Viernes, 24 de abril de 2009
Durante los últimos 23 años, es decir, desde el año 1986, los políticos que gobernaron y gobiernan el Ayuntamiento de La Oliva, en Fuerteventura, han venido engañando sistemáticamente al ciudadano de su pueblo, a sus vecinos, para hacer beneficios de sus votos electorales y réditos políticos, ocultando la verdad de los hechos que en cada momento se han producido en torno al desarrollo de la historia que ha sucedido sobre la ocupación del suelo donde se ubican, el centro de salud y la estación de guaguas de Corralejo. Lean el siguiente dossier (click aquí).

El engaño no es otro que la ocultación de la deuda que se mantiene con 4 ciudadanos a los que se les forzó a donar sus propiedades a cambio de beneficios conocidos como recalificaciones de sus terrenos. Desde el primer momento y por escrito, los políticos no cumplieron con lo prometido y desde entonces ocultan y dilatan deliberadamente la resolución del problema causado, a sabiendas, que la solución va a significar ya hoy en día la quiebra económica del presupuesto del Ayuntamiento para poder pagar los daños causados. La situación del engaño es tal, que en estos momentos se puede decir que los 3 alcaldes que han tenido y tienen conocimiento del problema, no lo afrontan, y ni tan siquiera lo han comunicado a los ciudadanos, esperando que la bomba del problema le explote al siguiente.

En la actualidad la estación de guaguas está ocupada por los bomberos muncipales y por un tétrico restaurante que no cuenta con todos los permisos para realizar una actividad industrial como la desarrollada, estando pendiente aún de la autorización de actividades clasificadas del Cabildo para tener la licencia definitiva, al igual que los tres locales cerrados, destinados a bazares y ocupados clandestinamente por los arrendatarios del restaurante.

El citado restaurante lo sometió a concurso público el Ayuntamiento de La Oliva con una vigencia de 5 años en Diciembre de 2.007, y las bases fueron recurridas por Manuel Jiménez del Valle (Manolín), por si no resultaba adjudicatario poder impugnar, hecho que no sucedió. A pesar de no presentar toda la documentación exigida para la subasta, en tiempo y forma, es el actual adjudicatario a través de una sociedad con los hermanos Hierro (Perico y Óscar), teniendo que pagar un canon mensual de 4.500 €.

A día de hoy, los inquilinos deben al Ayuntamiento más de un año, siendo mentira que estén depositando la renta en el juzgado pues son conscientes de los problemas que existen con la titularidad del inmueble, si le quieren reclamar por vía judicial lo adeudado. Tal vez será por eso que los actuales responsables municipales no han procedido al desahucio por impago, a pesar de la falta de recursos del Ayuntamiento.


Publicado por ubara @ 16:44  | Islas
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