice que durante el 2007 hizo múltiples llamadas a una empresa telefónica de Estados Unidos con el objeto de que le indicaran cómo manejar un teléfono satelital que le había dado, a cambio de cocaína, el narcotraficante colombiano José María Corredor Ibagué.
Estos vínculos con el narcotráfico son los puntales para conseguir que la Corte Suprema de Justicia de Colombia conceda la extradición de los dos hombres.
¿En qué punto los abogados contactados para la entrega de los rehenes salieron del libreto y en cuál los terroristas carceleros perdieron la posibilidad de obtener los beneficios que pedían a cambio de su gesto de ‘buena voluntad' ''?
Una fuente de la fiscalía colombiana que confirmó la versión de los abogados, aportó una hipótesis a El Nuevo Herald. Una atractiva guerrillera, con el alias de Doris Adriana, que estuvo en las FARC desde los 16 hasta los 36 años, era amante de Aguilar en el momento de caer en manos de las autoridades colombianas en febrero del 2008.
Contactada por agentes de inteligencia estadounidenses en la cárcel, a última hora habría hecho el papel intermediario que les quitaron a los abogados. De este modo, los amantes podrían volver a reunirse. De ser así, se le debería a Doris Adriana una buena parte del éxito de la Operación Jaque.
Toro López, su colega colombiano y Manciagli no creen por completo en la versión oficial colombiana sobre el rescate.
Cualquier conversación con ellos sobre este caso termina entre risas con una anécdota, contada por el abogado no identificado.
"Apenas se conoció la liberación comenzaron a llamarnos amigos del FBI, de la policía y de la fiscalía para felicitarnos. Hay quienes no quieren creer que nosotros no pudimos llegar hasta el final de lo que salió calcado a lo que planeamos desde mayo''.
http://www.elnuevoherald.com/noticias/septimo_dia/story/301036.html
En un comunicado, el grupo municipal Socialista asegura que el pacto PSOE-PP es la mejor alternativa para la gobernabilidad y la estabilidad del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, pero considera que las "continuas y graves deslealtades, incumplimientos e injerencias" de Eva Navarro han llevado a una situación "insostenible".
Insiste el grupo Socialista en que el "único problema" del pacto PSOE-PP en Puerto de la Cruz es Eva Navarro, con quien asegura que "no se puede trabajar en equipo porque antepone sus ambiciones e intereses personales al interés general de la ciudad, que es lo más importante para los socialistas".
El tiempo ha dado la razón ex alcalde Marcos Brito (CC), quien destituyó a Eva Navarro, recuerda el grupo Socialista.
Sin embargo, añaden los socialistas Marcos Brito "luego no tuvo reparos en ofrecer a la portavoz del PP un pacto a la desesperada el mismo día de la toma de posesión de la actual alcaldesa", la socialista Dolores Padrón.
Según el grupo Socialista, el principal objetivo del pacto firmado por PSOE y PP en Puerto de la Cruz, garantizar la estabilidad y la defensa del interés general de la ciudad, no se puede cumplir porque Eva Navarro "ha pretendido crear un Ayuntamiento paralelo desde el área de Urbanismo".
Los socialistas aseguran que la intención de Eva Navarro era "socavar" la mayoría socialista y gobernar el consistorio con sólo dos concejales, frente a los 10 del PSOE.
Como graves disfunciones los socialistas indica la oposición de Eva Navarro a la Sociedad Municipal de Promoción y Desarrollo, el intento de "imposición" en el convenio de Las Tapias y el "entorpecimiento" del desarrollo del Plan de Regeneración Turística, la falta de consenso previo sobre el Plan General de Ordenación.
También apuntan como disfunciones las "graves descalificaciones públicas" en asuntos como la suspensión de la música en las terrazas del hotel Marquesa.
Asamblea por Tenerife responsabiliza a los tres partidos mayoritarios, PSOE, CC y PP, del derribo de Cho Vito, unos por ser sus promotores y otros por comportarse como cómplices interesados y exigimos que repongan sus viviendas. Ante este abuso de poder, convocamos a todos los ciudadanos a que asistan este sábado a las 12 del mediodía a una concentración en la playa de las Caletillas, junto a Cho Vito.
Denunciamos que en Candelaria se han suspendido las garantías y los derechos establecidos en la Constitución de 1978, por las graves coacciones a las que se ha sometido a decenas de ciudadanos por parte de los agentes de las fuerzas del Estado, que con una lista han seleccionado quién podía y quién no podía pasar hasta el poblado marinero sin orden judicial alguna que amparara la decisión de impedir el libre tránsito por la zona. La actuación del grupo rural de la Guardia Civil, con efectivos enviados desde la Península y Gran Canaria, ha sido el último paso después de la decisión de otro poder del Estado, la Administración de Justicia, de ventilar un expediente de 1.600 folios en hora y media, en lo que se ha demostrado como un claro acto de sadismo por parte de la juez sustituta instructora del caso, por lo que solicitamos su expulsión de la carrera judicial. Esta demolición se ha realizado sin tomar, siquiera, las mínimas medidas de seguridad, pues incluso han sido afectadas viviendas que no estaban incluidas inicialmente en los derribos y se ha puesto en peligro la integridad física de las personas que se encontraban en sus viviendas.
Advertimos al poder económico que impunemente destroza el litoral de las islas, que ejecuta sonoros pelotazos con la necesaria complicidad de sus títeres en las instituciones, y a los dirigentes de los tres partidos mayoritarios que el crimen de Cho Vito sí tendrá consecuencias políticas y sociales y que no se convertirá en un ejemplo para parecidas actuaciones en el futuro. Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos que puedan acudir a la concentración de este sábado, a las 12 del mediodía en la playa de Las Caletillas junto a Cho Vito, y a los colectivos sociales, culturales, ecologistas, vecinales, organizaciones sindicales y políticas, a reorganizarse para fortalecer los movimientos sociales y seguir en la lucha hasta que paguen los culpables y pongamos fin a una impunidad insultante y a un modelo económico destructor, especulativo y profundamente corrompido.
Francisco Javier González
Hay dos características que son consustanciales al “comportamiento de izquierdas”. La primera es su “carácter introspectivo” y la permanente puesta en cuestión de todo lo existente, incluyendo a su propia esencia, característica que nos lleva de lleno a la segunda, el “racionalismo”, que la conduce a rechazar frontalmente cualquier planteamiento político fundamentado en principios “revelados” o de “orden superior” o “de inspiración divina” (praeterracional o supraracional) como sucedía en el Antiguo Régimen con el Trono (“todo poder proviene de Dios” San Pablo) que resucita con los fascismos como el español (Francisco Franco, Caudillo de España “por la gracia de Dios”). En este sentido la izquierda sería antignóstica más que agnóstica al no permanecer indiferente ante las pretensiones supraracionales.
Si pasamos ahora a la traducción estrictamente política de la dicotomía izquierda y derecha nos encontramos de nuevo con que lo que diferencia el concepto de “izquierda política” del de “sentimiento de izquierda” es la voluntad transformadora de la sociedad existente en el camino a una sociedad sin la división entre explotadores y explotados, mientras que su opuesta, la “derecha política”, vendría definida por su defensa del orden existente, y por lo mismo, de la permanencia de un sistema que permite la explotación de unos hombres por otros, de unas clases por otras. La izquierda, pues, para serlo de verdad, es siempre revolucionaria y la derecha, también para serlo, es siempre conservadora.
La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica (1776) puede considerarse, por ello, como un acto político de una izquierda primigenia, aunque aún innominada como tal, ya que, aparte del hecho de la Independencia en si misma, establece por primera vez políticamente la IGUALDAD entre seres humanos y su derecho a cambiar el sistema de gobierno, eliminando el Trono, sostén del Antiguo Régimen, y poniendo al ciudadano como detentador del poder: “Sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad”. Quince años más tarde, en agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente francesa aprueba dos leyes fundamentales: la abolición de los derechos feudales y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es de nuevo el comportamiento de una izquierda política que adquirirá tal nombre solo un mes después.
La nueva nomenclatura “izquierda vs. derecha” va a nacer de la configuración inicial de la Asamblea, en que a la derecha del Presidente se sentaban los Fuldenses, mantenedores a ultranza del sistema de privilegios y castas del Antiguo Régimen, condensados en sus instituciones claves: el Trono y el Altar, mientras que a la izquierda de la presidencia se situaban los Jacobinos encarnando la defensa de la soberanía del pueblo sobre el tándem Trono/Altar cuando el diputado Jean Joseph Mounier, monárquico moderado al estilo inglés de la época, puso a votación la cuestión del “Veto Regio”. Probablemente esa situación de “izquierda” o “derecha” era algo más que un capricho topográfico del destino si tenemos en cuenta que la nobleza y la oligarquía se sentaba en las iglesias a la derecha del presbiterio y el pueblo llano a la izquierda y hasta Cristo, según reza el Credo católico, “está sentado a la diestra de Dios Padre” y que la mano izquierda es la “siniestra”, la “mano del Diablo” (recuerdo que en pleno franquismo se obligaba a los zurdos a aprender a escribir con la derecha). Va a ser esa posición lo que de nombre a los diputados, políticamente organizados, que, bajo el lema de LIBERTAD, IGUALDAD y FRATENIDAD dan fin al Antiguo Régimen e inauguran la Edad Contemporánea en la Historia, alumbrando el concepto de Estado Nacional en que la soberanía corresponde a la Nación, esto es, al Pueblo, y es justamente a la luz de estos tres conceptos básicos donde tenemos que buscar las diferencias claves entre izquierda y derecha.
Para la derecha la idea de libertad va directamente relacionada con lo “individual” porque desde esta óptica la sociedad es solo la suma de los individuos -incluyendo siempre en lo individual a los individuos jurídicos como las empresas- libertad extendida fundamentalmente al “mercado” como referente supremo de la sociedad de derechas actual y limitada por las Leyes, independientemente de que estas Leyes sean justas o injustas. “Dura Lex, sed Lex”. Para la izquierda este concepto no es divisible y no debe tener más límites que el bien colectivo, porque pone el énfasis en la idea de que la sociedad es algo más que la suma de los individuos.
Esa visión de la sociedad propia de la derecha que hace del “interés del individuo” (sea persona física o jurídica) el bien supremo a alcanzar, es la que determina su concepto de igualdad, que pasa así a tener apellidos que la concreten: la “igualdad ante la Ley”, la supuesta “igualdad de oportunidades”…. logrando que ese interés individual –sobre todo económico- haga que unos sean más iguales que otros. Para la izquierda, que acentúa más el carácter social del individuo, la igualdad es un referente de aplicación general a todos los aspectos del modus vivendi – sociales, económicos…- que, al menos como horizonte utópico, se pretende alcanzar, por lo que parte del hecho de que las desigualdades históricas –por ejemplo, entre géneros- necesitan medidas desiguales para remediarlas. La fraternidad es, para la izquierda, el medio de avanzar hacia la igualdad y se expresa mediante la solidaridad, mientras la derecha, que no parte de supuestos igualitarios, la considera como un acto graciable que se practica con aquellos a los que considera inferiores en forma de caridad.
