Naufragó la iniciativa para el referéndum que debía permitir, mediante una nueva modificación de la Constitución colombiana, un tercer mandato presidencial de Álvaro Uribe. El supuesto movimiento popular de recogida de firmas para promover la consulta,no fue en realidad más que una maquinaria económica ilegal, engrasada por un sindicato de intereses: el de los beneficiados por los contratos estatales. Ahora es el turno de la Corte Constitucional para dar carpetazo definitivo a las pretensiones uribistas.

Según la ley, el movimiento Colombia Primero, el grupo que promovió el referéndum, no podía gastar en su campaña más 120.000 euros y la mayor aportación no debía superar el 1% de esa suma. Sin embargo, el gasto para la recopilación de las firmas superó los 700.000 euros, de los que sólo han podido justificar 50.000. El resto fue aportado, según todas las evidencias, por empresas contratistas de obras públicas, estafadores convictos y políticos ligados al paramilitarismo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) colombiano ha dictaminado que los promotores del referéndum para reelegir a Uribe, que se negaron repetidamente a revelar los nombres de sus donantes, serán perseguidos penalmente por fraude procesal. El gerente de Colombia Primero, el ex ministro Fernando Jaramillo, es el presidente del Odinsa, el mayor grupo de constructores de Colombia, cuyos ingresos llegan fundamentalmente de contratos con el Estado, como la construcción del nuevo aeropuerto de Bogotá. También figuran en la lista de promotores económicos de la campaña, el ex gobernador del departamento del Magdalena, José Domingo Dávila, en la cárcel por paramilitarismo; la familia Name, caciques políticos de Barranquilla, y David Murcia, el mayor estafador de la historia reciente de este país mediante el procedimiento de las pirámides para la captación ilegal de capitales.

Un futuro oscuro

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