Lunes, 24 de agosto de 2009

Público.es

Con diferentes denominaciones la genérica es "bandasemergentes" se asiste en la mayor parte del territorio colombiano a unarecomposición del fenómeno paramilitar con los mismos elementos presentes desdecomienzos de los noventa: narcotráfico, extorsión, toma de tierras condesplazamiento forzado e intervención en la política. La inseguridad y elcrimen se extienden en Colombia como evidente fracaso de la bandera con la queel presidente Álvaro Uribe trata de ser reelegido: la "seguridaddemocrática".


 

Para la politóloga Claudia López, que levantó el escándalode la parapolítica, "los hechos demuestran que si las FARC desaparecieranhoy, las cifras de violencia, excepto los muertos por atentado y minas, permaneceríanprácticamente iguales". El Gobierno de Uribe ha centrado su política deseguridad en la derrota de la guerrilla, mientras el fenómeno más extendido portodo el país es el resurgimiento del paramilitarismo. Según la PolicíaNacional, el problema incluye a ocho bandas con 4.500 integrantes. Perodiversas ONG y la propia Defensoría del Pueblo tienen registradas más de 82bandas que operan en 273 municipios, con no menos de 10.000 hombres bienarmados, la mitad de ellos procedentes del viejo paramilitarismo, supuestamentedesmovilizado.

 

Desde el inicio de su segundo mandato en 2006, Uribeemprendió un proceso de desmovilización pactada con los paramilitares,agrupados en su mayor parte en las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Seprodujeron entregas públicas de armas, participación de organismosinternacionales y hasta la intervención de sus máximos dirigentes comoSalvatore Mancuso en la tribuna del Parlamento para explicar los"servicios" rendidos a Colombia en su lucha contra la guerrilla. Enrealidad, como denunció pronto la misión de seguimiento de la Organización deEstados Americanos, no se entregaba la totalidad de armas, ni las más modernas,y el paramilitarismo se ibareorganizando en zonas como Nariño, Córdoba, LaGuajira o Bolívar. En el norte de Santander, el propio Mancuso reconstruyó através de sus mandos medios el temible Bloque Catatumbo, responsable de unos2.000 asesinatos.

 

En Sucre, los hombres de Jorge 40, extraditado actualmentecomo Mancuso en EEUU por narcotráfico (no por los crímenes del paramilitarismo)reconocieron al menos 1.500 muertes, que no han recibido ningún castigo, ysiguen operando, combinando el desplazamiento forzado de campesinos con laactividad legal a través de políticos, empresarios y funcionarios. En realidad,el paramilitarismo nunca ha sido castigado realmente por sus masacres ynegocios ilícitos.

 

Las bandas emergentes más importantes que se extienden porel país son: las Águilas Negras, que actúan ya en Córdoba, Santander, MagdalenaMedio, Antioquia e incluso en barrios populares de Bogotá, como San Cristóbal;Los Rastrojos, herederos del cártel del norte del Valle del Cauca y extendidosya por gran parte del país, y Los Paisas. Practican sus actividades de siempre(narcotráfico, extorsión, toma de tierras y desplazamiento forzado de loscampesinos, violaciones como arma de presión) y actúan en 25 de los 32departamentos de Colombia.

 

ambién intervienen en política con la persecución de líderescomunitarios, de organizaciones de derechos humanos y de víctimas, y estánenquistados en estructuras del Estado. El escándalo más reciente ha sido el deljefe de Fiscalías de Medellín, Valencia Cossio, hermano del ministro deJusticia, cuya actividad estaba presuntamente vinculada al servicio de los mástemibles paramilitares de la región y que hoy se encuentra a la espera desentencia.

 

La propia Defensoría del Pueblo ha sido objeto de lasacciones del nuevo paramilitarismo. En realidad, el de siempre, porque, comoseñalan fuentes de esa institución: "Se trata del reagrupamiento deparamilitares que se habían desmovilizado y que siguen reclutandomenores". El pasado día 11, el edificio de la Defensoría en Córdoba fueallanado y sólo se robó un ordenador que contiene información sobre violacionesde derechos humanos por parte de paramilitares y de las fuerzas de seguridad.Lo mismo ha sucedido en las sedes de Barrancabermeja y Cartagena.

 

Ya hay 3,5 millones de desplazados

Según el Defensor del Pueblo, las amenazas a ONG ydefensores de Derechos Humanos son constantes en Bogotá, César, Magdalena yBolívar. También los crímenes y amenazas para lograr el desplazamiento violentode los campesinos. Hoy hay en Colombia más de tres millones y medio dedesplazados y su número sigue en aumento.

 

Sin embargo, el Gobierno de Uribe no da respuesta alfenómeno, actuando de forma débil y tratando la acción paramilitar (asesinatos,extorsiones, expulsiones) como actos aislados de "delincuenciacomún". Y a menudo se produce una connivencia de las fuerzas del orden ylas bandas del paramilitarismo, con los fabulosos beneficios del narcotráficoengrasándolo todo.

 

Como escribía esta semana la citada analista Claudia Lópezen el diario El Tiempo: "El narcotráfico se limpia y legitima a través depolíticos y funcionarios que posan de gobernadores, alcaldes, coroneles y todauna gama de funcionarios públicos y empresarios legales a costa de decenas demiles de muertos". Con decenas de parlamentarios que le sirvieron de apoyoa Uribe en su primera reelección presos por sus nexos con el paramilitarismo,la política colombiana, según López, "está más tomada por la mafia y lacorrupción que nunca".


Tags: Colombia, paramilitares, violencia, Uribe, narcotráfico

Publicado por ubara @ 22:27  | Colombia
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