Sin entrar en las diversas versiones de la izquierda política, toda su formulación teórica arranca de Marx y Engels y se desarrolla luego por toda una serie de politólogos –aunque a Lázaro Carreter eso de “politólogo” le parece un neologismo mal construido- posteriores, y a pesar de las desafecciones y urticarias que el término “marxista” parece despertar entre algunos de sus herederos, como la socialdemocracia española que aprueba en el 28º Congreso en mayo del 79 con el 60% de los votos una ponencia que expresaba: “El PSOE reafirma su carácter de partido de clase, de masas, marxista, democrático y liberal”, lo que provoca la dimisión fulminante de su Secretario General, Felipe González, y la inmediata convocatoria de un 28º Congreso “bis” cuatro meses después que certifique la “expulsión” de Marx del Partido y el “reingreso” de Felipe.
Si la socialdemocracia europea daba por muerto a Marx al inicio de los 80 y Gorbachov a mediados de la década -con la “Glasnost” y la “Perestroika”- inicia el fin de la URSS y, luego, la caída del Muro berlinés a finales de la década certifica la implosión del denominado “socialismo real” soviético, ¿habría con ello muerto el marxismo? ¿fue eso el triunfo total del capitalismo? El neohegeliano gringo, aunque de origen japonés, F. Fukuyama con su “Fin de la Historia y el Último Hombre” (1992 pero basado en un ensayo de 1989) afirma, nada menos, que la Historia Humana como lucha de ideologías –y de clases- ha terminado al tiempo que la URSS con el triunfo de los “valores occidentales de la Economía de Mercado” y que la única opción viable era la “democracia liberal” tanto en lo político como en lo económico, iniciando el llamado “pensamiento único” que nos viene a decir que las ideologías ya no son necesarias porque han sido sustituidas por la economía y, en palabras del propio autor: Estados Unidos, es por así decirlo, la única realización posible del sueño marxista de una sociedad sin clases. Ha nacido el neoliberalismo y el pensamiento “neocon” al que la socialdemocracia rendirá pleitesía.
Desde el mundo Latinoamericano y el Caribe, el “patio trasero” gringo, Eduardo Galeano plantea que para los oprimidos del mundo el supuesto “Fin de la Historia” significa realmente el desprecio total como destino: “Pero, si los imperios y sus colonias yacen en las vitrinas del museo de antigüedades, ¿por qué los países dominantes siguen armados hasta los dientes? ¿Por el peligro soviético? Esa coartada ya no se la creen ni los soviéticos. Si la cortina de hierro se ha derretido y los malos de ayer son los buenos de hoy, ¿por qué los poderosos siguen fabricando y vendiendo armas y miedo?. El presupuesto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos es mayor que la suma de todos los presupuestos de educación infantil en el llamado Tercer Mundo. ¿Despilfarro de recursos?¿O recursos para defender el despilfarro? La organización desigual del mundo, que simula ser eterna, ¿podría sostenerse un sólo día más si se desarmaran los países y las clases sociales que se han comprado el planeta? Este sistema enfermo de consumismo y arrogancia, vorazmente lanzado al arrasamiento de tierras, mares, aires y cielos, monta guardia al pie del alto muro del poder. Duerme con un solo ojo, y no le faltan motivos. El fin de la historia es su mensaje de muerte. El sistema que sacraliza el caníbal orden internacional, nos dice: "Yo soy todo. Después de mí, nada" ¿Fin de la historia? Para nosotros, no es ninguna novedad. Hace ya cinco siglos, Europa decretó que eran delitos la memoria y la dignidad en América –y en Canarias y en todas las colonias, añadimos nosotros-. Los nuevos dueños de estas tierras prohibieron recordar la historia, y prohibieron hacerla. Desde entonces, sólo podemos aceptarla.” (Galeano; 1992)
La visión de la derecha de que el “socialismo real” que impuso la burocracia soviética era ya el comunismo y el máximo desarrollo del socialismo, choca con la realidad del pensamiento marxista que, al partir siempre del marco material en que se está desarrollando, no es estático, y que, como la propia historia, es una categoría congruente, por lo que, al cambiar el marco material se producen desfases que obligan a replanteamientos, “revisiones” que, si se realizan en la dirección basada en los análisis correctos, no son negaciones sino desarrollos de las tesis anteriores, como en su día hicieron, entre otros, Lenin, Gramsci o Mariátegui. Ni el marxismo ni el comunismo han fracasado. Solo se abre una nueva etapa y, por ello, más prometedora. Coincido con Carlo Fabretti cuando afirma que la caída del Muro de Berlín “no fue el principio del fin sino el fin del principio. Con el desmembramiento de la URSS terminaba la fase primitiva, infantil, del llamado socialismo real y empezaba una nueva etapa de maduración y desarrollo”. El desplome total del pensamiento neocon al que estamos asistiendo en directo sí que es el Fin de “su” historia, la del imperialismo gringo y su cohorte financiera mundial. Requiem in pacem.
Nos queda por determinar la relación de estas “revisiones” del pensamiento marxista y de las izquierdas en general con el nacionalismo, que será objeto de otra próxima parte.
Gomera a 9 de octubre de 2008
Francisco Javier González
El Gobierno de Colombia decretó hoy el estado de conmoción interior (excepción) para atajar la crisis causada por la huelga de empleados judiciales, que cumplió 36 días.
El presidente Alvaro Uribe explicó en una alocución que se decidió declarar el régimen de excepción tras fracasar las negociaciones con los empleados judiciales, que se declararon en huelga el pasado 3 de septiembre y que no aceptaron las alzas salariales decretadas, lo que mantiene paralizada la administración de justicia.
Uribe justifica su decisión en que la Constitución colombiana establece que "en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional", el presidente de la República podrá declarar el Estado de Conmoción Interior por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos periodos iguales. Sin embargo, la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados Judiciales, Asonal, dijo que esta decisión es "equivocada" porque una conmoción interior no puede ser justificada por un paro laboral, "ni tiene relación con el artículo 213 de la Constitución".
Ese estado excepcional permite al Ejecutivo dictar medidas con fuerza legislativa para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos y suprimir algunas libertades.
Se da la circunstancia de que, la declaración de estado de excepción fue una recomendación data por Luis Carlos Sarmiento, el banquero más importante del país, durante la asamblea de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF).
Fuerteventura Limpia
A propósito de la nueva propuesta del Consejo Político Insular de Coalición Canaria en Fuerteventura de situar la central eléctrica en Rosa del Lago parece que el objetivo es buscar localizaciones imposibles y dañinas para la isla y sus habitantes.
Esta nueva propuesta incumple:
-La Ley 19/2003 de 14 de abril Directrices de Ordenación General y las Directrices de ordenación del Turismo de Canarias.
-El PIOT de Fuerteventura.
-El Plan General de Ordenación de Puerto del Rosario de 1989 actualmente vigente y
-El Plan General de Ordenación en elaboración que forzosamente tiene que recoger el Plan Parcial Turístico de Rosa del Lago que cuenta con Aprobación Definitiva de la COTMAC de hace menos de un año.
Es prácticamente imposible que un expediente de expropiación forzosa por “utilidad publica” prosperase a la vista del incumplimiento masivo de todas las leyes que afectan al desarrollo urbanístico de esa localización.
El pleito de los propietarios contra la decisión se podría eternizar y las indemnizaciones llegar a cifras catastróficas para los responsables, Cabildo de Fuerteventura, Gobierno de Canarias, etc. Véase el ejemplo de Tindaya donde ya van por 150 millones. Hay que tener en cuenta que el Plan Parcial Rosa del Lago es de un millón de metros cuadrados y la central eléctrica necesita 100.000 m2.
Además, la mancha de contaminación con vientos dominantes de Nordeste llegaría al Barrio de Fabelo en Puerto de Rosario, y dañaría áreas urbanas mas próximas como Puerto Lajas con casi trecientas viviendas construidas, La Hondura con cuatrocientas viviendas, Majada Marcial en Puerto del Rosario con más de mil viviendas, partes del Charco con aproximadamente trescientas viviendas, toda la zona de Rosa de la Monja también dañaría a urbanizaciones en desarrollo en Puerto Lajas, Rosa de la Arena, y final de la calle de la Pesca hacia Majada Marcial.
La zona en cuestión es una de las más bellas de la isla con una riqueza natural impresionante que el Plan Parcial y campo de golf de Rosa del Lago modificarán a peor pero nada parecido a esta auténtica salvajada de propuesta.
En su momento el Plan Parcial de Rosa del Lago no se aprobó por diferentes motivos determinados por las Directrices de Ordenación sobre incumplimientos del Estudio de Impacto Ambiental y del Estudio de Impacto Ecológico siendo requerido por la Dirección General de Urbanismo con fecha 28 de julio de 2004 cuyo número del BOC correspondiente pueden leer si hacen CLICK AQUÍ: stopcorrupcion.googlepages.com/BOCA_rosa_del_lago2.pdf
Da que pensar.
MÁS INFORMACIÓN: fuerteventuralimpia.blogspot.com
Tomás González es el portavoz de los vecinos del ya casi desaparecido poblado de Cho-Vito, en la costa de Candelaria (Tenerife), que en la jornada de ayer eran desahuciados de sus viviendas, algunas de las cuales fueron ya derruidas. Un día después, y cuando las obras se encuentran paralizadas por no estar garantizada la seguridad de aquellos vecinos cuyas viviendas no serán demolidas, al menos aún, Tomás González habla sobre lo sucedido.
He tenido que leer no sé cuantos miles de artículos. La Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Procedimiento, la Constitución Española... que yo no sabía que existía un libro de la Constitución Española, y me la he tenido que leer, porque no me ha quedado más remedio. Pero cuando yo veo que pisan los derechos de los ciudadanos, cuando yo he visto morir a un periodista como es José Couxo por estar donde estaba la noticia,... quiero que esa dignidad se respete; la de todos los periodistas que les han coartado el derecho a informar, y el derecho a la opinión pública de saber lo que estaba pasando aquí ayer”.
Solicitan la presencia de técnicos del Ayuntamiento en Cho-Vito
“Cuando yo estoy hoy pidiendo aquí que venga el Alcalde, los servicios sociales para hacer un apoyo psicológico... Aquí no ha venido el Alcalde, y permítanme que por primera vez diga un taco: No hay huevos en el Ayuntamiento de Candelaria para tratar este asunto. Y digo más, cuando estoy hoy diciendo que aquí tienen que venir los técnicos de las oficinas municipales por si las casas corrieran peligro, con familias dentro, no ha venido nadie. No me hace falta que venga Sindo ni Domingo Ramos. Que venga un técnico, a ver si lo que yo estoy diciendo es verdad. Y aquí, a fecha de hoy, no ha venido nadie. Se está procediendo a presentar una denuncia no sé dónde, porque esto se me va de las manos,.. Tengo que estar atendiendo a todo el mundo, y yo no me puedo mover por mi seguridad, para poder estar otra vez con mi mujer y mis hijos. No me puedo mover más allá de los 100 metros del perímetro de seguridad de Cho Vito. Aquí hay un vecino que dice que esto parece Guantánamo”.
