Jueves, 12 de febrero de 2009

Una pieza separada abierta a raíz de la investigación del caso Las Teresitas va camino de destapar una importante trama de presunta prevaricación y tráfico de influencias a nivel autonómico que podría tener contactos en Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife, y en la que se podrían ver envueltos una decena de cargos públicos, algunos de ellos de alto rango.
Según los datos recabados por el periódico La Provincia/DLP, un juzgado de instrucción de Santa Cruz de Tenerife mantiene abierta en estos momentos una importante investigación con dos ramificaciones: la campaña electoral del año 2007 del Centro Canario Nacionalista (CCN) y una red de tráfico de influencias que podría alcanzar a instituciones de ámbito regional, insular y municipal, cuya nómina de imputados en las próximas semanas podría alcanzar la veintena, la mitad de ellos cargos públicos.
La investigación se inició tras una serie de documentos incautados por la policía en el conocido como piso franco de Santa Cruz de Tenerife propiedad de uno de los imputados por el caso Las Teresitas, el empresario Ignacio González Martín. En ese registro efectuado por la policía por orden de la magistrada instructora Carla Bellini se encontraron documentos relacionadas con la campaña electoral del CCN que podrían ser constitutivos de delito, por lo que se decidió abrir una pieza separada que se remitió a los juzgados de Santa Cruz.
El líder del CCN, partido político que se presentó a las pasadas elecciones autonómicas y locales con unos resultados malos, es Ignacio González Santiago, hijo del empresario imputado por Las Teresitas.
En junio del pasado año, un juzgado de instrucción de Santa Cruz de Tenerife abrió diligencias previas para investigar la financiación del CCN, ante los indicios de que el dinero pudiera proceder de la operación de compraventa de Las Teresitas y de que se estuviera incumpliendo la Ley Electoral, que establece un límite en el gasto a los partidos políticos.

Contratos. Sin embargo, en el transcurso de esa investigación y tras una serie de medidas acordadas por el juzgado instructor, se ha tenido conocimiento de que, presuntamente, una serie de personas podrían estar utilizando sus altos contactos en la política para verse beneficiados por contratos en las administraciones públicas. Incluso, algunos estarían poniendo en funcionamiento empresas ad hoc exclusivamente cuando tienen la certeza de que serán beneficiados por diferentes tipos de contratos públicos.
Según ha podido saber este periódico, en las próximas semanas se confirmarían imputaciones a una veintena de personas; casi la mitad serían cargos públicos. No se descarta la imputación de algún director general del Gobierno de Canarias, así como otro tipo de cargos, tanto en la administración insular como en la local, con especial atención a las islas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote.
La investigación se lleva en el más absoluto de los secretos por parte de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife y, tras más de ocho meses de instrucción, ya se ha tomado declaración a más de cuarenta testigos relacionados con las dos partes en que está dividida la investigación. En las próximas semanas comenzarán a llamar a declarar a los posibles imputados.

El juez imputará a varios dirigentes del Centro Canario en las próximas semanas

A lo largo de los dos próximos meses el juzgado de instrucción que dirige la causa comenzará a llamar a declarar como imputadas a las personas que podrían estar relacionadas con el caso. En fuentes próximas a la investigación se da por seguro que los primeros imputados serán varios miembros del Centro Canario Nacionalista (CCN), entre ellos su líder, Ignacio González Santiago. Algunas fuentes apuntan que el gasto del Centro Canario Nacionalista en la campaña de 2007 fue desorbitado, con cantidades muy superiores al límite establecido en la Ley Electoral para los partidos políticos. Sin embargo, al parecer, el partido político que dirige Ignacio González tenía orquestado un sistema de pagos encaminado, presuntamente, a ocultar el dinero invertido en la campaña electoral de 2007. De esta forma, muchos de los pagos por conceptos publicitarios efectuados por el CCN eran facturados a otras sociedades del grupo de empresas de la familia González. Por ejemplo, según algunas fuentes, muchas de las facturas publicitarias del partido político pudieron girarse a nombre de sociedades como Vultesa, una empresa de neumáticos de coches, o Laboratorios González Santiago, una sociedad de análisis clínicos. Ambas empresas son propiedad de la familia del líder del CCN. La delegada de la Fiscalía Anticorrupción en Tenerife, María Farnés, representa al Ministerio Público en esta investigación desde el principio de la causa. Farnés fue la fiscal encargada de informar favorablemente al traslado de la pieza separada, desde la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias hasta los juzgados de instrucción de Santa Cruz de Tenerife, debido que entre los investigados no se encuentra ningún aforado. A lo largo de los últimos meses, todos los miércoles han prestado declaración decenas de testigos, con la presencia en los interrogatorios de la fiscal Anticorrupción y varios inspectores policiales que trabajan en el caso. El juzgado de instrucción de Santa Cruz de Tenerife investiga cuánto dinero se pudo gastar el Centro Canario Nacionalista en la campaña electoral de 2007, y si el dinero invertido procede del pelotazo que supuso la operación de compraventa de Las Teresitas. Ignacio González Martín, empresario precisamente imputado en el caso Las Teresitas, es uno de los socios de la mercantil que más beneficio obtuvo de la venta de los terrenos de la playa, Inversiones Las Teresitas Sociedad Limitada. Según apuntan algunas fuentes, su hijo Ignacio González Santiago pudo invertir en dicha campaña electoral una cifra que ronda los nueve millones de euros (1.500 millones de pesetas). La venta de Las Teresitas arrojó unos beneficios de más de 120 millones de euros.

La Opinión de Tenerife


Publicado por ubara @ 22:07  | Islas
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