“De los canarios heredó nuestro campesinado, principalmente,

su seriedad, su honradez, su sentido del honor, y también su rebeldía”

Fidel Castro Ruz

Se reirán la lectora y el lector, pero la Historia de estas siete islas y de sus habitantes es así de sorprendente. Una Historia que jamás fue contada desde una perspectiva justa y respetuosa. Pues cuando no fue narrada al compás de oraciones y arengas, fue escrita con la letra temblorosa de un niño que teme a la vara de su maestro.

 Quiero hablar de un canario del que muy poco se conoce en esta tierra, pero que en la vecina Venezuela es un símbolo nacional. El cronista herreño D. José Padrón Machín definió a este personaje como “sin duda, el más notable de los herreños”. Me refiero al valeroso Capitán D. Juan Francisco de León.

Nacido en nuestra isla de El Hierro, el 19 de marzo de 1699, Juan Francisco emigró muy joven a Venezuela, que en aquel entonces era también colonia española. Allí ingresó en el Ejército español obteniendo muy pronto el grado de Capitán.

Fue el fundador de la Villa de Panaquire -actual Estado de Miranda-, donde inició el cultivo del cacao. En Caracas se casó con Dª Lucía García -descendiente de canarios-, con la que tuvo 14 hijos.

Por su honradez y su iniciativa en el sector agrario, pronto fue elegido Teniente de Justicia Mayor por los vecinos de esta comarca, en su mayoría indios, negros y canarios.

Muy pronto, el impresionante desarrollo agrícola promovido por los campesinos canarios del Panaquire, chocaría con los intereses de la Compañía Guipuzcoana. Esta empresa de capital vasco, fuertemente adscrita al régimen colonial, gozaba del monopolio de exportación de todos los productos agrícolas, haciendo imposible el desarrollo económico de los pequeños y medianos agricultores venezolanos.

Ejerciendo su mandato, Juan Francisco de León denunció los abusos cometidos por esta compañía en contra de los intereses de los campesinos. Por esta razón fue relegado de su cargo, sustituyéndole el vasco Martín de Echevarría. En este mismo instante, se levantó una insurrección popular que más tarde daría como fruto la primera independencia americana.

Lo que empezó siendo un motín de cientos de hombres, pronto se convirtió en un levantamiento general de ocho mil campesinos armados que, dirigidos por el Capitán Juan Francisco de León, se enfrentaron contra el Ejército español hasta tomar Caracas.

Sitiada la Plaza Mayor de Caracas -actual Plaza del Libertador Simón Bolívar-, residencia de los gobernadores de la colonia, nuestro compatriota exigió al Capitán General de Venezuela, D. Luis Castellanos, la disolución inmediata de la Compañía Guipuzcoana. Tras la negativa de Castellanos, las tropas de Juan Francisco emprendieron una dura batalla que culminó con la expulsión del Capitán General hacia España. El cese temporal de la Compañía llegaría de la mano del nuevo Capitán General, D. Julián de Arriaga, quien además ofreció el indulto a los rebeldes.

Sin embargo, pronto la metrópoli lanzaría su ofensiva, sustituyendo a Arriaga por Felipe Ricardos, un militar español despiadado que no tardaría en anunciar la reconstitución de la Compañía. Fue en este momento cuando Juan Francisco de León llevó a cabo su segunda ofensiva, partiendo desde el valle del Tuy. Esta vez sus reclamaciones tendrían intenciones independentistas.

Al contrario que en la primera marcha, y debido al carácter político de la misma, el clero y los pequeños terratenientes de Venezuela negaron su apoyo al isleño. Ricardos se habría encargado de coaccionarles.

Enterada la Corona española de las intenciones de Juan Francisco, no tardó en fletar un gran ejército que le perseguiría por toda la selva venezolana. Además de los dos mil soldados venidos de España en dos naves de guerra, vendrían tropas de Puerto Rico, La Habana y Cumaná. Las fuerzas rebeldes estaban entonces dirigidas por Juan Francisco de León y cuatro de sus hijos, a cuyas cabezas Ricardos ya había puesto precio.

Tras una larga y cruenta persecución, traicionado por un compatriota herreño, Juan Francisco es capturado por el ejército español en febrero de 1752. No tardan en desterrarlo a Cádiz (España), donde muere en la cárcel a los pocos meses. Un destino parecido tuvieron sus hijos, que le acompañaron en la batalla hasta el último momento.

Su casa de Caracas, conocida como “La Casa de La Candelaria”  -actualmente un centro cultural de la emigración canaria a Venezuela, en la que se erige la Iglesia de Candelaria, fundada por él mismo-,  fue quemada y sembrada de sal, poniéndole un cartel que decía: "Esta es la justicia del Rey nuestro señor mandada hacer por el Excelentísimo Señor Don Felipe Ricardos, Teniente General de los Ejércitos de su majestad su Gobernador y Capitán General de esta provincia de Caracas, con Juan Francisco de León, amo de esta casa, por pertinaz, rebelde y traidor de la Real Corona y por ello reo. Que se derribe y siembre de sal por perpetua memoria de su infamia".

Sin embargo, la sangre canaria no sería olvidada por la Corona española. En la misma cárcel de La Carraca en Cádiz, moriría en 1816 el Libertador D. Juan Francisco de Miranda, otro canario ilustre procedente del Valle de la Orotava (Tenerife). Su apellido, además de dar nombre a uno de los estados más prósperos de Venezuela,  está esculpido en el Arco del Triunfo de París por ser considerado uno de los héroes de la Revolución Francesa. Su retrato cuelga en la Galería de Personajes del Palacio de Versalles. Fue el creador de la bandera tricolor venezolana y el primero en proclamar la Independencia de este país en 1806.

Sin duda, algún día D. Juan Francisco de León tendrá el homenaje que merece en nuestra tierra. El mismo homenaje que merecen tantos héroes canarios sumidos en el olvido por la amnesia que sufre este pueblo nuestro. Un pueblo que permanece adormecido, autocondenándose al olvido. Un pueblo que hoy ignora la sombra de lo que fue. José Martí -Libertador de Cuba- y Simón Bolívar -Libertador de Venezuela- son otros ejemplos de descendientes de canarios en América.

Tampoco sabrán todos esos canarios que han ido al cine a ver la película “Guerrilla” -sobre la última batalla del Comandante Ernesto Che Guevara en Bolivia-, que sus más valerosos guerrilleros, Miguel -Manuel Fernández Osorio- y Pachungo -Alberto Fernández Montes de Oca-, eran descendientes directos de canarios. Al igual que Juan Francisco de León y Francisco de Miranda, todos ellos murieron traicionados por sus semejantes, por querer acercarles un mundo más justo.

Por Jonay Acosta   . Miembro de Ossinissa.

Con la rotundidad que le caracteriza desde siempre, Cesar Rodríguez Placeres, coordinador del centro de la Cultura Popular Canaria, asegura que el entramado político y económico del paulinato tiene instrucciones claras para acabar con el Centro de la Cultura y con Radio San Borondón. "Para matarnos, no le dé usted más vueltas", asegura con vehemencia Rodríguez Placeres, mientras se presenta a sí mismo como un "prefallecido". Lo cierto es que su denuncia revela una sistemática de actuación por parte de esta Administración destinada a acabar con los díscolos, los críticos o "los que no se suman al pesebre".

FRANCISCO POMARES. LA OPINION DE TENERIFE | LA LAGUNA -

Llevo veinte años escuchando sus quejas y advertencias sobre la inminente desaparición del Centro, sus sufrimientos y dolores, pero lo cierto es que pasan los años y el Centro continua igual.

- No. Ya no. En estos momentos tenemos el 99 por ciento de posibilidades de desaparecer, al menos como lo que somos ahora. Creo que va a ser inevitable que vendamos todo y nos enroquemos en la casa de cualquiera de nosotros para intentar seguir resistiendo. Llevamos en pérdidas muy grandes desde 2004, tenemos absolutamente todo hipotecado, y con la persecución y la crisis ya no podemos pagar las hipotecas, ni los sueldos, ni otras muchas deudas. Hemos tenido que reducir personal, de cincuenta compañeros hemos pasado a treinta y vamos a tener que seguir reduciendo mucho más.

- ¿Y no tienen ustedes RIC de esa?

- La única reserva del Centro es nuestro patrimonio personal, que además es escaso, y ya lo hemos puesto todo. No nos queda nada más que poner.

- Usted ha responsabilizado al Gobierno de Canarias de provocar esta situación.

- Más que al Gobierno, al entramado político y económico que representa el Gobierno. Ese entramado tiene instrucciones muy claras de matarnos, de acabar con nosotros, no le dé usted más vueltas. Nos lo ratifican incluso los sectores más valiosos de Coalición Canaria. Van diciendo que es que no tenemos derecho a subvenciones porque no somos una asociación cultural, sino una sociedad. No nos están pagando las deudas porque entienden que cualquier inyección económica puede retrasar nuestra desaparición.

- Pero el Centro ha vivido durante muchos años de colaboraciones institucionales y municipales.

- Solo en un porcentaje minoritario. Nuestras entradas han sido generadas de forma autónoma, con la venta de los libros y discos, el alquiler de nuestros equipos de sonido, la organización de todo tipo de actos, recitales, festivales, de ferias del libro? Nuestra situación actual no es producto de que nos quiten esa subvención de 40.000 euros al año de la que tanto se ha hablado. Nuestro problema es consecuencia de que los departamentos del Gobierno y la mayor parte los ayuntamientos y cabildos en manos de esta gente, han recibido instrucciones de no hacer absolutamente nada con nosotros. Además, la crisis ha venido a servirles también de justificación para no pagarnos lo que nos deben.

- ¿Pero porque son ustedes tan molestos para esta Administración?

- También hemos tenido problemas y muchos cuando gobernaba el PSOE. Pero lo que diferencia a Coalición y al PP es la voluntad de exterminio, su obsesión de acabar con nosotros -y con cualquiera que se les enfrenta- a cualquier precio. Esta gente decidió acabar con nosotros hace ya diez años.

- Explique eso?

- Hace diez años se le quedó un teléfono abierto a la compañera Carmen Delia, que estaba hablando con el funcionario que llevaba en aquellos momentos la comisión de Fiestas en La Laguna, con la que el Centro colaboraba en la organización de muchos actos. Pues resulta que entró la señora Ángela Mena, la mujer del actual presidente Paulino Rivero, que era entonces la directora del Gabinete de la alcaldesa Ana Oramas, y cuestiono duramente al Centro porque "es que el Centro no se enrolla?"

- ¿Eso que quiere decir?

- Esperaban que nos prestáramos espontáneamente a colaborar para hacerles la campaña electoral a Coalición Canaria, en fin, lo habitual, lo que siempre esperan de aquellos con los que ´colaboran´. Ellos creen que porque paguen un dinero a cambio de un servicio que se les presta, o porque colaboren con proyectos que se les ofrecen, además tenemos que hacerles publicidad, darles un baño de imagen. Y nosotros no hacemos eso.

- ¿Y a partir de ahí empezaron sus problemas?

- A partir de ahí se acabaron las colaboraciones y prestaciones de servicios con Coalición en el Ayuntamiento de La Laguna, pasaron a alquilarle los equipos de sonido a otras empresas? alguna vinculada a familiares de políticos de ATI, igual que han hecho ahora, que el Gobierno le ha quitado a los libreros la dirección y organización de la Feria del Libro, para dársela a Tecnoempleo, una empresa que creo que sigue siendo de Paco Almeida, que ha sido una significada figura de Coalición. Este es el sistema que utilizan, así es como van las cosas, y a quien no pasa por ahí, pues lo exterminan.

- ¿Y han recibido muchas presiones?

- Nunca hemos aceptado ni chantajes ni ofertas para cambiar nuestra línea. Hace unos años nos reunió el director general del Libro, Chema Aguiar, y después de que le explicáramos lo que éramos en el mundo de la Cultura y nuestros objetivos, él nos dijo que realmente había convocado la reunión para hablar de Radio San Borondón, para que se abriera más a Coalición, que él venía como representante de Coalición, y que la siguiente reunión ya sería con Adán Martín, que era el presidente del Gobierno.

- Describe usted una situación realmente viciada. Algo más propio de una república bananera.

- Sí.

- Supongo que no deben estar muy contentos con el papel de Radio San Borondón?

- Nosotros venimos haciendo radio desde los años 80, en Radio Cadena primero y Radio Nacional y la SER después, siempre bajo el nombre de San Borondón. Tuvimos que dejarlo en alguna época, por falta de tiempo, y es cierto que desde que comenzamos a emitir por nuestros propios medios la persecución contra el Centro arreció y se hizo mucho más asfixiante.

- Quizá por el tono critico de la radio.

- Nunca hemos recibido una denuncia. Ni una, porque lo que decimos es siempre absoluta verdad. Denunciamos con la verdad que todo esto se haya convertido en un esperpento.

- ¿Y su posición contra el Puerto de Granadilla? Siempre he creído que ustedes pasaron de ser una asociación incómoda a una asociación a exterminar, cuando se pusieron al frente de la protesta ciudadana contra el Puerto de Granadilla.