Piden la dimisión del Alcalde de Candelaria
“Esto es la democracia que practica el Partido Socialista en Candelaria. Ayer Asamblea por Tenerife emitió un comunicado pidiendo la dimisión de Sindo. Ese comunicado se mandó a los medios de comunicación, no sólo para pedir la dimisión de Sindo, sino para que el Partido Socialista lo suspenda inmediatamente de militancia, y si eso no lo hace el Partido Socialista, es connivente con lo que está pasando en Cho Vito y el drama que tienen todas estas familias.
Tienen que responder de lo que hemos anunciado, ante la ciudadanía, por razones más que obvias. Un alcalde, que es la máxima autoridad de un municipio, no se puede escudar en que está cumpliendo una sentencia. Él tenía que mediar ante la Delegada del Gobierno, para no dar el esperpento que se ha dado de los vecinos de Cho Vito a través de los medios de comunicación. Él tiene que personarse aquí y decir: A ver ustedes, de Costas. Proyecto de demolición. Carga de seguridad. ¿A quién le han solicitado ustedes la licencia de obras? No lo han hecho. Él tenía que haberle dicho a Carolina Darias: Oye Carolina, cuidado que esto se te puede ir de las manos.
Llevo reclamándoles una semana que no creen de esto un drama humano, que esto se podía haber evitado. Vamos a sentarnos a dialogar... ¿Sabes cuándo se han sentado a dialogar? El viernes, porque le hemos cogido en directo y lo ha comprometido un periodista. Eso es lo que a mi me revuelve de alguien que presume de ser socialista. Además, ver declaraciones diciendo y echándole la culpa a otros, y esto lo digo ya, porque está intentando echarnos la culpa a unos cuantos, de no haber solicitado casas y por eso ha pasado lo que ha pasado”.
Los vecinos se niegan a ser pisoteados
“Tenemos muchos casos aquí flagrantes, de dolor, de tristeza. [...] Muchos, muchos. Es masacrarnos, humillarnos,.... [...] Habrán acabado con las casas de nuestros vecinos, y seguro que las nuestras van detrás. Pero no han acabado con nuestra dignidad. Creo que la palabra dignidad aparece en uno de los artículos de la Constitución Española. Eso es a lo que yo me niego, y estos vecinos nos estamos negando. A ser pisoteados.
Para ser peticionario de una vivienda de protección oficial, si pagas la contribución de otra vivienda, no tienes derecho a vivienda de protección oficial. Eso es así de claro. ¿Y por qué yo, Tomás, tengo que ir a pedirle una vivienda al Alcalde, si ya tengo una?”
Sobre las entradas a los domicilios
“Yo no le estoy echando la culpa a la Guardia Civil. Jamás le podré echar la culpa a la Guardia Civil. Hoy ha habido un acto muy honroso para ellos. Enfrentarse a ese que vino a amedrentarnos de Costas, y decirle: ¿Usted cree que esta gente está segura aquí dentro? ¿Usted cree que aquí hay seguridad? Y han parado la obra, hasta que alguien de Costas garantizara que estamos seguros en nuestras casas. Porque yo no tengo por qué irme de mi casa mientras se esté trabajando alrededor. Si no me pongo delante de la pala, esto no lo habríamos parado y yo no sé de qué estaríamos hablando hoy... ¿Qué pasa? ¿Quieren vernos morir dentro de nuestras casas? ¿Que haya una muerte y después nos lamentemos todos? ¿Y después dirán todos los medios de comunicación que esto ha sido un atropello? A eso es a lo que nos negamos”.
“No hay nadie que pueda decir en mi nombre quién puede ir a mi casa”
“Yo no puedo vivir rodeado, impidiendo que entre gente libremente a mi casa. ¿Quién ha autorizado al Alcalde de Candelaria y a Domingo Ramos a decir qué personas pueden ir a mi casa? No hay nadie que pueda hacer eso. Es un derecho que yo tengo. Es libertad. No hay nadie que pueda decir en mi nombre quién puede ir a mi casa. No hay nadie. Eso es vulneración de los derechos fundamentales. Y la Guardia Civil tiene órdenes, no sé si judiciales, no sé si del Subdelegado del Gobierno, no sé si de la Delegada del Gobierno, para que no se deje pasar a nadie que no esté en una lista. ¿Es que Sindo sabe que yo tengo una hija de 24 años que vino a verme ayer y no pudo hacerlo? ¿Es que Sindo sabe que tengo una madre, igual que la tiene él? Que tengo una suegra, que mis hijos tienen abuelas, que tengo unos hermanos... ¿Quién le ha autorizado a él a hablar en mi nombre? ¿Quién?
Esos son los derechos que yo exijo que me sean restablecidos de inmediato. De inmediato. Y digo más. Y lo puedo decir más alto, pero no más claro. No le toleraré jamás ni a la Delegada del Gobierno [...] ni al Subdelegado del Gobierno: en mi nombre, usted no está autorizado a prohibir la entrada a nadie. Quedará en el cargo de su conciencia como socialistas, que ustedes no han luchado por la libertad para todo esto. Ustedes se han aferrado al poder para apabullar al pueblo. Nunca mejor dicho con lo que han hecho con este pueblo ayer. No se lo tolero, ni a Sindo, ni a Domingo, ni a nadie”.
Apoyo psicológico para los afectados
“¿Dónde está el apoyo psicológico para estas personas? Han tenido que sacar a una niña de diez años con un ataque de ansiedad. Ha tenido que venir la Cruz Roja ha atender a otra señora porque está viendo el drama que se está viviendo aquí... ¿Dónde está el Presidente del Gobierno de Canarias? Por favor, que no se lamenten más. Que no se lamenten más”.
El abogado y miembro de Justicia y Sociedad, así como de la formación política Izquierda Unida, José Pérez Ventura, visitaba en la tarde noche del miércoles 8 de octubre el barrio de Cho-Vito, comprobando in situ que lo que allí está teniendo lugar es lo que califica como "un estado de excepción encubierto". Asegura el jurista que la actuación de la Guardia Civil, restringiendo el libre acceso al lugar, en modo alguno se encuentra amparada jurídicamente por ningún tipo de orden, de ahí que decidieran presentar una denuncia y animar a los vecinos a presentarse ante el juez de guardia de Güímar y poner en su conocimiento los hechos. "Esperemos que tome cartas en el asunto", comenta Pérez Ventura.
"Se están vulnerando de forma sistemática los derechos humanos y los derechos fundamentales de los vecinos de Cho-Vito"
Asegura el abogado que la actuación de la Guardia Civil no responde a ningún tipo de orden, pues aunque se les requirió que la exhibieran, éstos se negaron, con lo cual presume que tal orden no existe.
Entiende Pérez Ventura que en Cho-Vito se vulnera el derecho a la libertad individual, y que los vecinos están siendo coaccionados, en la medida en que se impide el acceso con libertad a sus familiares, amigos y a cualquiera que desee acceder a las viviendas que no se encuentran afectadas por la orden de derribo y que, por lo tanto, no son objeto de la actuación de la Demarcación de Costas en estos momentos.
"Se está vulnerando incluso el derecho a la intimidad"
Según el abogado, los vecinos están sufriendo también la vulneración de su derecho a la intimidad, pues son personas que tienen ahí su vivienda, donde desarrollan su vida personal y familiar, y sobre los cuales la Guardia Civil actúa como "portero", restringiendo el acceso y seleccionando quiénes pueden acceder o no a las casas.
"Esto es una especie de campo de concentración...esto es verdaderamente denigrante", comenta Pérez Ventura, añadiendo que nos encontramos ante una situación de "acoso institucionalizado", ejercido por la Guardia Civil y la Demarcación de Costas.
"Vamos a presentar una denuncia"
Comenta el abogado que, atendiendo a lo que allí han visto, han decidido presentar una denuncia, así como emplazar a los vecinos a que se presenten en el Juzgado de Guardia de Güímar para poner en conocimiento de la autoridad judicial los hechos. "Esperemos que la autoridad judicial, que en un Estado de Derecho se supone que debe ser el garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluso frente a las situaciones vulneradoras de los mismos que puedan provenir de los poderes públicos, incluida la Guardia Civil, tomen cartas en el asunto", apunta el abogado.
Justicia y Sociedad hace un llamamiento a la ciudadanía para que se solidaricen y se movilicen
En nombre de la Asociación Justicia y Sociedad, José Pérez Ventura apela a la solidaridad de la ciudadanía, para que de forma pacífica y cívica expresen su apoyo y pública protesta hacia una actuación que reiteradamente califica con el apelativo de "vergonzosa".
"El Alcalde tenía la posibilidad de paralizar la actuación y no lo ha hecho"
Asimismo, hace el abogado referencia al papel que en todo este asunto ha tenido José Gumersindo García, el socialista Alcalde de Candelaria. "Vergüenza hace mucho tiempo que algunos creemos que no tiene, y este es el suma y sigue", afirma Pérez Ventura, acusándolo de no haber sabido estra con sus vecinos, así como de haber efectuado dejación de sus funciones y competencias en materia urbanística pues, según el jurista, podía haber exigido la licencia correspondiente a la actuación de Costas, y sin embargo no lo ha hecho.
"Me gustaría saber si éste es el Partido Socialista que Juan Fernando López Aguilar quiere"
Se pregunta José Pérez Ventura si ésta es la clase de política urbanística que realmente quiere llevar a cabo Juan Fernando López Aguilar, y hace un llamamiento además a los periodistas que también han visto vulnerados sus derechos fundamentales al impedírseles trabajar, para que le pregunten a aquel "si éste es el modelo ejemplar de democracia por el que está luchando".
Denuncia la hipocresía de CC y PP
No olvida tampoco el abogado a los partidos Coalición Canaria y Partido Popular, "que si bien nominalmente, de palabra, dicen hoy apoyar a los vecinos, en realidad no han movido ni un dedo ni han hecho todo lo que podían haber hecho".
Asegura Pérez Ventura que el Cabildo Insular de Tenerife, que ostenta competencias en materia de patrimonio histórico artístico, tenía capacidad para haber promovido la declaración del poblado como conjunto de interés etnográfico, y sin embargo no lo ha hecho.
Observa, asimismo, que el Gobierno de Canarias posee ciertas competencias que podía haber ejercido. "Simplemente incoando un expediente con la declaración de BIC habría quedado en suspenso toda la actuación urbanística, y no lo ha hecho".
"Detrás de todo esto hay un pelotazo urbanístico"
Recuerda José Pérez Ventura, que ya en mayo pasado, la formación política de la cual es miembro, Izquierda Unida, denunciaba que detrás de los derribos de Cho-Vito subyace un pelotazo urbanístico. "Lo que se quiere es, con el desmantelamiento de la central térmica y la construcción de un puerto deportivo que está previsto en la adaptación del Plan Insular de Ordenación del Territorio, urbanizar toda esa zona,...y Cho-Vito molesta", explica.
"Molesta quienes ha hecho una ocupación tradicional y respetuosa de la costa; personas modestas, trabajadores que desde siempre han estado viviendo y trabajando honestamente en esta lugar. Molestan porque lo que quieren es especular con el suelo de todos. Es una vergüenza que yo creo que la gente que tenga un mínimo de sentido común debería llevarles a movilizarse y a protestar pacíficamente, pero desde luego no quedarse callados. No nos pueden callar más, y hago un llamamiento en este sentido", sentencia.
