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Juan Alberto Sánchez Marín
“Es el intento de perseguir y señalar al movimiento estudiantil y a los dirigentes estudiantiles”, dijo Andrés Paredes, coordinador de Comunicaciones de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ACEU, en entrevista con YVKE Radio Mundial
“El estudiantil universitario es uno de los sectores sociales que más confronta la política que aplica el gobierno del presidente Álvaro Uribe en el país. Eso ha generado paros y conflictos, que hacen que se trate de estigmatizar el movimiento estudiantil, y que exista muy mala relación entre el alto gobierno y la universidad pública. La revisión anunciada es un elemento más dentro de la estrategia del gobierno para identificar cuáles son los activistas de las universidades”.
¿Porqué la universidad pública? Se preguntan en un comunicado las Juventudes del Polo Democrático Alternativo. Y agregan: “Esta campaña de desprestigio de la universidad pública colombiana no hace parte de ninguna lucha contra los movimientos ilegales armados, ni mucho menos contra el terrorismo; si esto fuera cierto hace muchos años que las universidades públicas serían "rebaños de ovejas", con la cantidad de represión, desplazamiento y muerte que han tenido que sufrir los movimientos y gremios estudiantiles”.
La parodia de Parody
El sector estudiantil fue puesto en la mira del huracán cuando la senadora uribista Gina Parody, hace algunos meses, reveló documentos y videos que muestran a encapuchados en mítines dentro de las sedes universitarias, específicamente, en la Universidad Distrital de Bogotá.
La denuncia llevó al DAS, la central de inteligencia del Estado, a advertir que las FARC se infiltran en los centros docentes y el movimiento estudiantil, para "demostrar su trabajo político y dar a conocer sus ideas en las juventudes".
La senadora Parody se rasgó entonces las vestiduras y afirmó que en sus tiempos de universitaria jamás vio a ningún estudiante defendiendo sus ideas con capuchas. Claro, hay que tener en cuenta que la senadora estudio en la Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá, donde nunca se ven ni se verán capuchas o encapuchados; ni siquiera capuchinos, sólo los jesuitas dueños de la educación en Colombia. Donde la presencia del DAS y de otros organismos de inteligencia es innecesaria. Ella no estudió en la nacional, ni el la distrital, ni en la Pedagógica, ni en ninguna universidad pública, donde tantos estudiantes "revoltosos" deben ser tenidos a raya.
Las acusaciones indicaban que, con la aquiescencia de las directivas, se estaban propiciando actos subversivos en los centros de educación superior, sobre todo, en los de carácter público.
Carlos Ossa Escobar, rector de la Universidad Distrital (ex constituyente, ex contralor del país y ex director del Banco de la República), frente a la avalancha de críticas e insinuaciones, indicó que “nos vimos precisados a salir al debate público y a presentar cuatro argumentos: primero, en la universidad hay libertad de expresión y cualquiera tiene el derecho a exponer sus ideas; segundo, el uso de capuchas no es necesariamente motivo de alarma, pues puede deberse a razones de seguridad y a precaver persecuciones contra quienes disienten; tercero, fueron expresiones pacíficas de ideas. Y un cuarto argumento, o más bien, un comentario a tener en cuenta, fue llamar la atención sobre lo peligroso de “macartizar” la Universidad Pública”.
Opinan sobre el exabrupto
"Es un acto improcedente que debe aclararse lo más pronto posible. Es una medida que no tiene lugar", dijo Samuel Moreno, alcalde de Bogotá.
“Esto a lo mejor ni el propio fiscal general debe saberlo. Esa es una orden bastante arbitraria. No se pueden hacer investigaciones indeterminadas porque eso sería el desvío de poder", manifestó Alfonso Gómez Mendez, ex fiscal y precandidato liberal.
“Es un exabrupto de la Fiscalía. Más bien es una cacería de brujas, donde se busca hacer una redada abstracta en las universidades buscando a aquellos que tienen un pensamiento contrario del Gobierno”, señaló Parmenio Cuellar, ex ministro de Justicia y ex gobernador de Nariño, quien agregó que “en ese proceso, seguramente, los investigadores ya tienen en mente a quien perseguir o a quienes capturar”.
“Lo correcto es que si la Fiscalía sospecha de algunas personas pregunten por cada una de ellas, y no comprometer a estudiantes y docentes”, dijo Pedro Herrera, presidente del Sindicato de Profesores Universitarios. “Con este tipo de ordenes se pone bajo sospecha la totalidad de la comunidad estudiantil”.