- Es posible. Pero nosotros lo mismo denunciamos lo de Cho Vito que un problema concreto de un vecino. En cuanto al Puerto de Granadilla, siempre hemos denunciado que se trata de un pelotazo, que el interés último de esta infraestructura es hacer un negocio parecido al de Las Teresitas, incluso con algunos de sus mismos protagonistas. Mire, tenemos unas declaraciones de Antonio Machado Carrillo, persona a la que aprecio, pero que creo que ha cometido el error de aceptar llevar la dirección de la Fundación Medioambiental del Puerto de Granadilla sin creer en absoluto en el Puerto, y en las que dice que ésta "es una tierra de especuladores y siempre lo será". Las pongo con frecuencia en Radio San Borondón. Y otras en las que Alberto Brito, el reconocido catedrático lagunero de prestigio internacional, desvelaba como algunos informes fundamentales para la legalidad del puerto fueron realizados por ex-alumnos suyos bajo presiones, y que le habían llamado disculpándose con él. Por esto se hace prioritaria la nueva declaración medioambiental solicitada por el PSOE.

- Hace unas semanas cientos de intelectuales y ciudadanos de las islas salieron a defender al Centro en un manifiesto en el que se denunciaba la persecución contra ustedes?

- Nos ha apoyado muchísima gente, pero también hay mucha gente que se ha quedado en silencio ante los desmanes y las corrupciones que inundan Canarias. Yo creo que se ha comprado la lengua y la dignidad de la mayor parte de los que podríamos denominar intelectuales canarios.

- ¿Y que opina usted del Septenio?

- Se reduce a un montaje de imagen y marketing. Y el colmo del surrealismo acaba de llegar con la convocatoria urgente de un concurso para que una empresa externa defina la política cultural a la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias. Hasta esto lo privatizan, y estamos a la espera de conocer a la empresa que va a resultar ´afortunada´. Nosotros fuimos a un encuentro del Septenio que organizaron en La Palma y creo que la mayor parte de todos los que estuvieron allí coincidían en considerarlo un montaje publicitario, excepto -claro- los apesebrados.

- Se le acusa de haber cerrado al centro a otras influencias?

- Es absolutamente falso. En nuestro seno confluyen personas de todas las tendencias políticas. En la actualidad, nombres como Pedro Anatael Meneses, Francisco Tarajano, Chano Álvarez Cambreleng, Francisco de la Barreda, José Manuel Rivero, Carlos Castilla o Manuel Marrero, testimonian nuestro carácter plural e independiente.

- ¿Y usted de qué tendencia política es?

- Mire, lo que pienso y lo que soy lo sabe todo el mundo.

- ¿Pero está ahora cerca de algún partido o grupo político?

- No apoyaré nunca incondicionalmente a ningún partido. Estimo prioritario el sanear esta democracia de muy baja calidad que padecemos, para lo que hay que acabar con la corrupción generalizada y el proceso de descerebramiento masivo de la sociedad. En ese sentido apoyo fundamentalmente dos estrategias. Por un lado lo que representa López Aguilar y la gente que le está siguiendo dentro del PSOE. Me parece un proyecto honesto, y además, me parece curioso que le quieran poner el perfil de radical, cuando es un hombre moderado, que continuamente se declara socialdemócrata. El dice lo que todos pensamos sobre la corrupción en Canarias, lo que pasa es que la mayoría lo calla. Le preguntan por Paulino Rivero y dice que es un hombre semianalfabeto, que no aguanta una conversación mínima. Y es que eso es lo que es, un rebenque, y de verdad que no lo digo por ofenderlo, sino porque eso es lo que es, lo que pensamos todos y no se dice, porque una buena parte de canarios o está en el pesebre o teme represalias. La otra estrategia que apoyo, tan importante como la anterior, es la conformación en todo el archipiélago de lo que llamo "la cuarta pata" de la política canaria, en base a la creación de un frente amplio de las fuerzas progresistas al margen del PSOE, una coalición de las decenas de partidos que permanecen en su mayor parte sin representación institucional por su incapacidad generalizada para unirse por la labor disolvente de algunos individuos que nosotros etiquetamos como ´la siniestrona´. Esta cuarta pata permitiría aglutinar numerosos votos, como ya se demostró con la UPC, y constituir pactos de progreso como los que ya se han dado en Gran Canaria entre Nueva Canarias y el PSOE

- ¿Necesita Canarias una regeneración democrática?

- Este Gobierno mantiene la democracia absolutamente secuestrada. Intentar que aquí se consolide una democracia normal, gobierne quien sea, pero en la que de verdad decidan los ciudadanos, es una tarea cada día más necesaria.

- ¿Qué opina usted de este soberanismo que se nos ofrece ahora desde algunos sectores de Coalición?

- Zerolo sólo ha amenazado con construir un partido independentista para salvarse él tras las acusaciones de Las Teresitas. Es una cortina de humo. Antes no decía nada de eso. Es lamentable que José Rodríguez Ramírez escriba surrealistas editoriales en El Día hablando de soberanía ¡contra Gran Canaria!. Para El Día y su corte de aduladores parece que el problema de fondo de esta región es quitarle el ´gran´ a Gran Canaria. ¿Qué fiabilidad nacionalista puede tener esto? Lo que me asombra es que un histórico del nacionalismo como Antonio Cubillo le siga el juego, y pierda su prestigio y su dignidad plegándose ante un hombre tan profundamente ignorante como José Rodríguez.

Desde Iniciativa por La Orotava (IpO), apoyamos a la Comunidad Educativa del Instituto de Educación Secundaria (IES) La Orotava - Manuel González Pérez y a todo el barrio de San Antonio en sus justas reivindicaciones sobre el pabellón cubierto con el que el Ayuntamiento de La Orotava les pretende dotar. Y así mismo, nos sumamos a la jornada de protesta que se desarrollará el próximo martes 24 de marzo, día para el cual se ha convocado una manifestación que discurrirá desde las instalaciones del centro educativo hasta la sede del consistorio villero.

 

La protesta está más que justificada ante le desidia que ha demostrado el grupo de gobierno de Coalición Canaria (CC) a la hora de resolver este asunto. Son ya demasiados los plazos caducados, muchas las promesas incumplidas. Y la comunidad educativa de este importante Centro orotavense (que funciona desde 1976 y acoge actualmente a 914 alumnas y alumnos –repartidos entre las numerosas especialidades ofertadas&ndash demanda unas instalaciones que son necesarias para el desarrollo de su programa formativo.

 

Desde Iniciativa por La Orotava (IpO) queremos denunciar la actitud irresponsable del Grupo de Gobierno, el cual, desde hace ya varios mandatos municipales, viene hablando de este proyecto. Pero CC ha sido incapaz de afrontarlo, y se ha dedicado a dar largas al asunto, hartando a la comunidad educativa de este Centro. El concejal de Educación y Deportes no se corta a la hora de ponerle una fecha a la terminación de las obras (afirmó en prensa que las obras estarían terminadas a mediados de 2008). Pero el problema es que incumple una y otra vez sus compromisos, haciendo oídos sordos a las peticiones de los gestores de este Instituto. Eso sí, se jacta de decir que en La Orotava se está desarrollando una buena gestión en materia de educación y alardea de la cantidad de dinero que se invierte en los centros educativos del municipio.

 

Al margen de los problemas técnicos que han podido producirse en la ejecución de la obra, creemos que desde el Ayuntamiento no se ha realizado una labor fiscalizadora competente, y que tampoco se ha ejercido la suficiente presión sobre los responsables técnicos de la obra, llegando de esta forma al momento actual, en que el Centro se encuentra desprovisto de una cancha deportiva, y sobre todo, donde parece que la situación –de continuar la desidia municipal– se puede prolongar durante muchísimo tiempo más.

 

Nos parece lamentable y totalmente rechazable la actitud del Concejal de Educación y del grupo de gobierno municipal ante la convocatoria de la manifestación por parte del Instituto. En un intento desesperado por evitar la manifestación –y la consiguiente o posible merma de su imagen política– afirman que van a habilitar una zona para que pueda ser utilizada como cancha, y que “van a realizar un control exhaustivo a la empresa adjudicataria para el cumplimiento de los plazos”. Nos parece lamentable, porque es eso –exactamente– lo que se le ha solicitado en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento, y no ha sido capaz de cumplirlo. Resulta lamentable que haya tenido que convocarse esta manifestación para que el equipo de gobierno de CC reaccione ante una situación que ellos mismos han provocado y que el Centro lleva ya tres cursos padeciéndola.

 

Así, consideramos justa y necesaria la actitud de la comunidad educativa del IES La Orotava, que se ha hartado de tantas promesas incumplidas y ha decidido presionar para que el Centro –y con ello el barrio de San Antonio– disponga, de una vez por todas, de pabellón polideportivo cubierto.

 

Desde Iniciativa por La Orotava (IpO), queremos expresar nuestro apoyo a las justas reivindicaciones del IES La Orotava - Manuel González Pérez, y valorar muy positivamente su actitud de salir a la calle en señal de protesta ante la negligencia en la gestión de este asunto por parte del grupo de gobierno municipal, fomentando entre el alumnado valores democráticos tan esenciales como la lucha por la justicia y la participación ciudadana.

 

 

La Orotava, 23 de marzo de 2009

INICIATIVA POR LA OROTAVA (IpO)

La comisión de Peticiones de la Eurocámara escuchará por quinta vez el próximo día 31 la queja ciudadana contraria a la construcción del puerto industrial de Granadilla. José Luis Fernández, miembro de la plataforma detractora del puerto, ocupa el puesto vigésimo primero del orden día de esta comisión europarlamentaria y contará con unos minutos para exponer su réplica.

Fernández, que acudirá a la sede del Parlamento Europeo en Bruselas acompañado por la presidenta de la plataforma contra el puerto, Beatriz González, tratará de convencer al presidente de la comisión europarlamentaria, el polaco conservador Marcin Libicki, al resto de la mesa y a los eurodiputados presentes en la sala, de que "se han violado los compromisos tomados en cuanto a la independencia de la fundación púbilca instalada para supervisar los trabajos en Granadilla", según recoge la agenda de la próxima comisión de Peticiones. Libicki valorará entonces si procede llevar a cabo alguna acción concreta referente a la queja, si acepta que continúe a trámite, o si, en el peor de los casos para el peticionario, decide archivarla.

La Fundación Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla -creada como medida correctora al posible impacto ambiental que se derivase de la construcción- "no se ajusta a derecho por la forma en que han sido elegidos sus miembros", ha declarado hoy Fernández a ACFI Press. Además, el peticionario ha indicado que aprovechará su turno de palabra para, "además de poner en entredicho a la fundación", informar "a la comisión europarlamentaria de las últimas incidencias relacionadas con el puerto de Granadilla: el dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (por el que se paralizaron las obras del puerto) y los informes sobre Granadilla de la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de La Laguna y del Centro Superior de Investigaciones Científicas".

La última vez que los representantes de la plataforma expresaron su disconformidad con los miembros de la fundación ante la comisión de Peticiones fue en junio de 2008, cuando afirmaron que sus componentes habían sido elegidos "a dedo". Entonces, la comisión europarlamentaria "envío una carta a la Dirección General de Medio Ambiente (DG Medio Ambiente) para que aclarase esta situación" pero "entendemos que no ha sido aclarada y así lo entiende también esta comisión, puesto que vuelven a citarnos", ha subrayado.

Fernández y González mantendrán sendas reuniones con David Hammerstein y Willy Meyer, eurodiputados de Los Verdes e Izquierda Unida, respectivamente, antes de la cita en la comisión de Peticiones

La Opinión de Tenerife

El desglose de datos catastrales y mercantiles revela que las familias Rodríguez de Azero, Guimerá y Plasencia figuran entre las más vinculadas al puerto industrial proyectado en Granadilla, ya sea a través de la propiedad de suelo en el entorno de esa infraestructura, de acciones en la sociedad que promueve la planta de gas que iría asociada a ese puerto o a través de su participación en la unión de empresas adjudicatarias de la construcción de los espigones portuarios.
Sobre la titularidad del suelo privado situado entre el polígono industrial de Granadilla, la autopista TF-1 y el municipio de Arico, cuña en la que se encuadra la denominada Zona Especial Canaria (ZEC), este periódico ha tenido acceso a la titularidad catastral de algo más de 1,5 millones de metros cuadrados de suelo de naturaleza rústica que rezan a nombre de 15 personas.
En relación con ese terreno que se revalorizaría de forma sustancial si en sus proximidades hubiera un puerto que despertara el interés por radicar naves y empresas, el Catastro refleja que quien más suelo tiene a su nombre es Francisco Guimerá Castillo, con seis fincas de 668.225 metros cuadrados. El siguiente propietario con mayor cantidad de terreno en esta zona según el Catastro, es Alonso Rodríguez de Azero Salazar, con tres fincas que suman 190.290 metros cuadrados de superficie.
Le siguen en este ranking de cantidad de suelo cercano al puerto proyectado en litoral sureste de Tenerife José Ramón Rivera Peraza con 127.159 metros cuadrados y María Eugenia Plasencia Romero, con dos fincas de 125.523 metros cuadrados. A nombre de SAT Las Aulagas constan en el Catastro dos fincas cuya extensión total es de 123.476 metros cuadrados.
Asimismo, hay una finca de 88.154 metros cuadrados a nombre de Ramón Martín Vinuesa, otra de 42.624 metros cuadrados de Juana Morales Fernández, una de 40.500 metros a nombre de Angelina Guillén Delgado y otra de 37.752 metros asignada a Coriliano Guimerá Borges.
También consta la certificación de 29.650 metros cuadrados de José Díaz Guillén, 24.527 metros de Manuel Guillén Gaspar y 1.985 metros cuadrados de Amelia Casañas Guillén. A nombre de Fulgencia García Casañas constan 15.595 metros cuadrados, 12.170 a María Pilar González González y 4.200 metros cuadrados a Francisco Javier Delgado Farray.
En relación con esta lista de titulares de suelo cercano al puerto cuya publicación ha sido ampliamente demandada por los lectores a través de la página web de La Opinión de Tenerife, vecinos de Granadilla explican que algunos de los nombres citados se corresponden con familias que poseen suelo en esa zona desde hace décadas (como la familia Guimerá, mientras que otros han adquirido el suelo en los últimos 15 años, coincidiendo con la gestación y tramitación del puerto y del polígono. Añaden que algunos de los titulares citados han vendido sus terrenos en escritura privada.
Entre los propietarios citados, Antonio Plasencia (cuya hija tiene a su nombre 125.5323 metros cuadrados en esta zona) es también adjudicatario de las obras del puerto. Y Fernando Rodríguez de Azero (familiar del titular de 190.000 metros cuadrados en esa zona) tiene acciones en Gascan. Éste es presidente de la Confederación de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE).