Concluye el abogado afirmando que siente "verdadera repugnancia" por la actitud del Presidente del Cabildo y del Presidente del Gobierno de Canarias, que tenía la posibilidad en Consejo de Gobierno mediante decreto, de adoptar medidas de protección del poblado, y sin embargo no lo ha llevado a cabo.
Señala, además, que "la actuación deleznable de la Guardia Civil nos retrotrae al franquismo. Esto es un estado policial, y esperamos que los mecanismos del Estado de Derecho, aunque no soy excesivamente optimista, me gustaría que funcionaran de una vez por todas y que el juez que mañana esté de guardia cumpla con su trabajo".
A pesar de las notables medidas de seguridad que se
han apostado en el poblado desde primeras horas de la mañana, los
vecinos no han ofrecido resistencia, se han limitado a seguir en sus
hogares hasta que les den el aviso de desalojo. Según señala González, "han venido por tierra, mar y aire", y afirma que un helicóptero llegó a sobrevolar la zona, una Zodiac custodia la playa y el Grupo Especial de Operaciones (GEO), de la Guardia Civil tiene acordonado el poblado".
Por su parte, la Guardia Civil ha informado a ACN Press de que en realidad se ha dispuesto un "pequeño" despliegue, formado por 40 hombres del Grupo de Reserva y Seguridad al mando de un teniente y 10 hombres del núcleo de reserva de la Comandancia de la Guardia Civil. También confirmó que un helicóptero dio "algunas pasadas" por el aire pero que se retiró en el momento en que se comprobó que todo transcurría con normalidad.
Al parecer, el desalojo de las casas está siendo totalmente pacífico, salvo alguna resistencia aislada y vecinos que profieren gritos contra las autoridades, pero sin que se hayan tenido que lamentar incidentes violentos.
En la zona se encuentran vecinos, familiares y amigos, así como numerosos medios de comunicacion. Según González, los policías no han dado facilidades a los medios de comunicación para que realicen su trabajo".
Canarias24h.com
La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias ha dirigido escrito al presidente de Tagoror Achinech, para que en un plazo de diez días demuestre su representatividad del colectivo social, que ha conseguido la paralización de las turbinas instaladas en Chío.
El presidente de esta asociación muestra su sorpresa ante tal exigencia, ya que después de presentar varios escritos, alegaciones, tres procesos judiciales…, que ahora venga la consejería a decir que en el expediente no le consta documento que acredite ser representante de la asociación, por lo que la califica de torpeza total, pues si no existiese dicha documentación, como es posible que en la resolución por la que se dio Autorización Ambiental Integrada a Unelco para el centro productor energético, se hace constar la personación en nombre de Tagoror Achinech. Y si no tiene dicha documentación, la consejería podría haber incurrido en un grave error al facilitar a una persona documentación que sólo es para el colectivo, por lo que pide a Medio Ambiente que se explique.
José Antonio Linares, presidente del colectivo, dice que esto es una artimaña más de la Consejería de Medio Ambiente, que está buscando algún resquicio para archivar el recurso de impugnación que el colectivo ha presentado, sobre la A.A.I., pues ésta se publicó el pasado mes de junio, dos años más tarde de lo que tenía que hacerse y según el colectivo, ha vulnerado el derecho a los ciudadanos a poder presentar recursos en vía administrativa, cuando una instalación les afecta.
Tagoror Achinech recuerda que la sentencia que determinó que Unelco no podía volver a poner en funcionamiento las turbinas, falla diciendo que la Autorización Ambiental Integrada es susceptible de ser impugnada por no haber sido publicada en el B.O.C. antes de poner en funcionamiento el centro productor de energía, lo que hizo que no contase con un tiempo legal establecido para que los afectados presentasen recuro ante la resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
El colectivo social, concluye que “conocedor de las artimañas de la administración pública, este recurso de impugnación lo presentaron también varias personas afectadas, por lo que ve difícil que pida a cada ciudadano recurrente una identificación personal”
Toño Linares
Allá por los años ochenta, la televisión alemana emitió un reportaje sobre el excesivo volumen de construcción en la construcción en las costas canarias. Emisión televisiva que generó un rechazo de las autoridades canarias alegando intromisión en la forma de planificar su desarrollo, lo que supuso el pistoletazo de salida de un modelo de desarrollismo que ha llegado hasta nuestros días, con las graves consecuencias que hoy estamos sufriendo.
A lo largo de todo nuestro litoral observamos una serie de edificaciones que atentan contra la estética del buen gusto e, insultan a cualquier sensibilidad medioambiental. Desplazando cualquier vestigio de nuestro estilo arquitectónico cultural de esta tierra. Las casitas blancas con puertas verdes, característica propia de una vida de cara al mar, que los residentes en Canarias han patentado como seña de identidad propia, recibida como legado de un trabajo impagable de nuestros antepasados.
La defensa de los pueblos marineros de Canarias ha quedado silenciada por un desarrollo, dirigido por un sistema especulativo, ocasionando el retroceso cultural y social de esta tierra única, en aras del progreso impuesto por unos pocos, conduciendo al conjunto de la población a ser dependientes de esos propulsores del sistema capitalista, hoy en plena crisis, arrastrando a la ciudadanía a ser el pagador de la avaricia de este modelo socio-económico.
En este sistema devorador existen personas que se oponen a ser presa del modelo impuesto, como es el caso de las treinta y una familia de Cho-Vito, un poblado marinero construido en la pos guerra civil. Un poblado creado para saciar la necesidad de varias personas, al poder vivir de cara al mar, en convivencia con los recursos naturales que el océano les facilitaba. Un poblado que lo han colocado en el punto de mira.
Con el pretexto de la aplicación de la Ley de costas, Cho-Vito lo han condenado a ser pasta de la maquinaria de demolición, por interpretar que invade el espacio marítimo terrestre, al igual que lo invade gran cantidad de urbanizaciones hoteleras, turísticas, chalet de lujo, de reciente creación a lo largo de todo la costa de Canarias.
Visitando al poblado de Cho-Vito, observamos como todo el litoral del municipio de Candelaria esta totalmente edificado, probablemente incumpliendo la ley de costas, quedando el reducto de la zona donde se ubica la central térmica, el núcleo poblacional de Bajo la cuesta y, el propio Cho-Vito. No es de extrañar a nadie que el interés de desmantelar la central térmica, nada tiene que ver con el acabar con un modelo energético obsoleto y contaminante, al igual que la demolición de los núcleos poblacionales anexos, tengan exclusivamente un objetivo de especulación urbanístico.
Una sorpresa indignante es lo piensa toda persona de bien que conozca la problemática de este poblado de Candelaria, al ser incomprensible que obras, con dificultades judiciales incluidas, como es el caso de la teresitas, hoteles en Lanzarote y, otras urbanizaciones a lo largo de la costa, no les sea aplicada la ley de costa con la misma intensidad y contundencia que se ha hecho con Cho-Vito. Un acto diferencial que escenifica el trato de favor para beneficiar el desarrollismo urbanístico, que ha sepultado cualquier rastro de la idiosincrasia de las personas que han poblado este archipiélago y, que quieren seguir residiendo en él, acorde con el estilo de vida heredado de sus antepasados.
La carencia de inteligencia o, el afán desmesurado de aglutinar fortunas rápidas, están haciendo que reductos como Cho-Vito, sean conocidos por generaciones venideras por postales, o cuentos de abuelos a nietos, cuando perfectamente podría hacerse rutas turísticas por estos poblados, mostrando un estilo de vida, consiguiendo de esta forma un reparto de la riqueza, en lugar de ofertar a los visitantes más cemento y piche. Oferta de la que pretenden escapar cuando salen de vacaciones.
Los residentes en Cho-Vito no han perdido esta batalla y, pase lo que pase, nunca la perderán, porque sólo las batallas perdidas son aquellas que se abandonan y, estas personas de altísima dignidad, no sólo se han opuesto a la demolición de sus viviendas, sino que le han plantado cara, a todo el sistema que como traje a medida, pretende condenarlos a vivir en jaulas prefabricadas, sumándole a esta condena la sanción económica en forma de hipoteca, y la pérdida cultural que dejarían a generaciones venideras.
El destruir Cho-Vito, o cualquier poblado costero de característica similar, escudándose detrás de la aplicación de la ley de costas, es como pretender destruir el Teide porque todos tenemos derecho a recibir la señal de telecomunicación, y este emblemático volcán nos lo impide.
Toño Linares- Tagoror Achinech
Unos 300 vecinos se han comenzando a concentrar en la localidad costera de Cho Vito, en el municipio de Candelaria, tras la decisión este lunes de la jueza del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Santa Cruz de Tenerife de levantar la suspensión cautelar de los derribos de 23 de las 31 viviendas declaradas ilegales por la Ley de Costas por invadir dominio público marítimo terrestre.
Asimismo, confirmó que en la zona se han personado durante este lunes efectivos de la Guardia Civil y ya se han comenzado a realizar las labores de vallado de las vías y retirada de vehículos para facilita la entrada de la maquinaria que procederá a los derribos, previstos por el auto judicial para este martes.
"IMPOTENCIA Y RABIA"
"Impotencia y rabia es lo que sentimos, de aquí no nos van a mover y ya hemos dicho que seremos parte de los escombros", advirtió González, quien precisó que los vecinos están haciendo acopio de comida y agua para pasar la noche en la zona, junto a numerosas personas que se están acercando al lugar.
González precisó que desconoce a qué hora podrían comenzar a trabajar las maquinarias e indicó que los vecinos permanecerán en vigilia y que nadie ha desalojado las viviendas ni ha sacado enseres. "Ahora mismo hay niños, mujeres embarazadas y personas mayores, y que sea lo que Dios quiera, lo que hemos dicho nosotros siempre es que nos sacarían con los escombro y eso es lo que va a pasar", advirtió.
Precisó que en la zona hay como unas 300 personas "y siguen llegando", entre ellas los 7 concejales de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Candelaria, quienes este lunes propusieron la convocatoria de un pleno urgente, una de las "pocas opciones posibles" que quedaban, pero que ha sido rechazada por el alcalde de la localidad, Gumersindo García, según explicó ACN Press el portavoz de los vecinos afectados.
"Nosotros no nos fiamos, porque las vallas se comenzaron a colocar antes de saberse el fallo judicial", indicó González, quien explicó que las labores de derribo podrían comenzar en cualquier momento, ya que durante este lunes se ha procedido al desalojo de los coches y a la señalización y vallado de la zona.
También explicó que se han desplazado a la Isla efectivos de dos Grupos Rurales de Seguridad de la Guardia Civil, ante lo que recordó que las personas que residen en Cho Vito "somos 31 familias, no somos ni etarras ni hemos matado a nadie".
En cuanto a la decisión de la jueza, apuntó que este fin de semana han estado trabajando "a tope" y han recopilado unos 1.600 folios de documentación "muy completa, que mis dudas tengo que una juez se la haya podido ver en una hora y media", afirmó.
"En principio la intención es resistir a las palas y si nos mueven seremos partes de los escombros", reiteró González, quien precisó que incluso han acondicionado alojamiento para medios de comunicación que quieran pasar la noche de vigilia con los afectados y "que sean testigos claros de cómo muere un pueblo que ha luchado durante tres años y medio con la mayor dignidad del mundo, sin causar daño a nadie y diciendo la verdad", apuntó.
