Durante los últimos años, los crímenes perpetrados por sicarios se han multiplicado en Colombia: crecieron un 400% sólo en 2009. Los paramilitares han refrescado sus estructuras y mantienen a unos 11.000 hombres armados, controlando gran parte del narcotráfico y la vida política en centenares de municipios. La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha llevado a cabo entre enero y octubre de este año un 25% más de acciones que en todo el año pasado. La violencia urbana retorna en Medellín a las cifras de los tiempos que la hicieron tristemente célebre bajo el imperio de Pablo Escobar. También en Bogotá y en las principales ciudades de Colombia resurge el miedo ciudadano.

En suma, la llamada política de Seguridad Democrática, cuya continuidad es el máximo argumento con el que el presidente Álvaro Uribe trata de ser reelegido para un tercer mandato, hace aguas por todas partes.

Es más, el grado de actividad paramilitar es tal que en 2009 sus acciones casi duplicaron a las de las FARC, sin que se produjera por ello una especial reacción de las fuerzas de seguridad, según un informe de la Corporación Nuevo Arco Iris.

2.286 acciones paras en diez meses

Durante los diez primeros meses de este año, los paramilitares han perpetrado 2.286 acciones violentas en 293 municipios, 46 más que en 2008. Los paras también causaron el desplazamiento forzado de decenas de miles de personas y asesinaron a 67 líderes populares.

Los resultados del estudio de la Corporación Nuevo Arco Iris y de otras prestigiosas instituciones independientes, como el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, vinculado a la Universidad de los jesuitas, o la propia Defensoría del Pueblo, son demoledores para el buque insignia del uribismo: la política de Seguridad Democrática, cuya aplicación justificó el aumento exponencial de los medios y efectivos militares.

Para León Valencia, politólogo y dirigente de la Corporación Nuevo Arco Iris, la conclusión más decisiva del informe es que "la delincuencia más sanguinaria se ha urbanizado y que el paramilitarismo sigue vivo, aunque a veces sea difícil deslindar la criminalidad común de la originada por la intervención de los paras".

En 600 de los 1.090 municipios de Colombia actúan los grupos armados de diversa índole sometiendo a la población civil. Algunos grupos del paramilitarismo, que Uribe sostiene que se han desmovilizado, sólo han cambiado de nombre. Hoy se llaman Los Rastrojos, Águilas Negras, Los Paisas, Nueva Generación...

Los datos de Arco Iris y de otras instituciones independientes conducen a la conclusión de que el paramilitarismo sigue en Colombia más vivo que nunca.

Mantiene además los mismos ingredientes que le dieron vida cuando Carlos Castaño y Salvatore Mancuso fundaron las Autodefensas Unidas de Colombia: apoyo a los poderes locales conservadores en su versión política, ganadera y terrateniente; eliminación de líderes sociales, movimientos democráticos molestos y defensores de los derechos humanos; alianza con el Ejército, la Policía y los servicios secretos; y enriquecimiento mediante el narcotráfico y la usurpación de tierras hasta contaminar gran parte de las estructuras económicas del país.

Según un estudio del prestigioso Colectivo de Abogados Jorge Alvear, el paramilitarismo alcanza a altos niveles del Estado y del poder legislativo "con el fin de consolidar un proyecto político y económico para los intereses de las élites locales, nacionales y transnacionales".

Cinco partidos uribistas implicados

En los últimos tres años, 133 congresistas han sido salpicados. De los siete partidos que integran la coalición uribista, cinco se han visto implicados en el paramilitarismo, incluyendo la práctica totalidad de Colombia Democrática, el partido que fundó Uribe como plataforma para su elección.

En Medellín, que fue presentada como modelo en procesos de paz, las autoridades han identificado cerca de 60 grandes estructuras paras y un renovado control por parte de estos de las entradas y salidas hacia la costa Caribe y el Urabá, corredores donde se mueve el tráfico de drogas y armas. En lo que va de año se han producido en esta capital 1.717 muertes violentas, una cifra similar a la de 2003.

En Bogotá se han registrado de enero a octubre 106 acciones protagonizadas por sicarios. Desde 2007 no dejan de crecer los homicidios: son 1.520 en esos meses de 2009.