A la greña por el sí al puerto

La convocatoria de una manifestación a favor del puerto protagoniza el nuevo enfrentamiento entre la oposición socialista y el grupo de gobierno (CC, PP y Asspt). El portavoz del PSC, Jaime González, critica la "incoherencia" del PP al no apoyar durante la comisión del jueves su propuesta de manifestación a favor de una infraestructura que se supone defienden ambos grupos, al tiempo que cuestiona a la alcaldesa, Carmen Nieves Gaspar (CC), por vulnerar el apoyo institucional del Ayuntamiento de Granadilla al puerto al asistir a la manifestación celebrada contra el mismo el pasado día 14. "Lo más grave es que con dinero del Ayuntamiento se está financiando una Plataforma Ciudadana, que lidera el No al Puerto", dice en alusión a una subvención de 8.000 euros concedida a la Plataforma contra el puerto. El grupo de gobierno replica que González Cejas "miente" y "falta a la verdad", pues "en ninguna comisión informativa se ha abordado ningún tema relacionado con la realización de una manifestación a favor del puerto", sino que un edil socialista "con carácter de urgencia solicitó que se volviera a votar en sesión plenaria el tema del puerto de Granadilla" y no se le hizo caso porque ese tema "se ha llevado en tres ocasiones a pleno". Añaden que lejos de financiar, lo que han hecho es otorgar una subvención a dicho colectivo "porque cumple las bases de la convocatoria", porque "no compartir ideología no es motivo para denegarla" ya que eso es "pensamiento único, fascismo y dictadura".

La Opinión de Tenerife

De nombre propio Puerto de Granadilla y de primer apellido Plasencia. Así parece llamarse esta infraestructura que lleva más de 30 años intentando nacer y a la que se le atribuyen multitud de progenitores empresariales interesados en que vea la luz contra viento, marea, espacios protegidos y sebadales. Y es que entre los posibles beneficiaros que se barajan, a medida que van surgiendo datos sobre el puerto, sin duda es el apellido Plasencia el que más veces se repite.

BLANCA SALAZAR Las empresas adjudicatarias de la construcción del puerto de Granadilla, la propiedad de acciones vinculadas a la la planta de gas natural proyectada junto a ese puerto y la titularidad del suelo privado cercano a esas infraestructuras, tienen en común un mismo apellido: Plasencia.

El vínculo más novedoso y que más da de sí a medida que pasan los días, es el que existe entre esa familia y la titularidad de los terrenos privados próximos al puerto. En el primer vistazo al Catastro apareció a nombre de María Eugenia Plasencia Romero (hija del conocido constructor Antonio Plasencia) una parcela de 61.586 metros cuadrados ubicada en la denominada como Zona Especial Canaria (ZEC).

Al analizar con detenimiento la titularidad catastral de todo el suelo comprendido entre el polígono al que irían asociados el puerto y la planta de gas, la autopista y el límite del municipio de Granadilla con el de Arico, a esa parcela (la 258 del Polígono 7) se unió otra de 63.937 metros cuadrados también a nombre de María Eugenia Plasencia (e identificada como la número 251 del polígono 7).

Sin embargo, a esos 125.623 metros cuadrados de terreno en la zona que más se beneficiaría de la construcción del puerto de Granadilla, ahora hay que unir también dos parcelas que suman una superficie mínima de 645.520 metros cuadrados y que se encuentran ubicadas por encima de la autopista, próximas a la citada infraestructura portuaria.

Esas parcelas están registradas a nombre de la entidad mercantil Puzolana y Áridos de Tenerife, S.L., domiciliada en el centro comercial Punta Larga (en Candelaria) y cuya administradora única es también María Eugenia Plasencia Romero. La venta de esas fincas conocidas como Las Vegas y Hoya de Manuel Díaz y que originalmente pertenecían a varios miembros de la familia Guimerá, fue elevada a público en el año 2003.

Y aunque varias fuentes aseguran que la familia Plasencia tiene más suelo en la zona que habría sido adquirido en la década de los 90 y citan incluso una zona calificada en el Plan General de Ordenación de Granadilla como de extracción minera y que se sitúa cerca del puerto, sin embargo, lo cierto este periódico sólo ha constatado hasta el momento que la propiedad de suelo que lleva este apellido en las inmediaciones de la citada infraestructura portuaria, asciende en total a 771.000 metros cuadrados (sumando dos parcelas en la zona ZEC y otras dos por encima de la autopista).

Por otra parte, el vínculo más público entre la familia Plasencia y el puerto granadillero se corresponde con las obras del dique exterior, adjudicadas por la Autoridad Portuaria en noviembre de 2007 por valor de 114 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que integran Fomento y Construcciones, SATO y Promociones Punta Larga, esta última de la familia Plasencia.

Por último, ese apellido también aparece entre los accionistas de Gascan (a través de la compañía Regional Canaria de Energía) la empresa que distribuiría el gas si se construye la regasificadora proyectada en Granadilla.

Datos curiosos del "si" y el "no"
Controversia. Los defensores a ultranza y los enemigos del puerto granadillero han generado varias teorías y leyendas oscuras.

Contra los del "no". Las más famosas contra los oponentes al puerto es que son "una pequeña parte de la población", los del "no a todo", los "enemigos del progreso" y "pagados desde Gran Canaria para hundir a Tenerife". La novedad es que el estereotipo caduco que define a los ecologistas como irresponsables, hippies y grifientos malolientes, está cambiando de forma notable al citarlos también como funcionarios con el sueldo asegurado y niños de papá.

Contra los del Sí. Y las lindezas más conocidas brindadas a quienes lo apoyan, es que esta infraestructura es "un pelotazo" que beneficiaría económicamente "a unos pocos empresarios" que, además, serían "los mismos de siempre" y que la masa que apoya la obra "no tiene sentido crítico" y opina "sin conocer el proyecto".

los del medio. Ese enfrentamiento visceral sucede ante la mirada atónita de gran cantidad de genete que no sabe si el puerto sería bueno o desastroso para el Sur y la Isla, así como de las autoridades europeas que tienen que decidir sobre su construcción y financiación.

Rocambolesco. Entre las situaciones rocambolescas de las últimas semanas destaca que el Gobierno descatalogara la parte de una especie marina protegida para hacer el puerto, ocultando los reparos técnicos contra esa desprotección. Que nada más empezar las obras de ese puerto que se nombra hace más de 30 años, el TSJC desencadenara su paralización hasta ver si la desprotección del sebadal es no legal. Que el presidente de Tenerife atribuyera esta suspensión a que los jueces están en Gran Canaria o como que la Televisión Canaria informara que a la manifestación contra el puerto fueron 2.000 personas cuando el mínimo oscila entre 22.500 y 25.000.

Puerto y teresitas. Además, ha trascendido que el puerto y el Caso Las Teresitas han confluido en el TSJC al aparecer documentos de ambos temas en un piso franco localizado en Santa Cruz, lo cual pone en el punto de mira a empresarios afines a ambos proyectos.

Intersindical Canaria Sostiene que Canarias es la comunidad más enferma del Estado, lo que achaca a la “nefasta gestión” de la Consejería de Sanidad. Pide el “cese fulminante” de los directivos del Servicio Canario de Salud y de la consejera del área, Mercedes Roldós.

La fuerza política exige la "inmediata destitución" del director del ente público, Guillermo García, y del responsable de Informativos, Miguel Ángel Daswani.

Francisco Javier González

Este 12 de marzo, hizo 23 años que el gobierno de Felipe González refrendó la adhesión del Estado Español, colonias incluidas, a la estructura militar imperial de la OTAN, adhesión tímidamente planteada desde las postrimerías del gobierno Suárez, cuando aún España tenía estatuto de observador en la Organización de Países No Alineados (asistió como tal a la VI Cumbre celebrada en La Habana en 1979, presidida por Fidel Castro) y culminada por el de Calvo Sotelo, tras debatir en el Pleno del Parlamento Español, en octubre de 1981, la correspondiente propuesta de ingreso. Fue aprobada el 29 de ese mes con 186 votos a favor (UCD, Centro Democrático, PNV, CiU y Unión del Pueblo Navarro) y 146 en contra de todo el espectro de la izquierda estatal (PSOE, PCE, Euzkadiko Ezquerra, ERC, los andalucistas del PSA, los aragonesistas del PAR, y los canarios de la UPC). Felipe González, que ya había declarado en la investidura de Calvo Sotelo que “siendo Presiente sacaría a España de la OTAN si la entrada  no era adoptada por referéndum”, calificó la decisión de “tremendo error” y “barbaridad histórica” en declaraciones a El País, mientras Alfonso Guerra declaraba a Diario 16 que “el eventual ingreso en la OTAN convertiría a España en una colonia USA”. Con la opinión pública en contra, el gobierno Calvo Sotelo entregó en Washington  el 30 de mayo los documentos de solicitud de entrada en la organización militar del imperialismo occidental y España pasó a ser el miembro 16 de la OTAN.

Fueron enormes las manifestaciones en contra en todo el Estado (las que convocamos en Canarias añadían al rotundo NO la reclamación de ¡Fuera la Legión de Fuerteventura! y, muchos de nosotros, la de ¡Independencia!), lo que unido al hecho de que solo un exiguo 13% de la población estatal apoyara la entrada, obligó al PSOE a incluir la celebración del Referéndum en su programa electoral de 1982. Hubo quién creyó la retórica felipista, pero ganadas las elecciones por el PSOE, el gobierno González, usando la permanencia en OTAN como chantaje para doblegar el NO francés al ingreso español en la, entonces, Comunidad Económica Europea, comienza a recular y, donde decía aquel “OTAN, de entrada NO”, pasa a decir que de salir de ella, ni hablar. El gobierno español, y el partido que lo sustentaba, necesitó ir doblegando, con su control masivo de los medios de comunicación, la voluntad mayoritaria, por lo que fue dando largas al Referéndum y desplegando en el ínterin, en una difícil pirueta dialéctica, una enorme campaña promoviendo el sí a la OTAN, hasta que tras cuatro años de alienante propaganda, el 12 de marzo de 1986 se celebra la consulta.

         Con una abstención superior al 40% y un 52% de votos a favor del SI, el gobierno González ganó el referéndum de permanencia. No aquí, en la colonia. Canarias optó por el NO A LA OTAN. No fuimos solo los canarios los que nos negamos a participar en la organización militar imperial. Cataluña y Euzkadi –incluyendo a Navarra- (tal vez en función de su propia conciencia nacional) también dieron un rotundo NO a la organización militar –y militarista- comandada por los gringos. En los tres casos, pues, la pertenencia a la OTAN no deja de ser una estafa a la voluntad popular (ni la primera ni la última vez), pero con una notable diferencia. Canarias es un territorio colonial, situado en otro Continente, con dos bases militares, las más importantes de esta parte de África –la naval de Las Palmas y la aérea de Gando- al servicio de la OTAN, en una zona que el militarismo gringo considera imprescindible para garantizar el paso naval para toda África y Latinoamérica, controlar sus intereses petroleros en el Golfo de Guinea incrementados ahora por el dictadorzuelo títere del Obiang Nguema y su clan de Mongomo, y como punto de partida del corredor aéreo hacia Eurasia a través del Sahara fuera del control del rádar.

En aplicación del precepto –propio de todos los colonizadores- de si con un palo no basta te pego dos, el militarismo hispano-yanqui, ahora en plena luna de miel tras la designación de Obama para la presidencia USA, nos ha programado en estos días, tal vez para “celebrar” aquel rotundo NO que le dimos los canarios,  unas maniobras aeronavales para que los pilotos gringos de los “pacíficos” F-15 (pregúntenle si no a serbios, iraquíes y afganos sus últimos “beneficiarios&rdquo de los que nos han mandado desde Europa 15 cazabombarderos, vayan conociendo la zona en la que van a operar. Hoy desde Gran Canaria y, dentro de muy poco tiempo, desde el Uad el Draa en Tan-Tan, a escasos kilómetros de nuestro Archipiélago, donde Marruecos, “socio preferencial” de la OTAN, ha aceptado que se instale el aparato militar del AFRICOM, el mando regional USA para el África que TODOS los países africanos (salvo Liberia) se han negado rotundamente a aceptar. Se supone que para los canarios esta presencia y despliegue militar en nuestro suelo de gringos y españoles debe ser un motivo de satisfacción. Para que nos demos cuenta de su importancia y estemos agradecidos, el capitán español Carlos Presa ha recalcado a la Agencia EFE que “el escuadrón de la USAF se ha distinguido por su enorme calidad aeronáutica y militar en todas las operaciones en las que ha participado” por lo que, seguro, iraquíes y afganos darán grandes brincos de alegría, y mucho más la legión de hambrientos que pueblan un continente víctima de déspotas amparados por el neocolonialismo.