RATIFICACIÓN DEL AUTO JUDICIAL
Cabe recordar que esta decisión adoptada este lunes por la jueza, llega después de que la semana pasada fuera admitida a trámite la petición de suspensión cautelar de los derribos presentada por los vecinos, tras acceder al auto judicial que los confirmaba para este martes 7 de octubre.
Con la decisión de este lunes la jueza se ratifica en la decisión adoptada en ese auto judicial emitido el 23 de abril de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Santa Cruz de Tenerife notificando a la Abogacía del Estado la autorización para la entrada y posterior demolición de las 23 viviendas situadas en la playa Cho Vito.
Según ha aclarado el Ministerio de Medio Ambiente, las otras seis construcciones han sido excluidas porque constituyen primera vivienda, según consta en el listado de demandantes de vivienda social facilitada por el Ayuntamiento de Candelaria.
De acuerdo con el auto judicial, se indica que el plazo máximo fijado para que la administración proceda a la entrada ejecución forzosa y subsidiaria de la recuperación del dominio público marítimo-terrestre es de seis meses a partir de la fecha de notificación a la Administración, por lo que las actuaciones de entrada de domicilio y demolición deberán estar completamente terminadas antes del 30 de octubre de 2008.
El Ministerio aclaraba la semana pasada, en un comunicado, que una vez "analizados todos los informes y respetados todos los plazos que la legalidad exige", la Subdirección General de Sostenibilidad de la Costa ha concluido que no existe "ni un solo indicio que permita relacionar a los ocupantes de la playa de Cho Vito con un poblado marinero, ni se demuestra la existencia de valores etnográficos, ni siquiera se concreta algún tipo de valores, ni se recopila información documental alguna sobre dichas construcción que permitan reconsiderar la obligación de recuperar el uso público del dominio marítimo terrestre para hacerlo accesible a todos los ciudadanos de forma libre, pública y gratuita, como establece la Ley de Costas".
La Fiscalía Anticorrupción ha dado el paso previo para la posible imputación del vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, por un presunto caso de cohecho cuando ejercía como máximo regidor del Cabildo Insular de Gran Canaria.
La Fiscalía Anticorrupción en Canarias, siguiendo instrucciones del fiscal jefe, Antonio Salinas, trasladó al TSCJ su petición de que se tome declaración a Soria por una denuncia relacionada con la concesión de camas turísticas al desaparecido empresario Bjorn Lyng acogiéndose a las excepciones de la moratoria. Ahora la Sala de lo Civil y Penal del TSJC deberá pronunciarse sobre esa petición. Algunas fuentes jurídicas sostienen que el solo hecho de que la Fiscalía lo pide conllevará de forma casi automática la citación de Soria en calidad de imputado, esto es, acompañado de su abogado. Otras fuentes sostienen que la Sala puede rechazar la petición de la Fiscalía y archivar la denunia.
El Ministerio público trata de investigar si hubo irregularidades en la autorización de explotación de camas turísticas del grupo Anfi del Mar, por parte del Cabildo, y un viaje vacacional que José Manuel Soria realizó acompañado del ex máximo accionista del complejo turístico, Bjorn Lyng (ya fallecido).
La denuncia por presunto cohecho fue interpuesta por el periodista Carlos Sosa.
Santiago Pérez (PSOE): “Soria acabará preso en la propia telaraña que él ha ido tejiendo”
Pérez, en declaraciones a ACN Press, ha manifestado que el también líder del Partido Popular (PP) en Canarias “viene desde hace muchos años huyendo hacia delante y haciéndose el nuevo en asuntos muy graves que conciernen a su partido, especialmente en la isla de Gran Canaria”. Según señala, Soria ha dirigido el PP “con un poder omnímodo, del que ha estado presumiendo durante muchos años y haciéndose el nuevo ante toda la ristra de asuntos relacionados con la corrupción, que concierne a cargos públicos del PP y que están siendo investigados”.
Para el diputado socialista, se ha llegado a creer que “es inmune y que puede estar huyendo permanentemente, pero con el paso del tiempo acabará preso de su propia telaraña y de los mecanismos del estado de derecho, que funcionan lento en relación a la política pero afortunadamente funcionan”.
Consideró que en este tema esos mecanismos “no van a fracasar en Canarias como el PP ha intentado y hasta el momento conseguido en otras latitudes como en Castellón, donde garantías y fundamentos muy importantes del estado de derecho al servicio del imperio de la ley están fracasando”.
Santiago Pérez opinó que esta imputación que solicita el Ministerio Fiscal se sustentará en indicios suficientes, pero “es un episodio más de tantos otros muchos de los que ha intentado zafarse José Manuel Soria”.
Bochornosos espectáculos
De hecho, recordó que en el final de la última legislatura “nos obligó a presenciar bochornosos espectáculos” como el cierre de la comisión de investigación parlamentaria del 'Caso eólico' o el acuerdo del Parlamento, autorizando miles de nuevas camas en el sector turístico sin cumplir requisitos legales vigentes. “Y este asunto de las camas es el motivo por el que ahora la Fiscalía pide su implicación”, aclaró.
Santiago Pérez señaló que ahora lo que toca es dejar trabajar a los mecanismos del estado de derecho, ya que la valoración jurídica la deben hacer los tribunales, pero afirmó que si hay algo de lo que no le cabe duda es que “Soria acabará preso de la propia telaraña que él ha ido tejiendo”.
En esa línea, apuntó que en base a una perspectiva general de las actuaciones de el vicepresidente del Gobierno canario es por lo que los socialistas presentaron hace unos días una propuesta para que el Parlamento autonómico le exija la dimisión. “Una persona con ese estilo y forma de actuar no puede seguir siendo ni más ni menos que vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía y Hacienda y menos aún en una época de crisis”, concluyó.
"Nos enfrentamos desde hace 33 años a una máquina fría e irracional de asesinar, de llevar a cabo sin capacidad de reflexión la misión ordenada: el genocidio". Así de rotundo se mostraba este domingo el presidente del Comité Contra la Tortura de Dajla, El Mami Amar Salem, durante su intervención en el Primer Encuentro Internacional de Solidaridad con el Sahara que se celebra en Sevilla este pasado fin de semana y a cuyo texto íntegro ha tenido acceso el Servicio de Comunicación Saharaui en Canarias (SCSC).
"Sin embargo", continuó, "he de permanecer en España, país hermano al que agradezco su acogida, para recuperarme de las secuelas de la tortura, la represión y el maltrato".
El presidente del Comité Contra la Tortura de Dajla, El Mami Amar Salem, fue torturado en cuatro ocasiones por la policía marroquí "por el único delito de defender abierta pero pacíficamente los derechos fundamentales de nuestro pueblo, derechos inexistentes desde hace ya más de 30 años", explicó.
Después de su última detención y "mi último encuentro con los torturadores marroquíes, hace aproximadamente dos años y tras recibir graves heridas en las piernas, fui abandonado en la zona minada del desierto mauritano por la seguridad marroquí con la esperanza de que mi muerte llegaría pronto. Afortunadamente me rescataron y ahora estoy aquí, hablando con ustedes".
"Hoy", recordó a los asistentes, "mientras hablamos, otro hermano o hermana será detenido, maltratado, violado, torturado o asesinado en los territorios ocupados simplemente por ser lo que es, saharaui. Puede que sea un bebé, una mujer embarazada, un joven estudiante sin delito alguno del que responder, un anciano o un enfermo, pero eso dará igual".
Para El Mami, "somos como un pájaro al que se le ha ordenado ser lagarto. Somos lo que somos, saharauis, y no dejaremos de serlo a pesar de las órdenes. Ese es el delito que nos convierte en víctimas un día tras otro ante el silencio cómplice de un mundo que no nos ve y no nos escucha".
"Los apaleamientos de nuestros hermanos por policías y colonos marroquíes a principios de verano en Dajla o la oleada de represión desatada por Marruecos la semana pasada en Smara y El Aaiún son sólo una muestra", denunció el presidente del Comité Contra la Tortura de Dajla. "Las casas asaltadas, los golpes, las palizas, los bienes quemados o robados, los interrogatorios o el número de los desaparecidos no han dejado de crecer desde la llegada del invasor", recordó.
"Mientras, nuestros compatriotas de los campamentos de la dignidad", aseguró en referencia a los refugiados saharauis que permanecen en Tinduf, "nuestros padres, hermanos primos o sobrinos, se enfrentan a otro tipo de tortura, la presión por el hambre. ¿No es la condena a la desnutrición, a la enfermedad crónica o al trauma constante que genera la falta de futuro una forma más cruel si cabe de tortura?", se preguntó.
El activista saharaui de Derechos Humanos en la antigua Villa Cisneros también se preguntó: "¿Es esta la paz de la ONU?, ¿es la paz que vinieron a defender los cascos azules en 1992? Pues Naciones Unidas debe saber que esto no es paz, que sus tropas no protegen nada y que se limitan a observar cómo aumenta la represión. A ver cómo tropas armadas y entrenadas agreden a ciudadanos desarmados e indefensos con la mayor impunidad".
El Mami advirtió que la ONU "debe saber que esta es una paz que no nos sirve, que genera heridos y muertos y cuyas víctimas sólo somos nosotros, los saharauis".
En este sentido el activista contra la tortura saharaui exigió "que la comunidad internacional se haga cargo de sus responsabilidades y se amplíe el mandato de las tropas de la Misión de Naciones Unidas en el Sahara Occidental para que se incluya entre sus funciones la de proteger a los civiles saharauis y garantizar sus derechos fundamentales, los que asisten a cualquier ser humano".
También advirtió a las agencias humanitarias de Naciones Unidas, "que dejen de utilizar a nuestros refugiados en Tinduf como rehenes a los que retiran el sustento vital en función de los intereses del agresor, que el hambre no nos rendirá, sólo acrecentará nuestra determinación de ser libres".
Finalmente, solicitó a la ONU "que facilite el acceso al territorio a los observadores y medios de comunicación internacionales independientes con el fin de que se acabe con la impunidad que da el silencio. Un silencio que ha implantado Marruecos cerrando nuestra tierra y convirtiéndola en una gigantesca mazmorra en la que los saharauis vivimos presos".
El Mami Amar Salem se despidió deseando a los presentes en el encuentro de Sevilla "ánimo, el día de la justicia para nuestro pueblo llegará. Tenedlo seguro."
Está perfectamente claro que las aspiraciones ¿autoritarias de la ultraderecha en el Gobierno se materializan a través de un proceso de formación y consolidación de un Estado policial, cuyos instrumentos jurídicos legales están siendo aprobados por el grupo neoconservador que ARENA ha formado y dirige en la Asamblea Legislativa.
Es curioso como el Presidente de la República, al hablar de sus logros en el primer año de gestión, sostenga que “la mano súper dura” está alcanzando su principal objetivo de reducir el crimen, cuando las estadísticas muestran todo lo contrario y nos colocan en el pódium glorioso de los primeros países más violentos (criminalmente hablando) de América Latina. Mientras se hace gala propagandística del supuesto éxito y calidad del “plan” (uno de los ejes principales del Gobierno de Saca) Amnistía Internacional crítica la violación de derechos humanos en los procedimientos de implementación.