En cuanto a la guerrilla, la política de Seguridad Democrática hace muchos meses que llegó a su techo en términos de resultados militares. "El Ejército los derrotó en la Cor-dillera Oriental, y ese es el gran triunfo de Uribe, pero se han afirmado en la Cordillera Central, creando un nuevo escenario de fuerza y una nueva situación", explica León Valencia a Público.

Entre enero y octubre de 2009, las FARC, con 11.500 guerrilleros activos, han llevado a cabo 1.429 acciones, incluyendo tomas de pueblos y hostigamiento a puestos del Ejército, mientras que el Estado no ha mostrado ningún triunfo contrainsurgente serio desde la operación en que liberó a Ingrid Betancourt.

Una semana atrás celebrábamos el triunfo de Pepe Mujica en Uruguay. Hoy tenemos renovadas -y también más profundas razones- para festejar la extraordinaria victoria de Evo Morales. Tal como lo señalara hace ya un tiempo el analista político boliviano Hugo Moldiz Mercado, el rotundo veredicto de las urnas marca al menos tres hitos importantísimos en la historia de Bolivia: (a) es el primer presidente democráticamente reelecto en dos términos sucesivos; (b) es el primero, además, en mejorar el porcentaje de votos con que fue electo la primera vez: 53.7 % contra el actual 63.3 %; y, (c) es el primero en obtener una abrumadora representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Además, pese a que aún no se dispone de los escrutinios definitivos es casi seguro que Evo obtendrá los dos tercios en el Senado y en la Cámara de Diputados, lo que le permitiría nombrar autoridades judiciales y aplicar la nueva Constitución sin oposición. Todo esto lo convierte, desde el punto de vista institucional, en el presidente más poderoso en la convulsionada historia de Bolivia. Y un presidente comprometido en la construcción de un futuro socialista para su país.

Obviamente, estos logros no le impedirán Washington reiterar sus conocidas críticas acerca de la “defectuosa calidad institucional” de la democracia boliviana, el “populismo” de Evo y la necesidad de mejorar el funcionamiento político del país para garantizar la voluntad popular, como por ejemplo se hace en Colombia. En este país, sin ir más lejos, unos 70 parlamentarios del uribismo han sido investigados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía por sus supuestos vínculos con los paramilitares, y 30 de ellos enviados a la cárcel con sentencia firme por ese motivo. Cuatro millones de desplazados por el conflicto armado, auge del narcotráfico y el paramilitarismo bajo amparo oficial y la aquiescencia de Washington, violación sistemática de los derechos humanos, entrega de la soberanía nacional a Estados Unidos mediante un tratado negociado en secreto y que concedió la instalación de siete bases militares estadounidenses en territorio colombiano y la fraudulenta manipulación procesal para lograr la re-reelección del presidente Álvaro Uribe son todos rasgos que caracterizan una democracia de alta “calidad institucional” que no motiva la menor preocupación de los sedicentes custodios de la democracia en Estados Unidos.

El desempeño electoral del líder boliviano es impresionante: obtuvo un triunfo arrollador en la convocatoria de la Asamblea Constituyente, Julio del 2006, que sentaría las bases institucionales del futuro Estado Plurinacional; otra aplastante victoria en Agosto del 2008 (67 %) en el Referendo Revocatorio forzado por el Senado, controlado por la oposición, con el abierto propósito de derrocarlo; en Enero de 2009 el 62 % de los votantes aprobó la nueva Constitución Política del Estado y apenas unas pocas horas atrás, otra plebiscitaria ratificación de casi los dos tercios del electorado. ¿Qué hay detrás de esta impresionante máquina de ganar elecciones, indestructible pese al desgaste de cuatro años de gestión, los obstáculos interpuestos por la Corte Nacional Electoral, la hostilidad de Estados Unidos, numerosas campañas de desabastecimiento, intentonas de golpes de estado, amenazas separatistas y planes de magnicidio?