"Este tipo de procedimientos puede ser violatorio de los derechos a la defensa, al buen nombre y al ejercicio pleno de las libertades. La responsabilidad penal es individual y pretende someter a todos por igual a una especie de examen colectivo y estigmatizar a la comunidad universitaria, puede acabar con el principio de inocencia", dijo Clara López Obregón, Secretaria de Gobierno del Distrito.
Andrés Paredes, en su charla con YVKE, señaló que “las universidades son un bastión importante en términos de la construcción de ideas. Creemos en la batalla de ideas, y en los campos universitarios vivimos eso. Esto nos lleva a no estar de acuerdo y confrontar algunas políticas del gobierno”.
“En las últimas investigaciones que hemos hecho desde la ACEU”, complementó el dirigente estudiantil, “hemos descubierto que en los últimos 3 años han asesinado 15 dirigentes estudiantiles, muchos han sido desplazados y más de 100 estudiantes están amenazados”.
Argentina, para no olvidar el presente colombiano
Las numerosas fichas y los expedientes sobre estudiantes, hallados hace algunos años en la Argentina, han revelado el grado de sistematización, coordinación y organización de la persecución ideológica, que la última dictadura militar montó sobre las universidades públicas y hasta privadas de todo el país. Una universidad alertaba al resto de los alumnos suspendidos, sancionados o expulsados por actividades subversivas. Era un sistema aceitado: la facultad informaba al rectorado, éste al sistema universitario y de allí, al resto.
A 32 años del golpe, se siguen desclasificado documentos y hallando nuevas historias, nombres y conexiones de lo que se ha llamado el “Plan Cóndor Universitario”, un circuito de información que daba cuenta del comportamiento y la militancia de los estudiantes de todas las casas de estudio de la Argentina.
La revisión de los datos y la sistematización de la información universitaria, condujo en el país austral a un grado de control descabellado, hallándose incluso requerimientos de las comisarías exigiendo a las autoridades educativas que remitieran informes sobre los libros que los alumnos sacaban de la biblioteca.
En los cruces de datos, los investigadores han encontrado hasta el momento 20 estudiantes desaparecidos sólo de la Facultad de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Pero se trató de un sistema represivo y criminal que se extendió a todo el país.
Las coincidencias vistas ahora Colombia con los pasos iniciales de ese aciago recorrido dado en Argentina durante los años de la dictadura militar, no son coincidencias. Son acciones típicas y medidas calculadas por parte de aquellos gobiernos que tienen mucho que tapar y mucho que acallar.
La solidaridad necesaria
“Varias investigaciones de las organizaciones estudiantiles colombianas muestran el grado de represión que ha representado el gobierno del presidente Uribe para el movimiento estudiantil universitario”, dijo Andrés Paredes, de la ACEU.
En un país en el que hay que “tragar entero” y “comer callado”, el que opina pierde, el que habla queda marcado y el que protesta se muere.
Los estudiantes de las universidades públicas, más que por las “pruebas fehacientes” de la reciente parodia, que sí lo fueran de hecho originarían investigaciones judiciales concretas y no estas ráfagas de metralla preventivas y amedrentadoras, han sido en Colombia un sector difícil para el gobierno del presidente Uribe.
“Por eso es muy importante la denuncia de los hechos de violación de los derechos humanos de la población estudiantil, y que se pueda despertar la solidaridad con respecto a nuestro movimiento”, concluye el dirigente estudiantil.
Una piedra en el zapato tan molesta como los indígenas, los sindicatos, los trabajadores, los desempleados. Y como todo el resto del país que no hace parte del 80% o 90% de los 2000 o 5000 encuestados entre aquel segmento de ciudadanos (porque son de ciudad), que a lo sumo alcanza el 10% de la población total del país, por lo general, beneficiarios de Uribe o beneficiados con él, que creen que su presidente hace las cosas entre bien y muy bien.
Yvke
La
Fiscalía colombiana revisará las bases de datos de las universidades
públicas, “para detectar la presencia de terroristas”. La medida causó
el asombro de juristas y de la Procuraduría. Los estudiantes ven en el
anuncio la continuidad de la represión y el terror propios de la
“Seguridad Democrática” del presidente Uribe, hacia un sector que no
comulga con sus métodos ni políticas.
