S?bado, 07 de febrero de 2009

El abogado Felipe Campos anunció ayer en rueda de prensa que va a solicitar este mismo mes al Consejo de Ministros "que disuelva el Ayuntamiento de Arona" dado que es "un desastre de ilegalidad" y que "a su alcalde imputado le importa un pito el Estado de Derecho".

El letrado fundamentó esas declaraciones en una grabación en la que el alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, "reconoce que recibe presiones de empresarios en relación al Plan General", y en la que admite también "que hasta 2006 los políticos decían al redactor del Plan pon o quita esto" y que en el Plan General de Ordenación (PGO) aprobado de forma definitiva y pendiente de entrar en vigor "hay 200 irregularidades" como la de legalizar edificaciones construidas donde iba una plaza u otros equipamientos.

Este abogado que actúa como acusación particular en el conocido como Caso Arona explicó que esa grabación realizada durante una reunión mantenida en Alcaldía entre el alcalde y unos vecinos en diciembre, "refuerza la tesis de que el Plan General de Arona es un documento hecho a la carta para beneficiar a unas personas muy concretas" a las que se les otorgan licencias a pesar de los informes jurídicos desfavorables y de las advertencias del secretario municipal, les autorizan edificaciones en parcelas públicas y les recalifican suelo. Evitó dar nombres, pero dijo que esos "favorecidos" son "los de siempre".

También recordó que recientemente aportó al juzgado otra grabación en la que el redactor del Plan General aronero "reconoce que ese documento está mal hecho porque siguió instrucciones políticas" e incidió en "la extrema gravedad" de que el alcalde y el autor del Plan "digan tales barbaridades de un documento público que tiene valor de norma", motivos más que suficientes, agregó el abogado, para que la Cotmac suspenda su aprobación".

Además, Campos avanzó que en breve aportará al Caso Arona 52 nuevas licencias irregulares concedidas por la Junta de Gobierno aronera. Recordó que esta causa de presunta corrupción urbanística y de contratación arrancó en 2006 por una denuncia de Fiscalía, y que hasta ahora han sido imputados gobernantes y técnicos municipales, empresarios y un jefe de la Guardia Civil.


Publicado por ubara @ 19:10  | Islas
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