         Los españoles aportan a este juego macabro, que se extiende desde el sur de las islas hacia el Golfo de Guinea, 6 Eurofighter, 12 F-18, 14 Mirages F-1  de los que 8 de ellos son del Ala 46 de la Base colonial de Gando. Ahora bien, algo han aprendido los españoles en las escuelas de contrainsurgencia yanquis, y es a usar el viejo artilugio colonial que, al palo, une la zanahoria. Para ello, y teniendo en cuenta la gravedad de la crisis en este territorio dependiente que, además,  puede presumir de tener los salarios más bajos del Estado, el Coronel jefe de la Base de Gando,  Jaime Martorell, deja caer a la prensa que agradezcamos “el impacto en la economía de la isla con la llegada de 450 personas –los que vienen de Europa entre españoles y gringos- que se alojan en hoteles,  utilizan coches de alquiler y utilizan restaurantes, comercios y locales de ocio durante su estancia en la isla. ¡Con ellos llegó el maná!

Lo más grave, a mi juicio, de toda esta situación es la complacencia de las llamadas “izquierdas” canarias, la complicidad de las autoridades (?) “autonómicas” y la escasa respuesta que le hemos dado desde el propio independentismo canario. O reaccionamos ante estas agresiones militaristas o tendremos status colonial para rato. Y nos lo habremos merecido.

 

Canarias a 12 de marzo de 2009, aniversario de una victoria popular canaria hoy frustrada.

Francisco Javier González.

 

 

El portavoz de Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife, Octavio Hernández, opina que en un comunicado que el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, tiene ya el mensaje de la ciudadanía que no se puede acallar, dijo, "con una oferta de 700 empleos en una economía que pierde 12.000 al mes".

Indica que se deben pedir responsabilidades al consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial cuya actuación con la descatalogación de los sebadales "ha quedado totalmente desacreditada" como administrador del interés público, por lo que tiene que abandonar su cargo.

Miren Ayesa Aranoa. Gara

En 1992 se firmaron los Acuerdos de Paz que dejaron atrás una cruenta guerra civil que dividió a la población salvadoreña. Diecisiete años después de que llegara la democracia a este país centroamericano, la población continúa dividida entre la derecha representada por la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que ha sido vinculada con los escuadrones de la muerte y lleva 20 años en el poder, y la ex guerrilla, ahora convertida en partido político, del Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN).

Los comicios de hoy se presentan como si de un derbi se tratara. La campaña, que finalizó oficialmente el miércoles, ha estado llena de descalificaciones, ha sido larga, polarizada y en ella los partidos políticos, principalmente ARENA, han gastado millones. Según datos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, de los casi seis millones de personas que habitan en El Salvador, un millón vive en la pobreza.

En el mercado central de la capital, una virgen se camufla tras las banderas del FMLN y la gente desfila por las calles con la camiseta de su candidato. Los autobuses acompañan sus habituales pegatinas de «Jesús me ama» con banderas mayoritariamente rojas, y los coches muestran también sus preferencias, aunque de manera más equitativa.

El fin de semana pasado, caravanas de coches y autobuses llegadas desde todos los puntos del país celebraron el cierre de campaña del FMLN con su candidato presidencial, Mauricio Funes, a la cabeza. Quizás fue la concentración política más numerosa desde los años 70. Algunos medios de comunicación hablaron de 250.000 personas. El cierre de ARENA, el domingo, consiguió reunir a 80.000 personas que expresaron su apoyo al candidato y ex jefe de Policía, Rodrigo Ávila. Aunque esto no quiere decir que hoy el FMLN lo vaya a tener fácil.

El partido de derecha copa casi todos los medios de comunicación y el miedo es su arma en un país donde el nivel de estudios es muy bajo. En las elecciones pasadas intentaron vincular al FMLN con ETA y en éstas han llegado incluso ha decir que existen 40 grupos armados en el llamado «pulgarcito de Centroamérica». «Si ganan los rojos, El Salvador se convertirá en un satélite de Chávez», dice uno de sus anuncios.

El discurso y el escenario parece que se remontan a la Guerra Fría. Algunos columnistas hablan de la destrucción de «los valores cívicos, morales y religiosos» en caso de que ganen los «comunistas» y las furgonetas «areneras» recorren las carreteras entonando su himno, que dice que «El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán». Las radios repiten una y otra vez versiones de canciones de verano con letra partidista como «me pongo la camisa roja y estaremos bien contentos».

Las descalificaciones y las tretas partidistas no han cesado desde que comenzó la campaña hace ya cinco años. Con casi todos los medios a su favor, ARENA ha hecho todo lo posible para no perder el poder que man- tiene desde hace ya 20 años.

Esta misma semana, miembros de ambos partidos tuvieron encontronazos en los que se arrojaron piedras, se golpearon con palos y hierros y un trenecito quedó destrozado. La Policía Nacional confirmó el uso de armas de fuego en una de las trifulcas. Los medios se han hecho eco de los encuentros violentos señalando al FMLN como instigador, aunque hay quienes creen que se trata del último recurso que está utilizando el partido en el poder para ganar las elecciones de hoy. «El otro día vi a gente de ARENA con hierros en la mano mientras pegaban carteles», asegura un testigo.

«Mire, si esto parecía una batalla, la película de Mel Gibson (Corazón Valiente) no es nada comparando con los de ARENA que venían con tubos de hierro, palos, hasta con las caras tapadas como si fueran delincuentes», señala una vendedora para el medio digital Contrapunto.

El FMLN no lo tendrá fácil

En Izalco, la cuna de los indígenas pipiles, una cola de mujeres espera a que miembros de ARENA les regalen unos kilos de arroz y unas láminas de chapa. Con esto se aseguran de una manera muy económica, ya que no supone una gran inversión, que hoy todas esas mujeres y sus familias voten por el partido de derecha.

La Policía custodia las fronteras para que ningún autobús lleno de nicaragüenses o guatemaltecos entre en territorio salvadoreño. Suele ser algo común que extranjeros voten con el Documento Único de Identidad salvadoreño a pesar de no vivir en el país, porque este documento es emitido por una empresa privada controlada por la derecha.

Mucha gente no acude a votar porque el voto no es residencial, sino que va por apellidos, y la mayoría de veces los centros de votación se encuentran a varios kilómetros de donde vive la gente. Esto supone perder mucho tiempo en ir a votar. Las colas que se forman en los colegios son inmensas y la pobla- ción tiene que esperar horas bajo el sol para poder ejercer su derecho al voto.

Don Julio, un hombre mayor que se dedica a recoger latas, dice que él no va a ir a votar. «Todos son iguales, ninguno se va a preocupar por los pobres, los pobres vamos a seguir igual sea quien esté en el Gobierno», afirma.

De acuerdo con todas las encuestas que se han publicado desde setiembre del año pasado, Mauricio Funes será el próximo presidente de El Salvador, pero según Juan José Dalton, director del medio digital Contrapunto, la derrota del FMLN en la capital en las elecciones municipales del pasado enero «oxigenó a ARENA y mejoró sus expectativas, ya que fue una elección simbólica muy importante».

Sin embargo, existen posibilidades de que haya un verdadero cambio hacia la izquierda, porque «el FMLN nunca había tenido tan buen candidato ni tan buen discurso», sostiene Dalton. Las de hoy serán unas elecciones que pueden ser históricas en un país que lleva veinte años gobernado por un partido ultraconservador que poco o nada ha hecho por la gente.

Puede que por fin el pueblo supere el miedo que ha sufrido, fruto de la guerra civil, durante tantos años y diga «sí» al cambio. Puede que los salvadoreños abran las puertas a un nuevo futuro que, aunque no solucione todos sus problemas, dé al país un rumbo diferente.

http://www.gara.net/paperezkoa/20090315/127223/es/El-Salvador-debate-entre-cambio-derecha-siempre

 

Rodrigo Ávila

Rodrigo Ávila busca un quinto mandato presidencial para la derechista ARENA en un empedrado camino provocado por el desgaste de veinte años de su partido al frente del Ejecutivo y por la popularidad de su contrincante.

Ingeniero industrial graduado en EEUU y antiguo director de la Policía Nacional Civil (PNC) en dos ocasiones, cuenta con una vasta experiencia en cargos públicos durante los anteriores gobiernos de derechista ARENA. Realizó cursos en el FBI.

Antes de ocupar cargos públicos fue ejecutivo de empresas nacionales y multinacionales del sector petrolero.

Como parte de su experiencia en este partido acumula una derrota en las elecciones municipales de marzo de 2003, cuando buscaba la Alcaldía de Santa Tecla.

En su juventud fue integrante de las Defensas Civiles, grupos paramilitares que operaron durante el conflicto armado que enfrentó entre los años 1980 y 1992 al Gobierno y a la guerrilla del FMLN.

Mauricio Funes

El periodista Mauricio Funes, uno de los más influyentes en la historia de la comunicación en El Salvador, dejó su exitosa carrera para convertirse en político y catapultar al poder, por primera vez con posibilidades reales, a la antigua guerrilla del FMLN. Durante más de 20 años logró gran popularidad en el periodismo, sobre todo por sus fuertes críticas a diversos sectores y, en especial, al Gobierno que desde 1989 dirige ARENA.

Su aceptación entre la población, de diversos estratos sociales, así como su nulo pasado guerrillero, han sido capitalizados por el FMLN para concurrir, como nunca antes, como favorito a las presidenciales de hoy.

Realizó sus estudios básicos y universitarios con los Jesuitas, pero no terminó la carrera de Letras en la UCA. En 1997 fue nombrado director de informativos del Canal 12.

Su compañero de fórmula es Salvador Sánchez Cerén, único comandante del FMLN, durante su época guerrillera, que se mantiene en el partido.

http://www.gara.net/paperezkoa/20090315/127224/eu/A-conquista-quinto-mandato-ARENA

Cada uno de los 60 diputados autonómicos gastará 7.500 euros en telefonía móvil durante los próximos dos años, según se desprende del concurso convocado el pasado miércoles por el Parlamento canario para este servicio, que establece un coste total de 450.000 euros, 225.000 por anualidad. La convocatoria se sitúa en la modalidad de "tarifa plana, que integre los servicios de voz y datos en movilidad".


El contrato contempla el establecimiento de 106 líneas móviles, con tarifa plana y un límite de gasto por línea de 176 euros mensuales por terminal utilizado, con un servicio que incluye llamadas nacionales, envío y recepción de correos electrónicos, capacidad para el mantenimiento del hardware y los programas, stock de terminales y la configuración de todo el servicio. El servicio de llamadas internacionales es restringido. De estas líneas, 56 serán de datos con tarjeta SIM para instalar en ordenadores portátiles.


El Parlamento justifica este gasto en que "el nuevo contrato de telefonía evita prácticamente el uso del papel hasta ahora utilizado para enviar vía fax, y personalizado, las convocatorias y la documentación para cada uno de los diputados". Así, según informa en una nota, "con el nuevo servicio las comunicaciones se harán por correo electrónico, con el consiguiente ahorro de material, uso de personal, ahorro de papel y energía, asumiendo así las prerrogativas y las campañas de protección del medio ambiente aplicadas por todos los estamentos públicos, y confidencialidad".


El sistema de comunicación que instalará la Cámara regional "tiene las mismas características empleadas en el resto de los parlamentos y servirá no sólo a la comunicación interna del personal en la Cámara, sino también de acceso y comunicación externa para los ciudadanos que en todas las islas se ponen en contacto con los diputados para trasladarle problemas, iniciativas y propuestas usando estas nuevas tecnologías", explica el Parlamento, que tiene previsto complementar el concurso de telefonía móvil con un nuevo servicio de redes WIFI, que estará operativo en breve.

Fotos del Foro contra la Incineración.






























MAS FOTOS DEL FORO CONTRA LA INCINERACÓN

La mayoría de la prensa digital de Canarias ya se ha hecho eco en sus portadas de la multitudinaria manifetación que hoy sábado recorrió las calles de Santa Cruz, en su totalidad coinciden en el notable éxito de asistencia. Por otro lado, en sus ediciones digitales, "Diario de Avisos" no se hace eco de la noticia y "El Día" lo hace en un tercer plano.

Miles de ciudadanos dignos se manifestaron hoy sábado por las calles de Santa Cruz, en otra gran muestra de colorido, estallido cívico y reivindicativo tal y como ha sucedido en anteriores convocatorias.

Sobre las 12.20 del medio día salía la marea humana de la Plaza Militar, acompañados de tambores, pitos y consignas a favor del medio natural, a favor de la inversión en obras sociales, en contra de la construcción del puerto de Granadilla y en contra de las mentiras y la manipulación diaria que nos tiene sometido los políticos y medios de comunicación manipulación.

Al final recorrido, en Presidencia del Gobierno de Canaria, se concentró la multitud, donde se procedió a la lectura del manifiesto así como el discurso de representantes de la comunidad científica canaria y de los colectivos sociales que apoyan esta lucha.

Pese a la calima y las altas temperaturas registradas hoy en la capital tinerfeña, esta gran marcha que pudo congregar a mas de 40.000 personas,  culminó con un gran éxito de asistencia y de dignidad popular, donde ha quedado de manifiesto la oposición total de los ciudadanos de Tenerife a la construcción de este puerto innecesario y plagado de falsedades e irregulares y han exigido la inversión pública en obras e infraestructura sociales.

