Domingo, 09 de octubre de 2005
El Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias se?ala como resultado de la fiscalizaci?n efectuada que:

- En relaci?n con la legalidad, se han apreciado m?s de una docena de infracciones a la normativa

- Y en relaci?n con la situaci?n financiera, el Estado de Situaci?n de Fondos no refleja al 31 de diciembre de 2002 la realidad de la tesorer?a de la Administraci?n General de la Comunidad Aut?noma.

De igual forma, en el presente informe se pone de manifiesto una serie de actuaciones por parte de la Direcci?n General del Tesoro y Pol?tica Financiera, que vulneran los principios de eficacia y econom?a, a los que debe estar sometida.

Entre las conclusiones del informe se detallan las siguientes:
1.- Las necesidades de personal en la Direcci?n General del Tesoro y Pol?tica Financiera est?n suficientemente cubiertas, a excepci?n del Negociado de conciliaciones bancarias.

2.- El personal de la Intervenci?n Delegada en el Tesoro y Pol?tica Financiera es insuficiente para las tareas que le deben ser encomendadas.

3.- La Intervenci?n General no ha realizado las funciones de control interno sobre la gesti?n diaria de la Direcci?n General del Tesoro y Pol?tica Financiera, imposibilit?ndose, por tanto, un mayor control sobre la gesti?n del ?rea del Tesoro.

4.- La Intervenci?n General no ha efectuado en los ?ltimos diez a?os el control de las conciliaciones bancarias, sin que pueda servir de justificaci?n el reiterado obstruccionismo de la Direcci?n General del Tesoro y Pol?tica Financiera.

5.- No se ha elaborado por la Intervenci?n General ning?n tipo de manual de procedimientos para la fiscalizaci?n espec?fica que debe existir sobre la Direcci?n General del Tesoro y Pol?tica Financiera.

6.- La Direcci?n General del Tesoro y Pol?tica Financiera no ha elaborado un plan de Tesorer?a que determine una previsi?n cierta de los cobros y pagos para la correcta gesti?n financiera de los fondos p?blicos.

7.- Es excesivo el tiempo que transcurre sin depurarse algunas cuentas del estado extrapresupuestario ?Partidas pendientes de aplicaci?n?.

8.- Las cuentas corrientes bancarias que tiene bajo su cargo la Direcci?n General del Tesoro y Pol?tica Financiera ascienden a un total de 280, cifra excesiva para una correcta gesti?n de la tesorer?a, en especial las restringidas de recaudaci?n y las recaudatorias en fase ejecutiva.

9.- Existe un m?dulo inform?tico creado para comprobar la liquidaci?n de intereses que devengan las cuentas bancarias, sin embargo este m?dulo, actualmente, est? en fase de pruebas. Para los periodos auditados las comprobaciones se centraban principalmente en la correcta aplicaci?n del tipo de inter?s y del c?lculo aritm?tico por la entidad financiera, y no en la correcta aplicaci?n de la fecha valor de las operaciones realizadas.

10.- La Direcci?n General del Tesoro y Pol?tica Financiera no ha establecido ning?n procedimiento de selecci?n que, garantizando la concurrencia y las mejores condiciones para la Administraci?n, permita seleccionar una ?nica entidad financiera para las numerosas cuentas de habilitaciones de la Administraci?n P?blica Canaria, al objeto de obtener un mejor aprovechamiento financiero de los fondos p?blicos.

11.- La Direcci?n General lleva, a trav?s de una aplicaci?n inform?tica propia, un adecuado control sobre los claveros de las distintas cuentas corrientes, habi?ndose constatado que la informaci?n relativa a los mismos se encuentra debidamente actualizada, si bien es necesario un control m?s exhaustivo en las cuentas de los centros educativos, cuyas incidencias no son siempre conocidas por la Direcci?n General.