Lo que hay es un gobierno que cumplió con sus promesas electorales y que, por eso mismo, desarrolló una activa política social que le ganó la indeleble gratitud de su pueblo: Bono Juancito Pinto, que llega a más de un millón de niños, Renta Dignidad, un programa universal para todos los bolivianos mayores de 60 años que carezcan de otra fuente de ingresos; Bono Juana Azurduy para las mujeres embarazadas. Un gobierno que erradicó el analfabetismo aplicando la metodología cubana del programa “Yo Sí Puedo”, lo que permitió alfabetizar a más de un millón y medio de personas en unos dos años, razón por la cual el 20 de diciembre de 2008 la UNESCO (no los partidarios de Evo) declaró a Bolivia territorio libre de analfabetismo. Se trata de un logro extraordinario para un país que padeció una secular historia de opresión y explotación, sumido en una desgarradora pobreza por sus clases dominantes y sus amos imperiales pese a la enorme riqueza que guarda en sus entrañas y que recién ahora, con el gobierno de Evo, es recuperada y puesta al servicio del pueblo. Por otra parte, el solidario internacionalismo de Cuba y Venezuela también permitió la construcción de numerosos hospitales y centros médicos, a la vez que miles de personas recuperaron la vista gracias a la Operación Milagro. Importantes avances se registraron también en materia de reforma agraria: cerca de medio millón de hectáreas fueron transferidas a manos de los campesinos y en la anunciada recuperación de las riquezas básicas (petróleo y gas), lo que en su momento provocó el nerviosismo de sus vecinos, especialmente Brasil, más preocupado por garantizar la rentabilidad de Petrobrás que por cooperar con el proyecto político de Evo. Por último, el cuidadoso manejo de la macroeconomía le ha permitido a Bolivia, por primera vez en su historia, contar con importantes reservas estimadas en 10.000 millones de dólares y una situación de bonanza fiscal que, unida a la colaboración de Venezuela en el marco del ALBA, le permitió a Morales realizar numerosas obras de infraestructura en los municipios y financiar su ambiciosa agenda social.

Por supuesto, quedan muchas asignaturas pendientes y no todo lo hecho está más allá de la crítica. En una nota reciente Pablo Stefanoni, editor de Le Monde Diplomatique en Bolivia, advertía acerca de la inestable convivencia entre “un discurso eco-comunitarista en los foros internacionales y una prédica desarrollista sin muchos matices en el ámbito interno.” Si bien la tensión existe, es preciso reconocer que la vocación eco-comunitarista de Evo trasciende con creces el plano de sus alegatos en los foros internacionales: su compromiso con la Madre Tierra, la Pachamama, y los pueblos originarios es sincero y efectivo y ha marcado un hito en la historia de Nuestra América. Por supuesto, el extractivismo de su patrón de desarrollo es innegable, pero a la vez inevitable dadas las características brutalmente predatorias que la acumulación capitalista asumió en Bolivia. Pensar que de la noche a la mañana el gobierno popular podría sustentar un modelo de desarrollo alternativo dejando de lado la explotación de las inmensas riquezas mineras y energéticas de ese país es completamente irreal. Bolivia no tiene a su alcance, al menos por ahora, una opción como la que en su momento tuvieron Irlanda o Finlandia. Pero sería injusto desconocer que la orientación de su modelo económico y su fuerte contenido distribucionista lo separan claramente de otras experiencias en marcha en el Cono Sur. Para ni hablar de la declarada intención de Evo de avanzar en la escabrosa -y, por eso mismo, lenta y erizada de acechanzas- construcción de un renovado socialismo, algo que nada tiene que ver con el nebuloso “capitalismo andino-amazónico” que algunos persisten en presentar como una tan inexorable como inverosímil antesala del socialismo.