Mañana se espera la arremetida de medios de comunicación manipulación y políticos de la isla…

 

La Comisión Europea está “al corriente” de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de paralizar las obras de construcción del puerto de Granadilla de forma cautelar y “sigue muy de cerca el desarrollo de los acontecimientos”, aseguraron fuentes comunitarias.

Las principales organizaciones ecologistas europeas (Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) celebraron ayer una rueda de prensa conjunta en Madrid para reclamar a la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, que paralice de forma definitiva el puerto de Granadilla o, por lo menos, que impulse una nueva declaración de impacto ambiental ajustada al proyecto actual del puerto, ya que la existente se elaboró en 2003, es decir, tres años antes de que la Unión Europea introdujera cambios radicales en el proyecto, entre ellos, el de reducir a una quinta parte las dimensiones del puerto inicialmente previsto.
Además, los portavoces de los cuatro colectivos reclamaron a la ministra que se pronuncie sobre la protección de los sebadales que habían solicitado, avalados "por toda la comunidad científica canaria".

"Hemos lanzado la pelota al tejado del Ministerio de Medio Ambiente para que la ministra se tome en serio su cargo descartando este proyecto que provoca un daño brutal al medio ambiente, o bien, dando carpetazo a la "dudosa" declaración de impacto ambiental" que acompaña al proyecto, explicó ayer Pilar Marcos, de Greenpeace. Añadió que la Comunidad Europea ha dicho que los espacios naturales comunitarios de Canarias "están poco protegidos", que la comunidad científica canaria e incluso del Consejo de Investigaciones Científicas de Madrid secunda que el puerto planteado en Granadilla provocaría "un desastre medioambiental" y que el rechazo ciudadano a ese puerto ha quedado patente en dos de las mayores movilizaciones sociales del país, secundadas en el primer caso por 100.000 personas y en el segundo, por 60.000.
Por su parte, el presidente de la Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz, Cándido Quintana, manifestó que el recurso de súplica contra el auto del TSJC, que suspendió cautelarmente la descatalogación de las sebas , "no puede prosperar".
Sobre los argumentos que presentará el Gobierno en el recurso, centrados en la escasa repercusión que para la especie supondrá la eliminación de la población afectada, Quintana denunció que se habían "mutilado deliberadamente" los informes del Departamento de Biodiversidad, "un grave delito perfectamente tipificado, susceptible de acción penal, que también está emprendida", por lo que aconsejó al Gobierno de Canarias que "no siga jugando con fuego". Con respecto a las irregularidades, el vocal de la Plataforma, Justo Fernández, señaló que "estamos ante un gran pelotazo, mucho mayor que el de Las Teresitas"
Quintana mandó un mensaje a las autoridades para que "recapaciten" o, de lo contrario, "convertiremos al Sur en el basurero de la Isla y lo primero que verán los turistas, tras salir del aeropuerto, será un puerto industrial, una refinería de petróleo o una central de Unelco", anunció. Por eso, la Plataforma mostró su apoyo a la manifestación por "la protección de las especies, por el cumplimiento de la Ley", convocada por la comunidad científica para mañana, e hizo un llamamiento en favor de mantener una actividad portuaria en Santa Cruz que no alcanzará, "ni en 2025, el máximo de su capacidad", según estimó el portavoz de la Plataforma, Pedro Anatael Meneses, quien se preguntó por qué sólo puede ubicarse un segundo puerto en Granadilla cuando existen 330 kilómetros de costa, a la vez que insistió que, en la dársena Norte, aún hay capacidad para manejar 6 ó 7 millones de contenedores.

En la tarde de ayer jueves tuvo lugar un incidente protagonizado por empleados del tranvía de Tenerife –empleados del Cabildo– y un ciudadano que paseaba libremente en el andén de La Laguna portando unos carteles expresando su apoyo a la manifestación contra el Puerto de Granadilla. Según las manifestaciones del afectado, don Domingo Delgado, los empleados del tranvía le instaron a marcharse del andén por ser un lugar privado e incluso llamaron a la policía e interpusieron una denuncia contra este «peligrosísimo ciudadano.»

Según relató el afectado a Radio San Borondón, «yo tengo la costumbre, cuando hay que hacer un anuncio de alguna manifestación o alguna otra cosa, de ponerme un cartelito en la espalda y en el pecho y camino por la calles. Se me ocurrió que sería interesante caminar por el andén del tranvía en La Laguna. Nunca estuve quieto, estuve caminando de un lado a otro. Entonces, un señor, llama desde la cabina del andén y me dice: “mire, queremos preguntarle algo” y al ratito volvía a llamar diciendo “queremos preguntarle algo”. Todo era para tomarme con la cámara qué era lo que yo tenía puesto en los carteles, lo que decía. Entonces, un señor me sacó un artículo, que no sé de donde lo sacó, que decía que en el lugar en el que yo estaba no era público y que por lo tanto tenía que solicitar un permiso para poder ponerme allí. Yo le dije, yo no estoy “puesto”, yo estoy circulando.»

Tras eso, según el relato de don Domingo Delgado, esa persona le dijo: «le denuncio, usted se va de aquí», a lo que el afectado contestó «no, yo no me voy. Ustedes, si quieren, me echan, pero yo no me voy. Yo no me voy a ir, voy a pasear por aquí y ya está. A mi no me echan ustedes.» Tras esto, los empleados del tranvía llamaron a la Policía Nacional, y aparecieron cinco agentes rápidamente, no pasaron ni 5 minutos. Según don Domingo Delgado, «eran chicos jóvenes y los pobres, claro, hacen lo que les mandan», pero la persona que llamó a la policía, el empleado del tranvía, era un «lacayo, con todas las consecuencias, del señor Melchior, porque los que están ahí son enchufados y godos. Les dije, yo voy a anunciar el NO al Puerto de Granadilla porque defiendo a mi tierra. Yo aquí camino y usted denúncieme o haga lo que le de la gana, pero yo no me voy de aquí. Le dije a la policía, llévenme, pero no me quisieron llevar. Me dijeron: “no, al coche no lo subimos, vaya usted si quiere”, y yo les respondí que no.»

Domingo Delgado quiso recalcar que el lugar en el que estaba paseando era el andén, donde se compran los billetes del tranvía y por donde circulan los pasajeros que entran y salen del tranvía, pero que le dijeron que «eso era un espacio privado del tranvía.» Este ciudadano no se marchó, siguió paseando, portando los carteles a favor de la manifestación contra el Puerto de Granadilla y no firmó «la boleta», no quiso firmar la denuncia.

Radio San Borondon

La Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz de Tenerife pidió este jueves a las instituciones que "en un ejercicio de sabiduría política" paralicen el puerto de Granadilla, a su juicio "un proyecto devastador, innecesario, técnicamente injustificable y que esconde el pelotazo del siglo".

Así lo manifestaron en rueda de prensa los miembros de la plataforma Pedro Anatael Meneses, Juan Jesús Bermúdez, Odalys Padrón, Justo Fernández y Cándido Quintana, y este último animó a participar en la manifestación convocada el sábado por la comunidad científica para protestar contra esta infraestructura.

Cándido Quintana, que es el presidente de la plataforma, pidió "a unas autoridades que actúan de forma tan alocada" que recapaciten antes de convertir a Granadilla de Abona "en un basurero que va a espantar el turismo" y exigió "que quiten el puerto de circulación".

A su juicio, se ha fomentado el abandono "deliberado" del puerto de Santa Cruz de Tenerife para justificar "una obra innecesaria" y las instituciones han promovido una actitud "deplorable de matar" este recinto portuario para cometer "una barbaridad" en Granadilla de Abona.

Afirmó Quintana que hoy ha dirigido una carta al consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, en la que le advierte de que el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias "no puede prosperar" y le pide "que deje de gastar el dinero público".

En su opinión, con la construcción del puerto no sólo morirán los sebadales afectados por la obra "sino todos" los del área, como ha ocurrido en Santa Cruz de Tenerife.
Añadió que "alguien" ha "mutilado" el informe que avaló la descatalogación del sebadal, lo que supone "un delito tipificado", por lo que exigió a la Consejería de Medio Ambiente "que no siga jugando con fuego".

Pedro Anatael Meneses, ex presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, dijo que el colectivo que se opone a este proyecto "no somos los del no, sino los del sí" al puerto de la capital tinerfeña ya que el de Granadilla "no es necesario".

A su juicio, las instituciones han intentado justificar que no era posible ampliar el puerto de Santa Cruz "con falsedades y mentiras" y se preguntó "cómo en una isla con 330 kilómetros de costa sólo es posible construir un puerto en Granadilla, ¿es que nos toman por tontos?".

Para Meneses, el daño medioambiental en el puerto de Santa Cruz "ya está hecho" y tras las obras de ampliación el recinto "tiene largo recorrido", aunque actualmente la terminal de contenedores está al 35 por ciento de su capacidad y la línea de atraque no llega al 16 por ciento, en su opinión.

Si se ampliase este recinto en su dársena norte, habría un millón de metros cuadrados disponibles para albergar entre seis y siete millones de contenedores, añadió.
También aseguró que según las previsiones para Granadilla, el puerto en esta localidad del sur de Tenerife facturaría unos 18 millones de euros, "lo que no da ni para pagar el personal".

"El puerto de Granadilla ni va a ser un negocio ni va a ser para el mundo, y otra falacia es la de tocar la sensibilidad de los que están en paro, porque no va a generar puestos de trabajo", opinó.

A su juicio, tampoco es justificable este proyecto para el transporte del gas natural, puesto que este tipo de energía, al igual que el petróleo, "tiene los días contados".

Justo Fernández opinó que este proyecto supone "un pelotazo mucho mayor que Las Teresitas y que vamos a pagar entre todos", porque a su juicio, edificar este puerto supone "un gran negocio para los apellidos de siempre".

En su opinión se ha ideado intencionadamente someter al puerto de Santa Cruz "al desorden y al caos absoluto" para después comprar terrenos en Granadilla de Abona a poco más de un euro el metro cuadrado que ahora se vende a más de 180.
Además Fernández aludió a las afirmaciones realizadas ayer en el Parlamento por el consejero Domingo Berriel, y comentó que "a mí el PSOE no me fundamentaliza en nada, sólo me fundamentaliza toda clase de corrupción".

Asimismo Juan Jesús Bermúdez consideró "un error" para la isla el planificar una segunda infraestructura portuaria que además perjudicará los empleos ya creados en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, y consideró que además en Granadilla sería "inviable" desde el punto de vista técnico porque el viento hace inoperativa la maniobra de los barcos.

Odalys Padrón recordó que el puerto de Santa Cruz "es de interés general" y aseguró que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias es "la mayor alegría" de este año "para quienes quieren que la isla siga siendo un paraíso natural, y donde ya no caben más heridas".

 

 

 

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Hasta examinar cada rincón de la isla...

Lectura recomendada: Lección 2ª de urbanismo majorero
MÁS INFORMACIÓN: http://fuerteventuralimpia.blogspot.com/

Historia del urbanismo majorero (1)

Científicos de reconocido prestigio internacional como Wolfredo Wildpret, Jacinto Barquín y Alberto Brito, en nombre de la comunidad científica canaria, hacían este martes un llamamiento a la ciudadanía para que acudan este sábado a la manifestación que discurrirá, a partir de las 12:00 horas por las calles de Santa Cruz de Tenerife, en contra del puerto de Granadilla porque aseguran que es una infraestructura que provocará un daño medioambiental irreversible en la zona, con la destrucción del mejor sebadal de Canarias tan sólo por meros intereses especulativos

Investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Autónoma de Madrid han pedido a los ministerios de Fomento y Medio Ambiente que desestimen el puerto de Granadilla (Tenerife), y ven improcedente la desprotección de su sebadal, uno de los de mayor diversidad genética de Canarias.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias mantiene la suspensión cautelar de la descatalogación de los sebadales de Granadilla, sin establecer fianza alguna, atendiendo, como no podía ser de otro modo, la solicitud formulada por la Federación ecologista Ben Magec. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), a través de un auto que reproducimos a continuación en toda su extensión, mantiene de este modo la suspensión cautelar de la descatalogación de los sebadales de Granadilla y por lo que la Autoridad Portuaria se vio obligada a paralizar las obras la semana pasada.

El propio Tribunal señala en su auto que las conclusiones son elocuentes de la realidad del peligro que les lleva a la decisión de mantener la medida cautelar. La Sala ha dispuesto estimar la pretensión de tutela cautelar formulada la Federación Ecologista Ben Magec, Ecologistas en Acción, y, en consecuencia, mantener la medida cautelar de suspensión de la vigencia de la Orden de 2 de febrero de 2009, sin hacer pronunciamiento sobre las costas del incidente

En cuanto a la solicitud de fianza por daños derivados de la adopción de la medida cautelar que constituye la petición subsidiaria de la Autoridad Portuaria, el artículo 133 de la LJCA establece que “Cuando de la medida cautelar pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podrá exigirse la presentación de caución o garantía suficiente para responder de aquellos”.

La Sala añade que con cita de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la tutela cautelar forma parte del contenido esencial del  derecho a la tutela judicial efectiva, que no es tal sin posibilidad, cuando concurran los requisitos legales, de medidas cautelares que aseguren el efectivo cumplimiento de la resolución definitiva que recaiga en el proceso y es este el marco previo para valorar la procedencia de exigencia de caución o fianza como condición de eficacia de la medida acordada.