12.- La Direcci?n General no ha efectuado de forma satisfactoria las conciliaciones bancarias, que constituyen un valioso instrumento de control de la tesorer?a y para la correcta contabilizaci?n de los cobros y pagos. Hasta 2003 no se han conciliado la totalidad de las cuentas, entre ellas las del Banco de Espa?a, no se han depurado las conciliaciones realizadas y se ha impedido a la Intervenci?n Delegada la fiscalizaci?n de las mismas.

13.- Las cantidades percibidas por las bonificaciones por pago de retenciones derivadas del Impuesto sobre la Renta de las Personas F?sicas y del Impuesto de Sociedades, son notoriamente inferiores a las que debieron ser cobradas. La Direcci?n General del Tesoro y Pol?tica Financiera no ha controlado la periodicidad existente en cuanto a las bonificaciones cobradas.

14.- La Direcci?n General del Tesoro y Pol?tica Financiera no ha establecido ning?n procedimiento de selecci?n que, garantizando la concurrencia, contribuya a obtener la mayor rentabilidad de las bonificaciones por pago de retenciones derivadas del Impuesto sobre la Renta de las Personas F?sicas e Impuesto de Sociedades.

15.- El estado de situaci?n de fondos no ha reflejado en los ?ltimos ejercicios la realidad de la tesorer?a de la Administraci?n General de la Comunidad Aut?noma, debido, por un lado, a la ausencia de depuraci?n de las conciliaciones de las cuentas corrientes y, por otro, a la contabilizaci?n como disposici?n de fondos de la mera firma de un contrato de p?liza. Esta ausencia de control por parte de la Direcci?n General del Tesoro y Pol?tica Financiera y de la Intervenci?n General, ha determinado tanto la existencia de gastos cargados en cuenta sin la previa ordenaci?n del gasto y del pago, como la formalizaci?n de ingresos inexistentes.

16.- La Inspecci?n General de Servicios paraliz? la auditor?a de gesti?n de la Direcci?n General del Tesoro y Pol?tica Financiera (establecida en su plan anual de inspecci?n para 1997), en base a que se estaba realizando por la consultora privada Andersen Consulting S.A. un proyecto denominado ? Definici?n de procedimientos del ?rea del Tesoro e implantaci?n de una aplicaci?n inform?tica para la gesti?n de Tesorer?a?. No existe expediente administrativo alguno de contrataci?n, ni gasto. Por tanto, estar?amos ante un contrato verbal instado por la Direcci?n General del Tesoro y Pol?tica Financiera. La Inspecci?n General de Servicios no verific? el resultado final del trabajo realizado por la empresa Andersen Consulting S.A.

17.- No obstante haber comunicado la Secretar?a General T?cnica de la entonces Consejer?a de Econom?a, Hacienda y Comercio que el proyecto se?alado en la conclusi?n anterior fue realizado de modo gratuito, se ha verificado un pago de fecha 30 de julio de 1997 por parte del Banco Central Hispanoamericano, de 270.455 euros a la empresa Andersen Consulting S.A., hoy Accenture, S.L.

18.- El pago de la citada factura se deriva de la existencia de una oferta contractual de patrocinio efectuada por el Banco Central Hispanoamericano, en fecha 30 de junio de 1997, a la Direcci?n General del Tesoro y Pol?tica Financiera, quien posteriormente la acept? seg?n demuestran los hechos comprobados por esta Audiencia. En efecto, a cambio de una serie de pagos por liquidaciones de Seguros Sociales y de aplicaciones trimestrales del Impuesto sobre la Renta de las Personas F?sicas, la citada Direcci?n General ha podido disponer de 450.759 euros a trav?s del Banco Central Hispanoamericano (seg?n informaci?n suministrada por el Banco Santander Central Hispano y especificada en algunas de las facturas) por el cual esta entidad financiera ha abonado al menos diversas facturas por un total de 461.207 euros, cantidad incluso superior a la establecida en dicho acuerdo. Por tanto, se han producido unos ingresos derivados de la gesti?n de la tesorer?a de la Comunidad Aut?noma que no se han aplicado al presupuesto. Dichos ingresos han servido para abonar diversas facturas autorizadas expresamente por el Director General del Tesoro y Pol?tica Financiera.