Todos estos logros, sumados a su absoluta integridad personal y a una espartana cotidianeidad (que contrasta muy favorablemente con las abultadas fortunas o los elevados patrones de consumo que exhiben otros líderes y políticos “progresistas” de la región) han hecho de Evo un líder dotado de un formidable carisma personal que le permite vapulear a cualquier rival que se atreva a desafiarlo en la arena electoral. Pero además, su permanente preocupación por concientizar, movilizar, organizar a su base social -haciendo a un lado los desprestigiados aparatos burocráticos que, al igual que en la Argentina, Brasil y Chile no movilizan ni concientizan a nadie- no sólo satisface la impostergable necesidad de construir una subjetividad apropiada para las luchas por el socialismo sino que, al mismo tiempo, se constituye en una carta decisiva a la hora de prevalecer en la arena electoral. Las fuerzas de la atribulada “centroizquierda” del Cono Sur, que avizoran un futuro político poco promisorio habida cuenta del crecimiento de la derecha alimentado por su resignado posibilismo, harían bien en tomar nota de la luminosa lección que ofrece el triunfo de Evo en las elecciones del domingo pasado. Una lección que demuestra que ante el peligro de la restauración del dominio de la derecha la única alternativa posible es la radicalización de los procesos de transformación en curso. Derrotada en el terreno electoral la derecha redoblará su ofensiva en los múltiples escenarios de la lucha de clases. Sería suicida suponer que se inclinará sin dar batalla ante un revés electoral. Ojalá se aprenda también esta lección.

* una versión reducida de este artículo fue publicada en Página/12 el 7 de Diciembre de 2009

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La mitad de la población de Bolivia se volcará el domingo a las urnas para elegir al 65 presidente de su historia de 184 años, en los séptimos comicios generales consecutivos desde restaurada la democracia criolla en 1982, los primeros regidos por su novísima Constitución plurinacional.

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El ministro de Gobierno Alfredo Rada puso en conocimiento del jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), el colombiano Horacio Serpa, la cinta de una conversación telefónica grabada por un desconocido que siembra dudas sobre las intenciones de uno de los candidatos a la Presidencia de Bolivia en las elecciones generales de este domingo.

    En una conferencia de prensa, Rada informó que el miércoles último entregó a Serpa la cinta y una transcripción de su contenido, en presencia del presidente del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), Antonio Costas, y la vocal Roxana Ibarnegaray.

    "En la reunión (con Serpa y Costas) les dijimos con toda claridad que lo que nos interesa es que se investigue este tema, porque involucra al Órgano Electoral y una posible manipulación informática de los resultados electorales", precisó Rada.

    "Es cierto que se entregó al presidente (del OEP) esta cuestión material", confirmó Serpa.

    Rada "denuncia el material que tenía una grabación de una conversación entre dos personas y donde hablan de intervenir el sistema de computación", corroboró.

    La conversación, servida como indicio y pasada por el tamiz de varios procedimientos técnicos de comprobación y pericias varias, tuvo lugar, en fecha indeterminada entre un hombre que se hace llamar "Capi" y que ostenta como "candidato que quiere ser presidente", según una cartilla del Ministerio de Gobierno.

    "La voz de esta persona aparentemente coincide con la del candidato Manfred Reyes Villa", según el boletín.

     "El otro hombre que interviene en la conversación asegura estar en la posibilidad de aumentar en 21% el caudal de votos del candidato", agrega.

     Este porcentaje tendría que estar distribuido en todo el país "porque ponerlos sólo en La Paz sería imposible, y tendría que ser en cuatro departamentos, dos de los cuales serían Santa Cruz y Cochabamba", repone la otra voz, al tiempo que agrega: "yo te puedo pagar 100.000 dólares, vemos el resultado y te doy 100.000 dólares y a la segunda vuelta (electoral) vamos a ver otra cosa", remacha el informe institucional.

    Ante una alusión de suspicacia por parte del oferente de manipulación de los registros electorales, su interlocutor repone en tono de reproche: "no pues, si yo te estoy diciendo, hablando como candidato, quiero ser presidente y si tú puedes asegurar y logras eso, más allá de lo que yo pueda lograr, voy a asumir que eres tú".

    En el curso de la conversación telefónica el oferente advierte que "voy a guardar una copia de seguridad de todo lo que voy a hacer, para el caso de que me diga hay errores o son mis votos". 

    El episodio se registró dos días antes que el OEP radique un pedido de investigación ante el Ministerio Público boliviano.

    En la cinta en cuestión se escucha "claramente la conversación de dos personas" que en el intercambio dejan sentado que "existe intencionalidad de modificar los resultados electorales" del domingo, dijo Rada.