Así las cosas, el Tribunal considera que exigir una fianza, en este caso concreto,  supondría gravar a la entidad actora con las consecuencias derivadas de un proceso en el que la acción ejercitada y la pretensión procesal,  en defensa de los intereses colectivos que representa la Federación, no se dirige a paralizar una obra pública sino a que se anule y deje sin efecto una Orden Departamental de descatalogación en una determinada área de una especie protegida, sin perjuicio de la intima relación o conexión que existe  entre esa obra y los motivos que dan lugar a la solicitud de la medida cautelar.

El peligro del año irreversible al ecosistema marino no es cuantificable a efectos de poder ponderar la fijación de fianza o caución, por lo que consideramos que, en este caso concreto, debe otorgarse la tutela cautelar de forma incondicionada.  

Dicho estos, el TSJC afirma que procede, por lo expuesto, el mantenimiento de la medida cautelar adoptada de suspensión de la vigencia de la Orden Departamental, si bien sin hacer pronunciamiento sobre las costas del incidente al no apreciarse temeridad o mala fe en ninguna de las partes litigantes (art 139.1 LJCA).

Reproducimos el auto dictaminado este miércoles:

PRIMERO.- Por el Procurador D. José Lorenzo Hernández Peñate, en nombre y representación de la Federación Ecologista Ben Magec-Ecologistas en Acción, se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Orden del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, de 2 de febrero de 2.009 (publicada en el BOCan nº 25, de 6 de febrero de 2.009)  cuya parte dispositiva, literalmente dice:

“Primero. Excluir del Catálogo de  Especies Amenazadas de Canarias a la población Cymodocea nodosa en la superficie marina comprendida entre la línea que va desde la “Punta del Tanque del Vidrio” coordenadas UTM x: 351.959 y :3.105.680, con dirección sureste hasta las coordenadas UTM,x: 352.798 y: 3.104.714, y la línea que parte desde “Punta de los Tarajales”, coordenadas UTM x:353.315 y: 3.108.107 con dirección sureste hasta las coordenadas UTM x:354.898 y: 3.106.931, conforme al plano cartográfico que figura en el Anexo de la presente Orden, sin que dicha descatalogación suponga merma alguna de las medidas protectoras establecidas en la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental.

Segundo. Mantener la protección de que goza actualmente el resto de las poblaciones de Cymodocea nodosa hasta tanto se de cumplimiento a lo dispuesto en el dispositivo tercero de la presente Orden, atendiendo al principio de prevención que ha de regir en toda actuación con trascendencia medioambiental.

Tercero. Ordenar a la Viceconsejería de Medio Ambiente la realización de los estudios precisos para determinar si procede la ampliación de los habitats existentes, en sustitución de la protección de la especie”.  

SEGUNDO.- Por Otro sí del escrito de recurso contencioso-administrativo se solicitó, como medida cautelar urgente, al amparo del artículo 135 de la LJCA, la suspensión de la vigencia de la Orden recurrida

TERCERO.-  Admitido a trámite el recurso, y formada pieza separada de tutela cautelar, por auto de la Sala de 23 de febrero de 2.009, se accedíó a la suspensión inmediata y urgente de la vigencia de la Orden recurrida, convocándose a las partes para el 27 de febrero, a las 11,00 horas, a la comparecencia del artículo 135 de la LJCA para mantenimiento, modificación o suspensión de la medida adoptada.

CUARTO.- El día señalado tuvo lugar el acto público al que comparecieron la Federación Ecologista Ben Magec-Ecologistas en Acción, representada por el Procurador D. José Lorenzo Hernández Peñate y asistida por el Letrado D. Pedro Fernández Arcilla, la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, representada y defendida por Letrada del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, representada y defendida por Abogado del Estado.

QUINTO.- Dicha comparecencia se desarrolló con el resultado que consta en el Acta al efecto extendida, con admisión e incorporación de pruebas documentales que se unieron a la pieza separada.


II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.-

PRIMERO.- Celebrada la comparecencia que prevé el artículo 135 de la LJCA, el  objeto de la presente resolución es dar respuesta a si procede el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida cautelar de suspensión de la vigencia de la Orden recurrida que se adoptó por auto de esta Sala de 23 de febrero de 2.009 por considerar que concurrían razones de especial urgencia.

Según la Federación Ecologista que solicita el mantenimiento de la medida,  la descatalogación de la especie protegida: “Cymodocea  Nodosa” (conocida usualmente como seba y la pradera marina que forma como sebadal) se ha llevado a cabo con la única finalidad de iniciar las obras de ejecución de un nuevo puerto en el litoral de Granadilla que, en esta fase inicial de ejecución de las obras, va a suponer el vertido ininterrumpido de materiales en la costa que ocasionará , al depositarse, que queden afectadas las marinas existentes en el área, entre otras, los ejemplares de la especie descatalogada y el propio sebadal.

En definitiva, se une la solicitud de tutela cautelar a lo que se considera como riesgo de daño irreversible por las consecuencias que provocará la ejecución de una obra pública en fase de inicio de los trabajo.  

Este es el particular matiz del caso que no puede dejar de tomar en consideración la Sala, pues no se alude a un peligro derivado, sin mas,  de la descatalogación ante hipotéticas y, mas o menos previsibles  consecuencias en un futuro cercano, sino ante una consecuencia inmediata  por una obra pública en fase de ejecución, lo que significaría, siempre según la parte, que, de no accederse a lo solicitado, se perdería la finalidad legitima del recurso o efecto útil de la sentencia que, caso de ser estimatoria del recurso contencioso-administrativa,  quedaría en una mera declaración formal pues el daño producido por la obra a la seba y al sebadal sería irreversible.

SEGUNDO.- Con estas puntualizaciones previas, resulta que  la petición de tutela cautelar se articula por los siguientes motivos:

1º Existencia de un “periculum in mora” o riesgo de daño evidente, inminente, relevante e irreversible en tanto en cuanto la especie Cymodocea Nodosa  estaba  catalogada en la categoría de “ sensible a la alteración de su habitat” en el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias y además, incluida en el Anexo 6º relativo a la conservación de la vida silvestre y del Medio Natural de Europa:  “Especies de Flora estrictamente protegida”, del Convenio de Berna (BOE nº 235, de 1 de octubre de 1.986).

A los efectos de formar la convicción de la Sala sobre la gravedad del daño, la parte actora  pone de relieve el elevado interés que el ordenamiento jurídico otorga a la protección de las especies protegidas trayendo a colación las previsiones de la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, concluyendo que difícilmente es posible encontrar un régimen mas intenso de protección que el previsto en materia de medio ambiente, hasta el punto que, cuando se trata de especies protegidas, ni siquiera la declaración de interés público que se otorgase a un determinado proyecto podría anular el régimen de protección, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con los Lugares de Importancia Comunitaria.  

A propósito de la irreversibilidad del daño se trae a colación la existencia de numerosos informes científicos sobre las consecuencias de la desaparición de las praderas de fanerógamas, entre ellas la seba (Cymodocea nodosa) que forman praderas- denominadas sebadales-- , además de destacar la importancia de esos sebadales que forman parte,a  su vez, de una unidad biológica mucho mas extensa.

También se alude a la inminencia del daño en base a que la obra pública en sus inicios destruirá una importante pradera de fanerógamas con presencia masiva de la especie Cymodocea Nodosa.

2º El segundo motivo que articula la solicitud cautelar se refiere a la apariencia de buen derecho en la posición de la Federación Ecologista demandante, afirmando que existen evidencias de que nos encontramos ante un supuesto de nulidad de pleno derecho por quedar evidenciada una clara vulneración en el curso del procedimiento de descatalogación de los trámites previstos en el Decreto 151/2001, por el que se crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, a cuyo fin se ponen de relieve las siguiente irregularidades que se califican de invalidantes en grado de nulidad radical o plena:

Se prescinde del informe de una Institución científica o académica pese a que, cuando quien solicita la descatalogación no es una institución científica o universitaria académica, como es el caso, en el que la solicita la Autoridad Portuaria, el artículo 2 del Decreto señala que “deberá necesariamente fundar su solicitud en argumentos técnicos avalados por un informe de estos” y se suple dicho informe por el de una entidad privada cuyo contenido nada tiene que ver con la justificación de la descatalogación por versar sobre “valoración de la población Cymodocea Nodosa afectada por el Puerto de Granadilla en el contexto de Canarias”.

Se prescinde también del informe de la Dirección General de Medio Ambiente, en cuanto trámite preceptivo contemplado en el artículo 31.1 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, entre cuyas funciones se encuentra la de “informar al Viceconsejero sobre la inclusión o exclusión de una especie, subespecie o población o el cambio de categoría dentro del Catálogo de Especies Amenazadas”.

Y en la misma línea, se omite la propuesta de resolución a que se refiere el artículo 16 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que señala, entre las funciones del Viceconsejero de Medio Ambiente, la de “informar sobre la inclusión o exclusión  de una especie, subespecie o población, o el cambio de categoría dentro del Catálogo de Especies Amenazadas”.

Por último, se apunta a que se “manipula” un informe conjunto del Jefe de Servicio de Biodiversidad y otro técnico que se pronunciaban en contra de la descatalogación de los ejemplares existentes en el ámbito de las obras del Puerto de Granadilla.

La conclusión es que,  a pesar de conocer el informe de los técnicos en Biodiversidad que se expresan de manera rotunda contra la descatalogación de esos ejemplares, sin informe de Institución científica o académica, ni de la Dirección General del Medio Natural y sin propuesta de resolución, se aprueba la orden de descatalogación de las sebas existentes en el tramo del litoral de Granadilla que, irremediablemente,  van a quedar sepultadas por las obras del Puerto.

3º El tercer argumento en pro de la medida cautelar es el relativo a que, en la ponderación de los intereses en conflicto, debe primar el interés general a la salvaguarda del patrimonio natural y la biodiversidad sobre el interés a la ejecución de la construcción del puerto estatal, trayendo a colación la doctrina del Tribunal Supremo sobre la preferencia del medio ambiente sobre lo urbanístico, mas cuando,  según apunta, se trata de un nuevo Puerto que no ha sido aprobado por el Ministerio de Fomento pese a ser el único organismo competente para la aprobación del proyecto.

Frente a la solicitud de la medida cautelar, sostienen las partes codemandadas ( Comunidad Autónoma de Canarias y Autoridad Portuaria) diversos argumentos en defensa de la vigencia de la Orden, entre ellos: a) inexistencia de peligro de extinción ni amenaza a la especie (“ni siquiera en los umbrales de la amenaza” en palabras de la Letrada del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias) pues la descatalogación afecta tan solo al 1,26% de los sebadales de Canarias, esto es, del área total de la Cymodocea nodosa en Canarias; b) la población de canarias de la especie no cumple los parámetros establecidos en la Orden de 13 de julio de 2.005 para ser incluida en la categoría de interés especial por razones científicas, que es la categoría en que, según el informe del Servicio de Biodiversidad debe integrarse como especie protegida; c) los habitats de la especie ya están protegidos por los LIC de Gugui y Antequera e Tenerife, que fueron creados en 2008 como exigencia de la Comisión Europea; d) existe un interés público para la construcción del puerto, que cuenta con informe favorable del Parlamento y Gobierno de Canarias y dictamen de la Comisión Europea y que cuenta, además,  con Declaración de Impacto Ambiental (extremos sobre el que incide especialmente el Abogado del Estado en representación de la Autoridad Portuaria); e) no hay defectos formales ni irregularidades invalidantes en la tramitación del procedimiento, en particular en cuanto al informe emitido por una entidad de prestigio con el aval de la Fundación Publica Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla, cuyo informe cumple con el requisito de ser emitido por institución científica o académica, cumpliéndose también el resto de trámites y traslados previstos;  f) no puede darse al informe de los técnicos del Servicio de Biodiversidad de la Consejería el sentido que pretende la parte, sin que dicho informe concluya, en momento alguno, que exista riesgo de desaparición, sino todo lo contrario, limitándose a incluir argumentos para el cambio de categoría e inclusión  en la de “especie protegida de interés especial” en razón a su valor ecológico, si bien eso favorable a la  exclusión de las categorías de especies amenazadas.

En definitiva, se trae a debate, al igual que hace la parte actora, un conjunto de argumentos unidos aquí, desde la perspectiva de las partes codemandadas, a la ausencia de riesgo de un daño irreversible, ausencia de una apariencia de buen derecho en la posición de la entidad actora que destruya la presunción de validez de la Orden recurrida, e interés público preferente a la ejecución de una obra pública avalada por diversas instituciones públicas y por razones socioeconómicas de primer orden.

La petición subsidiaria, es de que,  caso que la Sala opte por la suspensión de la vigencia de la Orden, se fije una fianza a cargo de la entidad actora por importe de 31.873.632 €, que corresponde a los daños que podrían derivarse de la suspensión de las obras durante un plazo de nueve meses conforme al informe que acompaña el Abogado del Estado, en representación de la Autoridad Portuaria.-

TERCERO.- Pues bien, en  la respuesta a la pretensión de mantenimiento de la medida cautelar,  esta Sala debe partir de que estamos ante un incidente cautelar, es decir, ante una respuesta limitada, sin que sea posible convertir el incidente en un debate de lo que es el fondo del asunto, de forma que, como ha dicho el Tribunal Supremo, la decisión cautelar, sea una u otra, será siempre “ a reserva de un pleno control jurisdiccional que tendrá lugar con la sentencia de fondo” (STS de 30 de septiembre de 2.008).

Ello es plenamente compatible con la consideración de la justicia cautelar como parte del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva (SSTC 115/87, 7 de julio, 238/92, 17 diciembre,  148/93, 29 de abril ), ya que "la tutela judicial no es tal sin medidas cautelares que aseguren el efectivo cumplimiento de la resolución definitiva que recaiga en el proceso".