La
revisión de las bases de datos se hará en las universidades Nacional,
Distrital, Pedagógica, el Sena, y la Libre. La orden fue emitida por el
fiscal de la unidad especializada contra el terrorismo, Jorge Iván
Piedrahita Montoya, “con el propósito de detectar la presencia de
terroristas”. La Autónoma, que no hace parte de la lista elaborada por
la Fiscalía, fue la primera universidad a la que el intendente
comisionado de llevar a cabo la indagación hizo llegar el oficio
correspondiente. “Es el intento de perseguir y señalar al movimiento estudiantil y a los dirigentes estudiantiles”, dijo Andrés Paredes, coordinador de Comunicaciones de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ACEU, en entrevista con YVKE Radio Mundial
“El estudiantil universitario es uno de los sectores sociales que más confronta la política que aplica el gobierno del presidente Álvaro Uribe en el país. Eso ha generado paros y conflictos, que hacen que se trate de estigmatizar el movimiento estudiantil, y que exista muy mala relación entre el alto gobierno y la universidad pública. La revisión anunciada es un elemento más dentro de la estrategia del gobierno para identificar cuáles son los activistas de las universidades”.
¿Porqué la universidad pública? Se preguntan en un comunicado las Juventudes del Polo Democrático Alternativo. Y agregan: “Esta campaña de desprestigio de la universidad pública colombiana no hace parte de ninguna lucha contra los movimientos ilegales armados, ni mucho menos contra el terrorismo; si esto fuera cierto hace muchos años que las universidades públicas serían "rebaños de ovejas", con la cantidad de represión, desplazamiento y muerte que han tenido que sufrir los movimientos y gremios estudiantiles”.
La parodia de Parody
El sector estudiantil fue puesto en la mira del huracán cuando la senadora uribista Gina Parody, hace algunos meses, reveló documentos y videos que muestran a encapuchados en mítines dentro de las sedes universitarias, específicamente, en la Universidad Distrital de Bogotá.
La denuncia llevó al DAS, la central de inteligencia del Estado, a advertir que las FARC se infiltran en los centros docentes y el movimiento estudiantil, para "demostrar su trabajo político y dar a conocer sus ideas en las juventudes".
La senadora Parody se rasgó entonces las vestiduras y afirmó que en sus tiempos de universitaria jamás vio a ningún estudiante defendiendo sus ideas con capuchas. Claro, hay que tener en cuenta que la senadora estudio en la Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá, donde nunca se ven ni se verán capuchas o encapuchados; ni siquiera capuchinos, sólo los jesuitas dueños de la educación en Colombia. Donde la presencia del DAS y de otros organismos de inteligencia es innecesaria. Ella no estudió en la nacional, ni el la distrital, ni en la Pedagógica, ni en ninguna universidad pública, donde tantos estudiantes "revoltosos" deben ser tenidos a raya.
Las acusaciones indicaban que, con la aquiescencia de las directivas, se estaban propiciando actos subversivos en los centros de educación superior, sobre todo, en los de carácter público.
Carlos Ossa Escobar, rector de la Universidad Distrital (ex constituyente, ex contralor del país y ex director del Banco de la República), frente a la avalancha de críticas e insinuaciones, indicó que “nos vimos precisados a salir al debate público y a presentar cuatro argumentos: primero, en la universidad hay libertad de expresión y cualquiera tiene el derecho a exponer sus ideas; segundo, el uso de capuchas no es necesariamente motivo de alarma, pues puede deberse a razones de seguridad y a precaver persecuciones contra quienes disienten; tercero, fueron expresiones pacíficas de ideas. Y un cuarto argumento, o más bien, un comentario a tener en cuenta, fue llamar la atención sobre lo peligroso de “macartizar” la Universidad Pública”.
Opinan sobre el exabrupto
"Es un acto improcedente que debe aclararse lo más pronto posible. Es una medida que no tiene lugar", dijo Samuel Moreno, alcalde de Bogotá.
“Esto a lo mejor ni el propio fiscal general debe saberlo. Esa es una orden bastante arbitraria. No se pueden hacer investigaciones indeterminadas porque eso sería el desvío de poder", manifestó Alfonso Gómez Mendez, ex fiscal y precandidato liberal.
“Es un exabrupto de la Fiscalía. Más bien es una cacería de brujas, donde se busca hacer una redada abstracta en las universidades buscando a aquellos que tienen un pensamiento contrario del Gobierno”, señaló Parmenio Cuellar, ex ministro de Justicia y ex gobernador de Nariño, quien agregó que “en ese proceso, seguramente, los investigadores ya tienen en mente a quien perseguir o a quienes capturar”.