Al centrar su incoherente estrategia en el combate a las pandillas (maras), descuidando el combate al crimen organizado con íntimas relaciones en el poder, el Presidente y su equipo pretenden ocultar la causalidad del fenómeno, la cual se ubica en la deplorable calidad de vida (individual y social) de la gran mayoría de salvadoreños y sobretodo, en la cada vez mayor marginalización e irrespeto de la dignidad humana.
La oligarquía económica y su instrumento el Gobierno salvadoreño, tienen en sus manos la vida de millones de salvadoreños, gozando de un “poder de vida y muerte”. ¿De qué otra manera se explica la pobreza extrema, el hambre, la insalubridad y la mala educación de cientos de miles de mujeres, niños y hombres en la actualidad? ¿Cómo se entiende que en un país que hipotéticamente avanza hacia el desarrollo amparado en la globalización capitalista, la pobreza crece en niveles exponenciales? ¿Dónde está la causa de la huida de cientos de miles de salvadoreños (as), que buscan en una patria extraña, cualquier oportunidad?
La crisis producida por el hambre y el desempleo revela claramente las características de funcionamiento de un modelo económico de acumulación y torna más legible la violencia estructural, que niega a los más pobres el derecho de alimentarse adecuadamente para no morir y el derecho al trabajo como pilar de la dignidad humana.
Cuando en efecto, la pésima calidad de vida en el campo obliga a las personas a emigrar a las ciudades en la búsqueda de la supervivencia, éstas últimas se hipertrofian pues aparte del incremento no planificado de sus habitantes, se ven agobiadas por la escasez de los servicios y la asistencia social. Así las comunidades son marginadas y obligadas a constituirse en especies de “guetos” de los excluidos.
El filósofo y jurisconsulto Necker, lo describe así: “Cuando los propietarios alzan el precio de los alimentos y se niegan a incrementar el precio de la mano de obra de los trabajadores, se establece entre estas dos clase una especie de combate oscuro pero terrible, dónde el número de los desgraciados es incontable, dónde el fuerte oprime al débil al amparo de las leyes, dónde la propiedad, con el peso de su poder, aplasta al ser humano que vive del trabajo”.
La igualdad ante la ley y la libertad de las personas pasan entonces a convertirse en una amable ficción, que ya no engaña prácticamente a nadie. Es en este desprecio a la vida de los seres humanos por parte del poder de facto, en donde radica la causalidad de la violencia en nuestro país, los demás son efectos.
En un esfuerzo por negarlo, el poder pro-oligárquico se niega a prevenir desde sus causas la violencia y su respuesta primaria es la represión contra los marginados. Le hacen la guerra a una clase en particular, mientras acusan al “comunismo” de promover la lucha de clases, cuando ésta no es más que una respuesta a la abominable división que el poder de facto de los ricos hace en la sociedad: la clase que posee el capital, los que hacen lo que les da la gana, los que no pueden ser tocados por la justicia, los que viven tras murallas alambradas, los de “arriba” y la otra, la que solo posee su fuerza de trabajo, que es empeñada por unos míseros centavos para poder subsistir, la que llena las cárceles, la que vive en barriadas sin servicios básicos, clasificadas como “peligrosas”, los de “abajo”.
Con incontables y absurdas reformas a las leyes penales y de la ley orgánica de la PNC, se está fundando un Estado policial cuya pretensión es imponerse al ideal popular de construir un Estado Democrático de Derecho. El Gobierno al final de su administración, se vanagloria de ello sin pudor.
La PNC ha experimentado un desarrollo hacia la constitución de un aparato rígido, autoritario, clasista, militarista y eminentemente punitivo. Este proyecto que albergó tanta esperanza por su visión democrática, es hoy víctima del ultra derechismo fanático falangista. Con la intención de crear un new order, fundamentado en las aspiraciones del neoliberalismo, donde policía y orden social son sinónimos, se nos pretende hacer creer que es la única forma de desarrollar el Estado y vivir en paz. En síntesis, que es lo que más nos conviene y nos proporciona bienestar.
En los últimos dos gobiernos con más énfasis, el partido oficialista de la ultraderecha, ha subrayado el papel policial del Estado para administrar adecuadamente la economía privada y garantizar el librecambismo protegiendo el mercado y no a los ciudadanos. Por eso, este supuesto bienestar que nos dará la policía y el orden económico imperantes, son los momentos centrales en el plano ideológico y en el de funcionamiento del llamado Estado moderno.
La función policial en un Estado de democracia incluyente, va más allá del concepto de policía represiva, pues ésta se convierte en una institución de servicio a las personas, sin menoscabo de su oficio de seguridad. En este contexto, la democracia y la función policial son conceptos complementarios, pues la primera permite el control de la arbitrariedad y la segunda permite asegurar la democracia. Sin embargo, la Policía dirigida por el Presidente Saca y su standartenführer en el Ministerio de Gobierno, vuelve a convertirse en un instrumento corrupto al servicio de los privilegiados, como en el pasado.
La Asamblea comarcal del sur de Izquierda Unida solicita al ayuntamiento adejero que realice todas las gestiones pertinentes para que el núcleo poblacional de Playa Paraíso sea entregado por la urbanizadora, para que los más de dos mil residentes en ese núcleo puedan tener todos los servicios públicos que le corresponden.
Según un comunicado de los vecinos de Playa Paraíso, dirigido a la organización política de izquierdas, existe en proceso una negociación entre la Entidad Urbanística de Conservación Playa Paraíso, para pasar la titularidad de las zonas comunes del barrio al Ayuntamiento, de forma escalonada.
La organización de izquierdas se solidariza con los vecinos de este núcleo costero, que ha sufrido una transformación desde su creación hasta la fecha, pasando de su origen como lugar turístico a residencial, sin que se le haya dotado de los servicios públicos, que por derecho le corresponden a la población residente.
Izquierda Unida, a través de su asamblea comarcal, le pide al Ayuntamiento de Adeje que esto no sirva para favorecer al sector privado, condonándole ninguno de las obligaciones que tiene a la hora de entregar la urbanización con todo los servicios que la legislación vigente les requiere, ya que con el dinero público no se puede subsanar las deficiencias que pudiera haber cometido el sector urbanizador.
La organización política concluye que los impuestos que abonan los residentes de Playa Paraíso son iguales al resto de la población del municipio, por lo que es de justicia que también disfruten de los mismos servicios públicos.
La Asociación Cultural Ossinissa ha publicado recientemente en su web www.ossinissa.com un curso introductorio a la lengua bereber. Con esta iniciativa, esta asociación pretende potenciar el uso futuro de esta lengua en la sociedad canaria, sin ningún ánimo de deshabituar otras lenguas.
La lengua bereber es indiscutiblemente el idioma que hablaron nuestros antepasados desde su llegada a las Islas. Esta lengua se fue perdiendo con el paso de los siglos desde que aconteció la Conquista, como consecuencia de la represión cultural que practicaron las primeras instituciones coloniales de Canarias hacia sus hablantes.
Existen documentos escritos que atestiguan el uso de la antigua lengua canaria hasta mediados del siglo XVIII en localidades como Candelaria (Tenerife). Una prueba de que esta lengua continuó usándose incluso siglos después de la Conquista es la gran cantidad de topónimos, palabras e interjecciones que se conservan hoy en día en el campo canario.
La Asociación Cultural Ossinissa mantiene estrecho contacto con los estudiantes y profesores del Máster de Lengua y Cultura Amazigh de la Universidad de Ibn Zohr de Agadir (Marruecos). Este intercambio cultural les ha permitido confeccionar conjuntamente un manual sencillo para introducir a los hispanoparlantes en el aprendizaje del dialecto bereber del Sur de Marruecos: el tashelhit.
El proyecto cuenta con la supervisión de investigadores punteros en la especialidad de lenguas en contacto, quienes además de ser hablantes y enseñantes de tamazight en reconocidas universidades francesas y africanas, son catedráticos en Hispánicas. "Muy pronto saldrán a la luz estudios sobre la lengua de los antiguos canarios que despejarán las múltiples dudas existentes, fruto de un difusionismo cuyas pretensiones atraviesan los límites de la ciencia", afirma la historiadora y portavoz de Ossinissa Irma Mora. "La producción de estas ediciones, sin duda alguna, serán extranjeras para evitar el intrusismo institucional al que estamos acostumbrados en Canarias", añade.
En estos momentos, la Asociación Cultural Ossinissa mantiene un diálogo fluido con las universidades de La Laguna y de Agadir para emprender un futuro proyecto de intercambio cultural, cuya finalidad no será otra que promocionar el aprendizaje de la tamazight y otros aspectos de la cultura común que comparten bereberes y canarios.
"Es una vergüenza que desde el nacionalismo de CC sólo se hable de profundizar en nuestras raíces, mientras que en Cataluña, Ceuta y Melilla ya existen centros de enseñanza destinados únicamente al aprendizaje y estudio de la lengua que hablaron nuestros antepasados", añade Mora. "Hace un año que la Generalitat creó el Observatorio Catalán de la Lengua Amazigh, mientras que aquí, los canarios seguimos perdiendo puntos en las oposiciones públicas -incluso en las canarias- por no institucionalizar lo que debería ser nuestra lengua autonómica, quedándonos en desventaja con vascos, valencianos, asturianos, gallegos, baleares y catalanes", explica. "Con la promoción de nuestra cultura en el marco del respeto y la seriedad, los canarios sólo obtenemos beneficios a nuestro favor", finaliza.
El curso será dividido en capítulos que irán siendo subidos a la web cada mes, y constará de herramientas interactivas que permitirán al usuario oir la pronunciación de las palabras y frases.
Asociación Cultural Ossinissa
www.ossinissa.com
Antonio Alonso, uno de los portavoces de los vecinos afectados por la amenaza de Costas de destruir el poblado marinero de Cho Vito, en Candelaria (Tenerife), aseguró hoy que a primeras horas de la tarde de hoy viernes han recibido la noticia de que la justicia ha admitido a trámite la suspensión cautelar de derribo de estas viviendas, prevista para la próxima semana.
En declaraciones a ACN Press, Alonso afirmó que los vecinos están en estos momentos "alegres" por la decisión de la juez, pero siguen en alerta ya que "tenemos claro que ésta es sólo una batalla de una guerra". Manifestó que han recibido esa información justo después de la rueda de prensa que han dado y cuando se entrevistaban con el alcalde de Candelaria, José Gumersindo García.
Para el representante de los vecinos, ahora los afectados "tenemos un tiempo para presentar las alegaciones pertinentes" ya que se retrasa el derribo de Cho Vito y se "nos cita a una reunión con representantes de la Demarcación de Costas y de la justicia que tendrá lugar este lunes por la mañana en la capital tinerfeña".
Alonso, además de destacar que el alcalde de Candelaria se haya "alegrado" de la deferencia que ha tenido el juez, dejó claro que para los vecinos de este poblado marinero es "un alivio" esa decisión, "pues llevamos dos noches sin dormir" y en "indefensión".
Insistió en que los vecinos "no queremos nada regalado, sino que se nos escuche y se nos atienda con la documentación, ya que nadie la ha leído y hay datos que califican estas viviendas como un poblado desde hace cincuenta años".