    En la inusual plática, de cuya data y origen pocas certezas se tienen, "se escuchan dos voces, una de ellas presumiblemente del candidato Manfred Reyes Villa", afirmó el ministro.

     "Este material llegó al Ministerio a través de un ciudadano que no revela su identidad. La conversación contiene detalles que tienen que ver con un trabajo propio del Órgano Electoral y, por eso, antes de hacerlo público, decidimos entregarlo a la Corte para su respectiva investigación", dijo Rada en la rueda de prensa en La Paz. 

     Aseguró que una vez recabado el material y antes de poderlo a la luz pública, actuó como manda la ley: se efectuó una primera verificación del material y al tratarse de una conversación con una secuencia lógica que involucra una posible comisión de delitos, se determinó enviar el material al OEP con el objetivo de que se investigue el caso.

ABI 

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Con la expulsión de un grupo de ciudadanos colombianos y brasileños que practicaban la minería ilegal en el Parque Nacional Yacapana, en el sur del país, Venezuela ejerció su soberanía en defensa del medio ambiente, según expresó el vicepresidente de ese país suramericano, Ramón Carrizález.

En declaraciones ofrecidas a teleSUR, Carrizález ratificó la decisión de expulsar a los mineros, al destacar la importancia de Yacapana, que, ubicado en el sureño estado Amazonas, esuno de los reservorios naturales más importantes del Venezuela.

El vicepresidente venezolano destacó que la Fuerza Armada de su país realiza operaciones en la citada reserva natural para hacer frente a la minería ilegal, flagelo que ha ocasionado daños a la naturaleza que, en algunos casos, pudieran ser irreparables.

"En el parque Yapacana la Fuerza Armada Bolivariana se encuentra realizando operaciones para combatir la minería ilegal, un fenómeno que se ha desarrollado en esa zona con mineros de Brasil, Colombia, Ecuador y otros países que han causado destrozos en este monumento natural, incluso algunos que pudieran ser irreversibles desde el punto de vista ambiental", sostuvo Carrizález.

Las declaraciones del alto funcionario venezolano salen al paso a los señalamientos realizados por el ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, quien calificó la decisión soberana de Venezuela como una violación al derecho del trabajo.

Consideró que el ministro de Defensa colombiano está en plan de guerra y se ha expresado sobre la decisión venezolana en términos de fines políticos, pretendiendo acusar al Gobierno de Venezuela de haber desalojado a "humildes trabajadores" del estado Amazonas.

"No es como lo trata de hacer ver el gobierno colombiano que habla del cierre de una mina y que dejaron desempleados a un montón de humildes de trabajadores, porque en el estado Amazonas está prohibida la actividad minera. Están utilizando a esta gente con un fin político, como suelen ellos utilizar al pueblo necesitado", dijo Carrizález en su diálogo con teleSUR.

Enfatizó que, en el caso contrario, el Gobierno colombiano podría expulsar y entregar a ciudadanos venezolanos en caso de encontrarles realizando actividades en perjuicio del medio ambiente, porque "todos los países están en el derecho de preservar el ambiente y su soberanía".

Además, sostuvo que la postura colombiano sobre la expulsión de los mineros ilegales forma parte de un "esquema de agresión permanente contra Venezuela, envalentonado por el soporte que tiene por la presencia de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en ese país".

Agregó que Venezuela denunciará este tipo de acciones que se impulsen en su contra, las cuales, insistió, están en el contexto de una guerra mediática y psicológica contra el país.

"Estamos dispuestos a defender nuestro territorio, pero es importante denunciarlo, porque no tiene sentido que una actividad rutinaria en este país, como es el desalojo de los ilegales de la minería, de la gente que anda depredando el ambiente, sea utilizado dentro de un esquema de guerra mediática y psicológica, de amedrentamiento y de amenaza al país", sentenció Carrizález.

Además, el vicepresidente venezolano contrastó la actitud colombiana con la del Gobierno brasileño, del que funcionarios colaboran en conjunto con las autoridades venezolanas para combatir la actividad ilegal minera en la Amazonia.