19.- Dicho acuerdo no ha sido remitido por la Administraci?n de la Comunidad Aut?noma. Sin embargo, el mismo se ha podido obtener a trav?s de la informaci?n remitida por el Banco Santander Central Hispano. No obstante, tanto para dicha entidad financiera como para la Consejer?a de Econom?a y Hacienda, la justificaci?n de estos pagos realizados al margen del Presupuesto, es consecuencia del ?Convenio entre el Gobierno de Canarias, y las entidades de cr?dito operantes en las Islas Canarias, para establecer un marco a las entidades financieras de las operaciones 13 activas y pasivas? de fecha 22 de marzo de 1996, con una addenda de 16 de junio de 1997, la cual prorroga la vigencia del convenio hasta el 31 de diciembre de 1997. Sin embargo, para esta Instituci?n dicho convenio no es causa esgrimible del acuerdo anteriormente mencionado, pues en ninguna cl?usula se especifica la no incorporaci?n al Presupuesto de la Comunidad Aut?noma de ingresos financieros derivados de la gesti?n de la tesorer?a, a cambio de la libre disposici?n, por la Consejer?a de Econom?a y Hacienda, de dichos rendimientos para pagos al margen de la voluntad presupuestaria establecida legalmente. Destacar, a su vez, que dicho convenio no ha tenido en cuenta algunas de las observaciones jur?dicas se?aladas en los informes de la Asesor?a Jur?dica departamental, as? como de la Intervenci?n General.

20.- En relaci?n al convenio de fecha 22 de marzo de 1996 anteriormente citado, el Banco Exterior de Espa?a (integrado actualmente en el grupo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), formaliz? en fecha 24 de junio de 1997 un contrato de servicios con la entidad ?FF Comunicaci?n?, por la que ?sta ?ltima se compromete a prestar servicios a la Direcci?n General del Tesoro y Pol?tica Financiera por un importe de 442.089 euros (impuestos no incluidos). Dichos servicios consistir?an en la realizaci?n y difusi?n por los medios considerados adecuados de una campa?a de presentaci?n p?blica del Tesoro Canario. Con cargo al mismo, la Direcci?n General ha solicitado el pago entre los a?os 1997 y 1999 de cuatro facturas por un importe bruto de 505.125 euros, cantidad superior a la establecida inicialmente en dicho contrato.

21.- Se tiene constancia al menos de dos trabajos efectuados por empresas externas (Andersen Consulting S.A. y Delphi Institute of Management, S.L.) sin la existencia de un expediente contractual, expresamente prohibido en el art. 55 del Real Decreto Legislativo 2/2000. En el caso de Delphi Institute of Management S.L. y con inmediatez en el tiempo, probablemente a fin de dar cobertura a la situaci?n de hecho creada se formaliz? un posterior contrato, con distinto objeto a la prestaci?n realmente efectuada por dicha empresa.

22.- Se observa la reiteraci?n, en sucesivos ejercicios, de contratos menores, con
similar objeto, realizados fundamentalmente con consultoras privadas, y cuya finalidad pudo ser directamente obtenida por la propia Direcci?n General, con su propio personal, y en el ejercicio de sus competencias, sin necesidad de recurrir a la contrataci?n externa. Por otra parte, la pr?ctica generalidad de los contratos analizados, a juicio de esta Instituci?n, ostentar?an un excesivo precio atendiendo a la actividad desarrollada, su grado de complejidad t?cnica y la consecuci?n de la finalidad p?blica, de mejora en el desarrollo de la gesti?n administrativa de la Direcci?n General del Tesoro y Pol?tica Financiera, como fundamento justificativo de la contrataci?n, incurriendo en generalidades e informaciones f?cilmente obtenibles, sin que incorporen ning?n tipo de recomendaciones que pudieran redundar en una mejor gesti?n del propio servicio.