Asimismo, sostuvo que los afectados cuentan con una legalidad adquirida durante muchos años. "Nosotros hemos pagado nuestras hipotecas y contribuciones, así como las cédulas de habitabilidad", reiteró, a la vez que dijo que "nosotros estamos dentro de la Ley de Costas porque alguien nos permitió estar dentro".
Mil campos de fútbol; es decir, mil hectáreas. Es la superficie sobre la que la Administración americana ha construido su base militar en Marruecos, en la localidad de Tan Tan, a unos 25 kilómetros de la costa atlántica y 300 del Archipiélago canario, de la isla de Lanzarote. Una base para las tropas americanas que, según un informe de Africainfomarket, "ha empezado a funcionar desde el 30 de septiembre y que es el resultado de dos años de negociaciones y estudios estratégicos".
La base militar de Estados Unidos en África (Africom), para controlar en especial temas asociados con terrorismo, se instaló definitivamente en Marruecos fruto de las estrechas relaciones exteriores que mantienen ambos países, cita el mismo documento (Informe de coyuntura en Marruecos del primer cuatrimestre de 2008). Para los americanos, Marruecos "es el país africano más creíble para albergar el Africom", añade Africainfomarket haciendo referencia a declaraciones del Comité de investigación del Congreso de los EEUU.
La situación geoestratégica de Marruecos y su "estabilidad interna" fueron los dos principales motivos para que Estados Unidos se fijara en el reino alauita para establecer su gran base militar, a pesar de haber tanteado otros países africanos. Desde el reino alauita, "la jurisdicción militar norteamericana se extenderá sobre todo el continente, excepto Egipto, que seguirá adscrito al mando americano del Centcom, y Madagascar, que depende de la Zona del Pacífico, Pacom", explica la plataforma canaria Africainfomarket en su estudio.
El proyecto de los americanos nació en el año 2005. Su instalación en Marruecos, además, supone según fuentes diplomáticas consultadas por ACN Press un fuerte respaldo a la política de Mohamed VI, monarca alauita. Aunque la lucha contra el terrorismo sería uno de sus principales objetivos, el Africom se ha creado también para hacer frente, relata su página web, a los desastres naturales o las fisuras étnicas que desestabilizan al continente africano. Tan Tan, cuya población (de unos diez mil habitantes) es mayoritariamente saharaui, se encuentra entre las localidades de Ifni y Tarfaya, esta última a sólo cien kilómetros de Fuerteventura.
Canarias24h.com
Francisco Javier González
Este es un debate interno tanto del nacionalismo como de la izquierda en Canarias que arrastramos desde el tiempo de Secundino y que ahora, por diversos motivos y recientes pronunciamientos periodísticos que mezclan anticolonialismo con furibundo insularismo a parecidas dosis, cuando lo normal en la prensa de estos pagos es solo lo segundo, vuelve a estar en un lugar central del proceso descolonizador, por lo que quiero hacer mi aportación personal al mismo, producto no solo de muchos años de militancia nacionalista de izquierda sino de mi propia reflexión que, como tal, admite -y agradece- cualquier controversia razonada.
“Nacionalismo” es un concepto lo suficientemente distinto de otros como para que sea razonablemente preciso. En mi criterio, y así lo he expresado otras veces, este concepto no está, en absoluto, restringido a su faceta política; trasciende de ella abarcando múltiples y diversas manifestaciones, conformando una cosmovisión que considera que toda una serie de factores han hecho de las naciones entes histórico-sociales-culturales (categorías históricas contingentes) con una existencia real, cuya evolución y devenir las diferencia de otros entes similares de igual categoría. Esta cosmovisión nacionalista, a la vez precisa y oscura, presupone que cada nación, como realidad colectiva y dinámica, es diferente de los individuos que engloba, aunque de hecho y derecho esté conformada por ellos.
No es el nacionalismo la única categoría colectiva con existencia propia y diferenciada. Hay muchas más en función de la variable mediante la que se defina. Como ejemplo valen las confesiones religiosas, los sexos, las lenguas, el hábitat o, incluso, las clases sociales. Desde este punto de vista se puede hablar de “música nacionalista” o de “arte nacionalista” como se puede hablar de “poesía femenina”, “literatura proletaria”, “pensamiento sufí”…. pues cualquiera de estas denominaciones encierra una visión de un aspecto social desde una óptica colectiva concreta (femenina, proletaria, sufí….) que trasciende a lo individual, circunscrita eso si, a un determinado momento ya que, al tratarse de realidades inmersas en la historia, son mutables y sujetas a continua evolución y reestructuración, es decir, son en si mismas también categorías históricas contingentes y, como tales, dinámicas.
Si pasamos a la vertiente política del nacionalismo, serían “nacionalistas” las formulaciones políticas que plantean que al ser las naciones realidades colectivas, entes colectivos, como tales son también sujetos de derechos específicos que permitan su desarrollo armónico y el diseño de su propio futuro. Para abordar el nacionalismo político tenemos que abandonar la visión generalizante del ente colectivo que es la nación y pasar a una particularizada para cada nación considerada, en nuestro caso concreto la Nación Canaria, donde se plantea como problema central la constitución en el territorio que ocupa –el “territorio nacional”- de un Estado propio, independiente y soberano ya que el concepto de nación política –y por ende del nacionalismo político como herramienta- no es separable de su constitución como Estado. Por ello cuando, en el transcurso de su desarrollo histórico, una nación no se ha constituido como tal estado –las denominadas “naciones fraccionarias” que tratan de segregarse de un Estado constituido- o desaparece, o lucha por constituirlo mediante el ejercicio de la Autodeterminación.
La filosofía política al uso, de raíz fuertemente eurocéntrica, solo considera “Nación política” a las “naciones canónicas” surgidas de la descomposición del Antiguo Régimen por un proceso de holización (analítico y sintético) tras la Revolución Francesa, lo que presupone que no existe la nación política sin la previa constitución del Estado, esto es, que el Estado precede a la Nación y no al revés pero, desde la óptica del colonizado, cuando, mediante la agresión, un Estado constituido, una nación canónica al corte europeo u occidental, invade y coloniza a la población de un territorio fuera del límite natural del estado colonizador y la somete a esclavitud, -como es el caso de la colonización española en Canarias o en América- no se trata del ejercicio de la Autodeterminación de una “nación fraccionaria”, como hemos visto en las segregaciones de naciones canónicas europeas en un proceso de holización analítica sino, pura y simplemente, de llevar a cabo un proceso descolonizador que, con la conformación de su propio estado, haga a la nación colonizada recuperar su lugar en la historia. Por esa razón el nacionalismo canario es anticolonial por excelencia y nuestra exigencia no es la autodeterminación, es la descolonización, y ninguna formación política que se plantee cuestiones como “profundizar en la autonomía” con vistas a una hipotética autodeterminación posterior -tipo CC, NC, CCN…- puede siquiera denominarse como “nacionalista”. Son, en la práctica, colaboradores necesarios para la continuidad de la colonización.
Es evidente que al pasar de la visión generalista (nomotética) del “nacionalismo” sin apellidos, a la particular (idiográfica) de cada uno -que significa algo así como pasar de ver el conjunto del bosque a cada uno de sus árboles-, en nuestro caso el del “nacionalismo canario”, necesitamos definir el horizonte político en que se desenvuelve y los parámetros en que ese nacionalismo particular se define. Una primera división del concepto sería, por un lado, los “nacionalismos de expansión u opresión” (nacionalismo imperialista) que pretende imponer una nación determinada y sus intereses sobre otra u otras -visión perfectamente plasmada en el uso del himno alemán por el III Reich “Deustchland, Deustchland, über alles/ über alles in der Welt…” - y por otro el “nacionalismo de liberación”, que pretende lograr que cada pueblo-nación ocupe su lugar en la historia como pueblo libre, sin menoscabo del lugar que ocupe cualquier otro, y ligados todos por el concepto de igualdad entre ellos y, dentro de cada uno, del conjunto humano que los forma, con el criterio expresado ya por Marx al abordar el problema del enfrentamiento entre obreros ingleses e irlandeses por las luchas nacionalistas irlandesas de que nunca será libre un pueblo que oprima a otro.
Esta primera -grosera pero fundamental- división del nacionalismo que genera la dicotomía opresión/liberación es con la que tenemos que abordar el nacionalismo canario, que solo puede ser de liberación y enfrentado al nacionalismo español, que sigue siendo hoy, como antaño, un nacionalismo opresor, y no solo con sus ya escasos restos coloniales como Canarias, sino con sus propias realidades nacionales fraccionarias, utilizando a la Constitución como argumento tautológico para justificarlo. Es justamente esa imbricación del concepto de “igualdad” con el de nacionalismo de liberación lo que hace que, muy al contrario de lo que sucede con el nacionalismo de opresión (imperialismo/colonialismo), no esté en absoluto opuesto a la idea del “internacionalismo”, lo que hace que, bajo esa óptica de “liberación” y como la libertad no admite divisiones intermedias, en su dimensión ética necesite combatir los males que aquejan a las sociedades oprimidas -y a sus individuos- allí donde esa opresión se presente, sea nacional, de clase o individual.
Es en este punto donde la disyuntiva liberación/opresión se entrecruza indiscerniblemente con la dicotomía izquierda/derecha que, también a mi juicio, constituyen otra cosmovisión diferenciada que trasciende de lo estrictamente político, categorías históricas contingentes que, como tales, están sujetas al cambio histórico. Justamente por su carácter de “cosmovisión”, encontramos “comportamientos” históricos que pudieran responder al actual concepto de “izquierdas y derechas”. Por ejemplo, Espartaco y los esclavos sublevados se comportarían como la izquierda frente a la República Romana que sería la derecha. Como “comportamientos de izquierda” podemos considerar las rebeliones payesas del sindicato de remesa, los Comuneros castellanos o las revueltas populares de la Aldea de San Nicolás (Artevirgo) o de Vilaflor de Chasna que querían poner un freno a la opresión y explotación, pero no trataban de modificar el orden social existente para sustituirlo por otro que propugnara la IGUALDAD entre seres humanos. No afectaban para nada a las clases sociales dominantes existentes, que es lo que determina un proceso político de izquierda y lo diferencia de lo que vengo denominando como “comportamiento de izquierda”. Incluso la promulgación de la República Catalana en 1640 por Pau Claris en medio de la Guerra dels Segadors, con el tránsito que parecía suponer del Estado monárquico español de Felipe IV a un Estado Republicano, tampoco afectaba para nada la composición de clases y la dominación de la aristocracia catalana, una de las causas de que la efímera República durara menos de una semana: del 17 al 23 de enero en que Pau Claris y la Generalitat, acosados por la revuelta popular contra la propia oligarquía catalana y el ejército español de Felipe IV, proclamó a Luis XIII de Francia como Conde de Barcelona colocando al Principado bajo soberanía francesa, soberanía que ostentó en los siguientes doce años, palpable demostración de que no se pretendía suvertir el orden social de Antiguo Régimen sino el cambio de la autoridad que detentaba el poder.