“Lo correcto es que si la Fiscalía sospecha de algunas personas pregunten por cada una de ellas, y no comprometer a estudiantes y docentes”, dijo Pedro Herrera, presidente del Sindicato de Profesores Universitarios. “Con este tipo de ordenes se pone bajo sospecha la totalidad de la comunidad estudiantil”.
"Este tipo de procedimientos puede ser violatorio de los derechos a la defensa, al buen nombre y al ejercicio pleno de las libertades. La responsabilidad penal es individual y pretende someter a todos por igual a una especie de examen colectivo y estigmatizar a la comunidad universitaria, puede acabar con el principio de inocencia", dijo Clara López Obregón, Secretaria de Gobierno del Distrito.
Andrés Paredes, en su charla con YVKE, señaló que “las universidades son un bastión importante en términos de la construcción de ideas. Creemos en la batalla de ideas, y en los campos universitarios vivimos eso. Esto nos lleva a no estar de acuerdo y confrontar algunas políticas del gobierno”.
“En las últimas investigaciones que hemos hecho desde la ACEU”, complementó el dirigente estudiantil, “hemos descubierto que en los últimos 3 años han asesinado 15 dirigentes estudiantiles, muchos han sido desplazados y más de 100 estudiantes están amenazados”.
Argentina, para no olvidar el presente colombiano
Las numerosas fichas y los expedientes sobre estudiantes, hallados hace algunos años en la Argentina, han revelado el grado de sistematización, coordinación y organización de la persecución ideológica, que la última dictadura militar montó sobre las universidades públicas y hasta privadas de todo el país. Una universidad alertaba al resto de los alumnos suspendidos, sancionados o expulsados por actividades subversivas. Era un sistema aceitado: la facultad informaba al rectorado, éste al sistema universitario y de allí, al resto.
A 32 años del golpe, se siguen desclasificado documentos y hallando nuevas historias, nombres y conexiones de lo que se ha llamado el “Plan Cóndor Universitario”, un circuito de información que daba cuenta del comportamiento y la militancia de los estudiantes de todas las casas de estudio de la Argentina.
La revisión de los datos y la sistematización de la información universitaria, condujo en el país austral a un grado de control descabellado, hallándose incluso requerimientos de las comisarías exigiendo a las autoridades educativas que remitieran informes sobre los libros que los alumnos sacaban de la biblioteca.
En los cruces de datos, los investigadores han encontrado hasta el momento 20 estudiantes desaparecidos sólo de la Facultad de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Pero se trató de un sistema represivo y criminal que se extendió a todo el país.
Las coincidencias vistas ahora Colombia con los pasos iniciales de ese aciago recorrido dado en Argentina durante los años de la dictadura militar, no son coincidencias. Son acciones típicas y medidas calculadas por parte de aquellos gobiernos que tienen mucho que tapar y mucho que acallar.
La solidaridad necesaria
“Varias investigaciones de las organizaciones estudiantiles colombianas muestran el grado de represión que ha representado el gobierno del presidente Uribe para el movimiento estudiantil universitario”, dijo Andrés Paredes, de la ACEU.
En un país en el que hay que “tragar entero” y “comer callado”, el que opina pierde, el que habla queda marcado y el que protesta se muere.
Los estudiantes de las universidades públicas, más que por las “pruebas fehacientes” de la reciente parodia, que sí lo fueran de hecho originarían investigaciones judiciales concretas y no estas ráfagas de metralla preventivas y amedrentadoras, han sido en Colombia un sector difícil para el gobierno del presidente Uribe.
“Por eso es muy importante la denuncia de los hechos de violación de los derechos humanos de la población estudiantil, y que se pueda despertar la solidaridad con respecto a nuestro movimiento”, concluye el dirigente estudiantil.
Una piedra en el zapato tan molesta como los indígenas, los sindicatos, los trabajadores, los desempleados. Y como todo el resto del país que no hace parte del 80% o 90% de los 2000 o 5000 encuestados entre aquel segmento de ciudadanos (porque son de ciudad), que a lo sumo alcanza el 10% de la población total del país, por lo general, beneficiarios de Uribe o beneficiados con él, que creen que su presidente hace las cosas entre bien y muy bien.