23.- Durante los meses de enero y febrero de a?o 2003, personal de la empresa Delphi Institute of Management, S.L. estuvo realizando trabajos de conciliaciones bancarias sin que se formalizara el contrato relativo a esa prestaci?n.

24.- Con posterioridad, existe un contrato formalizado el 23 de junio de 2003, y finalizado el 3 de julio de ese a?o con la empresa Delphi Institute of Management, S.L con el objeto de: ? obtener un estudio de las condiciones financieras en Cajas de Ahorros y Entidades bancarias que operan en Canarias con sus clientes y su estudio comparativo con las condiciones de las cajas y Bancos en el resto del Territorio nacional?, y por un importe de 29.200 euros, el cual es un contrato realizado innecesariamente, por lo que es probable que el importe de este contrato sirviera para retribuir los trabajos no pagados en enero/febrero del mismo a?o, tal y como se ha comentado en la conclusi?n anterior, ya que del an?lisis del mismo, se desprende que el mismo se limita a copiar los datos que de manera gratuita se exponen en la p?gina web del Banco de Espa?a. Por tanto, podr?a existir un empleo irregular del presente contrato administrativo, por simulaci?n relativa de la finalidad negocial.

25.- A la empresa Delclos Consultores, S.L. se le adjudic? durante el ejercicio 2003 un contrato menor por importe de 11.984 euros sobre ? Estudio comparativo de la pol?tica de inversi?n de los fondos de inversi?n de titularidad del Gobierno de Canarias?, estudio que pr?cticamente se limita a remitir copias de los informes trimestrales emitidos por cada entidad gestora, los cuales se obtienen gratuitamente en las entidades financieras.

26.- Se observan tres contratos diferentes con la entidad Delphi Institute of Management S.L. (contratos n?meros 1, 2 y 5) en los que el trabajo realizado es similar entre s?. A su vez, son coincidentes con otros contratos ( n?meros: 3 y 6) realizados por la empresa Delclos Consultores, S.L. Existe un administrador com?n entre dichas sociedades. Tambi?n el contrato n?mero 8, celebrado con la empresa ?Gesti?n de Medios Inmobiliarios, S.L.? presenta similitud con los trabajos realizados por la entidad ?Delphi Institute of Management, S.L.?.

27.- Asimismo, se ha verificado la existencia de contratos en los que la causa de los mismos no responde a una real y efectiva necesidad de inter?s p?blico, tal y como exige el art?culo 13 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones P?blicas, concreci?n del art?culo 103 de la Constituci?n Espa?ola, careciendo incluso en ocasiones, a juicio de esta Instituci?n, de aut?ntica utilidad pr?ctica en el desarrollo de la actividad administrativa; en concreto, en la totalidad de los contratos analizados con las empresas Delphi Institute of Management, S.L., Delclos Consultores, S.L. y Murli y Asociados, S.L., se observa esta deficiencia respecto al elemento causal del contrato.

28.- La ausencia de depuraci?n de las conciliaciones como mecanismo de control ha determinado no poder detectar en su fecha datos fiscales que han dado lugar a obligaciones de pago fuera de plazo de algunas retenciones por rendimientos de capital mobiliario, que ha conllevado la imposici?n de recargos por parte de la Agencia Estatal de la Administraci?n Tributaria de 807.117 euros e intereses de demora de 401.069 euros, en total 1,2 millones de ?. Por tanto, dicha ausencia de control podr?a conllevar un menoscabo a los fondos p?blicos de la Comunidad Aut?noma por el importe resultante de los mismos

29.- Se tiene constancia de al menos cinco cuentas ociosas que mantienen unos saldos relevantes en el mismo espacio temporal en que se utilizaban operaciones de cr?dito. Dicha actuaci?n ha podido conllevar un menoscabo en los fondos p?blicos derivado del pago de intereses por utilizaci?n de cr?ditos de tesorer?a existiendo tesorer?a en las arcas de la Comunidad Aut?noma de Canarias

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Publicado por ubara @ 20:30
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