S?bado, 25 de abril de 2009

En el año 1993 Coalición Canaria anunciaba, a bombo y platillo, que se creaba la zona azul y que ésta acabaría con los problemas de aparcamientos en el Casco, beneficiando al comercio local. Pasaron muchos años. La zona azul fracasó y ahora la empresa pide una indemnización de 1.330.891 euros (más de doscientos millones de las antiguas pesetas).

 

 

Todo empezó en octubre de 1993, cuando el Pleno aprobaba la concesión del servicio de la zona azul y la grúa municipal a la empresa Huarte Servicios Canarias, S.A. que, con el tiempo, pasaría a denominarse VVO Estacionamientos, S.A. La concesión se produjo por cinco años (aunque luego se amplió a once años más, a raíz de la imposición del Ayuntamiento a la empresa de contar con un depósito para los vehículos retirados por la grúa; y para amortizar esa inversión, la empresa solicitó la ampliación del contrato). Se trataba de un contrato denominado a “riesgo y ventura” (de la recaudación de parquímetros y grúa obtenía la empresa el dinero para sufragar el coste del servicio y el posible beneficio del mismo, sin que el Ayuntamiento se viera obligado a pagar nada, aunque sí a prestar colaboración con la Policía, que debía imponer las sanciones a quienes no pagaran el ticket, y a mantener las plazas de aparcamiento suficientes en zona azul para que no existiese desequilibrio económico entre la previsible recaudación y el coste del servicio). A Coalición Canaria, además, se le llenaba la boca, afirmando que el Ayuntamiento iba a tener beneficios, pues la empresa tenía que pagarle un 85 % de los beneficios una vez deducidos los costes del servicio y el beneficio industrial. Es decir, con lo que se recaudara se pagaría el coste (salarios, mantenimiento de parquímetros, etc.) y de lo que sobrara, el Ayuntamiento se llevaba el 85 %.

 

Pero lo cierto es que, desde el primer mes, la zona azul fue completamente deficitaria y el Ayuntamiento nunca recibió ni un mísero euro. Todo lo contrario, las deudas se fueron acumulando, y desde el año 2000 se superaban, con creces, los 130.000 euros mensuales, llegando en la actualidad (según las cuentas de la empresa) a un déficit de 1.330.891 euros que la empresa pide como indemnización al Ayuntamiento. La empresa argumenta que la Policía no colaboró con la zona azul       –multando cuando se la requería para ello– y que se suprimieron plazas de aparcamiento en esta zona de forma unilateral por el Ayuntamiento.

 

La acumulación del déficit ha sido tan brutal, que finalmente, en el 2007 la empresa comunica la suspensión del servicio, por el grave desequilibrio económico entre lo que se recaudaba y lo que costaba el mantenimiento del servicio, solicitando, además, la indemnización de más de 200 millones de pesetas.

 

¿Quién es el responsable de esta situación? En nuestra opinión sólo hay uno: Coalición Canaria. ¿Por qué? Porque desde el primer mes el servicio era deficitario, y lo siguió siendo, cada vez más, en estos dieciséis años. Coalición Canaria sabía que esta situación se estaba dando y que la deuda se iba acumulando de forma escandalosa. Dejaron crecer la bola de la deuda, y a pesar de las cifras claramente desfavorables para el Ayuntamiento, no se atrevieron en ningún momento a rescindir el contrato con la empresa. Esa era su responsabilidad y no la cumplieron. Por un lado había un servicio que se estaba endeudando a un ritmo vertiginoso (pues no se recaudaba, ni por asomo, para pagar el coste) y por otro lado había una empresa que –seguro– iba a pedir indemnizaciones. Sin embargo dejaron que el déficit siguiera aumentando hasta la actualidad, en que la indemnización a la empresa se ha convertido en una pesada losa para las arcas municipales.

 

Todo ello fruto de la total y absoluta irresponsabilidad del grupo de Coalición Canaria, que aún sabiendo que la zona azul se estaba convirtiendo en un saco sin fondo y en un negocio completamente ruinoso, no rescindió el contrato en los primeros años (en los que ya era un secreto a voces la inviabilidad económica de mantener la zona azul). Todo lo contrario, en 1997 se le amplió la concesión a la empresa durante once años más. Esa pésima gestión se traduce hoy en una indemnización que podría llegar a costar más de doscientos millones de las antiguas pesetas.

 

Durante todos estos años ha sido concejal de Hacienda el señor Juan Dóniz. Y por su iresponsabilidad se tendrá que pagar –con dinero público, de todos los vecinos– esa enorme indemnización.

 

En la actualidad, el asunto está pendiente de resolución por parte del Ayuntamiento. Lo que parece vislumbrarse es una negociación con la empresa, por medio de la cual se intente rebajar la cantidad que ésta solicita como indemnización y que –al final– pudiera situarse no por debajo de la mitad de lo reclamado. Sea como fuere, creemos que alguien tiene que asumir la responsabilidad en este asunto, por culpa del cual el Ayuntamiento tendrá que pagar una indemnización millonaria (por no rescindir el contrato a tiempo y permitir esta desorbitada acumulación de deuda en el servicio). La responsabilidad es, como hemos dicho, de Coalición Canaria. Y más concretamente del Concejal de Hacienda, que una vez más, pone en evidencia la pésima gestión económica del Consistorio en este caso, el cual que se suma a los vergonzosos reconocimientos de créditos, por medio de los cuales los contribuyentes hemos tenido que pagar miles de millones de pesetas gastados por los concejales de Coalición Canaria extrapresupuestariamente.

 

Por todo ello, solicitamos la dimisión del responsable político que creemos responsable de este asunto, Don Juan Dóniz Dóniz.

 

 

La Orotava, 22 de abril de 2009

INICIATIVA POR LA OROTAVA (IpO)


Publicado por ubara @ 18:59  | Islas
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