Por eso, “la medida cautelar a adoptar en cada caso ha de ser adecuada a su finalidad de garantizar la efectividad de la tutela judicial que en su día se otorgue" (STC 148/93, 29 de abril ), posición que también ha mantenido el Tribunal Supremo cuando advierte que "..la necesidad de atenerse a la singularidad de cada caso debatido por las circunstancias concurrentes en el mismo, lo que implica, desde luego un claro relativismo en desacuerdo con declaraciones dogmáticas y con criterios rígidos o uniformes" (Autos de este Tribunal de 23 de enero de 1990, 8 de octubre de 1991, 31 de octubre de 1994 ).

En consecuencia, esta Sala debe resolver la solicitud de tutela cautelar sin asumir el riesgo de un examen anticipado de lo que debe ser la cuestión de fondo, sino  a la vista del artículo 130 de la LJCA, conforme al cual:

 “ 1.Previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudiera hacer perder su finalidad legítima al recurso.

2 . La medida cautelar podrá denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada".

El precepto no se refiere al “fumus boni iuris” —que es uno de los argumentos de la parte actora en pro de la medida—si bien el Tribunal Supremo ha señalado que “A propósito de la apariencia de buen derecho, la  posibilidad de que la nulidad de pleno derecho pueda operar para justificar la suspensión está condicionada a que "de una manera terminante, clara y ostensible se aprecie la concurrencia de una de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en nuestro ordenamiento" (sentencia de 21 de octubre de 2004, recurso de casación 1723/2002, reproduciendo múltiples autos y sentencias anteriores en la misma línea). Es obvio que la virtualidad de tal doctrina es escasa al no ser el incidente de suspensión el trámite idóneo para decidir la cuestión objeto del pleito que ha de resolverse en el proceso principal. Mas puede caber el caso de que, con anterioridad a la adopción de la medida cautelar cuestionada el órgano jurisdiccional se hubiere pronunciado, en otros pleitos, sobre la invalidez del acto cuestionado” (STS de 13 de junio de 2007, recurso de casación 1337/2005).
    
En esta línea la STS de  9 de mayo de 2.008 señala que “...el principio de la apariencia de buen derecho ha de manejarse con mesura (Auto de 17 de enero de 2000, Sentencia 12 de noviembre de 2003 ). Insiste en ello la Sentencia de 12 de julio de 2004 al margen de que sólo puede ser un factor importante, como indicaban los Autos de esta Sala de 19 de mayo y 12 de noviembre de 1998 y la Sentencia de 10 de julio de 1998 , para dilucidar la prevalencia del interés que podría dar lugar a la procedencia de la suspensión, siempre que concurra la existencia de daños y perjuicios acreditados por quien solicita la suspensión. Por ello constante jurisprudencia (Auto de 22 de octubre de 2002 con cita de otros anteriores, Sentencias de 7 de octubre, 11 de noviembre de 2003; auto de 27 de noviembre de 2006 con cita de otras precedentes) ha resuelto que sólo cabe considerar su alegación cuando el acto haya recaído en cumplimiento o ejecución de una norma o disposición general que haya sido previamente declarada nula o cuando se impugna un acto o una disposición idénticos a otros que ya fueron jurisdiccionalmente anulados. Se ha dicho asimismo que es un criterio que debe aplicarse combinando el serio fundamento de lo que a través de él se deduzca y la no menos seria percepción y convicción de que lo deducido es meramente provisional, que no prejuzga en absoluto el fondo del asunto” (STS 3 de julio de 2007, recurso de casación 10341/2004 ).

Por tanto, no cabe sino examinar el “fumus” con la mayor de las cautelas, y, en el caso, consideramos que la respuesta a las posiciones de las partes pasa, de momento, por hacer abstracción de ese “fumus” que invoca la actora en su posición de defensa del medioambiente, y que niegan las partes codemandadas, y examinar, tal y como exige el artículo 130.1 de la LJ, el peligro de irreversibilidad de la situación que pueda llegar a producirse de no adoptarse la medida de suspensión de la vigencia de la Orden de descatalogación de la especie,siempre previa valoración de los intereses en conflicto.

Hacemos esta precisión, pues, aunque en los siguientes Fundamentos se examinarán distintos documentos del expediente, el examen es siempre a efectos de la justificación del peligro de irreversibilidad y de la valoración de intereses y nunca como examen de la legalidad de  fondo de la Orden,  reservado a la sentencia que se vaya a dictar en su día.

CUARTO.- Al respecto, la relación causa-efecto entre la obra publica de construcción del Puerto y peligro de destrucción  para la población de la especie descatalogada por la Orden Departamental  (seba y pradera de sebadales en el área a la que alcanza según el anexo cartográfico que incorpora), parece que no ofrece dudas.
 
La misma Autoridad Portuaria que solicitó en su día la descatalogación acompañó un informe que no niega dicha posibilidad sino que la reconoce como cierta, a cuyo fin el apartado cuarto de dicho informe señala que  “No obstante, habida cuenta de que la inclusión de la especie Cymodocea nodosa en el Catálogo de Especies Protegidas de Canarias tuvo lugar desde la fecha de su creación en 2001, que dicha inclusión exigía la elaboración de un Plan Especial de Conservación del habitat de aquella especie (art 5) y que han transcurrido desde entonces mas de seis años, debe asimismo valorarse la posibilidad de una descatalogación, sino de la especie en su conjunto, si de la población de la misma que pudiera verse afectada por las obras de abrigo del Puerto de Granadilla”  y en las conclusiones se reconoce que “..las obras afectarían exclusivamente a una sola población de la especie que presumiblemente en ningún caso comprometería su conjunto” (vid folios 1 a 14 del expediente)

Otra cosa es si dicha destrucción de la población de Cymodocea nodosa, en la extensión afectada por la Orden   pone el riesgo la especie (tesis que niega la Comunidad Autónoma de Canarias).

Es decir, el daño a ese concreto sebadal o sector de Cymodocea Nodosa es, como dice la parte actora, inminente, cierto e irreversible, en toda la extensión de la pradera marina a que alcanza la descatalogación, lo que reconduce la cuestión  dar  respuesta a un  doble interrogante, siempre a la vista del artículo 131.1 de la LJCA:  si el peligro daño tiene entidad suficiente para mantener una medida cautelar del calado de la adoptada de forma urgente por cuanto, aunque cuando desaparezca el sebadal ( el habitat), la especie no se encuentra ni siquiera en el umbral de la amenaza (tesis de la Comunidad Autónoma y de la Autoridad Portuaria) y, en segundo lugar, si, dando por cierto el daño, el interés que supone la obra pública de construcción del puerto de Granadilla, en cuanto ampliación del sistema portuario de Tenerife(como puerto complementario al de Santa Cruz), a la vez, infraestructura básica para la plataforma logística planificada por el Cabildo Insular (junto con el Polígono Industria de Granadilla y el Aeropuerto Tenerife-Sur) debe entenderse preferente, por su condición de obra pública y por las consecuencias socioeconómicas al interés que representa el mantenimiento del sebadal en la extensión a la que alcanza la descatalogación, es decir, si el interés a la obra pública es preferente al interés a la protección de una concreta área física a la que afecta tal  descatalogación.

QUINTO.- Para la respuesta al primer interrogante debemos partir de la necesidad de protección de la pradera marina en abstracto, a cuyo fin traemos a colación algunas consideraciones que se vierten en el informe técnico del Servicio de Biodiversidad de la Dirección General del Medio Natural a la alegaciones presentadas durante la información pública de diciembre de 2.008, sobre el cambio de categoría de la  Cymodocea Nodosa dentro del Catalogo de Especies Amenazadas, del que extractamos las siguientes conclusiones que hace suyas:

Los sebadales son uno de los habitats naturales mas ricos en especies y de mayor productividad del medio marino de Canarias que, además,  ejercen una función ecológica relevante en aspectos tan variados como el transporte de oxigeno, el consumo de Co2 y la transferencia de nutrientes a otros niveles de la red trófica submarina

La consideración de los habitas de sebadales de Cymodocea Nodosa como habitats prioritario en la red natura 2000, que supone la obligatoriedad de declarar LIC que abarquen una muestra representativa de ellos.
    
En el informe complementario, de 4 de febrero de 2.009, se apuntaba que dicho informe se limitó a lo  relativo al cambio de categoría dentro del Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias, si bien  dejaba claro que no examinaba la posible descatalogación y que “no hay argumentos de tipo biológico o de conservación para sustentar esta decisión”.

Estas consideraciones no pueden pasar desapercibidas para la Sala pues, a los efectos de considerar la irreversibilidad del perjuicio o el interés que representa la descatalogación, no aparece ni un solo informe interno (dentro del organigrama de la Consejería) a favor de la descatalogación del sebadal afectado, cuya procedencia niega el informe emitido por el Jefe de Servicio de la Biodiversidad, que informa solo sobre la procedencia de cambio de la categoría de protección.
    
En cuanto al segundo interrogante planteado, esta Sala no deja de tener en consideración la importancia cualitativa del  puerto a construir como ampliación de la infraestructura portuaria del Puerto de Tenerife. Ahora bien, dicho interés publico, que ha sido puesto de relieve por las partes codemandadas desde el punto del apoyo institucional con que cuenta y desde el punto de la trascendencia socioeconómica, no puede perder de vista , ni desconocer, el interés que subyace en la protección del medio ambiente unido al patrimonio cultural y a la biodiversidad.

SEXTO.- Se plantea a la Sala un difícil dilema que debemos reconducir a una respuesta lo mas objetiva posible sobre la base de la prueba del riesgo de posible daños irreversibles al sebadal y por extensión a los habitats marinos de la Isla de Tenerife y de Canarias, siempre previa valoración de los  intereses enfrentados, y a este respecto, además del informe interno que hemos analizado sucintamente, es un hecho incontestable que el informe emitido en el procedimiento, en cumplimiento del Decreto 151/01, cuando la solicitud de descatalogación no es emitido por una institución científica o académicas sino por otras entidad—lo fue por una entidad privada. No duda esta Sala de la importancia o prestigio profesional de la Institución que lo emite pero lo decisivo, a efectos de dar una respuesta , ahora, en este pieza separada, es que no nos consta ningún informe de una Institución científica o universitaria, dentro del esquema orgánico de entidad públicas no territoriales o dentro del marco de instituciones unánimemente reconocidas por la comunidad científica,  que haya avalado la descatalogación en el área física a que se refiere.
 
El informe privado se aceptó al venir avalado por la Fundación Observatorio Ambiental de Granadilla (cuya creación ordenó en su día la propia Comisión Europea ), que en su informe sobre la consideración de institución científica o universitaria de la entidad autora del estudio, señala que “En definitiva, esta entidad considera a CIMA una entidad privada de carácter técnico-científico por la naturaleza de su trabajo y el modo de ejecutarlo. El factor lucrativo no excluye que sea la Ciencia en objeto de su explotación” (folios 42 y 43 del exte).

Sin embargo, insistimos en que ese informe único no es suficiente, por su origen y contenido,  para entender acreditado que el daño no va a ser irreversible a la población de área y a la propia especie de Cymodocea nodosa a los efectos de mantener la ejecutividad de la Orden de descatalogación. Otra cosa será la discusión en el proceso principal sobre si cumple el requisito exigido  por el procedimiento, pero este no es el debate en este momento.

Avala esta conclusión el que ya no exista Comisión de Biodiversidad, a cuyo informe se refiere  el artículo 3.2. del Decreto 151/2001 y que podía ser un referente e la decisión de la Sala dado que se preveía  su informe,  y mas cuando, como antes dijimos, el informe interno ( dentro del esquema orgánico de la Consejería) nunca se elaboró sobre la base de considerar oportuna la descatalogación , todo lo cual son argumentos de cara a rechazar la defensa que hacen las partes codemandadas de que no existe peligro de que  descatalogación vaya a causar un perjuicio irreversible a la especie y al habitat marino en general ( pues el peligro a la población del area si es reconocido por estas).

Además, frente al informe que sirve a la Orden para justificar la decisión de descatalogación,  aparecen muchas alegaciones tras la información pública ( más de trescientas) con continuas referencias a conclusiones científicas en contra de la descatalogación. Son alegaciones con profusión de datos, citas de trabajos investigación, artículos doctrinales o de opiniones de relevantes personalidades de la comunidad científica a los medios de comunicación, referencias bibliográficas, etc, sobre el interés biológico de la especie, sobre la importancia ecológica de las praderas de fanerógamas, sobre el peligro de descatalogación en la zona  e impacto de la obras mas allá del área descatalogada, sobre peligro de pérdida significativa de sebadales a nivel insular y regional, sobre el alcance de la protección de la especie que se debe  desplegar en cada lugar en que localice el sebadal, y  sobre la situación de regresión de muchos sebadales de las islas.

Son más de trescientas alegaciones que no puede desconocer esta Tribunal frente a los cuales no puede prevalecer, lo decimos siempre a efectos de la tutela cautelar, las conclusiones o puntos de vista de una entidad privada que emite un informe en su condición de institución académica o científica, ni un informe del Servicio de Biodiversidad (folios 771 a 787) que, como reconocen expresamente sus autores, no analiza las alegaciones relativas a la descatalogación de un sector de Cymodocea nodosa sino el cambio en la categoría de calificación, pero dando por supuesto que no hay argumentos de tipo biológico o de conservación que sustenten esta decisión de descatalogación.   Y a ello se unen los informes aportados como prueba documental en la comparecencia por la parte actora que siguen esta misma línea.