Capítulo aparte merecen comportamientos como la Rebelión de los Gomeros que se alzan contra el invasor español y Hautakuperche acaba con la tiranía y la vida del falso “Conde” Hernán Peraza (nunca lo fue) en Guahedume, o los de los “Alzados” guanches (“babilones” y “chasneros” posteriormente) que sobrevivieron siglos y que en el verano de 1502 reconstruyen el Menceyato de Abona proclamando a Ichasagua como Mencey, o el episodio de Hatuey o Guamá en Cuba o los de Túpac Amaru II (José Gabriel Condorcanqui Noguera o José Gabriel Túpac Amaru) descendiente del asesinado por los españoles Túpac Amaru I que encabeza la gran revuelta contra los españoles en el Perú de 1780. Aquí, aunque hayan posibles connotaciones del comportamiento de izquierda ya analizado, se trasciende del mismo al colocarse en otra óptica: la de la lucha del colonizado contra el colonizador, y estas luchas anticoloniales son siempre, por su propia esencia, libertarias.
La disyunción Izquierda/derecha, como tal cosmovisión, es forzosamente extensa. ¿Quién puede negar que la poesía de Alberti, de Neruda, de Mahmud Darwish o de Paco Tarajano constituyen parte de una “literatura de izquierdas”, incluso aunque definamos a Darwish como “poeta nacional palestino” y a Tarajano como “poeta nacional canario”, imbricando nuevamente las dos cosmovisiones? ¿No consideramos que la literatura de Camus, de M. A. Asturias, de Guillén Barrús (Luis Rguez. Figueroa) o los cuentos de Secundino Delgado están construidos desde una óptica de izquierdas? ¿El Guernika de Picaso, las fotos de la Guerra de España de Capa, los murales de Siqueiro o la recreación de las torturas de Abu Ghraib de Botero no son “arte de izquierdas”? Aún más, acaso cuando hablamos de las religiones, ¿no colocamos al Opus Dei en la “derecha” -extrema- de la Iglesia Católica y a los Teólogos de la Liberación en su izquierda? Así, cuando Norberto Bobbio nos dice que “El hecho es que izquierda y derecha representan una oposición que quiere decir simplemente que no se puede ser lo mismo de derechas y de izquierdas” no está definiendo a ninguna de las dos, y menos definiéndolas políticamente. Está expresando la realidad de una cosmovisión dicotómica cuya traslación política será el objeto de una segunda parte
Gomera a 1 de octubre de 2008
Francisco Javier González
Izquierda Unida Canaria pedirá a la Unión Europea que cambie el dictamen que concede al Puerto de Granadilla, en Tenerife, la consideración de interés público de primer orden, al estimar que éste se basó en datos falsos facilitados por el Gobierno de Canarias.
El secretario de organización de IUC, Eparquio Delgado, y el concejal de esta formación en La Orotava (Tenerife), Francisco Baute, explicaron en rueda de prensa que una delegación de esta formación política viajará a Bruselas para entregar un dossier con los datos que constatan que no es necesaria la construcción de esta infraestructura portuaria.
Los dos representantes de IUC afirmaron que aún se está a tiempo de rectificar, recordaron que la UE va a revisar el impacto ambiental del Puerto de Granadilla y estimaron que por ello se trata de un "momento único" en el que es posible parar su construcción.
Además, estimaron que la UE puede dar marcha atrás y retirar los 138 millones de euros que ha destinado para la construcción de este puerto, por lo que sin financiación europea será imposible sacarlo adelante.
Eparquio Delgado indicó que el Puerto de Granadilla es una infraestructura innecesaria y de gran impacto ambiental, y abogó por una ampliación del puerto de Santa Cruz de Tenerife como alternativa.
Explicó que para que la Unión Europea diera su conformidad se aseguró que la ampliación del puerto de Santa Cruz de Tenerife tendría un impacto negativo en la población, hecho que, dijo, se ha demostrado que es falso dado que ya se está ampliando y la población no ha notado nada.
Además recordó que otro de los argumentos en contra de la ampliación del puerto capitalino es la no cercanía de canteras, dato que también es erróneo dado que hay canteras cerca que permiten realizar la obra.
Respecto al argumento de que el puerto de Granadilla favorecería la compensación entre las zonas sur y norte de la isla, Delgado señaló que este dato también es falso dado que la mayoría de la población vive en la zona metropolitana y la del sur está dedicada preferentemente al turismo.
El dirigente de IUC recordó que otro de los motivos que dio el Gobierno de Canarias para defender el puerto de Granadilla es que en la zona se debería instalar una planta gasificadora, cuestión a la que se niega la alcaldesa de Granadilla debido a la cercanía de la población.
Es posible ampliar el puerto de Santa Cruz de Tenerife, dijo Delgado, quién afirmó que el Gobierno de Canarias no ha dado información certera a la Unión Europea, lo que ha promovido que éste organismo de un dictamen positivo al puerto.
Delgado pidió que se paralice la financiación europea hasta que se revise el impacto ambiental y criticó la composición del Observatorio Ambiental del puerto de Granadilla, ya que han dejado fuera a los sectores más contestatarios a esta infraestructuras.
El concejal de IUC en La Orotava, Francisco Baute, manifestó que hay demasiados intereses oscuros en torno al proyecto del puerto y requirió al PSOE que salga que esa "esquizofrenia política" de la indefinición y apoye que sea retirado el proyecto.
Los representantes de IUC también pedirán que en la comisión de miembros de la Comisión Europea que visitará Canarias en las próximas semanas esté presente el eurodiputado de IU, Willy Meyer, a través del que harán llegar las peticiones de IUC de que se paralice la construcción.
Baute señaló que lo que pretende es convencer a la UE de que han llegado a un dictamen erróneo porque el Gobierno canario les ha facilitado información falsa.
13.634 muertos por violencia sociopolítica en el gobierno Uribe En seis de cada diez casos la responsabilidad del Estado está relacionada con la "tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por los paramilitares" de extrema derecha, añaden las organizaciones no gubernamentales.
Al menos 13.634 personas murieron por "la violencia sociopolítica" en Colombia bajo el actual gobierno, según un informe de ONG revelado en la antesala del encuentro este martes del presidente Álvaro Uribe con la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Navanethem Pillay.
El encuentro con la alta comisionada hace parte de la agenda que cumple Uribe en Nueva York, a donde viajó para asistir a la asamblea general de Naciones Unidas. El documento dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirma que entre 2002 y diciembre de 2007, "por lo menos 13.634 personas perdieron la vida fuera de combate, a causa de la violencia sociopolítica" y que esa cifra supera las 23.000 muertes, si se agregan los muertos en combate.
Según las ONG, que citan informes judiciales y policiales, el Estado es responsable directa o indirectamente en 75% de los casos en los que el autor fue identificado. En 24,5% de las muertes la responsabilidad recae sobre la guerrilla.
"Han aumentado dramáticamente los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y el desplazamiento forzado", sostiene el documento firmado por más de un millar de organizaciones agrupadas en la Alianza de Organizaciones Sociales, la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos.
En diciembre, el Consejo de Derechos Humanos tiene previsto realizar un examen detallado a la situación en Colombia.
El documento también asegura que "al contrario de lo que manifiesta el gobierno, el paramilitarismo no ha sido desmantelado" y unos 9.000 combatientes de esos grupos siguen combatiendo, pese al proceso de paz concluido en 2006 en el cual -según cifras oficiales- se desarmaron más de 31.000 milicianos de extrema derecha.
Señala el informe que tan sólo 116 de esos paramilitares están siendo investigados por sus crímenes "y ninguno ha sido condenado, por lo que no se han garantizado los derechos de las víctimas".
El texto igualmente denuncia "los ataques permanentes del gobierno en contra de la Corte Suprema de Justicia" que investiga vínculos de paramilitares y congresistas.
Unos 60 legisladores, casi todos oficialistas, han sido investigados por nexos con las organizaciones armadas de extrema derecha.
41 por ciento aumentó desplazamiento forzado en Colombia en 2008
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) presentó el informe sobre el desplazamiento interno en Colombia, de acuerdo al estudio la cifra aumentó en un 41 por ciento con relación a la cifra del año anterior. Según Codhes los desplazados por el conflicto interno colombiano entre enero y junio pasados alcanzaron 270.675, un 41% más que en el mismo periodo de 2007 y un récord que no se registraba desde 1985.
Jorge Rojas, Director de la organización no gubernamental que ha supervisado el fallo de la Corte Constitucional que en 2005 obligó al Estado a reconocer esta crisis humanitaria y devolver los derechos fundamentales a las víctimas asegura que la tasa nacional es de 632 desplazados por cada 100.000 habitantes, aún cuando 14 de los 32 departamentos analizados presentan impactos por encima de la tasa nacional.
"En este periodo, cada día, en promedio, fueron desplazadas 1.503 personas", agregó Rojas, al explicar que la geografía del desplazamiento se extiende a casi todo el territorio nacional
Según el informe los casos más graves se registraron en el departamento de Antioquia (noroeste), con un total de 38.638 desplazados y un incremento del 105%; Bogotá (centro), con 39.950 casos y un aumento del 74%; y Meta (centro), que acogió entre enero y junio a 17.892 personas con un incremento del 133%.
En ese periodo, además, hubo 66 desplazamientos masivos que afectaron a 33.251 personas, un 12% del total de la población desplazada.
"Lamentablemente el país vuelve a la época en la que los éxodos de la población fueron una constante, tal y como ocurría antes de 2002", señala el informe de CODHES.
Mientras el gobierno reconoce que existen 2.6 millones de desplazados, la ONG Codhes asegura que esa cifra se aumenta en n 30 por ciento debido a que existe gran cantidad de familias que no se registran en la data oficial.
La grave crisis humanitaria que vive Colombia y en especial el fenómeno del desplazamiento forzado de familias de áreas rurales tiene origen en las políticas de tierra arrasada en los planes contra insurgentes aplicados por el gobierno con asesoría norteamericana y el auspicio oficial al paramilitarismo que se ha aliado con sectores narcotraficantes para despojar a los productores de sus parcelas.
De acuerdo a voceros de las organizaciones defensoras de los derechos humanos la salida a esta situación está en la iniciación de acercamientos o diálogos entre las FARC y el Gobierno colombiano para encontrar una solución negociada a la guerra interna y la implementación de reformas en aspectos políticos, económicos y sociales que enrute a Colombia por una nueva etapa de reconstrucción nacional.
Ordenan detener 2 coroneles retirados colombianos por muerte de 107 personas
La orden afecta a los retirados oficiales Wilfredo Ruiz Sila y Hernán Contreras, quienes son sindicados de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir y a quienes les cabe esa responsabilidad "por acción u omisión", según las fuentes.
Ruiz Silva y Contreras hacen parte de una lista de 20 órdenes de captura que emitió hace algunos días la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía.
Entre los afectados figuran ex integrantes de la Fuerza Pública, militares y ex paramilitares.
Por la matanza de Trujillo el Estado colombiano tuvo que pedir disculpas públicas en 1995 a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
También deben responder por este hecho Henry Loaiza Ceballos, alias "El alacrán", uno de los jefes del desarticulado cartel de la cocaína de Cali, y Diego Montoya Sánchez, alias "Don Diego", actualmente preso y a la espera de ser extraditado a Estados Unidos