Lo cierto es que en la comparecencia unas y otras partes  han defendidos y sostenido su posición con sólidos argumentos, pero el nudo gordiano de la cuestión,  bien entendido que lo decimos a los solos efectos de esta pieza separada, pues no podemos prejuzgar ahora lo que será la respuesta de fondo, es, con los elementos que tenemos a nuestra disposición en este momento procesal, es esa falta de prueba de que la descatalogación no suponga  un verdadero peligro para la especie del que se hacen eco tanto la entidad actora como las distintas alegaciones en el curso del procedimiento, sin que el informe que justifica la descatalogación ofrezca esa garantía de que la decisión de mantener la ejecutividad de la Orden sea la mas acertada, por lo que, en este contexto, nos inclinamos por mantener la medida cautelar aun siendo conscientes de que con ello también se producirán importantes perjuicios de todo tipo que,  con ser de suma relevancia, lo cual es un hecho incuestionable que acepta esta Sala,  consideramos que no puede prevalecer sobre el riesgo de daños al medioambiente, entendido como conjunto de condiciones que permiten la existencia y reproducción de la vida, en relación aquí con el habitat marino, la población de cymodocea nodosa del área y la propia especie, sin que la propia Comunidad Autónoma, que dice que se han adoptado medidas compensatorias, defienda, en su propia valoración de los intereses enfrentados, que los que representa la obra pública sean superiores al de protección de los  sebadales y de la propia especie, a lo que también se refiere el informe del Servicio de Biodiversidad cuando dice que “.. no es la protección del habitat lo que se dilucida en el expediente objeto de alegación, sino la protección de la especie..”, y dicha protección solo puede ser efectiva en cada lugar de localización, o, en palabras del mismo informe: “Desde el punto de vista de la especie, lo que esta protegido es cada planta de seba, esté donde esté. Está tan protegida una sola planta de seba aislada en 1 km2, como miles de planta en la misma superficie”.

Las conclusiones son elocuentes de la realidad del peligro que nos lleva a la decisión de mantener la medida cautelar.

SEPTIMO. En cuanto a la solicitud de fianza por daños derivados de la adopción de la medida cautelar que constituye la petición subsidiaria de la Autoridad Portuaria, el artículo 133 de la LJCA establece que “Cuando de la medida cautelar pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podrá exigirse la presentación de caución o garantía suficiente para responder de aquellos”.

Como dijimos en el Tercer Fundamento,  con cita de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la tutela cautelar forma parte del contenido esencial del  derecho a la tutela judicial efectiva, que no es tal sin posibilidad, cuando concurran los requisitos legales, de medidas cautelares que aseguren el efectivo cumplimiento de la resolución definitiva que recaiga en el proceso y es este el marco previo para valorar la procedencia de exigencia de caución o fianza como condición de eficacia de la medida acordada.

Así las cosas, considera este Tribunal que exigir  una fianza, en este caso concreto,  supondría gravar a la entidad actora con las consecuencias derivadas de un proceso en el que la acción ejercitada y la pretensión procesal,  en defensa de los intereses colectivos que representa la Federación, no se dirige a paralizar una obra pública sino a que se anule y deje sin efecto una Orden Departamental de descatalogación en una determinada área de una especie protegida, sin perjuicio de la intima relación o conexión que existe  entre esa obra y los motivos que dan lugar a la solicitud de la medida cautelar.

El peligro del año irreversible al ecosistema marino no es cuantificable a efectos de poder ponderar la fijación de fianza o caución, por lo que consideramos que, en este caso concreto, debe otorgarse la tutela cautelar de forma incondicionada.  

OCTAVO.- Procede, por lo expuesto, el mantenimiento de la medida cautelar adoptada de suspensión de la vigencia de la Orden Departamental, si bien sin hacer pronunciamiento sobre las costas del incidente al no apreciarse temeridad o mala fe en ninguna de las partes litigantes (art 139.1 LJCA).

Vistos los artículos citados  y demás de general aplicación:

III.- LA SALA DISPONE:

Estimar la pretensión de tutela cautelar formulada por el Procurador D. José Lorenzo Hernández Peñate, en nombre y representación de la Federación Ecologista Ben Magec, Ecologistas en Acción, y, en consecuencia, mantener la medida cautelar de suspensión de la vigencia de la Orden de 2 de febrero de 2.009, mencionada en el Antecedente Primero.

Sin hacer pronunciamiento sobre las costas del incidente

Así lo mandan y firman los Ilmos/a Sres/as anotados al margen, de todo lo cual, certifico.-


sanborondon.info

Así hasta comparar cada rincón de la isla...
Lectura recomendada: Lección 1º de urbanismo majorero

MÁS INFORMACIÓN: http://fuerteventuralimpia.blogspot.com/

Rubén Jiménez "Doramas"
Canarias Socialista

La canariedad es un término histórico que siempre hemos empleado y escuchado pero pocas veces sabemos definir con rotundidad y claridad. ¿Qué es ser canario? ¿Qué significa formar parte de este pueblo? ¿Qué se necesita para sentir la canariedad?

Para empezar debemos tener bien claro qué es Canarias. Se trata de un archipiélago de 7446 Km² situado a tan solo 90 Km de las costas africanas, a poco más de 1000 Km de Europa, y a 4500 Km del continente americano. Está formado por siete islas y cinco islotes -sólo uno habitado- que emergieron de los mares desde hace unos cuarenta millones de años. Los primeros habitantes llegaron desde el continente africano hace aproximadamente 3000 años. Desde entonces fueron desarrollando una civilización que no pudo contar con metales, que se enfrentó a la barrera de la insularidad y la limitación del territorio y la orografía, y que pese a ello evolucionó de manera muy superior a lo que las condiciones permitían. Se llegó a desarrollar la agricultura y el almacenamiento de excedentes propios de sociedades organizadas, y su alto nivel jerárquico en algunas islas las pusieron por delante de los pueblos primitivos en su evolución. En el siglo XV comenzó una campaña de invasión y colonización que se alargó por noventa y cuatro años de manera oficial impulsado por parte de señores normandos y la Corona de Castilla. Desde entonces la historia de Canarias ha evolucionado por ciclos regidos por monocultivos económicos. Explotación – Auge – Decadencia – Hambruna han sido los pasos por los que ha pasado la economía isleña cada vez que se implantó un cultivo diferente. Y así durante los siguientes quinientos años transcurridos desde la colonización.

Canarias como colonia

Según la RAE, una colonia es un “territorio o lugar donde se establece un conjunto de personas procedentes de un territorio que van a otro para establecerse en él”; así, las Islas Canarias son ese territorio donde se establecieron colonos españoles y portugueses fundamentalmente a partir del siglo XV. Desde entonces no se ha producido ningún proceso de descolonización, y las administraciones que antaño controlaban estos colonos hoy se han institucionalizado pero no han cambiado de dueño. Sólo tenemos que ver los árboles genealógicos de aquellos que hoy nos gobiernan y comparar con los que nos gobernaron ayer. También define colonia como “territorio fuera de la nación que lo hizo suyo, y ordinariamente regido por leyes especiales”; y es que Canarias fue incorporada a la fuerza a la Corona de Castilla y desde esa fecha ha sido sometida a diferentes leyes de exención de impuestos que a día de hoy han llegado en forma de RIC. También es una colonia un “territorio dominado y administrado por una potencia extranjera”; ¿alguien sabría decir en qué momento dejó de ser España para Canarias una potencia extranjera? ¿En qué fecha se produjo tal asimilación? ¿Cuándo dejó de ser ese pueblo colonizador el invasor? ¿Por qué se ha aceptado la situación de sometimiento? ¿Algún día prescribirán el Holocausto, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, las guerras de Afghanistán o Iraq? El tiempo nos dirá si es normal lo que ocurre en nuestro pueblo.

Canarias como país-nación-estado

Siguiendo con la pura definición que tanto gusta a los perfeccionistas de nuestro estatus autonómico, la RAE define país como “nación, región, provincia o territorio”. Siempre fueron “papas del país” aquellas que salían de la tierra canaria. Entre las comunidades autónomas del Estado español se encuentra el País Vasco... Así, geográficamente, no pecamos al considerar a Canarias como nuestro país, ya que no hablamos de gobiernos ni política en ningún momento.

Esta misma fuente nos dice que una nación es un “conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común”. El origen lo tenemos, reconocido incluso por prestigiosos antropólogos canarios y extranjeros que llegan a estipular un supervivencia indígena en la actualidad de más de un 50%. Con esto no hablamos de pureza ni lo pretendemos, ya que no es ningún motivo que sirva como reclamo político; no es necesario. De nuestro idioma ya hubo quien se encargara de erradicarlo, aunque muchas fuentes datan su supervivencia hasta el siglo XVIII, así como la constancia actual de multitud de vocablos y el conocimiento de la raíz de nuestra lengua en estos tiempos dentro del continente africano. Las naciones se sienten y existen independientemente del gobierno que las maneje. Cuando hablamos de nación nos referimos al sentir de un pueblo y nuestro pueblo dista mucho de aquel que ordena y manda desde la “metrópoli”.

Al hablar de estados es cuando no podemos incluir a Canarias. Habrá quien lo vea inviable, otros innecesario, muchos contraproducente, algunos incluso una verdadera locura. Me van a disculpar pero, a día de hoy, sólo he escuchado argumentos de aquellos que apuestan por la creación de un estado para la nación, el país o el pueblo canario. Podrán convencer o no a mucha gente, pero existen. Por contra, no conozco estudios que demuestren la inutilidad de la soberanía de nuestras islas.

Oscurantismo histórico

A la hora de abordar la verdadera esencia de nuestro pueblo, su personalidad, su idiosincracia e incluso su historia, una nube negra se cierne frente a cualquier pista. ¿Por qué tanto desconocimiento? ¿A que se debe que salgamos de nuestro país -permítanme emplear este término para mi archipiélago-, y no seamos capaces de responder con nuestro caso cuando nos muestran la realidad de otros pueblos? Si viajamos y nos enseñan un baile tradicional, ¿con cuál presumiríamos nosotros? ¿Conocemos nuestras flora y fauna endémicas? ¿Qué reseñas de nuestra historia podemos aportar para explicar muchas de las situaciones de la actualidad canaria? Incluso en las escuelas ¿por qué conocemos los ríos de España -algo nada perjudicial-, y no somos capaces de identificar el barranco más cercano a nuestra casa? ¿Cuál es el motivo de que los canarios estemos perdiendo tan aceleradamente nuestra forma de expresar que no es más que el cociente de todos los factores que nos rodean, tan naturales y apolíticos muchos de ellos como el propio clima? En definitiva ¿por qué tenemos todos y cada uno de los aspectos de una colonia en lo que se supone es una comunidad autónoma tan igual como cualquier otra de este gran territorio español?

¿Quiénes somos?

Toda esta problemática derivada directamente de nuestra historia y nuestro estatus consecuencia de la misma nos lleva a una situación de confusión en cuanto a quiénes somos. Resulta que somos herencia de un pueblo que se asentó en las islas procedente del continente africano. En un momento determinado cuando el pueblo amazigh insular albergaba incluso relaciones con otros pueblos, colonizadores europeos se hicieron con la soberanía de las islas en un ensayo de lo que luego se llevaría a cabo en el continente americano. Es decir, seguíamos siendo eminentemente ese pueblo y comenzaron a aparecer aportaciones aculturales masivas. Nos encontramos siendo una comunidad a la que se le prohibía su cultura, pero se le distanciaba de la nueva, encontrando así una sociedad aculturalizada a la que sólo se le proporcionaba de manera impositiva una nueva religión. Pasó el tiempo, y sólo el tiempo hasta que llegamos a ir asimilando, no se sabe cómo, la nueva sociedad impuesta. Y no precisamente por un buen trato. Así hasta los años 50, 60 y 70 del siglo recientemente pasado. Hasta ahí mandábamos el tomate malo “a España” y no “a la Península”, tomate que no era “tomate canario”, sino “tomate del país”. Si nada había cambiado hasta entonces, si no éramos más que una provincia de ultramar hacia donde desterraban a aquellos que daban la lata -como el propio Generalísimo- no me caben más que dos motivos que pudieron ser los que desembocaron en la asimilación definitiva:

a) nos vendieron de maravilla la transición monárquica de los Borbones y fue eso lo que nos hizo creernos dentro de algo que siempre nos tuvo bien fuera o...

b) la televisión; ese instrumento persuasivo, absorvente de crítica que nos mastica y digiere todo aquello que debe formar parte de lo que debemos pensar -lo que el artista Jon Juanma denomina Cultura de Alineación Universal CAU-.

El caso es que, de alguna manera, hubo un momento en el que sin que pasara nada, solamente el tiempo, asumimos una realidad que hoy día nadie sería capaz de aceptar. ¿Qué ocurriría si los tan temidos marroquíes llevaran a cabo en la actualidad un proceso exactamente igual que el que los españoles ejecutaron hace cinco siglos? ¿En qué fecha terminaríamos por aceptarlos y admirarlos, reflejando nuestra identidad en ellos, tal y como hacemos actualmente con España? Si al menos nos estuviera yendo de maravilla...

Rubén Jiménez "Doramas"

Izquierda Unida Canaria (IUC) ha ampliado la denuncia que presentó el pasado 17 de febrero ante la Fiscalía General del Estado contra el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, por presuntos delitos contra el medio ambiente, tráfico de influencias y prevaricación administrativa en la descatalogación de la población de sebadales afectada por la construcción del puerto de Granadilla.